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Anàlisi :: corrupció i poder |
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reestructurar el Estado
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per Raúl Crespo.
Correu-e: rcpuma061@yahoo.com |
07 jul 2018
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Es el momento de un cambio radical en el estado ecuatoriano. |
Ecuador, cambios estructurales urgentes.
La democracia en la que vivimos indica que hemos tocado fondo. Es necesario analizar a profundidad si el sistema político es un instrumento o una finalidad utilizado a conveniencia por los partidos políticos y los populistas que han hecho del Estado, un aparato que no sirve a los fines de la sociedad. El pueblo depende del poder y esta guía su vida por la obediencia instintiva que influye para que renuncien incluso a las libertades.
A tal punto que las libertades son ahora declaraciones liricas mientras el pueblo naufraga entre mandatos y miedos, es hora de determinar si es legítimo que el destino de las personas este determinado exclusivamente por el poder, hay que analizar si la sociedad esta disfrazada de servidumbre y si la democracia es solo un método para elegir a quienes dominan o, si la transformamos en un sistema que tenga como elementos sustanciales la racionalidad y la tolerancia.
En toda su historia política Ecuador ha elaborado 20 Constituciones, con pocas excepciones cada una de estas ha sido confeccionada a la medida del caudillo, ha sido el traje a la medida de cada presidente. Tras su texto están los ideales del dictadorzuelo y el proyecto de su inspiración, este personalismo ha evitado que el país tenga instituciones duraderas e independientes.
El grave problema es que estos caudillos no se someten a la Constitución y mientras esto no ocurra no habrá constituciones de verdad ni auténtica democracia, seguiremos con una Republica de mentira. El pueblo no diferenciara entre el policía y las leyes mientras se mantenga la personalización de la autoridad, continuara la democracia de los caudillos que frena una democracia institucional.
Estos caudillos han utilizado al país como espacios de poder personal en haciendas sometidas a la voluntad del presidente y sus lacayos esclavos mentales, convirtieron a Ecuador en un laboratorio de pruebas para ideologías fracasadas.
Los ecuatorianos necesitamos división de poderes, limitación del poder y la responsabilidad ética en la política de mandatarios y asambleístas, no solo en la teoría sino en la práctica asumiendo que ni presidentes ni legisladores ni alcaldes, prefectos, concejales, son dueños del cargo son solo encargados de ejercer la autoridad.
La Asamblea Nacional tiempo atrás asumió que su rol es alinearse con el poder de turno para dominar las instituciones, las que tenemos no son instituciones con competencias que traduzcan desde abajo lo que es el pueblo. Este problema producto de una mayoría resultante por una elección asigna poderes absolutos a las entidades sin más que un proyecto ideológico que choca con la sociedad porque a la gente le importa un comino la ideología de izquierda o derecha; la gente no vota por las ofertas ni por tesis peor por rostros, en este contexto los asambleístas son lo más grave de las desilusiones porque no son capaces de interpretar las necesidades del pueblo de donde provienen, por lo tanto, la Asamblea Nacional carece de ética al no tener individualidad ni independencia.
Los bloques, alianzas, bloquean y anulan las necesarias discrepancias y diferencias en una real división de funciones fiscalizadoras, en definitiva, cada vez desde estos recintos se intenta crear una nueva República.
El Estado debe conciliar los intereses de la sociedad con el poder, al Estado hay que dotarlo de una nueva expresión legal a sus nuevos valores culturales, nuevos mercados con más valor agregado para los productos de exportación.
Se requiere reformar la Constitución para modificar la estructura del Estado y asegurar que la sociedad disponga de mejores servicios, solventes mercados con inversión privada, estabilidad tributaria y mucha confianza en el gobierno para no seguir con la deuda externa.
En Ecuador de cada diez empleos nueve son ofrecidos por la empresa privada y esta realidad es difícil de cambiar con ideología.
Sr. Presidente Lenin Moreno, hay que consultar al pueblo para reformar la Constitución y que esta permita que la salud de la seguridad social pase a la salud pública y los temas de afiliaciones sean voluntarios a partir de la fecha de aprobación. El Banco del Seguro Social (BIES) administrara las jubilaciones, afiliaciones, préstamos quirografarios e hipotecarios.
En la misma consulta preguntar a la gente si desea que las prefecturas desaparezcan o no ya que su gestión la pueden realizar los municipios y el ministerio de obras públicas, así mismo la desaparición de las oficinas de los ministerios de cultura y turismo en cada provincia, en vez de ellas propongo la recuperación y potencialización de las direcciones de cultura y turismo de las alcaldías capitales de provincia. Los ministerios de cultura y turismo en Quito, quedarían para promover proyectos, recabar información y apoyo en la gestión de los municipios.
Hay que analizar a profundidad el papel de Senplades respecto a la descentralización y a la zonificación territorial que es un fracaso para el papel que cumple ARCSA por citar un ejemplo patético; los funcionarios de esta institución no se pueden movilizar de Portoviejo a Santo Domingo por no tener viáticos o para la gasolina del vehículo, y este es solo un ejemplo de los tantos que hay en donde la ineficacia publica es dramática.
Lo cierto es, que no tenemos un plan nacional de salud, educación, agrícola, ambiental ni hídrico, no tenemos un plan nacional de nada.
Deben desaparecer las coordinaciones de los diferentes ministerios por su intrascendente papel, estos son puestos políticos nada más, desde Quito se puede recabar la información que recogen estas coordinaciones, con las direcciones provinciales es suficiente Sres. Senplades.
