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Notícies :: amèrica llatina |
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GARZON: Arrogancia confirmada
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per La Jornada |
31 gen 2004
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GARZON: ARROGANCIA CONFIRMADA |
México D.F. Sábado 31 de enero de 2004
GARZON: ARROGANCIA CONFIRMADA
Baltasar Garzón envió ayer a esta casa editorial una extensa carta en la que se queja por el trato que recibió anteayer en el Reclusorio Norte (Reno) de esta capital, descalifica el trabajo informativo de este diario, tergiversa las posturas editoriales de La Jornada, pontifica sobre lo que cree que son las obligaciones de los periodistas mexicanos y expone una variopinta y muy subjetiva lista de agravios, desde el haberse sentido vejado por el personal del penal, hasta reclamarse como víctima de "manipulación informativa" y de supuestos insultos y denuestos para con su trabajo.
Por principio de cuentas, la acusación de manipular la información es falsa. Tras el incidente en el Reno, Garzón se negó a hablar con los medios y habría sido imposible, por ello, consignar su versión de lo sucedido. Con todo, la historia expuesta por el funcionario español en su misiva es muy semejante a la que aportaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y que fue puntualmente incluida en la edición de ayer de La Jornada, junto con la muy diferente narración de los hechos que aportó la directora del centro de detención, Marcela Briseño.
En otro sentido, y a pesar de los argumentos pergeñados por Garzón en defensa de la supuesta legalidad de su actuación en México, el magistrado ignora, o pretende ignorar, que en este país tiene vigencia un documento titulado Código Federal de Procedimientos Penales, que en su artículo 16 establece: "A las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere". El juez peninsular se dice respetuoso del marco legal nacional, pero las víctimas mexicanas de su prepotencia han señalado que fueron interrogadas directamente por Garzón, sin ningún respeto por las formas ni por las disposiciones del Tratado de Asistencia Judicial mutua. Debe concederse, sin embargo, que la responsabilidad principal de esos atropellos no recae en los funcionarios españoles, sino en los mexicanos que se los han permitido.
Al magistrado español le escandaliza, por otra parte, la presencia, en el Reno, "de medios de comunicación incluso con cámaras de televisión con la intención de grabar la diligencia y actuación judicial", circunstancia que hacía imposible garantizar "el secreto que la legislación española impone para las diligencias sumariales". Bien: la legislación española, como su nombre lo indica, rige en España, no en un Estado independiente que se llama México. Líneas abajo, Garzón condiciona la credibilidad de La Jornada a que ésta "exija explicaciones" "del porqué los medios de comunicación, que por cierto cumplen con su obligación de atender a la noticia, fueron autorizados a violar el sigilo de unas diligencias judiciales, y por qué se preparó todo para que la autoridad judicial fuera 'cazada' por los mismos (sic) en el interior del Reclusorio Norte". El dislate es de tal magnitud que resulta obligado explicarle al magistrado un hecho más bien obvio: en México, en frecuentes ocasiones, reporteros y cámaras de televisión se encuentran presentes durante los procedimientos judiciales que se realizan dentro de los reclusorios y que tal presencia se inscribe en el derecho a la información y las leyes que rigen en el país y no tiene por objetivo "cazar" a ningún personaje.
En la última página de su extensa misiva, Garzón comete, él sí, una grosera maniobra de manipulación que linda con la calumnia, al aseverar que La Jornada presenta "como paladín de la libertad y de la dignidad restaurada a una organización terrorista". Si el juez español hubiese realizado una lectura mínimamente honesta de lo publicado ayer en este mismo espacio, se habría enterado que el titular sobre la "dignidad restaurada" no hace referencia a ETA sino a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal. Cabe esperar que el magistrado logre comprender que la organización terrorista vasca y el Poder Ejecutivo de la capital mexicana son cosas diferentes.
