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Notícies :: criminalització i repressió : amèrica llatina
Tlalnepantla: 40 desaparecidos y miles desplazados. Morelos, México
24 gen 2004
Deposita su defensor 10 por ciento de las fianzas, fijadas en $50 mil para cada uno.
Tramitan la liberación de 19 de los 20 detenidos en Tlalnepantla.
El único que seguirá en prisión es un seguidor del alcalde Elías Osorio. Diálogo en el DF con representantes del gobierno federal y del Congreso de la Unión, reitera el concejo autónomo.
Cuernavaca, Mor., 23 de enero. La defensa de 19 de los 20 pobladores detenidos en el desalojo de la alcaldía de Tlalnepantla el pasado 14 de enero comenzó la noche de este viernes los trámites para que sus clientes sean liberados bajo las reservas de ley, luego de depositar 10 por ciento del monto de las fianzas, fijadas en 50 mil pesos para cada uno. Al cierre de esta edición ya se habían firmado las boletas de liberación y se esperaba que los detenidos comenzaran a salir después de la medianoche.

De su lado, el comisionado de la Secretaría de Gobernación para el caso del municipio morelense, Jorge Torres Castillo, propuso al concejo autónomo municipal y la Comisión de Barrios y Pueblos de Tlalnepantla iniciar el diálogo en Cuernavaca con representantes del gobierno del estado, diputados locales y del alcalde priísta Elías Osorio. Los opositores le reiteraron que las conversaciones sean en la ciudad de México y sólo con representantes del gobierno federal y del Congreso de la Unión.

A partir de las 16 horas, el juez distrital de Yautepec, Salvador Vences Sánchez, a quien le remitieron el caso de los detenidos la madrugada del jueves, luego de que la juez Guillermina Jiménez Serafín se declaró incompetente, inició el depósito de la caución para proseguir con la diligencia administrativa en la liberación de los reos.

Para ello, habitantes del pueblo y organizaciones sociales reunieron 104 mil 500 pesos que depositaron en una afianzadora, con lo que dio inicio el trámite de liberación bajo reservas de ley. María Isabel Rodríguez Gómez, abogada de los detenidos, asentó que el gobierno estatal se negó a reducir el monto de la fianza.

El único que permanecerá en prisión es Marco Antonio Lozada, quien fue identificado como integrante del grupo del alcalde Elías Osorio Torres y por lo tanto no fue incluido en la defensa, aunque tampoco recibió solidaridad del grupo del edil. Enfrenta los cargos de ataques y daños a elementos policiacos, e incendio de una patrulla.

Horas antes, integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos acudieron al penal de alta seguridad de Atlacholoaya, donde recabaron testimonios de los presos, quienes señalaron que fueron detenidos sin orden de aprehensión, sin flagrancia de delito, sin orden judicial de cateo, con lujo de violencia y sufriendo humillaciones, malos tratos y tortura.

De su lado, el secretario de Gobierno morelense, Eduardo Becerra Pérez, comentó que a los inconformes se les ha ofrecido ya el retiro de cargos y denuncias a cambio de iniciar la mesa de diálogo este lunes. Pidió a los desplazados volver a la comunidad con el compromiso de que no serán detenidos y sí, por el contrario, tener la atención del gobierno para que vuelvan los niños a las escuelas y los adultos a sus actividades productivas.

Con miras al diálogo, integrantes del concejo autónomo y de la Comisión de Barrios y Pueblos de Tlalnepantla se reunieron en un restaurante de la ciudad de México con Jorge Torres Castillo, comisionado de la Secretaría de Gobernación para el caso morelense. El funcionario les propuso conversar con el gobierno del estado, diputados locales y delegados del edil Elías Osorio.

Les propuso que participen cinco representantes del movimiento, otros tantos del alcalde Elías Osorio y cinco del Congreso local, uno del gobierno estatal y otro del federal. Los opositores le reiteraron su propuesta de que el diálogo sea en la ciudad de México y sólo con representantes del gobierno federal y del Congreso de la Unión.

Alfredo Lima, representante de la Comisión de Pueblos, dijo que pidieron a Torres Castillo un gesto de voluntad política del gobierno estatal para que saque a la fuerza pública del municipio y crear condiciones para que retorne la gente al poblado.

Sin embargo, el gobernador Sergio Estrada Cajigal Ramírez reiteró que la policía será retirada sólo si los grupos aceptan participar de manera pacífica y sin agresiones contra el presidente municipal, mientras se llevan a cabo las pláticas. En declaraciones que reprodujo Notimex, dijo que hoy se reunió con Osorio Torres para conocer la opinión del edil ante el conflicto, y la postura de los grupos que se oponen a su mandato.

Evitan dialogar con Elías Osorio

En el municipio de Atlatlahuacan, donde permanecen refugiados, integrantes de la Comisión de Barrios y Pueblos de Tlalnepantla reiteraron que de Elías Osorio Torres no quieren saber nada porque "ya se derramó sangre en nuestro municipio".

Cristino García Hernández, Justino Espíndola Pérez, Germán Barrera Pérez e Ignacio Barrera Pérez agregaron que el ambiente en su pueblo no es idóneo para el diálogo con el gobernador, pues "con tres mil 500 desplazados, 40 desaparecidos, decenas de heridos y cerca de siete millones de pesos en pérdidas por el retraso en el corte del nopal", no hay salidas.

"Lo que queremos es volver a nuestras casas, trabajar en nuestros cultivos, pero representados por una persona digna de poder estar al frente de los destinos sociales y políticos de nuestros municipios", apuntaron.

Cese de agresiones, pide el PRD

El senador perredista Jesús Ortega hizo un llamado a los legisladores que participan en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que desde esa tribuna exijan al gobernador de Morelos "el cese de agresiones brutales" hacia los pobladores de Tlalnepantla, cometidas por orden de un gobernador "fascista y represor".

Dijo que el mandatario estatal no sólo ha cometido abusos injustificados contra una población pacífica, sino que pone en evidencia, una vez más, su incapacidad para resolver los problemas políticos por la vía del diálogo. Por si fuera poco, agregó, acude a la mentira al vincular un hecho político local en un supuesto movimiento guerrillero, aun cuando desde Gobernación ha sido desmentido.

Daremos seguimiento puntual a las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia de Morelos y exigiremos sancionar a los responsables de los hechos represivos ordenados desde el gobierno estatal, agregó
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http://www.jornada.unam.mx/2004/ene04/040124/025n1est.php?origen=index.html&fly=1
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