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Argentina: La verdad sobre los derechos humanos, hoy
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20 mar 2023
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Argentina: La verdad sobre los derechos humanos, hoy |
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Argentina
La verdad sobre los derechos humanos, hoy
Alberto Sarlo (*)
especial para http://www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis
Hablar puede hablar cualquiera, pero con 13 años como docente de educación popular en cárceles, o mejor dicho, en centros de tortura, puedo sostener y justificar no sólo esta definición ‘centros de tortura’, sino la in-validez de las políticas de derechos humanos, que con un marcado sesgo acotado a ciertas (y horribles e imperdonables) violaciones a los DD.HH., han decidido olvidar el sistemático quebrantamiento del estado de derecho que ocurre en Argentina en democracia.
Me propongo en este ensayo que quienes creyeron y creen que el 24 de marzo es una fecha bisagra en la historia nacional por los tiempos de los tiempos, se enteren de lo que los propios funcionarios de cada uno de los gobiernos democráticamente elegidos en estos 40 años, han decidido barrer bajo la alfombra.
Es decir, me propongo un relato de un evento más, dentro de la cotidianeidad de la aplicación sistemática de la tortura de parte del Estado Provincial, la provincia de Buenos Aires.
En todo este largo ciclo que abarca 3 gobernaciones fui testigo de situaciones bastante complejas durante motines, peleas, represiones, huelgas y suicidios de presos. También padecí el asesinato por parte de las fuerzas penitenciarias y policiales de 16 compañeros que fueron alfabetizados en mis clases, y visité a otros en la cárcel hospital de la Unidad 22 de Olmos, donde vi las secuelas de la gangrena, la tuberculosis, la sífilis y la sarna: padecimientos medievales muy comunes en las mazmorras penitenciarias.
En ese sentido, lo que voy a relatar en primera persona es incómodo, no sólo porque es testimonio irrefutable de la in-validez de las políticas de DD.HH., sino porque es precisamente lo que el universo bien-pensante, progresista, blanco, etnocéntrico, no quiere enterarse.
Para dar un marco a la gravísima situación, debo recordar que el último informe contra la crueldad que elaboró la Comisión Provincial por la Memoria destaca el récord actual de hacinamiento: hay 54.107 detenidos habitando 22.060 plazas penitenciarias (44.762 están en cárceles; 4445 en comisarías).
Eso implica una tasa de encarcelamiento provincial de 428 presos cada 100 mil habitantes, cuando el promedio mundial es de 144 cada 100 mil habitantes. Como ejemplo de superpoblación puedo citar que en la cárcel donde doy clases –la Unidad 23 de Florencio Varela- fue construida para alojar a 482 presos, pero en la actualidad aloja a 1792 presos. El hacinamiento es sinónimo de violencia y muerte real, no una ficción televisiva.
En la Provincia de Buenos Aires, las cárceles son responsabilidad del Ministerio de Justicia, en manos ahora de Julio Alak.
Durante esta gestión se han superado tres récords consecutivos de asesinatos institucionales en penales: en el año 2019, 145 fallecidos, en 2020 saltó a 178 presos y presas muertos, y en 2021 las cifras oficiales llegaron a 199.
Por si no ha quedado claro, diré que durante este gobierno en la provincia de Buenos Aires han muerto por violencia, suicidios y patologías, dentro de los penales 522 hombres y mujeres, con una edad promedio de 34 años. Todo eso fruto del hacinamiento, y por ello, asesinatos institucionales.
Rodolfo Walsh, en su Carta Abierta a la Junta Militar subrayó aquello de ‘vengo a dar testimonio’. Como abogado, docente y militante, vengo a dar el mío.
La reciente experiencia en cuestión, ocurrió en el pabellón 4, en el sector de máxima seguridad del Centro de Tortura N° 23 de Florencio Varela, en una tarde muy calurosa, próxima a las Fiestas de Navidad y Año nuevo. Llamativamente –o no- ese es el período del año donde se suceden la mayor cantidad de hechos violentos dentro de los penales, una suerte de ‘festival de represiones estacionales’.
