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Denuncian comuneros de Tlalnepantla que dos tercios de la población desplazados
20 gen 2004
Denuncian comuneros de Tlalnepantla que dos tercios de la población se encuentran desplazados
Temen que durante su ausencia la policía les siembre armas o drogas para justificarse

Denuncian comuneros de Tlalnepantla que dos tercios de la población se encuentran desplazados

No han realizado un censo de las personas que resultaron heridas tras el desalojo

BLANCHE PETRICH

Comuneros de Tlalnepantla, Morelos, denunciaron que más de dos tercios de la población de ese municipio nopalero huyeron de sus casas la madrugada del 14 de enero, cuando la policía estatal entró a la cabecera municipal disparando sus armas para desalojar la toma de la alcaldía.

A cinco días del desalojo, los pobladores no han podido regresar ni ha habido condiciones para hacer un censo y determinar cuántos vecinos fueron heridos durante la incursión policiaca. Cientos de desplazados de esa localidad se encuentran "refugiados" en los alrededores -Tlayacapan, San Lorenzo, Santa Ana o San José.

Cuatro integrantes de la Comisión de Barrios y Pueblos del Consejo Autónomo -Benyosef Laguna, Raymundo Rodríguez, Alfredo Lima y Cristino García- ofrecieron ayer una conferencia de prensa en el Centro de Comunicación Social (Cencos) en el Distrito Federal, y se declararon "en el exilio".

Denunciaron que agentes de Seguridad estatal vigilan sus casas y amenazan con arrestarlos en cuanto regresen.

Varios domicilios han sido saqueados por grupos protegidos por las fuerzas del orden, debido a lo cual los desplazados temen que en algunos casos la policía del estado pueda sembrarles armas o droga para justificar su arresto.

Durante la tarde, un secretario de Santiago Creel ofreció a esta delegación de morelenses una vía de comunicación con el titular de Gobernación. Luego de deliberar, el consejo autónomo aceptó la gestión. Se espera que en las próximas horas o días se concrete una reunión en Bucareli.

Entre tanto, los miembros de la comisión afirmaron que "es totalmente falso" que exista una mesa de negociación entre el gobierno de Sergio Estrada Cajigal y la asamblea comunitaria de Tlalnepantla, mucho menos con el electo presidente municipal, Elías Osorio Torres, quien tomó posesión de la alcaldía después de la recuperación violenta del inmueble por parte de la fuerza pública, con un saldo de un comunero muerto y un número no determinado de heridos.

Lo que el consejo autónomo demanda, señalaron, es la restitución del estado de derecho, la liberación de los presos y el retiro de las fuerzas estatales de seguridad del municipio.

Piden, además, que acuda una caravana de organización civil a la comunidad para constatar la vulneración de los derechos humanos de los habitantes y para acompañar sus demandas de restitución de la autoridad comunitaria. Apoyan esta iniciativa el Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz), Cencos, el Movimiento por la Paz con Justicia y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Los comisionados del consejo autónomo, por otra parte, desmintieron tajantemente las afirmaciones del mandatario estatal sobre que su movimiento tiene vínculos con organizaciones guerrilleras.

Reconocieron que hace dos años aparecieron pintas de un grupo armado llamado Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) en uno de los pueblos del municipio, San Felipe Neri. "Pero no sabemos nada más de eso. Ya se investigó y nunca encontraron nada", sostuvo Benyosef Lima.

Los comisionados incluso se "deslindaron" de los zapatistas y del movimiento indígena que reivindica las autonomías, conforme a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. "No pretendemos ser radicales ni confrontarnos con la gente de Elías Osorio. Lo único que queremos es tener un gobernante digno", expresó Cristino García.

Televisoras comerciales cuestionaron su alianza con los atencos y cegehacheros. "Si vienen a apoyarnos, bienvenidos. Ellos no propiciaron la confrontación", respondieron.

América del Valle, hija de líder de San Salvador Atenco Ignacio del Valle, presente en la conferencia de prensa, describió cómo se desarrolló el choque del domingo, cuando una caravana de cerca de 100 personas llegaron al pueblo a dar asistencia a los desplazados.

Dijo que después de que pasó el retén un primer grupo, la policía estatal cerró el paso al segundo, integrado por los pobladores de Atenco.

