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Notícies :: mitjans i manipulació
Cuando los comunes se te cuelan en casa. (2). Sin fotos por lo de la censura.
16 set 2019
Durante los últimos 30-40 años, hemos podido ver tanto en el ámbito laboral como en el vecinal que la cultura de lucha que llevara a mejoras sociales se ha ido transformando en la cultura de los despachos, de la gestión.
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La REA. Residencia de Estudiantes Autogestionada

EI mes de marzo de 2016 se okupa un edificio municipal en el barrio del Raval con la idea de hacer una residencia de estudiantes y un CSO. Aunque el proyecto no está suficientemente concretado la necesidad habitacional acelera la okupación. Se escoge la antigua escuela de adultos Francisco Layret que estaba en desuso desde el año 2007 y en estado de abandono desde 2011. El primer día que se hace pública la okupación el distrito de Ciudad Vieja se pone en contacto e informa que el edificio tiene problemas estructurales y que la gente que lo okupa debe irse. Cuando se les pide el informe que lo atestigüe, la respuesta del ayuntamiento es que ese informe ha desaparecido. Se personaron los bomberos que hicieron un diagnóstico del espacio y determinaron que no había peligro de derrumbamiento. De esta primera conversación con el distrito se concretó una reunión, de la que se salió con un acuerdo: Se podrían quedar en el espacio hasta que a los 2 o 3 años se iniciaran las obras del proyecto de escuela de músicos.

Las condiciones que pone el consistorio son: 1. Que se respeten los derecho humanos 2. Que no se celebren fiestas que dejen entrar a sus técnicos aparejadores y arquitectos porqué necesitan un hacer un informe para elaborar el proyecto. No todas las personas de la REA entienden estas conversaciones de la misma manera. Tuvieron varias reuniones durante el tiempo que duró el espacio y varias visitas de los arquitectos. En una conversación en la primavera de 2017 El distrito informa que según los técnicos el edificio está en peligro y puede derrumbarse y marca la fecha de 28 de junio para que los7las ocupantes se vayan. La REA se niega a marcharse y prepara un contra informe. El ayuntamiento argumenta que solo aceptará un Certificado de Solidez. Desalojan la REA en un primer momento el 1 de diciembre y es reokupada en 10 días, volviendo a ser desalojada el 8 de enero 2018 con cargas y gaseados por parte de la Guardia urbana contra los/ las estudiantes y vecinos/as que se encuentran concentrados. Cierran inmediatamente el edificio y en no se hacen obras hasta que el 1 de mayo de 2019, dentro de los actos del primero de mayo libertario, se reokupa la finca y se renombra como CSO Mayday .

Kiosko Okupado en st. Andrés.

El 23 de abril de 2016 se okupa un quiosco propiedad del Ayuntamiento con la idea de abrir cada sábado para difundir la cultura popular y que la gente vuelva a las calles y a disfrutar de las relaciones de vecindad. A las pocas semanas de abrir el Kiosko la Guardia Urbana (GU) hace un informe en contra de la actividad y toma identificaciones. A título personal el jefe de seguridad de la GU del Distrito ofrece una cesión en precario y hacer las reformas necesarias, al tiempo que asegura que no hay ninguna denuncia interpuesta. La respuesta del Kiosko es no aceptar ninguna subvención ni arreglo, pues lo que quieren es que les dejen tranquilos. Una semana después de esta conversación se enteran por casualidad que hay obreros del ayuntamiento en el Kiosko, con presencia de la GU, con la intención de derribarlo. Se hace una concentración que detiene el derribo y también un grupo de solidarias se dirige al Distrito a presionar. Como respuesta a la situación vivida se okupa también el Kiosko del lado y se amplían los metros ilegales de parada en la calle. El Kiosko okupado abre todos los sábados en la Pl. Orfila del Palomar

Bloques okupados en la calle del Pont.

