El Ayuntamiento de Izquierdas y el Proceso de los Cuarteles de Sant Andreu

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El Ayuntamiento de Izquierdas y el Proceso de los Cuarteles de Sant Andreu
per Norma Falconi Correu-e: papelesparatodosytodas@yahoo.es	29 des 2003
Lo que no debe hacer un Ayuntamiento de izquierdas cuando tiene problemáticas sociales que resolver: Cuarteles de Sant Andreu-BCN
El Ayuntamiento de Izquierdas de Barcelona y la lucha de los habitantes de los cuarteles de Sant Andreu Al finalizar el aÃ±o 2003, si realizamos un anÃ¡lisis en torno a la lucha de los habitantes de los cuarte-les de Sant Andreu, veremos que los mismos hechos se han ido repitiendo de forma escandalosa y dramÃ¡tica, tanto en lo que respecta a la actitud de la administraciÃ³n como en cuanto a la poblaciÃ³n que habita en las antiguas dependencias del ejÃ©rcito. Noviembre de 2002. Las administraciones â��Generalitat y Ayuntamientoâ�� acuerdan con la Cruz Roja atender caso por caso y proporcionar a los inmigrantes un alojamiento. El acuerdo, no obstan-te, nunca llegÃ³ a concretarse. Diciembre de 2002. La SubdelegaciÃ³n de Gobierno ordena asaltar los cuarteles el dÃa 18. La policÃa tiene la orden de detener y fichar a sus habitantes, retenerles en el centro de internamiento de La Verneda durante cuarenta dÃas y luego, siguiendo el procedimiento preferente de ExpulsiÃ³n, depor-tarlos a su paÃs de origen, o a aquellos paÃses cercanos con los que el Estado EspaÃ±ol ha firmado acuerdos de deportaciÃ³n. Entre el 25 y el 31 de diciembre, diferentes organizaciones sociales acuden a los juzgados y realizan los trÃ¡mites necesarios para liberar a los presos sometidos a la Ley de ExtranjerÃa; su Ãºnico delito, no tener papeles y vivir los cuarteles de Sant Andreu. Los jueces de turno deciden que no hay lugar al internamiento de los detenidos y la operaciÃ³n policial fracasa gracias al esfuerzo de personas y organizaciones que salieron en defensa de este colectivo. Enero de 2003. Con el proyecto del FÃ²rum 2004, la polÃ©mica entorno al edificio Agbar o el trata-miento dado a los barrios del Raval y el Casc Antic el Ayuntamiento de Barcelona demuestra ser un experto en gastarse el 33% del presupuesto municipal en modelos de construcciÃ³n megalÃ³manos y excluyentes en lugar de ofrecer un proyecto social para dar acogida a las personas inmigradas en situaciÃ³n de vulnerabilidad, como lo seÃ±ala el propio Reglamento de la Ley de ExtranjerÃa que la administraciÃ³n asegura cumplir. Febrero de 2003. PresiÃ³n del Ministerio de Defensa. Se comprueba que una parte de la poblaciÃ³n que habita en los cuarteles proviene de los expulsados de Plaza Catalunya y desalojados brutalmen-te de la Plaza AndrÃ© Malroux. La vulneraciÃ³n de los derechos esenciales de las personas inmigradas, las detenciones selectivas y las posteriores deportaciones son una constante que se repite desde las plazas del 2001 hasta los cuarteles en 2003. Son tambiÃ©n la base real del acuerdo alcanzado entre las tres administraciones, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la SubdelegaciÃ³n de Gobierno. Todas ellas coinciden al alegar que algÃºn aspecto de la actuaciÃ³n en torno a esta problemÃ¡tica no es de su competencia, pero las tres deciden actuar al unÃsono para negar la regularizaciÃ³n de los inmigrantes (Subdelega-ciÃ³n de Gobierno), negarles un realojo de conjunto â��disfrazÃ¡ndolo de soluciÃ³n â��caso a casoâ�? (Ge-neralitat)â�� y para comenzar el derribo de los cuarteles, ocultÃ¡ndolo tras un supuesto saneamiento de las instalaciones (Ayuntamiento). De julio a