No daré demasiadas precisiones, ni nombres concretos para evitar represalias contra alguno de mis alumnos, pero esto que paso a relatar sucedió en el marco de la serie de reacciones que vivían los 9 pabellones de máxima seguridad, fruto de la muerte de un preso, que falleció de peritonitis.
El detenido, tiene nombre: Eduardo Iriarte García, se llamaba. Pasó dos meses pidiendo asistencia médica que nunca le dieron. Para que entiendan detrás de las paredes donde se vive la libertad, ‘pedir asistencia’ es gritar, llorar y patear la reja.
Los guardiacárceles por lo general o fajan al paciente para que no haga ruido, o tienen el gesto misericorde de llevarlo al área de Sanidad, donde por lo general los médicos (otros canallas de los que habría que hacer un capítulo aparte), bastardean al preso y lo devuelven al pabellón con una aspirina.
A este pibe, a Eduardo, lo molieron a palos para que no haga ruido. Ningún médico quiso revisarlo y ningún penitenciario lo sacó de su pabellón para que lo atiendan. Finalmente le explotó el apéndice y murió en su celda sin que a nadie le importara ni nadie investigara.
Hice la denuncia pública de este asesinato estatal, pero ni el ministro Alak, ni ningún funcionario de la provincia de Buenos Aires intervino; ningún periodista indagó, ningún fiscal investigó, y lo más grave –ya que hablamos del 24 de marzo y de Memoria, Verdad y Justicia-, es que salvo por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ningún organismo de derechos humanos repudió.
Todavía sigue caliente la silla para que aparezca el comunicado escandalizado del CELS o de Amnistía Internacional…
En ese contexto de fin de año, de calor, de indignación latente por el asesinato impune del pibe Eduardo Iriarte García, estaba dando una clase de filosofía.
Cuesta que el mundo ‘exterior’ pueda dimensionar que en la cárcel se den clases y de filosofía, y más aún la imagen: la clase se daba con el sonido de corridas y disparos en pabellones colindantes, algo bastante usual que no suele modificar mucho nuestra rutina. La balacera duró unos quince minutos y luego cesó. Con el inconfundible olor a pólvora continuamos nuestra asamblea filosófica y al salir del pabellón 4, para volver a mi casa, vi como varios de los pibes que se encontraban en el pabellón fronterizo al nuestro eran llevados a los golpes por los encargados en posición “motoneta”, o sea una toma donde al preso lo levantan con los pies en el aire y le traban los brazos torcidos sobre la propia espalda.
Los presos estaban bañados en sangre y recibían palazos, piñas y patadas para que dejaran de forcejear. A los detenidos no los conocía porque eran de otro pabellón, pero conocía muy bien a varios guardiacárceles involucrados en la represión.
Era una guardia ‘pesada’ que no me quería nada y con la cual había tenido varios choques y discusiones, siendo que en una ocasión la situación había llegado casi hasta las manos. Mala cosa que esa guardia, en particular, reprima.
Empecé a seguirlos y a pedir que les dejen de pegar. Si bien soy un tipo odiado por muchos agentes penitenciarios, otros tantos me respetan y valoran lo que hago. Mi presencia los inhibió y al menos logré que el proceso de amarrocarlos (esposarlos) en la leonera (celdas de tránsito, improvisadas para traslados a otras unidades penitenciarias), se produzca casi sin violencia.
Albert Camus, en La caída, relata la situación de un notable abogado que cruza un puente y ve que una muchacha está asomada a la baranda, como para tirarse el río Sena. Pero él sigue de largo, y al poco, se escucha el impacto del cuerpo en el agua. El tipo, con todo su prestigio, se dice ‘demasiado tarde, ¿yo que iba a hacer?’.
Este ejemplo prototípico de la literatura es la descripción de los canallas que se creen ajenos y no se dan cuenta que ese no-hacer, sabiendo lo que ocurre, los ha cambiado a ellos para siempre. Yo no soy uno de esos canallas, y no quería irme porque tenía miedo que cuando me fuera de la leonera, los reventaran a palos. Por otro lado no tenía ningún aliado que me ayudase a poner un poco de paz. Los guardias se quedaron quietos esperando las órdenes de su ‘macho alfa’, que no tardó en llegar.
Miguel era el jefe de turno y vino corriendo desde el pasoducto.
