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Notícies :: amèrica llatina
Cerca de 500, los expulsados del pasado viernes en Suchiate; al menos 60 detenidos. Chiapas
25 gen 2004
Continúa el gobierno de Chiapas desalojos y advierte que no permitirá más invasiones
San Cristobal de Las Casas, Chis., 24 de enero. Llegó la temporada alta de los desalojos de campesinos. El gobierno del estado ha resuelto perseguir las invasiones de tierras, así tengan 11 años de antigüedad, como sucedió ayer en los predios Los Cerros y Los Cerritos en Suchiate, cerca de la frontera con Guatemala. Las tierras fueron devueltas a sus dueños legales, a saber, la inmobiliaria Las Cruces y los particulares Guadalupe Barrios, Arturo Barrios y Roberto Ocampo.

Una vez más, los perseguidos pertenecen a la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ). En este caso, de la vertiente "histórica". El día 12 fue desalojado el predio La Huasteca, municipio de Trinitaria, donde vivían decenas de familias de un grupo disidente de la OPEZ; en esa ocasión, la "histórica" actuó al lado de la policía del estado, y sus víctimas acusaron de paramilitares a los "históricos". En ese operativo de las fuerzas policiacas hubo cerca de 20 heridos, que llegaron al hospital, e inicialmente 80 detenidos, todos miembros de las corrientes Lucio Cabañas y Ernesto Che Guevara de la OPEZ.

En Suchiate, los expulsados del viernes fueron 450, y los detenidos 60. Un día antes, en Rancho Alegre, también Suchiate, fueron desalojadas 160 familias de la OPEZ. El secretario de Gobierno, Rubén Velázquez López, artífice de esta escalada, declaró ayer que "no se permitirán más invasiones en este gobierno", pero, apuntó, "se está exagerando en garantizar el respeto a los derechos humanos" durante los desalojos.

Menos mal que "exageran" los policías sectoriales y judiciales, si no, quién sabe cuántos más serían los heridos y cuántas las casas quemadas. Sólo en Nuevo San Rafael, en Montes Azules, elementos policiacos y de la Armada habrían quemado ayer 23 casas, dispersado a la población (choles de Sabanilla) y detenido cuando menos a Josué Jiménez Cruz, representante de los pobladores. Este desalojo (que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente describe como "voluntario") contradice las declaraciones del gobierno chiapaneco y de las nuevas autoridades ambientales federales en el sentido de que no habría desalojos en Montes Azules.

El actual secretario de Gobierno chiapaneco siempre fue partidario de los desalojos en Montes Azules, desde que era el responsable estatal de la política agraria y representaba al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía en el denominado Grupo Chiapas. En 2001 y 2002 se le identificó con la línea dura en materia ambiental. Ahora, como responsable de la política interior de Chiapas (lo que sea que eso signifique), Velázquez empieza a darse gusto y dar gusto a los propietarios, a los mandos militares y a las autoridades federales que quieren mano dura.

Con sus límites, por cierto, y lo lamenta: "las invasiones que se ubican en la zona zapatista, donde ni el gobierno federal ha logrado regresar a sus legítimos dueños los terrenos invadidos en 1994, están recibiendo un trato distinto". No obstante, Velázquez confirmó que se realizarán más desalojos. "No es represión ni nada que se parezca a esos términos. Simple y sencillamente es la aplicación del estado de derecho para poder vivir en paz".

Ya entrado en gastos, ayer ofreció su mediación en el conflicto del ejido Emiliano Zapata (municipio de Tila), donde la población exige el desmantelamiento de la base militar que se ubica allí. "La oferta inicial a estos paisanos inconformes es que presenten su denuncia y nosotros garantizamos que si existe la razón, será quitado de esa base el personal que esté excediéndose en sus funciones", lo cita el diario tuxtleco La Voz del Sureste. (Así, da a entender "a estos paisanos" que podría ser "quitado" algún personal, pero la base no se mueve).

Estas son algunas coordenadas del funcionario (ex priísta, como tantos en el gobierno chiapaneco) que se atreve a hacer lo que el gobierno salazarista dice que no hace. Desalojos violentos, aprehensiones masivas, destrucción de viviendas. Y proclama un "exagerado respeto" a los derechos humanos. Tanto "respeto" que todavía ayer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó un caso grave de tortura, cometido en San Cristóbal de las Casas por policías de la Agencia Estatal de Investigaciones, a cargo de la Procuraduría de Justicia del estado.

Ahora, mientras el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía parece dedicarse a la "política exterior" de Chiapas (se habla abrumadoramente en los corrillos de Tuxtla de que aspira al gabinete foxista), el secretario Velázquez, el procurador Mariano Herrán Salvatti y el secretario de Seguridad Pública, Horacio Schroeder, parecen llevar la política interna, que consiste en desalojar asentamientos rurales y llenar las cárceles de campesinos que ocuparon tierras o se resisten, por ejemplo, a las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. Para abrir lugar a tanto nuevo preso, hay que soltar algunos, como los miembros de Paz y Justicia absueltos hace 15 días; ya se ve la forma de liberar a los paramilitares que purgan por la matanza de Acteal, pues ahora son "perseguidos religiosos", según sus abogados y sus aliados.

