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Notícies :: amèrica llatina : guerra |
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En Chiapas, la mayor concentración de tropas en el país, confirma un estudio
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per HERMANN BELLINGHAUSEN |
12 gen 2004
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Con apoyo paramilitar, el Ejército asedia al EZLN, documentan investigadores.
En Chiapas, la mayor concentración de tropas en el país, confirma un estudio. |
San Cristobal de Las Casas, Chis., 11 de enero. Estudios recientes confirman algo que por demás resulta evidente: la demografía militar en Chiapas es la más alta del país, después del Distrito Federal, sede del mando militar nacional. A raíz del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLLN), ese estado del sureste mexicano "concentró el mayor número de jefes y oficiales en una sola entidad", de acuerdo con un estudio realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez por Jorge Luis Sierra.
La trascendencia de ese fenómeno modificó profundamente la división territorial castrense. Se crearon dos zonas militares, la 38 en Tenosique, Tabasco, y la 39 en Ocosingo, ambas solamente para rodear la selva Lacandona. Se sumaron dos nuevas bases aéreas: Copalar y Altamirano.
"Cinco años después del alzamiento indígena, la séptima Región Militar quedó integrada por cinco zonas militares", apunta Sierra en El enemigo interno (Plaza y Valdés Editores, México): la 30 de Villahermosa, la 31 en Rancho Nuevo, la 36 de Tapachula, además de las mencionadas 38 y 39.
Citando documentos de inteligencia militar, reportes de otros analistas, obras académicas y frutos de su propia investigación, Sierra ofrece un panorama esclarecedor en un tema sobre el cual la información siempre ha sido difícil, inexacta, en buena medida secreta. Su enumeración resulta elocuente: "La vigilancia lograda por la séptima región militar se reforzó con los batallones de infantería 36 y 82 de la 29 zona militar en el sur de Veracruz, y con los batallones 10 y 74, ubicados en la 33 zona militar de Campeche. Se creó así una de las mayores concentraciones de tropas en todo el país".
El investigador de la Universidad Iberoamericana señala que hacia 1997 había en Chiapas tres generales de división, 11 generales de brigada y ala, 13 generales brigadieres, dos generales de grupo, 18 coroneles y siete tenientes coroneles. "Se desplegaron al menos seis batallones de infantería, dos regimientos de caballería motorizada, tres grupos de morteros y tres compañías no encuadradas."
El ajuste del dispositivo estratégico entre 1994 y 1998 llevó a la creación de 70 Grupos Aeromóviles y 36 Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales en el país. De los primeros, seis se instalaron en el área de conflicto. Se crearon bases de operaciones mixtas con la participación de las policías estatales, que así pasaron a ser adiestradas por el Ejército.
La investigación de Sierra abre una ventana documentada y confiable en un tema sustraído del escrutinio público, pero que afecta la vida cotidiana de más de un millón de indígenas chiapanecos e incide negativamente en las posibilidades de alcanzar la paz. Las fuerzas armadas desplegadas en Chiapas están aquí para hacer la guerra por diversos medios, no todos directos.
La vía paramilitar
"En la primera mitad de 1995 comenzaron dos procesos antagónicos: mientras las partes en conflicto se reunían en San Andrés Larráinzar para dialogar, la violencia añeja y arraigada de pistoleros y guardias blancas dio paso a la formación de ejércitos privados dirigidos como una fuerza de contención armada del EZLN", agrega el estudio.
Algunas investigaciones observan que el surgimiento de grupos paramilitares coincidió con la renovación del mando de la séptima región militar. Escribe Sierra: "El general Mario Renán Castillo, considerado autor de la doctrina contrainsurgente contemporánea, remplazó al general Miguel Angel Godínez Bravo en febrero de 1995". (Es decir, al momento de la ofensiva militar del presidente Ernesto Zedillo contra las comunidades rebeldes.) "De acuerdo con los manuales de guerra irregular de la Secretaría de la Defensa Nacional, que escribió el propio general Renán, el 'personal civil militarizado' es fundamental para 'destruir las fuerzas integradas por el enemigo y traidores a la patria'."
Una investigación realizada en 1999 por la bancada perredista en San Lázaro reveló que, de acuerdo con la doctrina del Ejército Mexicano, el comandante del área puede usar "personal civil militarizado" para "apoyar en retaguardias, servir de informante, mediante recompensas u organizaciones secretas de información de guía de tropas, camuflado o uniformado como militar" (Los paramilitares en México. Cuarto informe de las fuerzas armadas mexicanas, Cámara de Diputados, 57 Legislatura). Tal doctrina "establece que el comandante militar del teatro de operaciones deberá emplear a la población civil para localizar, hostigar y destruir a las fuerzas enemigas".