En agosto del año 2015 un grupo de gente okupa la casa ubicada en el número 4 de la calle del Pont, una finca abandonada que había sido okupada con anterioridad. Se trata de un edificio que el Ayuntamiento de Barcelona ha adquirido mediante expropiación, para hacer un equipamiento cultural. Rápidamente aparecen técnicos y representantes institucionales -entre ellos, la ex-concejala del Distrito de St. Andreu- y en las conversaciones informan que no tienen ningún plan definido ni factible para el edificio y que les está bien que mientras tanto se le dé un uso. El consistorio ofrece la posibilidad de llegar a alguna tipo acuerdo mediante una ayuda económica o técnica de cara a las reformas, al vez que paralelamente inician el proceso administrativo de desahucio. La decisión del colectivo de gente que vive ahí es la de no llegar a ningún tipo de pacto, pero si mantener conversaciones, creen que mientras duren las negociaciones no habrá desahucio. El ayuntamiento también mantiene conversaciones, pero de otro tipo, con un vecino que no se había ido por la expropiación, en este caso le presionan y acosan porque se vaya. Posteriormente, acceden al número 2 de la misma calle con intención de entrar a vivir, y se okupa también la finca número 6 con el objetivo de crear un huerto comunitario. Se trabaja en todas las casas para arreglar diferentes problemas derivados del desuso, invirtiendo tiempo, dinero, y esfuerzo con intención de mantener los edificios en buenas condiciones. Se mantienen las reuniones con los representantes de la administración en las que los técnicos hablan del valor histórico del edificio y de la intención de realizar un proyecto en el espacio, y de hacer un punto de información turístico y un albergue, lo que lleva a pensar que se están proyectando unas instalaciones turísticas. Finalmente el Distrito plantea una salida pactada de la casa: ofrece la cesión de 4 pisos del bloque de la derecha, y vaciar la casa de la izquierda. Quiere que entren sus técnicos para hacer un informe. La respuesta de los habitantes no aceptar la entrada de los técnicos del ayuntamiento y en cambio pedir un informe Arquitectos sin Fronteras. Un día sin previo aviso aparecen las excavadoras para derribar las naves de la parte de atrás, donde cogían el agua y donde vivía otra persona. Se hizo una convocatoria para frenar el derribo, se pudieron detener las obras y finalmente se tuvo que remodelar el plan urbanístico, reconvirtiendo aquel espacio en una plaza. Mientras duró la negociación estuvo parado el proceso administrativo de desahucio pero una vez las conversaciones se cortaron, se reanuda el proceso. Finalmente hubo una fecha abierta de desahucio, que se hizo efectiva el 11 de enero de 2017. Los habitantes se suben al tejado para oponerse al desalojo. La guardia urbana les denunció por resistencia pero finalmente se archivó. Hicieron una manifestación por el barrio para denunciar públicamente los hechos. Las casas siguen vacías. Les pusieron una alarma. En teoría los desalojaron porque el ayuntamiento tenía un proyecto y tenía presupuesto para llevarlo adelante, pero después de más de 2 años los bloques de la calle del Pont continúan cerrados y en desuso.