Mientras propicia campañas informativas antizapatistas (al son de "si me dan un periodicazo lo desmiento y punto") y desliza declaraciones donde considera a los rebeldes un grupo menor que habita en unas cuantas rancherías (qué exagerado se vio el presidente Salinas con sus "cuatro municipios"), el secretario de Gobierno se apresta a colaborar con el Ejército federal y la Armada en fechas próximas para los desalojos que tiene planeados. Han de ser varios, pues ayer confesó a los reporteros: "no los tengo en la memoria. Y tampoco los diría".
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2004/ene04/040125/007n1pol.php?origen=index.html&fly=1

Comentaris

"Nos sacaron a la fuerza",
25 gen 2004
"Nos sacaron a la fuerza", responden habitantes

Familias de Nuevo San Rafael abandonaron el lugar voluntariamente, asegura la SRA

ELIO HENRIQUEZ Y ANGELES MARISCAL CORRESPONSALES

San Cristobal de Las Casas, Chis., 24 de enero. De las siete familias que poblaban la comunidad de Nuevo San Rafael, ubicada en la reserva de la biosfera Montes Azules, seis abandonaron el lugar "voluntariamente" desde el pasado 19 de enero, señala una "acta de comparecencia" suscrita por la representante especial de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en Chiapas, Martha Cecilia Díaz Gordillo, y por Avelino y José Pérez Juárez, en nombre del grupo.

De acuerdo con el documento, los dos indígenas choles llegaron el pasado 19 a las oficinas de Díaz Gordillo "por su propia voluntad", para informarle que "el día de hoy, como a eso de las 3:00 horas desocuparon las tierras que en forma irregular trabajaban dentro de los bienes comunales de la zona lacandona y de la reserva de la biosfera de Montes Azules".

Avelino y José Pérez Juárez manifestaron, según se asienta en el acta, que "el día de ayer (18) comparecieron ante el agente del Ministerio Público adscrito a las oficinas para la atención de los citados bienes comunales, ubicadas en el crucero San Javier, municipio de Ocosingo, en donde elaboraron el acta correspondiente, especificando los motivos que originaron la desocupación".

Se menciona que los dos indígenas solicitaron a la representación de la SRA en Chiapas "notifique a los órganos de representación y de vigilancia de los bienes comunales de la zona lacandona y a las dependencias que conforman el sector ambiental, con el propósito de que se les haga del conocimiento que con esta fecha dejan libres los terrenos que venían ocupando, quedando únicamente en ese lugar Josué Jiménez Cruz, quien se niega a abandonar el inmueble".

Agrega que "ofrecen disculpas a la comunidad zona lacandona por la indebida ocupación de sus tierras, en virtud de que fueron engañados por Jiménez Cruz, quien les argumentó que esos terrenos no tenían dueño y que eran propiedad de la nación, y que además ignoraban que el uso del suelo se encuentra regulado por el área natural protegida de la reserva de la biosfera de Montes Azules".

Mientras, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó hoy que aún no tenía información acerca del paradero de Josué Jiménez, quien habría sido detenido el pasado jueves en Nuevo San Rafael por negarse a abandonar la comunidad.

Según el acta referida, los dos indígenas que la firman aseguran que acuden en representación de las familias encabezadas por Santiago Pérez Juárez, Antonio Jiménez Méndez, Samuel Juárez Méndez y Gilberto López Juárez, todos originarios de la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla, ubicado en el norte de Chiapas.

Versiones encontradas

En Tuxtla Gutiérrez, habitantes del poblado San Rafael denunciaron que la SRA dividió a su comunidad, y mientras unos determinaron regresar a su lugar de origen, en el municipio de Sabanilla, otros decidieron permanecer en Montes Azules, de donde fueron desalojados el pasado 19 de enero, luego que quemaron sus viviendas.

Una de las indígenas, hija de Josué Jiménez Cruz, narró lo anterior y explicó que luego de diversas reuniones con representantes de la SRA, la mayor parte de los habitantes del poblado San Rafael tuvieron temor de ser desalojados y a finales del año pasado abandonaron el lugar, luego que la dependencia se comprometió a ayudarlos económicamente.

Sin embargo, tres familias continuaron en el lugar, adonde el pasado 19 de enero llegó una representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acompañada por una docena de elementos de la Marina, quienes, según Anita Méndez Pérez, "nos sacaron a la fuerza, nos amenazaron y se llevaron a Josué Jiménez Cruz, del que desconocemos su paradero".