-“Calmate Sarlo”, me dijo el macho-alfa Miguel. “La cosa no es con vos ni con los pibes del 4 (se refería a mis alumnos). Dejanos laburar. Estos mierdas la pudrieron. El Gordo Salinas salió al hospital de la calle, le dieron sin nada”.
Toda esta jerga, precisa aclaraciones: estaba claro que por “dejanos laburar” debía entender “dejanos que los desfiguremos a patadas”.
¿Quién era en este asunto ‘el Gordo Salinas’? El limpieza del pabellón 3, o sea el preso encargado de imponer la ley y el orden dentro del pabellón. Salinas hacía negocio con el Jefe del Penal de ese momento, y era “vox populi” que el Gordo jugaba para el Servicio penitenciario. Desde hacía rato que había bronca en el pabellón 3 con los manejos de Salinas y todos sabíamos que, en algún momento, esa bronca se iba a materializar en una toma de pabellón o en un intento fallido de toma. Nada nuevo bajo el sol.
Muchos de los pibes esposados y ensangrentados que escucharon lo que me decía el macho-alfa Miguel empezaron a gritarle:
–“¡Cerrá el orto, no mandés en cana! ¡Cerrá el orto, gorra, morí callado!”. Miguel los miró con odio lacerante, pero no reaccionó. No podía fajarlos estando presente.
Tenía que actuar o irme. No sabía qué hacer. No soy funcionario público, no tengo vinculación alguna con el servicio penitenciario ni soy funcionario judicial. Soy la nada misma. En ese momento se me ocurrió lo de las fotografías. Llevaba el celular en mi bolsillo y empecé a hacer la mímica de sacar fotos (no saqué ninguna porque nunca había usado el celular como cámara fotográfica y soy tan inútil que al día de hoy dudo que sepa hacerlo).
Miguel me gritó que deje de sacar fotos:
– “Miguel, estas fotos ya las saqué y las estoy mandando por mail a la Comisión Provincial por la Memoria. Las fotos tienen hora y muestran como estaban físicamente hasta este momento. ¡Se fueron al carajo! Hacé lo que tengas que hacer”. Fue la única manera que se me ocurrió para frenar la golpiza, y la golpiza frenó.
¿Sirvió de algo lo que hice esa calurosa tarde de verano? No, en los hechos no sirvió de nada. Si bien detuve la represión inmediata, todos esos pibes fueron trasladados a otras unidades.
El Servicio Penitenciario puso otro limpieza para que trabaje para ellos, comencé a recibir una catarata de amenazas telefónicas y mis compañeros-alumnos del pabellón 4 comenzaron a pasar momentos durísimos por mi accionar.
Lo peor de todo es que muchos de aquellos pibes amarrocados en la leonera ya han muerto en otros penales, al igual que el Gordo Salinas que falleció antes de ingresar al Hospital de la calle.
Hubo más de 500 testigos de todo lo que he contado, pero esos testigos son presos, o sea negros, marrones, chorros, nadies. Esa es la razón por la cual el Poder Judicial, con su ministro Alak a la cabeza, manifiesta que nada de lo narrado existió ni existirá.
LAS RAZONES Y SINRAZONES DE LA TORTURA
Parte del problema del hacinamiento clasista –sí, clasista porque a la cárcel van los ‘negros’, los ‘marrones, ‘los ‘chorros’…los nadies, pero nunca los que pueden pagar abogados y presentar el amparo del amparo, o fugarse, o morir impune como Blaquier- puede ser analizado desde la desproporcionada presencia policial en la calle. Parece una contradicción, pero no lo es.
El mito creado por nuestro periodismo en el sentido de que en Argentina tenemos poca presencia policial en la calle, se desmorona con tan sólo leer el informe de la ONU que recomienda 300 policías por cada 100 mil habitantes, siendo que en Argentina poseemos 800 policías por habitante.
El exceso de policías en calle deteniendo a infinidad de “perejiles” por delitos menores, los pibes con gorrita, “por las dudas”, tiene pleno amparo jurídico y legal. La ley 23.737 (popularmente conocida como Ley de Estupefacientes), punibiliza al consumidor.
