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Notícies :: antifeixisme
Víctimas de la violencia policial en Nafarroa descartan una nueva ley que les impida investigar sus casos
08 ago 2018

Víctimas de la violencia policial han ofrecido esta mañana una rueda de prensa para denunciar públicamente la sentencia del Tribunal Constitucional contra la Ley navarra de reconocimiento a las víctimas de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Una comparecencia en la que Fermín Rodríguez, hermano de Germán, ha dejado claro que una nueva ley que no abra la puerta a investigar y aclarar los casos «no será bien recibida».
Beñat Zaldua|2018/08/08 12:09|2 iruzkin
Victimas_policiales
Comparecencia de familiares de víctimas de violencia policial. (Iñigo URIZ/FOKU)

Fermín Rodríguez e Idoia Zabalza –hermana de Mikel– han recordado esta mañana que no tienen la intención de convertirse «en legisladores, y mucho menos en jueces», recordando el hecho de que las víctimas «fuesen jueces o legisladores de sus propios victimarios ya estaba prohibido en el derecho romano». Pero han avisado, ante la posibilidad de que el Parlamento foral tramite una nueva ley de víctimas de extrema derecha y funcionarios públicos, que una norma que no de pie a investigar y aclarar los hechos «no será bien recibida».

A preguntas de los periodistas, Rodríguez se ha expresado así acerca de las comisiones de investigación que contemplaba la ley suspendida, y que llevaron a ocho de los doce magistrados del TC a considerar, en palabras de las víctimas, que pretendían «sustituir la acción de los tribunales de este supuesto estado de derecho, permitiendo que la investigación de delitos se realizase al margen de la judicatura».

«Nunca habría hecho falta una ley con estos contenidos si alguna vez la judicatura hubiera hecho el trabajo que tiene encomendado», han seguido Rodríguez y Zabalza, acompañados en la mesa por Aitziber Berrueta –hija de Anjel– y Eneko Etxeberria –hermano de Naparra–. Detrás, en el auditorio de Katakrak, representantes de colectivos de toda Nafarroa.

Las víctimas han recordado que «no era una ley perfecta, era por supuesto mejorable, pero era nuestra ley; además del reconocimiento y la reparación dejaba puertas abiertas a la creación de comisiones que investigasen casos que la justicia ordinaria había dejado en el olvido». Por ello, consideraron que se trata de «un atentado a la soberanía de nuestro Parlamento».

Han reconocido, en cualquier caso, que la sentencia «era previsible». «Lo decimos porque tenemos en la memoria reciente casos que en diversos estamentos judiciales se han resuelto de una forma que ha producido en la sociedad una reacción de asco y repulsa», han añadido, mencionando los casos de la violación grupal de sanfermines y la sentencia contra los jóvenes de Altsasu, algunos de cuyos padres han estado presentes también en la rueda de prensa.

«La historia debe recoger todos los relatos con imparcialidad y lo que, sobre todo, exigimos es que todas las víctimas de la violencia política de estos años tengamos los mismos derechos, sin clasificarnos en víctimas de primera o de segunda. Todos los derechos para todas las víctimas», concluye el comunicado firmado, además de los cuatro presentes en la mesa, por Ana Fernández, Argine Salanueba, Aingeru Cano, Begoña Castillo, Karlos Delas, María José Gurmindo, Javier Izura, Nerea Zabala y Txaro Arregi.

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