El Huerto del Chino

EI 27 de junio de 2009 con la idea de hacer una huerta comunitaria y un espacio vecinal, varios colectivos del barrio del Raval okupan un solar, propiedad de la familia Sande Couto, en la calle Reina Amalia 11, espacio que había albergado entre los años 2004 y 2007 la vivienda okupada y el CSOA RuïnAmàlia. Así nació "El Huerto del Chino". Desde entonces, funcionó como un espacio abierto donde llevar a cabo actividades relacionadas con la agricultura así como otros actos culturales y políticos. Durante casi 8 años no se produjo ninguna denuncia por parte de la propiedad ni del vecindario. En noviembre de 2016, a raíz de una queja por la supuesta presencia de ratas presentada por la administración de fincas de uno de los edificios de vecinos, un inspector del ayuntamiento se presentó en el espacio y desde fuera, sin entrar en ningún momento, y obviando el grafiti que ocupaba todo el muro de la calle que decía claramente «el Huerto del Chino», decidió denunciar la propiedad legal del espacio. El 14 de febrero de 2017, acogiéndose en esta denuncia, i con la excusa de la desratización del espacio, la propiedad del solar hace entrar maquinaria y destruye por completo el huerto. Esto no era más que una excusa para intentar llevar a cabo un desalojo ilegal la concentración de gente la propiedad termina mostrando la denuncia del ayuntamiento que les insta a limpiar bajo amenaza de multa. Hay decir que nunca pidieron las licencias correspondientes para llevar a cabo la desratización, la destrucción de la huerta y las obras. El ayuntamierda de BeC intentó cerrar el expediente lo más rápido posible, extravió documentación y en todo de proceso ocultó información. Con anterioridad, el colectivo de las huerteras del Chino habían recibido visitas de gente que les ofrecía dinero a cambio de marcharse del huerto, raíz de la su negativa a irse hubieron coacciones, se encontraron la puerta tirada en el suelo y algunos destrozos en el interior. Tras la destrucción del huerto deciden recuperar el espacio, consiguen parar un intento de bloquear la puerta de acceso al huerto e inician su reconstrucción. Paralelamente las usuarias del espacio solicitan al ayuntamierda toda la documentación, se personan alegando interés legítimo y el 21 de marzo tramitan una querella contra la propiedad por un delito de coacciones y otro de daños, querella que finalmente no prosperará. El Distrito se ofrece a mediar. Se dan una serie de encuentros entre el colectivo y los consejeros técnicos, con la concejala de Ciudad Vieja, Gala Pin y con servicios jurídicos. En las reuniones los representantes de la administració son receptivos, se muestran afectados por la situación, luego entran en sus despachos y se les olvida.El colectivo hace dos propuestas al ayuntamiento: que recalifique los terrenos o que compre el solar. La idea es seguir okupando el espacio y gestionarlo sea quien sea el propietario. Hicieron instancias, adjuntaron documentación, ya pesar de estar la administración obligada a contestar en un mes, nunca recibieron respuesta. Desde la primavera viven diferentes intentos de hacerlas fuera, les tapian la entrada y consiguen detener la obra, les sueldan las puertas y vuelven a entrar, hasta que la mañana del 27 de noviembre de 2017 una comitiva de la propiedad, escoltada por los mozos de esquadra rompe el candado y entra, sin ningún tipo de orden judicial, entran con una licencia del ayuntamiento que les permite hacer unas catas del suelo para poder presentar el proyecto urbanístico. A finales de noviembre y en el mes de diciembre, el colectivo no tenía suficiente fuerza humana y no pudieron reokupar porque no podían hacer las permanencias. La propiedad después del desalojo contrató dos seguratas 24 horas durante unas cuantas semanas. El espacio hoy en dia sigue cerrado.

LA OKUPACIÓN QUE CEDE SE SUICIDA

Ahora más que nunca, okupa tú también

Actualmente la okupación es una práctica realizada por gente de diferentes tradiciones, con diferentes objetivos y formas de entenderla. Hay quien okupa por necesidades individuales o familiares, o quien lo hace por convicciones políticas; Hay quien se define como «okupa» y otras no; Hay quien tiene la voluntad de construir comunidad o quien ve una manera provisional de conseguir un techo; Hay quien considera la okupación como una herramienta contra la propiedad privada y quien ve una forma de pedir a la administración vivienda digna y accesible; Hay quien busca la estabilidad del espacio llegando a un acuerdo y quien se resiste con todas sus fuerzas a un desalojo.

La okupación es un medio, nunca un fin. Tiene una fuerza tremenda: Señala la especulación inmobiliaria y la gentrificación que destruyen barrios enteros, expulsando a vecinxs de toda la vida, gente sin recursos y migrantes; Hace hincapié en dar respuesta a la dificultad de acceder a una vivienda y a espacios comunitarios; Y al mismo tiempo, se crean a su alrededor, redes y relaciones sociales capaces de transformar lo cotidiano.

Desde la Oficina para la Okupación de Karcelona entendemos la okupación como una herramienta que cuestiona el principio de propiedad, y por tanto, la desposesión. La okupación muestra una manera de atacar para conquistar nuestras peticiones concretas, sin esperar. Los centros sociales okupados (CSO’s) nos enseñan a reapropiarnos, a resistir, a crear. Defendemos vivir de esta manera, poder desarrollar nuestros proyectos autónomos, más allá de la legalidad, nosotros hablamos de otro lugar que habitar, otras relaciones, de otra Vida, y es fundamental no perder estas raíces en el diálogo o en la confrontación.

• Ante un pacto, ¿qué es una victoria que es un fracaso?

Aunque la legalización es común al movimiento de okupación de otros países, en España no es un hecho frecuente y es considerado un debilitamiento del movimiento. Entre lxs que pactan y Ixs que no pactan se augura una posible separación, como sucedió en otros lugares de Europa, diferenciando entre okupas buenxs y malxs. La legalización puede afectar negativamente a otras experiencias y hacer más fácil tanto los abusos de los propietarios como los desalojos.