Para ser más claro, LA LEY TRANSFORMA AL CONSUMIDOR EN DELINCUENTE, por tal motivo, en todo el país, las policías provinciales tienen facultades para detener a CUALQUIER consumidor sin importar los gramos, tipo de sustancia o análisis químico de la misma.
La fuerza de seguridad te detiene y, si luego el fiscal determina que fue una detención innecesaria, arbitraria o ilegal, te liberan luego de semanas, meses -o años-, detenido en un centro de tortura.
¿A quién le sirve este esquema? Este poder discrecional y despótico que poseen las policías en nuestro territorio nacional en estos 40 años de democracia, es una herramienta de financiación multimillonaria para policías, comisarios, fiscales, jueces, empresarios y políticos.
En la Provincia de Buenos Aires, las fuerzas policiales son comandadas por el Ministro de Seguridad Sergio Berni, quien acaba de celebrar las fotos publicadas de horrendos centros de detención en El Salvador, como ‘la solución’ al narcotráfico.
Habría que destacar que el territorio muestra otra realidad más compleja que la construcción de mega centros de tortura.
La ‘caja chica’ de muchas comisarías se nutre principalmente del trabajo de “soldados” que deben operar el territorio como “empleados” de la policía bonaerense, bajo la extorsión de ser prisionalizados o asesinados en caso de rebeldía.
Luciano Arruga fue una de las tantas miles de víctimas de la Bonaerense que quisieron evadir esta extorsión y pagaron con su vida el precio del desacato.
El piberío extorsionado o se somete a la Bonaerense –que según uno de los innombrables de esta democracia es ‘la mejor policía del mundo’) o debe pasar a la clandestinidad, uniéndose a otra banda criminal.
Los pibes, en los barrios, tienen estas dos únicas opciones: o trabajan para la corporación oficial de uniformados, fiscales, jueces y políticos como soldados de la droga, o trabajan como soldaditos de una banda criminal.
¿Dónde está la mirada y el seguimiento de los Organismos de DD.HH frente a esta continua violación de los derechos humanos?
Esas únicas dos opciones de miles de jóvenes pobres es consecuencia directa de la ausencia del Estado (ausencia como decisión política). Las pocas excepciones a esta regla las generan las madres organizadas en villas, quienes con unos ovarios increíbles son la vanguardia ética contra la Bonaerense y sus históricos y fluidos contactos narcos.
Nada distinto de lo que pasa en la ciudad de Rosario, aunque manden más gendarmes y al Ejército. Pese a que en el año 2009 la Corte Suprema de la Nación en el fallo Arriola declaró inconstitucional la criminalización del consumo, nada cambió porque dicho fallo sólo funciona para el caso puntual: mientras no se modifique la ley 23.737, millones de jóvenes vulnerables seguirán sufriendo la extorsión de la policía bonaerense.
Ahora bien, si a la excesiva presencia policial en Argentina que excede por cinco las recomendaciones internacionales, le sumamos que más del 80% de los presos actuales fueron detenidos en flagrancia (o sea en presencia directa de la policía bonaerense, sin investigación fiscal previa, ni orden judicial), entonces podemos concluir que la Policía Bonaerense es la mejor policía del mundo, o que nuestro Poder Judicial dista bastante de ser competente.
Esta misma policía bonaerense fue responsable de que en 2021 se registraran 120 muertes por uso letal de la fuerza y 25 muertes de presos en comisarías (el número más alto de los últimos 10 años), siendo que durante el año 2022 hubo más de 150 casos de gatillo fácil y más de 50 muertes en comisarías.
Considero trascendente analizar el aspecto económico como una de las explicaciones de esta acuciante realidad. El sentido común epocal asimila las cárceles únicamente a estamentos morales como pena, castigo, justicia o injusticia, puertas giratorias o clases de delitos, validando éticas personales y académicas vinculadas a planteos de mano dura por un lado, o por el otro, a declamaciones progresistas y paternalistas que decanten en una justicia rehabilitadora (siendo que ambas posturas antagónicas se sostienen en la praxis de un Poder Judicial nacido del nepotismo y de las relaciones endogámicas, en donde los nombramientos de nuevos cargos dependen del ‘rosqueo’ y de los contactos familiares, laborales y personales de los propios jueces, camaristas y fiscales en ejercicio).