Paz y Justicia, "el grupo paramilitar más importante de la primera etapa de paramilitarización", a la fecha sigue dando de que hablar. Según documentos de inteligencia militar, "se constituyó el 5 de agosto de 1995 como frente de ejidatarios, campesinos y autoridades para contrarrestar la 'actividad radical' del PRD y de las 'células' del EZLN" (Información sobre diversos aspectos en el área de ops. norte de Chiapas, s/f).
Por esos mismos días se establecieron las bases de operaciones militares de la zona norte (que aún existen), exactamente en los bastiones de Paz y Justicia, cuando el grupo aún no empezaba a actuar. Aunque formalmente se creó, en los términos del mismo documento, para "repeler posibles ataques de presuntas células del EZLN y defender intereses comunes afectados por el activismo del PRD, auspiciado por religiosos adscritos a la diócesis de San Cristóbal de las Casas... algunos integrantes de Paz y Justicia recurren al uso de las armas para hacer frente a los grupos que atenten en contra de su integridad (células del EZLN), incluso para defender sus propiedades".
Otro estudioso del tema, Raúl Benítez Manaut, distingue allí "la feudalización del conflicto", es decir, el proceso por el cual el esfuerzo de contención del EZLN pasa del gobierno a las elites locales. (Esto permite de paso borrar las huellas de participación militar directa cuando las cosas salen de control, como ocurrió en Acteal a finales de 1997.)
"En sus primeros tres años de actividad, los paramilitares en Chiapas provocaron la muerte de mil 500 personas y el desplazamiento de cerca de 10 mil. A pesar de sus campañas para aplicar en la región la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Ejército pareció ser incapaz o carecer de la voluntad para desarmar a los grupos paramilitares. El hecho de que el gobierno negara su existencia agravaba la impunidad de estas organizaciones, pues las fuerzas de seguridad no estaban obligadas a desmantelar organizaciones que no existían oficialmente." El retorno a la "guerra interna" hoy sigue en manos de dichas "elites locales" estratégicamente feudalizadas. |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2004/ene04/040112/013n1pol.php?origen=index.html&fly=1
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Comentaris
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"TENEMOS QUE SER CRITICOS, COMBATIVOS Y VEHEMENTES"
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per JOSÉ LUIS SOBERANES |
12 gen 2004
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México D.F. Lunes 12 de enero de 2004
ENTREVISTA / JOSÉ LUIS SOBERANES, PRESIDENTE DE LA CNDH
''Al gobierno no le conviene una comisión chimuela''
"TENEMOS QUE SER CRITICOS, COMBATIVOS Y VEHEMENTES", AFIRMA
Colocar el tema de los derechos humanos en un primer plano de la agenda nacional ha sido mérito del gobierno foxista, señala el ombudsman nacional, quien sin embargo plantea que el autoritarismo persiste, aun cuando el régimen que lo engendró haya acabado
VICTOR BALLINAS
Al gobierno y a la sociedad no les conviene una Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) "chimuela" y tampoco que seamos "unos gatitos sumisos. Tenemos que ser críticos, combativos y vehementes, aunque nos critiquen" sostiene el ombudsman José Luis Soberanes.
En entrevista, revela que dos han sido los momentos más difíciles de su gestión como titular de la CNDH: "la recomendación a la Procuraduría General de la República (PGR) por el homicidio del joven Guillermo Vélez -a quien agentes de esa procuraduría ultimaron-, y el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez".
En el primero, dice, "fue una confrontación muy fuerte con la PGR y con otras dependencias". En el caso de los crímenes en la ciudad fronteriza fue "un enfrentamiento con el gobierno estatal de Chihuahua, que actuó mal o dejó actuar, y con un gobierno federal indolente".
"¿Por qué no llega la justicia?"
De manera vehemente, denuncia: "No se ha hecho justicia en los casos de Acteal, Aguas Blancas, Agua Fría, en los crímenes de mujeres de Ciudad Juárez, en lo relativo a la guerra sucia. Esto nos desespera, nos subleva, por qué no llega la justicia".
-A tres años del gobierno foxista, ¿cuál ha sido el avance en materia de derechos humanos y qué está pendiente?