diciembre de 2003. Ministerio de Defensa demanda a l os ocupantes de los Cuarteles, Los habitantes responden a la demanda, solicitando Abogado y Procurador de Oficio, A pesar de ser los sujetos de la Demanda de desalojo, no los dejan participar en el juicio, y tienen que esperar en la calle mas de 300 personas, Un juicio Civil de gran relevancia en la ciudad de Barcelona por la par-ticipaciÃ³n de los demandados, es decir los habitantes de los cuarteles. El Ayuntamiento de Barcelona pone en prÃ¡ctica el â��Plan de ActuaciÃ³n para el Saneamiento de los Cuarteles de Sant Andreu y la LÃnea de ActuaciÃ³n Socialâ�? con los ocupantes. El derrumbe de los cuarteles se va realizando dÃa a dÃa, sin tener en cuenta si se trata de instalaciones habitadas o no, llegando incluso a enfrentamientos fÃsicos con los habitantes de los cuarteles. La SubdelegaciÃ³n de Gobierno cumple su parte del plan: de manera cotidiana y sistemÃ¡tica la PolicÃa Nacional entra en los cuarteles sin orden judicial alguna, rompe las puertas de las viviendas, detiene a las personas â��sin papelesâ��, amedrenta a todos los demÃ¡s y maltrata a quien osa resistÃrseles. SimultÃ¡neamente, la Cruz Roja, por encargo de la Generalitat, ofrece a la opiniÃ³n pÃºblica una imagen de realojo que no responde a la realidad: los habitantes de los cuarteles son entrevistados hasta un total de diez veces sin realizar una verdadera oferta de realojo. Tan sÃ³lo se les llega a ofrecer dinero para uno o dos meses de alquiler que ellos mismos deben buscar, sÃ³lo algunos, se les aloja en pensiones durante semanas para echarles luego de nuevo a las calles, etc. Los meses de julio y noviembre la prensa saca a la luz los informes municipales sobre los habitantes de los cuarteles. El perfil que seÃ±ala el Ayuntamiento de los diferentes colectivos es siempre el mismo: delincuentes, drogadictos o vinculados a la venta de armas, personas no reinsertables a la sociedad. Los mÃ¡s castigados son los inmigrantes procedentes de Europa del Este, los okupas y un grupo heterogÃ©neo que, segÃºn la administraciÃ³n, â��consume alcohol y estupefacientesâ�?. La realidad es que nunca se llegÃ³ a realizar ningÃºn plan que ofreciera una verdadera salida global para este co-lectivo. Tan sÃ³lo empezaron a ofrecer puntualmente la posibilidad de un realojo durante uno o dos meses cuando hubo presiÃ³n por parte de los habitantes a travÃ©s de las movilizaciones, ruedas de prensa y todo tipo de actividades reivindicativas. Ahora, a pocos dÃas de terminar el aÃ±o 2003, se difunde que el Ministerio de Defensa ha decidido regalar o donar al Ayuntamiento de Barcelona los 90.000 metros cuadrados de terreno que ocu-pan las antiguas dependencias del ejÃ©rcito en Sant Andreu. De ahÃ que la prioridad del Ayunta-miento sea hacer creer a la ciudadanÃa que entra a los cuarteles a realizar Ãºnicamente un plan de saneamiento, aunque desde el 7 de Julio no se realiza ninguna actividad de limpieza ni se refuerza el apoyo mÃ©dico. Por el contrario, las mÃ¡quinas excavadoras no han parado de avanzar para ir de-rrumbando paulatinamente todo el recinto. Â¿Cual es el motivo de su prisa en acabar con los cuarte-les? Â¿Por quÃ© no se aplica de una vez el plan de realojo a sus habitantes, antes de que se queden definitivamente sin cobijo? En resumen, la actuaciÃ³n de las administraciones desde el 2002 al 2003 serÃa la siguiente: a) La Ley de ExtranjerÃa es el marco jurÃdico al que se someten todas las administraciones, sean de derechas o izquierdas. Se mantiene un gran nÃºmero de inmigrantes (cientos de mi-les) sin papeles que trabajan en