Considero que ese es uno de los principales errores que lamentablemente derivan en una gran mayoría de Jueces, Fiscales y Defensores clasistas que aplican la pena de muerte de facto en la Argentina. Si queremos realmente cambiar algo, tenemos que empezar a dar la lucha contra la base axiomática de ese sentido común: en Argentina se aplica a diario la pena de muerte, nos guste aceptarlo o no.
EL NEGOCIO DE LAS CÁRCELES TIENE DUEÑOS
La cárcel es un negocio multimillonario que beneficia a muchos actores institucionales de nuestra democracia.
Daré unos pocos ejemplos de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires:
-La empresa Cook Master pertenece a lo que se conoce como el “Grupo L”, perteneciente a la familia Lusardi. A fines de 2019 incluso los diarios más conservadores se escandalizaban por la carestía de alimentos a manos del “Grupo L”, que aunque a muchos progresistas les duelan los ojos, es el mismo proveedor de alimentos de la Provincia de Buenos Aires en todas las licitaciones de los últimos tres gobiernos provinciales.
El “Grupo L” ha brindado y brinda un alimentario deficitario, putrefacto y carísimo, de lo cual en estos 13 años que doy clases en la cárcel puedo dar fe, porque veo cuando llega el rancho al pabellón.
-No es casual que la única política contra el hacinamiento de los últimos tres gobiernos provinciales haya sido la construcción de nuevas Alcaidías, obra pública que deriva en Licitaciones, que ¡oh sorpresa! cae en manos de los mismos constructores amigos del poder de los dos principales partidos políticos que gobernaron la provincia.
-No es casual que sea más fácil comprar drogas dentro de la cárcel que fuera de la misma, lo que ha motivado que muy pocos familiares se arriesguen a ingresarlas en las visitas. Cuando empecé a militar en educación popular en el Complejo de Florencio Varela, el ingreso de drogas a las unidades era una aventura arriesgada, capilarizada y atomizada en donde las familiares (generalmente mujeres) se arriesgaban a ingresar pequeñas cantidades de estupefacientes entre sus ropas y alimentos.
Desde hace cinco años que eso cambió. En la actualidad la droga es un negocio organizado, cartelizado y amplificado. Si bien se sigue requisando droga de las visitas, la cantidad que se secuestra ha bajado notoriamente ya que es el mismo Servicio penitenciario el que gerencia ese negocio en conjunto con los narcotraficantes asociados.
-Tampoco es casual que presos, presas y preses no reciban ni el 10 % de las horas trabajadas dentro de los penales y que, sin embargo, los emolumentos sigan devengándose de las arcas provinciales como ‘erogación’ hacia el Servicio Penitenciario. Reitero y aclaro: la partida de dinero para pagarle a los internos por las horas trabajadas dentro de los penales está, pero a manos de ellas y ellos sólo llega el 10%, el resto…
-Al igual que lo que ocurre con el presupuesto de medicamentos de Sanidad Penitenciaria, un gran porcentaje de los emolumentos y de los medicamentos que nunca llega a los detenidos quedan en los bolsillos de los funcionarios de Tesorería del SPB y del Ministerio de Justicia. He dado varios ejemplos, todos repugnan, pero más ejemplos, aburren.
Hasta aquí he expuesto tan solo a cuatro actores sociales que explican la aplicación de la tortura sistemática en democracia:
1.- Servicio Penitenciario Bonaerense (Ministerio de Justicia),
2.- Policía Bonaerense (Ministerio de Seguridad),
3.- Poder Judicial, y
4.- Empresas privadas beneficiaras de licitaciones.
¿DÓNDE ESTÁN LOS ORGANISMOS DE DD.HH QUE BREGAN POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA?
¿Cuál ha sido el rol que han jugado los organismos de derechos humanos para conjurar esta realidad? En la Provincia de Buenos Aires la violencia institucional que denuncio, este genocidio por goteo que surge de las estadísticas oficiales y estos negociados a plena luz del día, suceden bajo la supervisión y pleno conocimiento de una Subsecretaría de Derechos Humanos provincial dirigida por Matías Moreno, un funcionario ministerial integrante de la agrupación H.I.J.O.S.
