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Notícies :: antifeixisme
AI advierte de que en el Estado «alzar la voz, incluso en redes, se ha vuelto cada vez más peligroso»
28 feb 2018
Amnistía Internacional considera que 2017 ha sido un mal año para la libertad de expresión en el Estado español y denuncia que «alzar la voz, incluso en redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso». Cita como ejemplo las 20 condenas dictadas por «enaltecimiento al terrorismo» o el «uso excesivo de la fuerza» durante el referéndum del 1-O. El informe se hace eco también de los casos de Nekane Txapartegi y los jóvenes de Altsasu.


Amnistía Internacional ha publicado el balance anual sobre el cumplimiento de los derechos humanos en 195 países del mundo y, en lo que respecta al Estado español, manifiesta su preocupación sobre la libertad de expresión.

El director de Amnistía Internacional en el Estado español, Esteban Beltrán, ha denunciado que «cada vez hay más miedo a salir a la calle y a movilizarse para reclamar derechos» por las «miles de sanciones impuestas a particulares, activistas y periodistas en relación con libertad de expresión» en aplicación de la «ley mordaza».

«La arbitrariedad con la que se aplican las sanciones, la discrecionalidad con que opera la Policía y la falta de mecanismos de supervisión de la actuación policial está teniendo sus consecuencias», ha añadido Beltrán, quien insiste en que «se han disparado los juicios y condenas» por ese motivo.

Amnistía lamenta que «comentarios en redes sociales, letras de canciones controvertidas y bromas están siendo criminalizadas bajo esa categoría vaga de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas».

«Uso excesivo de la fuerza» el 1-O

El informe también condena «el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante el 1 de octubre en Cataluña contra miles de manifestantes» ante la prohibición del referéndum.

En ese sentido, AI destaca en su informe que «se restringió desproporcionadamente» el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de las personas partidarias de la independencia de Catalunya. Cita, entre otros, la prohibición de un acto en Gasteiz.

Amnistía Internacional incluye en su trabajo la situación de encarcelamiento en la que se encuentran desde el pasado mes de octubre Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la ANC y de Òmnium, respectivamente.

Nekane Txapartegi y Altsasu

En el informe también se hace referencia a diversos casos relativos a Euskal Herria. Por un lado, cita el caso de Nekane Txapartegi, quien quedó en libertad el pasado mes de setiembre tras prescribir su condena. Añade que, meses antes, en abril, el relator especial de la ONU sobre la tortura había instado a las autoridades suizas a oponerse a la extradición solicitada por el Estado español.

En el apartado en el que habla de la aplicación «desproporcionada» de la legislación «antiterrorista», el informe recuerda que tres de los jóvenes de Altsasu siguen encarcelados a la espera del juicio, previsto para el próximo mes de abril.

Por otro lado, recoge también que el Constitucional admitió en mayo de 2017 un recurso presentado por el Gobierno español contra la ley del Parlamento de Gasteiz relativa al reconocimiento y la reparación de las víctimas de abusos policiales.

Ignacio Robles

Ignacio Robles, un bombero de Bilbo que ha sido expedientado por negarse a colaborar en un envío de armas a Arabia Saudí desde el puerto bilbaino, ha relatado las consecuencias para su vida personal y profesional de haberse negado «a ser cómplice de crímenes de guerra».

«Cada 10 minutos muere un niño de menos de 5 años en Yemen, y yo tengo dos hijos de esa edad; me dan ganas de llorar cuando oigo esas informaciones», ha reconocido este bombero, para el que su «expediente ha sido un aviso a todos los profesionales que tienen relación con esos envíos».

«La dejadez de la mayoría de los gobernantes está provocando que la sociedad tome partido, pero se toman medidas de represión brutal contra los activistas», ha dicho Ignacio Robles, quien ha destacado que «una acción muy pequeña, puede tener unas consecuencias muy importantes».

Por su parte, la activista guatemalteca Yolanda Oquelí ha relatado el sufrimiento que deben soportar los defensores de derechos humanos, como en su caso, que tuvo que salir de su país tras un atentado por enfrentarse a las multinacionales.

«Yo vivo, pero hay compañeros muertos y el único delito que hemos cometido ha sido denunciar violaciones de derechos humanos; en el caso de las mujeres tenemos una doble carga, porque debemos abandonar a nuestra familia por denunciar lo injusto», ha asegurado Oquelí, que ha sido acogida en el Estado español en un programa de protección de defensores de derechos humanos.

«Las activistas que estamos defendiendo el agua y las tierras somos amenaza para las multinacionales y los gobiernos corruptos, especialmente el Gobierno de Guatemala; es uno de los gobiernos que está de la mano de las multinacionales y es un total violador de derechos humanos», ha concluido.

En esta evaluación de los derechos humanos, Amnistía expone el impacto que siguen teniendo los recortes sanitarios y educativos, «que se mantienen», y la desprotección frente al derecho de vivienda.

Censura los desalojos forzosos «sin garantías judiciales adecuadas, ni provisión de alojamiento alternativo por el Estado» realizados en 2017: 26.767 desalojos por impago de alquiler y 16.992 por ejecución hipotecaria.

El Gobierno español incumplió sus compromisos de reubicación y reasentamiento de refugiados con la UE y respecto a las peticiones de asilo registradas el pasado año, explica el informe, ascendieron a 25.853, aunque al concluir octubre seguían pendientes de resolver 34.655 solicitudes.

«Los derechos humanos no se encuentran entre las políticas migratorias», ha señalado Beltrán, quien ha lamentado que sigan registrándose «devoluciones en caliente» en la frontera de Melilla, a pesar de que el Estado haya sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En la presentación del informe, la abogada que defendió esos casos, Isabel Elbal, ha destacado la importancia de que el tribunal europeo haya declarado que «las devoluciones en caliente son ilegales porque vulneran el derecho a los derechos».

«La seguridad de la ciudadanía es compatible con el cumplimiento de los derechos humanos», ha opinado la letrada.

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