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Notícies :: xarxa i llibertat
En el Ministerio de "Cultura" contra el canon de la S.G.A.E.
21 nov 2003
Los abogados españoles han solicitado al Ministerio de Cultura que redacte un conjunto de excepciones al canon entre las cuales incluya a su colectivo.
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A finales de agosto, el abogado Javier de la Cueva impugnó el canon ante los tribunales acusándolo de atentar contra la libre competencia de los profesionales del derecho: "Es un disparate jurídico que un documento judicial, como lo es el CD en el que se registra el juicio oral en las vistas civiles, esté sometido al canon para compensar a los músicos por la copia privada.

De la Cueva solicitó el apoyo del Consejo General de Abogados "para que defendiera al colectivo a nivel nacional".

Según informa Ciberpais, tras analizar su petición, la Comisión Permanente del Consejo ha acordado "por unanimidad" que se establezcan "condiciones especiales para los profesionales del derecho en relación con el canon".

Y ha remitido su propia solicitud y copia de la carta al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El abogado considera "muy importante el apoyo institucional del Consejo a estos profesionales del derecho". Un colectivo que engloba, además de
abogados y procuradores, a notarios y legistradores de la propiedad.

Por ello, ha remitido a sus respectivos colegios prefesionales una copia de la carta que le envió la Comisión Permanente, fechada el 11 de noviembre. "Espero que estos colectivos se pronuncien respecto a adherirse para ser exceptuados del canon, ya que también utilizan este soporte informático en su actividad profesional", asegura.

A los notarios les afecta en las copias de seguridad de las notarías.
A los registradores mercantiles, por ejemplo, les afecta porque deben realizar copias de seguridad (backups) del registro mercantil central "que está
disponible en Internet a través de la página Rmc.es, además de las copias de seguridad del
resto de registros de la propiedad que también están informatizados".

La LPI establece que el Gobierno puede regular la implantación del canon. Es el Ministerio de Cultura "el responsable de redactar las
excepciones al canon, recogidas actualmente en el Real Decreto 325/1994".

Amparándose en el derecho de petición -"que tenemos los ciudadanos para proponer mejoras en los servicios de la Administración", explica-, ha
pedido por escrito a la ministra de Cultura, Pilar del Castillo, que regule en qué áreas se deben
establecer las excepciones.

Otros afectados
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Las instituciones u organizaciones afectadas son, según De la Cueva, los organismos públicos (Administración central, autonómica y ayuntamientos), porque "el canon supone un incremento de los gastos públicos que repercute en impuestos a los ciudadanos".

Los órganos institucionales (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder
Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Parlamento y Asambleas Legislativas de las Autonomías), "por el ahorro que supone en los Presupuestos Generales del Estado y para impedir que a las sociedades gestoras del copyright
se les conceda de facto el derecho de fiscalización sobre esos órganos".

Dos sentencias falladas a favor de la SGAE -caso Traxdata y caso Federación de Municipios- le dan a la sociedad el derecho de fiscalización de las
actividades económicas de los deudores de la compensación por copia privada "incluso de las
administraciones públicas cuando la Constitución sólo se lo otorga al Tribunal de Cuentas".

También se librarían de pagar "todos aquellos organismos implicados en la investigación médica, sanitaria y científica en general; los sectores
de la seguridad y las comunicaciones aéreas, universidades y los sectores del software y la informática". Además, explica el abogado, la excepción que puede establecer el Gobierno rige sobre "los formatos que ya figuran en el Real
Decreto anterior y, por supuesto, debe declararse expresamente la de los discos duros de los
ordenadores".
Mira també:
http://sincanon.hispalinux.es
Sindicat Terrassa