No es un dato menor que la mayor represión efectuada por el SPB desde el regreso a la democracia sucedió los días 31 de octubre y 1° de noviembre de 2020 en no menos de 15 unidades penitenciarias, las cuales arrojaron el resultado de un preso muerto en la Unidad 48 y centenares de heridos.
Tal como dejó acreditado un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria – CPM (Informe Especial Noviembre 2020), los levantamientos dentro de las unidades fueron organizados y orquestados por el propio SPB, como demostración de fuerza.
Durante la represión la CPM contabilizó no menos de 1500 casos de tortura, 338 heridos graves (3 personas quedaron ciegas por balas de goma dirigidas al rostro, siendo que 17 perdieron uno de sus ojos por el mismo motivo). Yo fui testigo de la represión porque lo viví dentro del pabellón (negociamos durante 5 horas para evitar una masacre en la Unidad 23, hecho que hice público en un posteo que saqué el día posterior).
Esta fatídica represión es desconocida por casi toda la sociedad ya que los medios de comunicación optaron por ocultarla lisa y llanamente.
Piense usted lectora, lectora, ¿qué recuerda de ese 31 de octubre de 2020? Entonces, como Rodolfo Walsh preguntaría, me digo:
¿Habrá habido algún debate interno en la organización H.I.J.O.S. acerca de la posible complicidad y/o negligencia y/o ausentismo y/o incompetencia de Matías Moreno en resultados tan inhumanos y aborrecibles?
En el contexto nacional la situación no es mejor. Abruma también el desinterés mediático en informar la cantidad incontable de violaciones de derechos humanos que en el día de hoy se practican en las cárceles federales. Hambre, golpizas, muertes por negligencia sanitaria y negociados para paliar la enorme dificultad que poseen para comunicarse telefónicamente con sus seres queridos, son moneda corriente en los centros de tortura federales (debo reconocer, en base a mi trabajo en educación popular en cárceles federales durante un año, que estas unidades son un poco más limpias, jerarquizadas y militarizadas que las bonaerenses, pero con los mismos dispositivos de sometimiento, tortura sistemática y sometimiento).
No hay freno a la corrupción de los miembros del Servicio Penitenciario Federal: es voraz y sumamente eficaz para recaudar millones de pesos semanales.
¿A qué negocios se dedican los penitenciarios Federales?
A la venta ilegal de celulares, al servicio de protección a presos VIP, y a la extorsión a sus familiares. Por supuesto que muchos compañeres en organismos de derechos humanos provinciales y nacionales hacen un trabajo admirable para conjurar estos hechos objetivos que narro, pero afirmo categóricamente que su labor no se percibe en el territorio carcelario, salvo por contadísimas experiencias.
DE QUÉ LA JUEGA EL MINISTERIO DE JUSTICIA NACIONAL
No obstante este panorama ignominioso que describo, nuevamente este año la Procuración Penitenciaria, junto a la Subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia e integrantes del programa Expresión y Desarrollo, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, no han tenido mejor idea que, en pleno plan de lucha de familiares por las cotidianas violaciones de derechos humanos, promover una serie de “encuentros” para sensibilizar y recordar los hechos acontecidos durante la última dictadura cívico-militar.
¿Sensibilizar a los presos sobre las aberraciones de López Rega, la Triple A y las Juntas militares a internos que reciben palos y violaciones a los DD.HH cada día de su vida? Duele tanto cinismo, duele tanto desconocimiento etnocéntrico burocrático, duele tanta hipocresía.
Por supuesto que es trascendente conmemorar los principios rectores de Memoria, Verdad y Justicia. En el pabellón 4 periódicamente recordamos los nefastos sucesos ocasionados por el golpe cívico-eclesiástico-militar del año 1976.
Es una obligación ética y moral, sensibilizar al piberío sobre esa época nefasta, pero la tarea conmemorativa no debe monopolizar la tarea de los organismos de derechos humanos.
Lo primordial de nuestra militancia está en la resistencia contra el avasallamiento de derechos y garantías, lo trascendente de nuestro quehacer debe ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos.
Los derechos humanos hay que defenderlos HOY.