Mantener conversaciones con la propiedad o iniciar una negociación pueden servir como estrategia para ganar tiempo y conseguir más información. Pero mientras que las conversaciones no comprometen a las partes, en las negociaciones el objetivo es llegar a un acuerdo entre Ixs interesadxs. Así, ¿la decisión de legalizar un CSO, compete únicamente exclusivamente a las personas que lo gestionan o que viven en él? Difícilmente una negociación será equitativa cuando no se hace entre iguales, vemos la mayoría de veces como la administración pretende mostrarse dialogante de cara a la opinión publica pero lo cierto es que no comparte en absoluto las propuestas de autogobierno de losespacios liberados. Al entablar una negociación entre la administración y un espacio okupado es fundamental que se abra un debate de forma pública, de otro modo, el proceso puede ser conducido dócilmente por los profesionales de la política. El hermetismo alrededor de las conversaciones denota desconfianza del grupo negociador en el resto de compañeras, miedo a ser juzgadx y/o rechazadx, y posibilita que prevalezcan los criterios particulares e intereses personales. Este secretismo en los pactos es una condición impuesta por las instituciones para tratar de esconder sus trapicheos y favorecer la separación entre Ixs que okupan. En Karcelona, ​​una negociación puede traer como consecuencia para el proyecto okupado el quedarse prácticamente solo en lo que a apoyo por parte de movimientos sociales anticapitalistas se refiere, y apoyarse en colectivos integrados o recuperados por el ayuntamiento por su gran proyecto de ciudad-mercancía con tintes <<alternativo>>.

Es previsible que durante las conversaciones para legalizar un espacio liberado aparezcan problemas internos en el seno del proyecto y sea bastante difícil llegar a un consenso fuerte -entre aquellxs que quieren salvaguardar lo conquistado, entendiendo la cesión como una oportunidad para garantizar el proyecto, y aquellxs que apuestan por la confrontación, no reconociendo como interlocutores a la administración pública porque sería traicionar la propia trayectoria-. Demasiado a menudo en esta controversia una parte del colectivo acaba marchándose, presumiblemente aquellxs que se oponen al pacto, para dejar vía libre a un acuerdo y la continuidad del espacio. Una vez se ha negociado, es cuestión de tiempo que los contenidos y la línea política del proyecto originarios queden distorsionados, consecuencia de los nuevos aliados institucionales. En la práctica, la autogestión se va perdiendo y el espacio se convierte en una especie de centro cívico que da un servicio a la comunidad y disfruta de la amistad de la opinión pública. ¿Cómo desarrollar un proyecto autónomo colaborando con las instituciones? La práctica de reunirse con los gobernantes consigue moderar las posturas más antagónicas. Se acaba aceptando cualquier tipo de proposición, por muy alejada que esté de los principios de autogobierno, autonomía y anticapitalismo. Obtener convenios de ocupación del espacio después de negociaciones y pagar un alquiler da cierta estabilidad mediante el contrato y la transacción económica, pero ¿qué garantías reales existen de pervivencia del proyecto? Mientras que cada metro de la tierra tenga dueño, no hay ningún espacio seguro, siempre pueden expulsar te del lugar que habitas, que utilizas, tanto si lo construyó tu familia con sus propias manos como si firmaste una hipoteca un contrato de alquiler, la propiedad es un robo los propietarios disponen de los medios para desalojarte, ya sea mediante una expropiación, con «matones», o judicialmente por impago de cuotas finalización de contrato.

Un argumento que se escucha a menudo a la hora de justificar la legalización a Karcelona, ​​es que no podemos extraer conclusiones de lo ocurrido en otros países porque son contextos diferentes. Cuando se hacen comparaciones existe el peligro de caer en un análisis atemporal y descontextualizado, pero negarse a aprender de otras experiencias es andar a tientas. Del mismo modo que los aciertos de otros lugares deben servirnos de inspiración, los errores cometidos en todas partes son una fuente para beber í nutrirse. Teniendo en cuenta la situación de otros países de Europa, preferimos pensar que el fantasma de la despolitización aún no recorre toda la península pues se dan casos en los que la administración, ante la fuerza de los proyectos, decide retirarse y no optar por la vía del desalojo (como ejemplo el Centro Social Autogestionado Can Vias que en 2014 vivió un intento de desalojo y derribo parcial por parte del ayuntamiento de Karcelona).