Anita Méndez sostuvo que otro grupo logró huir; sin embargo, se percataron de que los trabajadores de la Profepa y lacandones de Chajul saquearon sus viviendas y luego les prendieron fuego.

Por su parte, la Profepa dio a conocer que su personal encontró deshabitada y "limpia" la zona que ocupaban indígenas choles en lo que se llamó poblado San Rafael, ubicado en la reserva ecológica Montes Azules, por lo que niega que haya habido una quema de casas y los lugareños se encuentren incomunicados.

"No existió ningún operativo especial de desalojo ni quema de 23 casas en el lugar denominado Nuevo San Rafael o Ignacio Allende, en la reserva de la biosfera Montes Azules (...) y no hay ninguna persona viviendo en el lugar, ya que se retiraron por su propia voluntad", señaló la dependencia mediante un comunicado.

Según la Profepa, el sitio se encontraba totalmente desocupado y ahí se habían efectuado actividades de limpieza de maleza así como de troncos utilizados al parecer como graneros y habitaciones rústicas. También se reportaron "daños ambientales en ocho hectáreas de selva alta perennifolia".

http://www.jornada.unam.mx/2004/ene04/040125/007n2pol.php?origen=politic
Preocupante, la división en comunidades de Chiapas, dice el obispo Samuel Ruiz
25 gen 2004
Advierte que el objetivo es tratar de controlar al EZLN.
Preocupante, la división en comunidades de Chiapas, dice el obispo Samuel Ruiz.

El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, expresó su preocupación por el aumento de la división en las comunidades de Chiapas, problema que se agudizó al ser utilizado esto como un mecanismo para controlar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y señaló la urgencia de un cambio profundo en el sistema económico y político dominante para alcanzar la paz.

Consideró que quizá en este sexenio no pueda hacerse un movimiento para llegar a la aprobación de una reforma constitucional en materia indígena con base en los acuerdos de San Andrés Larráinzar, pero dijo que si ocurriese habría un "cambio bastante significativo" con miras a la reanudación del diálogo con los zapatistas.

Luego de presentar su carta pastoral Una nueva hora de gracia, se refirió al divorcio entre pueblo y autoridades, y al desaliento que han provocado en la sociedad mexicana los ofrecimientos incumplidos de cambio, lo que, dijo, ha llevado a la idea generalizada de que es necesario pensar en 2006 y no en el sexenio presente.

En el documento de 11 páginas, el prelado hizo una fuerte crítica a la globalización neoliberal, pero advirtió signos de esperanza con el surgimiento de un movimiento de la sociedad civil, que conduciría a la muerte de ese modelo.

Ruiz ofreció una conferencia de prensa después de dar a conocer la carta pastoral con motivo del 44 aniversario de su consagración episcopal. Estuvo acompañado del poeta Juan Bañuelos y del abogado Jorge Fernández Sousa, quienes fueron integrante y asesor de la desaparecida Comisión Nacional de Intermediación (Conai), y de Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Al preguntarle sobre la situación en Chiapas indicó que está retirado del estado, pero consideró que empieza a darse una gradual interrelación a propósito del rechazo de algunas comunidades por llamar al Ejército Mexicano y a la constitución de los llamados caracoles. Además, la toma de conciencia del indígena de ser sujeto de la historia "es algo ya irreversible".

Descartó la posibilidad de que en este momento vuelva a crearse una instancia de intermediación como la Conai, pues comentó que el crecimiento de la sociedad civil permite que se impulsen iniciativas de ese tipo.

A ese respecto, Bañuelos explicó que no habrá más intermediación, y consideró que el silencio de los pueblos indígenas es un arma que tarde o temprano hará desesperar al gobierno, por lo que hizo votos para que no se les trate como terroristas.

Sobre el tema de Chiapas, el obispo emérito señaló en el texto que a más de 10 años de que enviara una carta al papa Juan Pablo II sobre las condiciones de injusticia y marginación de las comunidades indígenas, habla ahora desde otra dimensión.

"No es que el conflicto que se vive en Chiapas se haya resuelto, ni que haya perdido su importancia. Es que la paz no será construida sólo sobre la base de esfuerzos nacionales, cuando sus causas son cada vez más globales y aluden a la urgencia de un cambio profundo en el sistema económico y político dominante", afirmó.

Explicó que a pesar de no haberse resuelto el conflicto en sus causas, el esfuerzo por construir la paz con justicia y dignidad es un patrimonio común de toda la nación y ha aportado avances, logros y nueva conciencia.

Sin ser el factor único, el levantamiento del EZLN favoreció la conciencia y la organización de muchos de los pueblos indios de México y, entre otros aspectos, exigió una respuesta responsable todavía pospuesta a las causas del conflicto por parte de los poderes del Estado.

http://www.jornada.unam.mx/2004/ene04/040125/006n2pol.php?origen=politic
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