Para finalizar, la carta del juez Garzón a este diario confirma -en su ignorancia despectiva de las leyes, realidades y prácticas mexicanas, en sus pretensiones de recibir tratos de dignatario, en su afán por dictar a los periodistas de este país cómo deben hacer su trabajo, y hasta en la grafía arcaica y peninsular del gentilicio "mexicanos", que él escribe en dos ocasiones con jota, ignorando la recomendación de la Real Academia Española de usar "las grafías con x por ser las usadas en el propio país y, mayoritariamente, en el resto de Hispanoamérica"- actitudes más propias de un corregidor colonial que de un moderno investigador judicial "que nunca ha pretendido avasallar a nadie". |
Comentaris
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Carta del juez Baltasar Garzón
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per Baltasar Garzón Real |
01 feb 2004
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México D.F. Sábado 31 de enero de 2004
Carta del juez Baltasar Garzón
Señora directora del diario La Jornada, Carmen Lira Saade.
Señora directora: Sé positivamente que no ha sido casual, ni siquiera errónea la información y opinión que ustedes han dado en estos días 29 y 30 de enero en su periódico sobre mi asistencia como Magistrado Juez a la práctica de la Comisión Rogatoria autorizada por las autoridades mexicanas.
Y digo que lo sé, porque específicamente ustedes han manipulado en forma grosera, con la clara intención de confundir a la opinión pública, lo que ha sido un acto de cooperación jurídica internacional propia entre países democráticos, respetuoso con las normas legales de ambos países y cumplidor de todas y cada una de las garantías exigidas por la ley mexicana y española, en cumplimiento del Tratado de Asistencia Judicial mutua.
Ninguna presión ha habido, como no sea la que deriva de su manipulación informativa con la connivencia de otras personas, que se desprende de la propia información hacia los jueces mexicanos con los que no he tenido ningún contacto.
A continuación le transcribo lo que ocurrió en la realidad conocida y vivida por mí.
En el día de ayer y sobre las 10:15 horas, la Comisión Judicial compuesta por el que suscribe y el Fiscal de la Audiencia Nacional, Enrique Molina Benito, acompañados de dos ayudantes del Fiscal mejicano, Mario Arzave, que ya estaba en el interior del establecimiento, se personaron en el Reclusorio Norte en cumplimiento de lo ordenado por su autoridad, con la intención de asistir a la práctica de las diligencias acordadas y autorizadas por los responsables mejicanos en la Comisión Rogatoria Internacional que se tramita en estos días en el marco de la investigación de un delito de integración en organización terrorista (ETA).
Una vez franqueada la entrada en el reclusorio por la parte que da acceso a los visitantes y familiares, firmamos en el libro registro y se nos facilitó una especie de credencial para el acceso, que en mi caso, por llevar traje negro, debió ser firmada en el reverso por tratarse de un color coincidente con el atuendo de los custodios.
Seguidamente y tras acceder a otra estancia por medio de un control rotatorio, fui cacheado y registrado mi maletín en el interior de una cabina por un funcionario de prisiones que me permitió entrar con mi teléfono celular (móvil).
A continuación, y sin que nadie nos ofreciera explicaciones de las razones por las cuales ninguna persona o autoridad hubiera salido a hacerse cargo de nosotros, fuimos conducidos a otra estancia, en donde tuvimos que entregar nuestros documentos de identidad.
Nuevamente pregunté si no existía un acceso para funcionarios o autoridades y el oficial que nos conducía indicó que sí pero que no era el caso y que teníamos que continuar por allí.
Por mi parte le indiqué cuál era el objeto de mi visita y que no me parecía correcto lo que estaba sucediéndome, me contestó que no protestara porque ya me habían dejado pasar con el celular y con traje negro y eso era un privilegio.
