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Notícies :: amèrica llatina
Intimida la policía a bases zapatistas en plantón frente a penal de San Cristóbal
09 set 2003
Extiende la juez otras 72 horas el plazo para descargo de pruebas; vence el jueves.
Calma en el plantón zapatista pese a intimidaciones en el Cereso número 5.
Medio carro de leña seca pone a prueba a los poderes Ejecutivo y Judicial de Chiapas.
San Cristobal de las Casas, Chis., 8 de septiembre. Una valla de policías con "armadura" antimotines, escudos, garrotes y rifles lanzagases rodea el paso hacia las oficinas del penal de esta ciudad (Cereso número 5) de una comisión de la junta de buen gobierno Arcoiris de Nuestra Esperanza y el municipio autónomo Miguel Hidalgo. En los techos del penal, varios agentes empuñan rifles de largo alcance, y apuntan indistintamente contra las autoridades zapatistas y el centenar de indígenas reunidos fuera del penal, en plantón desde el sábado.

Dos agentes policiacos se aproximan a la alambrada que los separa de las bases zapatistas, y con gestos soeces les encañonan directamente sus rifles lanzagases. Los hombres y mujeres zapatistas, los rostros cubiertos, se ríen de la amenaza en un extraño coro, mezcla de burla y dolor.

Han sido pacíficos, pacientes y claros. En cambio, las autoridades los han tratado con su desdén habitual para "atender" a la indiada. Ahora, siete representantes autónomos de rostro descubierto y un defensor comunitario ingresan en las instalaciones, donde se reunirán con la juez María del Carmen Monzón y le demandarán la liberación de Juan Sántiz Gómez y Fernando Sántiz Pérez, bases de apoyo del EZLN, y de Hilario Bautista, poblador del municipio oficial de Amatenango del Valle.

Ayer se presentó aquí el alcalde constitucional de Amatenango para enterarse de la situación de Bautista. Al encontrarse con los zapatistas, les pidió apoyar al indígena detenido en el mismo operativo. "Si los zapatistas lo pueden sacar, qué bueno", dijo antes de retirarse, con las manos bien lavadas.

La moneda están el el aire. La policía detuvo a Juan y Fernando Sántiz a las 11 horas del jueves pasado, cuando transitaban de Teopisca a Tulancá transportando "medio carro" de leña muerta, para uso "doméstico y comunitario". Con notable celeridad, el Ministerio Público (MP) de Teopisca los consignó el viernes a primera hora, y los trasladó al Cereso de San Cristóbal de las Casas. Más notable aún (dicha celeridad inculpatoria), considerando que las mismas autoridades permitieron pasar este jueves sin permiso legal verdaderos cargamentos de tablas y reglas, mediante el tan tradicional recurso de la mordida.

Los indígenas presos, acusados de ecocidio ("daño doloso y premeditado" según el Código Penal, y "delito grave") tenían autorización del municipio autónomo Miguel Hidalgo para explotar y trasladar la madera con que hoy los inculpa. El propio concejo autónomo testificará mañana ante la juez, y anuncia que presentará las pruebas documentales.

De pronto, medio carro de leña ha puesto a prueba a los poderes Ejecutivo y Judicial. El castigo a los campesinos zapatistas (contrastado con actos de corrupción flagrante, o bien fuerza y chantaje, que dejaron ir lo que la jerga judicial llamaría "peces más gordos") desnuda el modus operandi de las policías en las carreteras de Chiapas. Pues todo se resume a que los zapatistas no dieron mordida ni se mocharon con el MP de Teopisca.

Después de la instalación de los Caracoles zapatistas, el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y el secretario de Gobernación, Santiago Creel, prodigaron declaraciones en las que reconocían que las juntas de buen gobierno no violentaban la legalidad. Mañana, cuando el concejo autónomo de Miguel Hidalgo extienda ante la juez Monzón los documentos, se sabrá si las autoridades como roncan duermen.

Por lo pronto, la juez extendió otras 72 horas el plazo para descargo de pruebas, el cual vence este jueves. Después podría dictar auto de formal prisión, o liberar a los indígenas.

"En nuestros municipios autónomos estamos contra la tala de árboles. Lo tenemos bien reglamentado", dice Sebastián, vocero del municipio zapatista, a los reporteros. Además revela que Juan y Fernando Sántiz "fueron intimidados por la policía cuando rindieron su declaración".

Rubén Moreno, defensor de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, considera "injusta" la detención de los indígenas. "Todos saben que se permitió pasar camiones con mucha más madera sin ningún permiso". Agrega que Juan y Fernando poseen el permiso de una "autoridad reconocida", del mismo modo que lo son otras autoridades comunitarias y ejidales. En este caso, del municipio autónomo Miguel Hidalgo.

-Son tres días de estar aquí esperando. Y aguanten. A ver si ustedes aceptarían que alguien los tratara así -espeta a los policías del penal una mujer pequeña y correosa, con un pasamontañas café y vestimenta muy humilde.

El abogado Miguel Angel de los Santos, también de la Red de Defensores Comunitarios, declaró más tarde: "Si el gobierno reconoce que las juntas de buen gobierno están apegadas a derecho, no veo por qué no va a resolver favorablemente. Está en el momento de reconocer en la práctica lo que ha sostenido en teoría". Y agregó: "Un delito no se comete cuando se está actuando con el permiso de una autoridad legítima".

Un diálogo muy revelador había tenido lugar esta mañana a través de la alambrada del penal ('cárcel de indios', si las hay). Los empleados del Cereso han ido y venido, asegurando a los zapatistas que serán recibidos. El oficial a cargo del operativo antimotines dice a los encapuchados con tono paternal y en buena onda:

-Nombren una comisión de ustedes, para que puedan pasar.

A medio metro de su cara, desde su pasamontañas le replica uno de los indígenas:

-No, ustedes no han entendido. Estamos esperando a la representación de la junta de buen gobierno, y entonces van a entrar, junto con las autoridades del municipio autónomo.

-Háganle como quieran -"perdona" el policía.

-No es comoquiera. Entraremos cuando lleguen nuestras autoridades, que vienen del Caracol Torbellino de Nuestras Palabras. No es que nombremos aquí ninguna comisión -replica el indígena en tono digno.

-Andele pues. La juez ya dijo que va a revisar el expediente (283/03, por cierto), para estar más preparada para resolver conforme a derecho.

El policía, satisfecho de sus frases, sonríe, y dando un par de pasos atrás se resguarda detrás de dos agentes con escudos de acrílico. El indígena insiste, ofendido:

-Ustedes no entienden que estamos reclamando lo que es justicia. Nosotros no somos así como nos quiere creer. Tenemos nuestras autoridades que nos representan.

Sí, la moneda está en el aire.
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http://www.jornada.unam.mx/2003/sep03/030909/008n1pol.php?origen=index.html&fly=1
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