la economÃa sumergida, porque al gobierno y a la adminis-traciÃ³n en Catalunya les conviene mantenerlos sin derechos, para utilizarlos como mano de obra barata, y luego culparlos cuando hay una recesiÃ³n econÃ³mica, o cuando hay elecciones seÃ±alarlos como los culpables del aumento de los Ãndices de delincuencia o de que los ciu-dadanos catalanes y espaÃ±oles pierdan su estado del bienestar. b) La Ãºnica soluciÃ³n que desde el Estado se plantea tanto en el caso de cuarteles como so-bre la problemÃ¡tica de los inmigrantes en su conjunto, o incluso respecto a parte de los movimientos sociales, es la represiÃ³n. El acoso sistemÃ¡tico, las detenciones y los encarce-lamientos son la tÃ³nica que se ha repetido entre julio y diciembre. Los resultados: mÃ¡s de 270 habitantes de los cuarteles han sido deportados, a todos se les ha aplicado el trÃ¡mite de expulsiÃ³n preferente, no se ha tomado en cuenta su situaciÃ³n de arraigo, solicitudes de resi-dencia en trÃ¡mite, no han tenido a su disposiciÃ³n traductores, las alegaciones de los aboga-dos han caÃdo en saco roto, pero algunos jueces se prestan al juego y dan su firma para lega-lizar las expulsiones. c) Para justificar esta polÃtica hay que criminalizar a los habitantes y a las organizaciones que les apoyan; este es un mecanismo que le ha dado resultados al gobierno del PP, pero ahora lo utiliza incluso un ayuntamiento de izquierdas. Existe un informe policial que niega que la presencia de los habitantes de los cuarteles haya creado alarma social e inseguridad ciudadana. Pero no surge casualmente en Sant Andreu una plataforma vecinal que esgrime argumentos racistas y xenÃ³fobos contra las personas que viven en los cuarteles, ni se organi-zan movilizaciones en el barrio pidiendo el desalojo del recinto y la expulsiÃ³n de sus inqui-linos, ni tampoco por casualidad se fabrican bombas molotov para incendiar los cuarteles. Y el Ayuntamiento de Barcelona, supuestamente de izquierdas, siempre fue condescendiente con este sector racista del vecindario, a los que incluso ha reconocido como interlocutores. d) Esta polÃtica se complementa con la negativa sistemÃ¡tica a reconocer a los habitantes de los cuarteles como autÃ©nticos interlocutores ni a su proceso de autoorganizaciÃ³n y las de-cisiones tomada en sus asambleas. La comisiÃ³n de seguimiento formada por las tres admi-nistraciones y los vecinos se ha reunido siempre con la ausencia notoria de los verdaderos afectados: los inmigrantes y demÃ¡s ocupantes de los cuarteles. JamÃ¡s el Ayuntamiento se ha reunido oficialmente con sus representantes. Pese a que asistieron al juicio de manera colec-tiva, pese a que han realizado numerosas manifestaciones y puesto mes tras mes de relieve su voluntad de organizaciÃ³n y actuaciÃ³n colectiva, para el Ayuntamiento â��y tambiÃ©n para la SubdelegaciÃ³n de Gobiernoâ�� los habitantes de los cuarteles han sido siempre objeto de represiÃ³n, nunca sujeto de negociaciÃ³n o diÃ¡logo. e) Sin embargo la opiniÃ³n pÃºblica ha estado reclamando junto al desalojo de los cuarteles un realojo digno para sus habitantes. A este sentimiento las Administraciones han preten-dido burlarlo mediante un supuesto plan de realojo caso a caso que nunca se ha concretado. Los habitantes de los cuarteles han disminuido en nÃºmero no por el realojo sino por ser desalojados policialmente; las cifras de realojados ofrecidas por la Cruz Roja y nunca con-trastadas son muy inferiores a los detenidos y deportados del Reino de EspaÃ±a, fÃ¡cilmente contrastables. Desde el 2002 hasta el 2003, la administraciÃ³n mantiene una ausencia