Los uniformados permitieron que los simpatizantes del presidente municipal priísta se acercaran y agredieran al grupo lidereado por Del Valle, al tiempo que les cerraron la retirada. Siete mexiquenses resultaron con heridas. Lamentó que no se les permitiera la entrada al pueblo: "A ningún mexicano se le puede prohibir solidarizarse con otros pueblos", dijo América del Valle.

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El secretario de Gobernación desmiente lo afirmado por el mandatario estatal

Creel: "totalmente falso" que haya guerrillas o terroristas en Morelos

En Tlalnepantla, una buena parte de los hombres no sale a trabajar; temen ser detenidos

ALONSO URRUTIA, MATILDE PEREZ V. Y LA JORNADA MORELOS


La Secretaría de Gobernación no cuenta "ni con pruebas ni información ni evidencia" de que en las inmediaciones del municipio morelense de Tlalnepantla exista un campo de entrenamiento de grupos guerrilleros, afirmó el titular de la dependencia, Santiago Creel Miranda.

Además lamentó que en los hechos violentos ocurridos la semana pasada en el municipio no existiera suficiente diálogo previo para evitar una confrontación.

Al desmentir al gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal -quien aseguró que, en parte, el operativo con que se reprimió el miércoles a opositores al alcalde Elías Osorio obedeció a la existencia de grupos armados-, Creel Miranda fue enfático al señalar, "con toda claridad", que "es totalmente falso" el dicho de que hay células guerrilleras o terroristas en Morelos.

En entrevista que concedió a Carlos Loret de Mola, titular del noticiero radiofónico Hoy por hoy, el secretario de Gobernación afirmó que la presencia de organizaciones sociales ajenas al conflicto no contribuye a una solución.

En Tlalnepantla, "no tienen nada que estar haciendo partidos políticos ni grupos de otros movimientos sociales. Entendemos que van a ser solidarios, que van a dar su apoyo, pero también van generando otra serie de problemas que se adicionan al problema original".

Creel Miranda insistió en la necesidad de deslindar las responsabilidades sobre el enfrentamiento que provocó la muerte de una persona, como preámbulo para insistir en una salida negociada entre las partes involucradas. "Los problemas no se resuelven solos y mucho menos cuando permanece el conflicto", dijo.

A pregunta expresa sobre una posible intervención del gobierno federal en el problema, Creel Miranda señaló que la secretaría a su cargo es "respetuosa" de las autoridades locales.

Por ello, "el gobierno, el Congreso y los grupos involucrados deben asumir su responsabilidad y buscar una salida que, efectivamente, permita darle gobernabilidad a Tlalnepantla".

Añadió que el tema sigue bajo estricta competencia local, pero existe la disposición del gobierno federal de coadyuvar para favorecer una salida, "si así se solicita".

-¿Cabría una desaparición de poderes en el municipio? -se le preguntó.

-Es algo que tendría que decidirlo el Congreso local en una primera instancia; es por eso que aquí todo mundo tiene que participar -indicó Creel.

Piden pobladores dialogar con Fox

A su vez, el concejo popular autónomo y las Comisiones de Barrios de Tlalnepantla pidieron al presidente Vicente Fox sostener un diálogo con ellos.

En un comunicado que la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos envió a organizaciones campesinas, indígenas y defensoras de derechos humanos, el concejo desmintió que el movimiento se vincule con grupos armados y que éstos definan "la dirección de nuestra lucha".

Los citados organismos relataron que la acción policiaca en su contra -sucedida el miércoles pasado- fue un acto de "persecución y cacería", pues pobladores que los pasados días 14 y 15 buscaron refugio en poblados cercanos, "fueron perseguidos por tierra y aire con el firme propósito de matarlos".

Comentaron que la ocupación policiaca en el municipio "ha paralizado la vida cotidiana, el pueblo está prácticamente desierto, ya que (los habitantes) temen ser detenidos por no simpatizar con el presidente municipal Elías Osorio".

Asimismo, el concejo popular autónomo solicitó la intervención de un grupo de observadores, el cual estaría integrado por líderes de opinión, autoridades indígenas y representantes de movimientos sociales, "con el propósito de que constaten los daños que ha provocado la ocupación policiaca" en su comunidad. Asimismo exigió respeto y reconocimiento a su autonomía, liberación de los detenidos, así como la salida de corporaciones policiacas de Tlalnepantla.