El neomenemismo epocal –gobierne quien gobierne, porque 13 años ya es un lapso que da sobradas pruebas- ha impregnado a la gran mayoría de nuestros militantes y se ha propagado endémicamente en muchos organismos de DD.HH. que visitan el territorio carcelario en carácter de turistas, con una mirada etnocéntrica ominosa que obliga a las víctimas de tortura a despreciar cualquier discurso que provenga de funcionarios que han decidido olvidar el concepto de resistencia. O para ser más sincero, considero que han olvidado la razón de ser de su militancia.
Cuando enseño filosofía a pibes cuasi analfabetos debo esforzarme mucho para bajar-acercar conceptos abstractos sin traicionar el texto.
El caso de Foucault es todo un desafío. Explicarlo y enseñarlo durante dos o tres horas, manteniendo la atención de los 57 compañeros del pabellón 4 es una tarea difícil. Es difícil pero no imposible.
PARRESIA Y DERECHOS NO TAN HUMANOS
Uno de los libros de Foucault que más me gusta leerle a los pibes es “El coraje de la verdad”, un hermoso texto que reúne sus últimas clases en el Collége de France. Es precisamente en ese libro donde Foucault nos enseña el concepto griego de PARRHESÍA.
La parrhesía, etimológicamente, es la actividad consistente en decirlo todo: pan rhema. Hablar con parrhesía, es hablar sin retroceder ante nada, sin ocultar nada. Es una actitud vital que consiste en decir la verdad sin disimulación ni reserva ni cláusula de estilo ni ornamento retórico que pueda cifrarla o enmascararla.
El “decirlo todo” es: decir la verdad sin ocultar ninguno de sus aspectos, sin esconderla con nada. Pero esto no basta para definir la noción de parrhesía.
Foucault nos dice que hacen falta dos condiciones complementarias a ese “decir”. Es preciso no sólo que esa verdad constituya a las claras la opinión personal de quien habla, sino también que éste la diga en cuanto es lo que piensa. El parrhesiasta da su opinión, dice lo que piensa, él mismo signa la verdad que enuncia, se liga a esa verdad y, por consiguiente, se obliga a ella y por ella.
Yo siempre he sido un docente popular con aspiraciones de parrhesiasta. Muchos de mis libros y posteos conciben ese ideal. No creo haberlo logrado, no creo haber sido lo suficientemente valiente para alcanzar mi propósito.
Cuando uno se anima a decir verdades, por lo general queda expuesto, vulnerable, y por ende comienza a modificar ciertas expectativas.
Conocemos muy bien esa sensación quienes militamos los centros de tortura. La persecución y la muerte de 16 compañeros en manos de fuerzas de seguridad son una marca indeleble en mi vida y en la vida de mis compañeros, lo que nos obliga a medir algunas de nuestras posturas.
En la Semana de la Memoria y de los 40 años de democracia, no obstante esas limitaciones, continúo interpelándome para poder sostener un espíritu parrhesiasta.
Sería bueno, por no decir éticamente indispensable, que este mismo planteo se lo hagan todos los funcionarios y militantes vinculados a los derechos humanos.
Sería bueno que se interpelaran.
Sería bueno que sean dignos de su tiempo y de sus cargos.
.
(*) Alberto Sarlo (La Plata, 1972) es escritor, docente popular, profesor de boxeo y abogado.
En 2010 fundó la Editorial Cartonera “Cuenteros, verseros y poetas” (Facebook con el mismo nombre), dentro del pabellón de máxima seguridad N° 4 de la Unidad 23 de Florencio Varela, lugar donde concurre semanalmente y ejerce la docencia popular alfabetizando y enseñando filosofía, literatura y boxeo.
Ha publicado las novelas “Pura vida. Noticia de un viaje”, “Cómo quedarse a 20 metros de la cima del Aconcagua”, “El ojo blindado”, “El héroe del whisky”, “El origen de la furia” y “Espectros del pabellón. El hedor de la tortura” (este último libro traducido al inglés y al portugués).
La Editorial Cartonera es autogestiva y financiada exclusivamente por él, ya que no acepta donaciones de ninguna persona física ni jurídica. Ha editado más de 23 libros y fanzines escritos por los compañeros detenidos, alcanzando a imprimir más de 32.500 libros, todos regalados a diferentes comedores y unidades penitenciarias del conurbano.
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