En esta realidad hay que analizar la gestion que cumple el CEASS, SECAP, SENESCYT, ARCSA y el Consejo de participación Ciudadana en las provincias (sin Constituyente) lo mismo que las direcciones políticas cuyo papel es intrascendente para el gobierno y para el pueblo.
A nivel interno de las instituciones es importante considerar que los cargos de directores, gerentes, secretarios, etc. Sean ocupados por personal técnico de carrera en esas instituciones en vez de los políticos, estas personas deberán ser elegidas por los compañeros bajo la supervisión del CNE y Contraloría, con esto se aseguraría un mejor servicio público dentro de las nuevas modalidades de prestaciones de servicios para el pueblo. En estos nuevos servicios los empresarios, el gobierno y las sociedades deben asumir la realidad económica y cultural que vive el país.
Cambios drásticos vive el país por la globalización, tecnología, delincuencia internacional, narcotráfico, hoy, nos guste o no en el mundo y en la región rigen otros intereses, pautas y necesidades con los que tenemos que lidiar.
Pero nada de estos cambios estructurales servirán si el pueblo no supera su actitud somnolienta por una participación activa. Participar es un derecho como lo es criticar y protestar pero se requiere conocimiento para entender que el presidente de la Republica y otros funcionarios de elección popular deben hacer lo que está en la ley, a esto se lo conoce como principio de atribución de potestades y estas potestades a su vez nos enseñan que estos funcionarios no tiene derechos filosóficos y civiles del termino porque los derechos inmanentes solo les corresponde a las personas naturales, a los seres humanos en virtud de la dignidad.
Los mandatarios, asambleístas, alcaldes, concejales, prefectos, tienen facultades transitorias, revocables, condicionadas y derivadas de una norma constitucional que les asigna tal poder, pero que les impide con estas facultades lesionar derechos fundamentales.
El pueblo debe saber y exigir que no haya poderes absolutos, que el poder está limitado y que no hay discrecionalidad en el ejercicio de la administración pública. El estado de derecho prohíbe la discrecionalidad.
Entender estos principios articula la responsabilidad administrativa de la participación ciudadana con el Estado, con los funcionarios y magistrados quienes deben asumir y solucionar sus actos cuando violan la Constitución, afectando los derechos de la gente.
El Estado de Derecho es uno de los más fundamentales para las personas porque está asociado con la moral y con la psicología de la confianza. El conocimiento por parte del pueblo de que los derechos están protegidos y que los delitos están previstos con anterioridad garantiza un mínimo de estabilidad con la seguridad jurídica.
Estado de Derecho significa un poder fraccionado, responsable y limitado. Los populismos socialistas fracasaron porque gestionaron de manera opuesta al Derecho del pueblo, a la formación de nuevos cuadros que no fueron tomados en cuanta porque se prefirió a los esclavos mentales. En su principio un socialismo que se precie de serlo no impone reglas ni conductas para lograr una obediencia ciega.
Hay que saber también que no todas las decisiones que el pueblo tome son legítimas ni ajustadas a derecho porque la gente común está sometida a la Constitución, por lo tanto sus acciones están limitadas y condicionadas por los derechos fundamentales, así, participar políticamente concientiza evitar ser utilizado para violar el Estado de Derecho. Una participación cómplice para violentar el derecho es ilegítima; la tendencia a convertir al Estado en herramienta de un caudillo, en laboratorio de pruebas de un proyecto personal, en espacio de dominación de un grupo con nuestra complicidad significa una participación popular contraria a los derechos fundamentales de la gente.
Los eventos electorales no deben ser obligatorios deben ser voluntarios para terminar con la constante obsesión por los sondeos, por la propaganda que manipula simpatías y cálculos de posibilidades que solo acentúan la politiquería con una traumática búsqueda de popularidad del candidato que desea elegirse o reelegirse…en esto se convirtió la democracia en Ecuador.
Como pueblo debemos asumir nuestra responsabilidad al entregar el poder al mejor de los oportunistas sin analizar el voto, tenemos que buscar la verdad de nuestras constantes acciones que provocan descalabros económicos y sociales; hay que plantear nuevas alternativas para las próximas elecciones mucho más importante que acudir a votar a cada rato, pero, para esto hay que tener conocimiento y con ella capacidad de reflexión de nuestra complicidad con la situación del país.
Raúl Crespo. |
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Comentaris
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Re: reestructurar el Estado
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per Botika |
09 jul 2018
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En realidad, el régimen parlamentario más parece una sofisticada construcción legal y política para inhabilitar y reducir a su mínima esencia los que tendrían que ser los protagonistas reales del poder popular, de la democracia: los movimientos y los organismos populares, los colectivos y todas las iniciativas grupales de base, ligadas a expresiones y redes sociales naturales, concretas y asambleístas.
Al contrario, en una sociedad democrática real, el poder local y después las confederaciones de poderes locales, tendrían que ser la base de la dialéctica política y de cooperación nacional, con todas sus lógicas premisas y consecuencias:
1. Autonomía económica, control y gestión fiscal local, con substitución del principio de
centralización nacional con los principios de solidaridad, cooperación y confederación
entre municipios y regiones;
2. Autonomía cultural e implementación de la biodiversidad y riqueza regional como
marcos fundamentales de referencia;
3. Autonomía administrativa, instaurando verdaderos servicios cooperativos nacionales o
regionales para todos los sectores de actividad. Unos servicios que sean subordinados a las necesidades municipales y de cooperación inter-municipal para el estudio, la planificación y la gestión de todos los campos de actividad.
(DEMOCRACIA_o_regimen_parlamentario.pdf, en “¿Democracia o partidocracia?”,
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/420852 |
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