Exige el sol azteca investigación a la policía morelense

Por su lado, el dirigente nacional del PRD, Leonel Godoy, exigió que se investigue a fondo la actuación de la policía de Morelos en el municipio de Tlalnepantla y que se someta a juicio al gobernador Estrada Cajigal si de las pesquisas se deriva que él tiene alguna responsabilidad. Insistió en que los conflictos políticos deben atenderse a través del diálogo con la población y, al referirse a la agresión contra diputados locales perredistas que apoyaron a inconformes de Tlalnepantla, dijo que ningún hecho quedará impune.

Pueblo sin actividad

A cinco días de que la policía estatal ocupara la cabecera municipal de Tlalnepantla, de cuya alcaldía se desalojó a inconformes con el edil Elías Osorio Torres el miércoles pasado, buena parte de los hombres no van a trabajar por temor a ser detenidos, y algunos niños no asisten a la escuela.

Las actividades de cultivo de nopal se han restablecido pero pocos comercios han abierto, además que no se han proporcionado de manera regular servicios como agua potable, recolección de basura y energía eléctrica.

El secretario de Gobierno, Eduardo Becerra Pérez acusó a diputados locales perredistas de pretender desinformar a la población, al decir que fueron agredidos el pasado domingo, pero en "los videos constan que no hubo ninguna agresión en contra de los legisladores". También les imputó tener la intención de "hacer crecer el problema de Tlalnepantla y que sea un asunto federal".

Añadió que "algunos" integrantes del PRD han buscado reunir gente de otros municipios para que participe en marchas contra la administración que encabeza el gobernador Sergio Estrada Cajigal.

De acuerdo con Becerra Pérez, las autoridades estatales evalúan si en Tlalnepantla "el gobierno puede establecerse. Si la mayor parte de la población está a favor se respetará la voluntad de la mayoría".

En tanto, el dirigente del Comité Directivo Estatal panista, Oscar Sergio Hernández Benítez, afirmó que para solucionar "de manera sana" el conflicto, Osorio Torres deberá renunciar a la alcaldía, "además de que el PRD tendrá que sacar las manos".

En conferencia de prensa, lamentó que en el Congreso el PRI y el PRD "condicionen el conflicto a cambio de la reforma del estado", mientras que la ciudadanía requiere "buscar su propio bien común".

Hernández Benítez aseguró que el enfrentamiento fue del PRI contra el PRD, pues éste se halla "detrás del movimiento opositor, y el PRI, sosteniendo a su edil".

Añadió que "la violencia, el conflicto y el todo o nada" es "la estrategia del PRD", a cuyos militantes llamó "traficantes de conflictos".

De su lado, el diputado Anacleto Pedraza Flores aseguró que se han encontrado más de mil 500 desplazados de Tlalnepantla, albergados en domicilios particulares de los municipios de Tlayacapan, Tepoztlán y Milpa Alta, en el Distrito Federal.

Agregó que más de 2 mil personas dejaron la comunidad la madrugada del miércoles, cuando policías estatales ingresaron al ayuntamiento.

La versión del PRI

Mientras, 100 habitantes del municipio de Tlalnepantla exigieron al gobernador Estrada Cajigal, en una manifestación que realizaron en la Plaza de Armas de Cuernavaca, que se inicie un juicio político contra los diputados del PRD Guillermo López Ruvalcaba, Fidel Demedicis Hidalgo y Anacleto Pedraza, por intervenir en asuntos que no les incumben.

Encabezados por Ignacio Rodríguez Juárez, los campesinos dijeron ser "la gente auténtica del municipio", y gritaron "fuera El Mosh, fuera los atencos, fuera los traidores".

Por su parte, la defensora de los 21 tlalnepantlenses arrestados el miércoles -presos en el penal de Atlacholoaya-, María Isabel Rodríguez Gómez, indicó que al rendir declaración ministerial sus clientes aseguraron haber sido aprehendidos durante cateos que la policía realizó en casas particulares o cuando iban rumbo a sus labores.

De esta manera contradijeron la versión oficial, en el sentido de que se les detuvo en flagrancia durante el enfrentamiento de la semana anterior. Ante la situación, Rodríguez Gómez pidió a la juez segundo penal, Guillermina Jiménez Serafín, citar a cuatro agentes que participaron en la detención de 23 personas, pero al acudir a la Policía Ministerial para hacer entrega formal del citatorio, Jonathan Freinet, secretario particular de José Agustín Montiel, dijo que no podía recibirlas "por órdenes superiores".
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