absolu-ta de cualquier respuesta a las demandas solicitadas por los habitantes de los cuarteles, nun-ca ha realizado un mÃnimo esfuerzo por dotar de elementales condiciones higiÃ©nicas y de habitabilidad, sino todo lo contrario: derrumbÃ³ las duchas, derrumbÃ³ casas habitadas, a hacinado a los habitantes, con el objetivo de que haya enfrentamientos entre ellos. f) Finalmente, es un secreto a voces que la SubdelegaciÃ³n de Gobierno con el silencio cÃ³mplice del Ayuntamiento y la nueva Generalitat, ambos de izquierdas, tiene prepa-rado un desalojo por la fuerza, porque no puede quedar en entredicho su autoridad, frente a un grupo de personas, que en el territorio de Catalunya no tiene derechos, por carecer de papeles. El desalojo que tienen preparado la primera quincena de enero no es el lanzamiento judicial previsto para febrero sino una demostraciÃ³n de fuerza de la policÃa nacional similar a la que hiciera en el mes de Agosto del 2001 en la Plaza AndrÃ© Malroux para desalojar a los subsaharianos que hicieron su recorrido doloroso desde la Plaza Catalunya. Tras este desalojo, los habitantes de los cuarteles volverÃ¡n a deambular por las calles, uniÃ©ndose a los millares de personas sin techo que habitan la Barcelona del Forum del 2004. Estos hechos seÃ±alados y sus consecuencias es justo lo que no debe hacer un Ayuntamiento de Iz-quierdas. Un Ayuntamiento de Izquierdas tiene que preocuparse primero por los derechos de las personas, por el realojo de los sin techo; no se puede gastar el dinero del presupuesto municipal en eventos como el Forum mientras un solo habitante de Barcelona carezca de un techo para guarecerse. Pese a care-cer de competencias en cuanto a los permisos de residencia y trabajo, si el Ayuntamiento persigue la verdadera integraciÃ³n de los inmigrantes (que solo es posible con su regularizaciÃ³n) debe cumplir al menos la Carta de Barcelona (derecho universal a la vivienda, educaciÃ³n, sanidad, empadrona-miento, â�¦ ) que el mismo ha aprobado . Un Ayuntamiento de Izquierdas no puede someterse a una Ley de ExtranjerÃa fruto de una mayorÃa de derechas en el Parlamento espaÃ±ol Â¿QuÃ© va a hacer el Ayuntamiento de Barcelona frente a la creciente desobediencia municipal a la Reforma de la Ley de ExtranjerÃa en cuanto a la entrega del censo?. En definitiva un ayuntamiento de Izquierdas no puede pactar con la SubdelegaciÃ³n del Gobierno del PP en contra de los intereses de los habitantes de Barcelona sean estos inmigrantes o no, y justa-mente eso es lo que ha hecho en lo referente a los cuarteles de Sant Andreu. Ahora que tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat gobernarÃ¡ una mayorÃa de izquierdas, no habrÃ¡ un solo pretexto para hablar de boicot, o de imposibilidad de realizar cambios en la estruc-tura. El 2004, veremos el tipo de izquierdas que tenemos en Catalunya, si es verdad que se respeta-rÃ¡ la ilusiÃ³n de los ciudadanos de un cambio real, despuÃ©s de 26 aÃ±os de Pujolismo; lamentablemen-te tras la amarga experiencia vivida por los habitantes de los cuarteles de Sant Andreu no podemos sino ser escÃ©pticos. Desde los cuarteles de Sant Andreu, Norma Falconi, Miembro de Papeles para Todos y Todas. 28-12-2003

Comentaris

Re: El Ayuntamiento de Izquierdas y el Proceso de los Cuarteles de Sant Andreu
per jon	29 des 2003
Estimada Norma: tot el que dius està molt bé, només hi trobo una petita errada: qualificar "d'esquerres" aquest govern i esperar que tingui més sensibilitat cap a certs temes. Per aquests governants que tenim, ser d'esquerres vol dir que van de moderns (?) i no van a missa. Prou.