Ante lo absurdo de la situación y el tono desabrido del trato, incomprensible para mí, al tratarse de un acto oficial y autorizado, le pedí si podía hablar con algún responsable. La respuesta fue indicarme que continuara y que extendiera el brazo derecho, y que exhibiera la muñeca para que me marcaran con un número de identificación. Ante esta circunstancia y dado que no se había dado la más elemental información de cortesía al respecto, consideré oportuno retirarme y salir fuera del edificio hasta que se aclarase una situación que entendí, cuando menos, vejatoria para el cargo que representamos el señor fiscal y yo mismo, a parte de un trato personal absolutamente displicente.
Una vez fuera del centro, permanecí en unión del fiscal y el personal de seguridad aguardando en el interior del vehículo para que se nos informara sobre el acceso.
Después de una hora aproximadamente, el comandante encargado de la seguridad me informó que el acceso estaba permitido para mí y un policía, pero no para el señor fiscal, posibilidad que rechacé.
En este momento el fiscal, don Mario Arzave, que había tenido que salir del reclusorio, me comunicó que en el interior se encontraban medios de comunicación incluso con cámaras de televisión con la intención de grabar la diligencia y actuación judicial, a lo que se opuso frontalmente el señor fiscal Arzave. Ante esta circunstancia decidí no participar en la actuación y solicitar que él la suspendiera si así lo tenía por oportuno, al no garantizarse el secreto que la legislación española impone para las diligencias sumariales y considerar absolutamente irregular el hecho de que existieran periodistas en el interior y con acceso a las actuaciones que se iban a practicar.
Seguidamente la comisión judicial abandonó el lugar sin mayor incidencia.
Deseo resaltar que en ningún momento se nos impidió el acceso al centro penitenciario y que la decisión de abandonarlo primero y no entrar después en el mismo, fue debida exclusivamente a las razones antes expuestas.
Si después de esta nota ustedes no exigen explicaciones del porqué los medios de comunicación, que por cierto cumplen con su obligación de atender a la noticia, fueron autorizados a violar el sigilo de unas diligencias judiciales, y por qué se preparó todo para que la autoridad judicial fuera "cazada" por los mismos en el interior del Reclusorio Norte, ustedes carecen de credibilidad. Aunque supongo que les debe importar poco mi opinión. Pero a mí sí me interesa que los ciudadanos sepan si es o no real aquello que les transmiten.
Mire, no me preocupa en absoluto que ustedes me insulten o denosten mi trabajo y el de tantos profesionales de la justicia en México y España que tratan de proteger a los ciudadanos en sus derechos y en particular del terrorismo con arreglo a la ley, pero sí me preocupa que presenten como paladín de la libertad y de la dignidad restaurada a una organización terrorista que tantas muertes ha causado y que tanto dolor ha llevado y lleva a muchos hogares españoles y de otras nacionalidades.
La dignidad de un pueblo se consolida, no afirmando en forma hueca que se impidió entrar en un reclusorio a un juez, sino con el cumplimiento de la ley, como se ha hecho por las autoridades federales en este caso en la Comisión Rogatoria, y no mintiéndole al pueblo como ustedes han hecho.
Le aseguro, señora directora, que nunca he tenido "aires de corregidor" y que nunca he pretendido avasallar a nadie. Soy muy crítico con tantas cosas que España ha hecho a lo largo de su historia y que algunos gobernantes han realizado que se sorprendería, pero ahora tanto su gobierno como los responsables de la cooperación judicial internacional y los españoles, hemos cumplido la más estricta legalidad.
Siempre que he venido a este país lo he hecho con humildad, como ahora y siempre he respetado estrictamente las normas e instituciones y en particular a la Justicia del mismo y lo seguiré haciendo porque considero básica la armonía y cooperación de igual a igual entre nuestros estados y pueblos. Sin embargo, y con todo respeto, actitudes como la suya, en el caso que nos ocupa, no contribuyen en nada a ese fin, sino exactamente a lo contrario.
Espero y deseo que este incidente sea sólo una manifestación aislada y que no marque una trayectoria permanente.