-Hay un mérito indiscutible de este gobierno: es que el tema de los derechos humanos ya esta en un primer plano de la agenda nacional. De ser algo en segundo o tercer lugar, ahora está entre las prioridades nacionales. De todo lo que ha hecho el gobierno foxista lo más importante es lo relativo a la guerra sucia, la creación de la fiscalía especial, cómo se lograron destrabar los problemas legales, cómo se giran órdenes de aprehensión. Este es el principal mérito del gobierno en derechos humanos.
-¿Pendientes?
-El tema de los derechos humanos trae muchas expectativas. Uno espera muchas cosas y a la mera hora las realizaciones no las vemos como hechos, sino simple y sencillamente como propuestas, y eso siempre nos deja un poco descorazonados, De todo lo que se plantea no se aterriza y esto es siempre motivo de queja y lamento.
-¿Qué le preocupaba en el caso Vélez?
-Fue muy duro, porque había una confrontación muy fuerte no nada más con la PGR, sino con otras instancias del gobierno federal que tuvieron participación en el caso. Es que es difícil que entiendan, no el gobierno, sino los funcionarios públicos, que a nadie le conviene una CNDH chimuela. Siendo nosotros unos gatitos sumisos en vez de apoyar al gobierno seríamos un lastre. Tenemos que hacer una CNDH crítica, combativa y a veces vehemente, aunque no les guste nuestra vehemencia. Pero es que no tenemos más armas que la ética, el derecho y la razón. Por eso somos vehementes, aunque nos critiquen.
-En el caso de Ciudad Juárez, ¿qué lo inquietaba?
-Fue enfrentarse a muchas cosas: a un gobierno estatal que actuó mal o que dejó de actuar, a un gobierno federal indolente. Ante unos crímenes nefandos, pues nos sentíamos solos.
-¿No fue igual con la recomendación sobre la guerra sucia?
-No. En ese caso hubo acuerdo y sintonía. Yo sabía que era muy difícil, pero sentí que había una actitud positiva del gobierno. Ahí no me sentí en posición difícil, no es lo mismo que en Ciudad Juárez.
-Hace ya dos años que usted emitió la recomendación sobre la guerra sucia. ¿Cree que hay voluntad del gobierno para castigar a los responsables de esos crímenes?
-Por lo menos en este gobierno, sí. Es el logro más importante, entonces lo tiene que concluir. No se puede quedar a la mitad del camino.
-¿Va muy lenta la fiscalía?
-Por un lado, sí. Quisiéramos tener resultados más pronto, pero por el otro se tienen que armar muy bien las averiguaciones previas, porque si no se corre el peligro de que los jueces las echen abajo y el gobierno no puede darse ese lujo. Me hubiera gustado que se hubiera dado más rápido, porque si no se van a seguir muriendo responsables, ¿no?
-Diversos relatores de la ONU han visitado el país, han hecho recomendaciones, pero siguen las violaciones. ¿Qué le falta a este gobierno?
-Un plan nacional de derechos humanos, pero lo veo cada vez más difícil y más lejano, porque si hiciéramos este plan como que quedaría todo marcado, la ruta a seguir. Sin embargo, veo varios problemas para poder llevar a cabo esto. En primer lugar tiene que ser un acto de Estado, no de gobierno. No es algo que pudiera resolver la Secretaría de Gobernación sola, tiene que involucrar a muchos más actores.
-¿Como a quiénes?
-En primer lugar tiene que haber una mayor presencia de organizaciones no gubernamentales, se tiene que involucrar mucho a las universidades, a los partidos políticos, a las comisiones estatales de derechos humanos.
-¿Por qué no como acto de gobierno?
-Porque corremos un riesgo: estamos en el cuarto año de gobierno, el próximo es el quinto y ya viene la sucesión. Entonces, si es solamente el gobierno quien lo promueve, pues terminará con la actual administración. Los planes de gobierno se hacen en el primer año y no en el cuarto, por ello debe ser un programa de Estado en el que quedarían muy bien señaladas las prioridades.
-En el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, ¿hay señales en el gobierno de atender el informe que usted presentó?
-No, hasta este momento no. Ojalá y las haya pronto.
-¿Qué va a pasar si no se crea una fiscalía para los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez?
-Lo más grave: no va a pasar nada y nos quedaremos igual. Va pasando el tiempo y las pruebas se van perdiendo; la posibilidad de exigir responsabilidades va pasando y entonces aquí no se hizo nada.