Por otra parte desde el movimiento vecinal se han llevado a cabo proyectos de negociación con la administración para conseguir la cesión de un espacio que no han generado ningún enfrentamiento entre las diferentes posturas, al no plantearse como una alternativa a las okupaciones sino como una vía propia de los movimientos que lo impulsan. Desde un punto de vista estratégico hay quien plantea que es posible desarrollar un proyecto autónomo y gestionado desde la participación vecinal y al mismo tiempo cooperar con las instituciones. Señalan que lo importante es que las condiciones de colaboración queden establecidas con total claridad y respeten la autonomía del centro en la definición y gestión del proyecto.

• Aceptar la derrota sin luchar.

Si concebimos la práctica de la okupación como una acción contraria a la existencia de la propiedad privada (pilar del capitalismo, del estado y del patriarcado) entonces no admitimos ningún tipo de negociación, esto supondría aceptar las reglas del juego, la legalidad vigente impuesta para que pueda funcionar la dictadura de la minoría que tiene el poder, y eso sería aceptar la derrota sin luchar. Pensar en dar un marco legal a una situación que conscientemente subvierte la legalidad significa pretender por derecho lo que ya se ha conseguido de hecho. Derecho, ese instrumento de regulación y normalización de las sociedades modernas.

Un pacto consiste en capitalizar la amenaza creada por el movimiento, lo que requiere la existencia previa de un conflicto. Al reducir la enemistad sobre el grupo mediante el pacto, se deja asiladxs a lxs compañeras que no quieren o no pueden acceder a la negociación. Y aun sintiéndose menos insegurxs, los que quieren legalizarse también serán reprimidxs en la medida que sus acciones sean una amenaza para el orden público y la ley. De qué sirve, entonces? La legalización es una forma más de acabar con los espacios ocupados, exactamente como el desalojo, pero con el añadido de que a mucha gente le cuesta más posicionarse claramente en contra. La administración puede utilizar la negociación, no para llegar a un acuerdo con la gente concreta sino para marginar y criminalizar el resto. Con un gobierno de «izquierdas» en Karcelona, ​​este podría tratar de gestionar el conflicto, llevando a cabo una política para lograr un pacto "ejemplar" con algunos sectores de Ia okupación y dejar aislado al sector más radical que no quiere negociar, es decir, generar una división en el movimiento.

Como apareció en el texto de convocatoria a una asamblea interna (febrero 2018) para tratar las posibles legalizaciones a Karcelona:

<<Creemos que estos procesos de negociación son la continuación de lo que ha sido el papel de la izquierda institucional desde el franquismo como a modo de endulzar las relaciones sociales, tanto en la vertiente política como en la económica. En este sentido, el énfasis no es tanto en el pacto con la administración en sí sino que este no es fruto de ningún proceso de lucha, a más de una mistificación de la misma. Durante los últimos 30-40 años, hemos podido ver tanto en el ámbito laboral como en el vecinal que la cultura de lucha que llevara a mejoras sociales se ha ido transformando en la cultura de los despachos, de la gestión. Es evidente que un pacto producido por una lucha ayuda a generar una cultura de lucha, mientras que un pacto hecho a partir de política de despachos reproduce la cultura de la política institucional. Los procesos de legalización de los espacios ocupados que se están dando en Barcelona actualmente, y KM es un ejemplo, claramente no generan ninguna dinámica de lucha>>

En los años 90 el movimiento para la okupación apuesta no tanto por estabilizar espacios sino para visibilizar una crítica radical a las dinámicas del estado, manteniendo la tensión social y política, rechazando la intermediación institucional desde la concepción de la autonomía social. Actualmente conviven en la ciudad de Karcelona diferentes filosofías, la corriente que considera más importante la dinámica de choque ante las instituciones, la posición que defiende el uso de estrategias mixtas que combinan confrontación con la capacidad de producir efectos, y la vertiente más involucrada en campañas por el derecho a la vivienda. Aquí planteamos que algún movimiento debe desobedecer y no reconocer las instituciones públicas, y que esta amenaza de combate abierto contra el estado sirve también como medida de presión y de producción de cierto miedo al conflicto y contribuye a que puedan abrirse espacios de conquista mediante mediaciones institucionales (como ejemplo la reivindicación de Can Batlló en el barrio de La Bordeta y Santos).

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