México, DF, 30 de enero de 2004.
Atentamente,
Baltasar Garzón
http://www.jornada.unam.mx |
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Apegado a la ley, cerrar el paso a Garzón en el Reclusorio Norte: López Obrador
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per ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ |
01 feb 2004
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México D.F. Sábado 31 de enero de 2004
Ni siquiera en el caso Cavallo diplomáticos tuvieron acceso al penal, señala Encinas
Apegado a la ley, cerrar el paso a Garzón en el Reclusorio Norte: López Obrador
Sin base, que autoridades judiciales extranjeras presencien diligencias nacionales: Batres
El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, justificó la decisión de impedir el ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Norte del juez Baltasar Garzón y el fiscal de la Audiencia Nacional de España, Enrique Molina, quienes pretendían participar en una diligencia de ampliación de declaración a los seis ciudadanos vascos sujetos a procedimiento de extradición que solicitó el Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
"Es un asunto de tipo legal. Está establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales cómo se llevan a cabo estas diligencias y se actuó conforme a dicho procedimiento", apuntó.
El director general de Prevención y Readaptación Social del GDF, Héctor Cárdenas San Martín, negó que en otras ocasiones se haya permitido a los magistrados españoles participar en este tipo de diligencias, como dijo el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores.
Por el contrario, señaló en entrevista aparte el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, es exactamente el mismo trato que se dio en el caso del ex militar argentino, Ricardo Miguel Cavallo, cuya extradición a España solicitó el mismo Garzón, "hubo requerimientos para que interviniera gente de diversos cuerpos diplomáticos a quienes también se les denegó el acceso".
Independientemente de lo que establezcan los tratados internacionales suscritos con España, explicó que el requerimiento de la PGR para la diligencia del jueves era de carácter ministerial y los únicos ministerios públicos reconocidos en el país son el Ministerio Público Federal y los locales.
El subsecretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, explicó que el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales señala explícitamente cuáles son los funcionarios que pueden estar presentes en las diligencias ministeriales y en ningún momento se menciona la posibilidad de que pueda haber autoridades extranjeras "y, como sabemos, en el caso de los procedimientos sólo nos podemos atener estrictamente a lo que plantea la ley y así se procedió".
Recordó que en el caso de los interrogatorios practicados por Garzón a tres ciudadanos mexicanos vinculados con ETA se celebraron en instalaciones de la PGR.
Sobre la posibilidad de que Garzón recurra a algún trámite especial para interrogar a los detenidos vascos, Batres aclaró que "no hay fundamento en la ley para que autoridades judiciales extranjeras estén presentes en las diligencias ministeriales nacionales".
En oficio de fecha 29 de enero de 2004, con registro UEITA/345/2004, dirigido a la directora del Reclusorio Norte, Marcela Briseño López, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la SIEDO, Aurora Ramírez Arenas, solicita "con carácter de urgente, se permita realizar diligencias ministeriales con las personas que se encuentran detenidas en ese centro de reclusión, de nombres José María Urquijo (sic) Borde y/o Luis Castañeda Vallejo, María Asunción Gorrochategui (sic), Juan Carlos Artola Díaz, Asier Arronategui Duralde, Ernesto Alberdi Elejalde y/o Ricardo Ernesto Sáez García y Félix Salustiano García".
Para ello, sigue el escrito, "se solicitó atentamente se designara un espacio dentro del centro de reclusión para tal fin, socilitando el ingreso del licenciado Mario Alberto Arzave Trujillo (quien es titular de la Unidad Especializada en Investigaciones sobre Terrorismo), licenciado Luis Carranza Figon, así como del juez magistrado Baltasar Garzón Real, Enrique Molina, así como cinco personas más de la Comisión Judicial de la Audiencia Nacional de España, así como el ingreso de la suscrita".