-Se presentan informes, recomendaciones, se plantea cómo está la situación de violaciones a derechos humanos (Acteal, Aguas Blancas, Agua Fría, Ciudad Juárez, guerra sucia), pero, ¿y la justicia? Respecto a los cambios constitucionales que se requieren para impulsar las recomendaciones de la CNDH, para darle mayores facultades, ¿cómo va el asunto?
-No va, simplemente no va. A nosotros nos han preguntado, hemos opinado, hay algunas ideas que están como que muy maduras, pero no va.
-¿Cómo hacerle para que el gobierno respete las garantías y derechos individuales?
-Con voluntad política; si no hay, pues va a ser difícil que podamos avanzar.
-¿Cómo cambiar la relación de dependencia de los titulares de las comisiones con los gobernadores para evitar su intromisión?
-Propondría dos medidas: una es la reforma del artículo 102, para lograr mayor autonomía. Y, dos, en el Presupuesto de Egresos etiquetar los recursos para las comisiones estatales de derechos humanos, con el propósito de que puedan hacer un trabajo medianamente decoroso.
-¿Cuáles serán las prioridades de la CNDH para 2004?
-El programa de migrantes lo tendríamos que consolidar e impulsar, porque todavía está muy endeble. También tenemos que seguir insistiendo en el caso de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, para que ya se empiecen a retomar los casos. Hay que consolidar la relación con las organizaciones no gubernamentales, sobre todo en el interior del país.
-¿Cómo cambiar la imagen que de las comisiones estatales y de la CNDH tienen los gobernadores y el Ejecutivo federal, quienes se "enojan" por los señalamientos acerca de violaciones a los derechos humanos?
-Ese es un problema de madurez política. Tenemos que lograr que haya una actitud madura de las autoridades al considerar que las comisiones de derechos humanos no son sus enemigas, sino que somos organismos de Estado que estamos para señalar eso.
-¿Se sigue enfrentando el ejercicio autoritario del poder?
-Sí, es un problema de madurez en el que tenemos que trabajar para que a los gobiernos de los estados y de los municipios les caiga el veinte. Lo que necesitamos es que cada quien haga su chamba, que nos respetemos y que finalmente entendamos que éste es el juego de la democracia, que en un régimen autoritario no tendría esto sentido, pero se supone que ya superamos eso. Entonces vamos a comportarnos como tales.
-¿Esta situación complica que se gane la batalla por los derechos humanos?.
-Por supuesto, y nos quedamos con la simulación. Así, sí, todo mundo muy bien, nos tomamos la foto y nos vamos. Es una simulación y tenemos que superar esa etapa.
-¿Cómo terminar con la simulación del gobierno?
-Con medidas legislativas se debe fortalecer el trabajo de las comisiones estatales de derechos humanos. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos informes a las autoridades, muchas veces no los rinden, a pesar de tener la obligación legal de informarnos, y no contamos con la forma legal de sancionarlos. Entonces se pitorrean de nosotros. No siempre sucede así, pero sucede, y hágale como quiera, pero no es el chiste.
-¿Ha cambiado su relación con la PGR?
-Creo que nuestra relación es respetuosa y profesional. Ellos han entendido que nosotros hacemos nuestro trabajo y ellos el suyo. Cada uno tiene su misión. Se ha incrementado el diálogo, tenemos un diálogo más intenso con la PGR y hemos podido resolver muchos problemas a lo largo de los procedimientos, y eso nos ayuda a nosotros y a ellos. Pero estamos en trincheras diferentes.
-¿Cómo va la relación de la CNDH con la cancillería, con la Secretaría de Gobernación?
-Ha mejorado nuestra relación con Relaciones Exteriores, eso es evidente, se ha constreñido a lo que es de su competencia; antes se extralimitaba y se metía en otros campos que no le eran propios. Por otro lado, con Gobernación, siendo una materia propia la de los derechos humanos, se tiene que afinar cuál es esa misión que tienen en esa materia, y se les tiene que precisar que ellos no son el ombudsman.
-Usted dijo que estaba solo en la defensa de los derechos humanos.
-Sigo solo.
-¿Qué requiere la CNDH del gobierno?
-Respeto, que entienda que nosotros estamos haciendo nuestra labor. Para eso nos nombraron y para eso la Constitución creó esta figura. Necesitamos respeto y comprensión. |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2004/ene04/040112/041n1soc.php?origen=index.html&fly=1
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