El artículo del Código Federal de Procedimientos Penales invocado por el GDF el jueves para impedir el ingreso de los funcionarios españoles señala en el párrafo segundo que "a las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere".
El oficio, a su vez, fundamenta la petición en diversos artículos constitucionales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el mismo Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la PGR y su Reglamento, pero en ningún momento alude a tratado o convenio internacional alguno.
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El juez "no solicitó permiso" para ingresar en el penal
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per BLANCHE PETRICH |
01 feb 2004
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México D.F. Sábado 31 de enero de 2004
El secretario general de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, y el subsecretario, Martí Batres, determinaron el jueves 29 de enero, después de consultar telefónicamente, que "no existía fundamento legal alguno" que justificara la presencia de dos funcionarios españoles, el juez Baltasar Garzón y el fiscal de la Audiencia Nacional, Enrique Molina, en una diligencia relacionada con el proceso de extradición de seis ciudadanos vascos detenidos desde hace seis meses en el Reclusorio Norte. Por tanto, ambos funcionarios respaldaron la orden girada por el director de prisiones Héctor Cárdenas y acatada por la directora de dicho penal, Marcela Briceño, de cerrar el paso a la comitiva de los magistrados extranjeros que ayer por la mañana intentaron ingresar en esa cárcel.
"En este asunto no hay problema político o ideológico alguno -señaló Batres-; tranquila y respetuosamente le informamos al juez Garzón que su ingreso al reclusorio no se permitió porque no solicitó permiso para hacerlo. No hay ningún oficio previo a la diligencia pidiendo autorización" para que dos funcionarios extranjeros estuvieran presentes. "No hay justificación alguna, en ningún reglamento sobre procesos judiciales como éste, que así lo establezca", explicó.
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Respuesta de la reportera
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per Blanche Petrich |
01 feb 2004
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México D.F. Sábado 31 de enero de 2004
Señora directora: Un grupo de periodistas nos apersonamos el pasado jueves en el interior del Reclusorio Norte, no para "cazar" al juez Baltasar Garzón y el fiscal Enrique Molina, sino con el objetivo totalmente legítimo de poder documentar un hecho noticioso: la asistencia de los dos funcionarios españoles a una diligencia que, según se nos informó, consistía en una ampliación de declaración en el proceso de extradición de los seis vascos ahí detenidos. Ahí dentro fuimos testigos de cómo la directora del penal, Marcela Briceño, giró instrucciones para que no se le permitiera el paso a los visitantes españoles, ejecutando órdenes superiores, concretamente del secretario de Gobierno del Distrito Federal Alejandro Encinas y del director de Reclusorios, Héctor Cárdenas.
Corresponde a esos funcionarios, por lo tanto, corroborar esta información. Pero cuando el juez asegura que su presencia en el penal era "un acto oficial y autorizado", que en ningún momento se les impidió el acceso al centro penitenciario y que fue él quien consideró "oportuno retirarse", debo decir, con la pena, que el magistrado juez miente. La verdad es que hubo una prohibición expresa. Eso es un hecho real, no una "manipulación grosera".
En cuanto a nuestra función periodística, puedo decirle que el objetivo no era grabar la diligencia ni violar secreto procesal alguno. Como corresponde, se nos prohibió hacerlo, cosa que acatamos puntualmente.
En su carta, el juez Garzón insiste en que el ingreso de su comitiva al reclusorio fue en el marco de la cooperación jurídica internacional propia entre países democráticos y en cumplimiento del Tratado de Asistencia Judicial mutua. Hasta este momento, las ambiguas explicaciones que ha brindado la Procuraduría General de la República al respecto no alcanzan a explicar en qué partes de los convenios bilaterales entre México y España se ampara la actuación de jueces españoles en procesos judiciales que competen al país. Esa fue una pregunta que le hice expresamente al fiscal de la PGR Mario Arzave, quien declinó responderme. Con la pena, señor juez.
Atentamente,
Blanche Petrich
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