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Notícies :: criminalització i repressió
El fiscal del caso Altsasu utilizó la teoría del “Todo es ETA” en varios procedimientos
28 nov 2017
José Perals, el representante del Ministerio Público que pide 375 de años de cárcel para los imputados por la pelea de bar en la que se vieron involucrados dos guardias civiles, intervino en varios juicios contra políticos independentistas, abogados de presos y usuarios de Twitter.
Una parte considerable del futuro de los ocho acusados de “terrorismo” por la pelea de bar en Altsasu está en manos de un hombre duro. El fiscal José Perals, quien esta misma semana solicitó elevadas penas de cárcel contra esos jóvenes bajo el argumento de que seguían consignas de ETA, actuó anteriormente en varios procedimientos contra reconocidos militantes y abogados de la izquierda abertzale. En cada uno de esos casos, el representante del Ministerio Público se alineó con la teoría del “Todo es ETA”, lo que también le ha valido para formular sus peticiones de prisión contra los imputados por la trifulca nocturna con dos guardias civiles en la mencionada localidad navarra.


“Desproporcionalidad” ha sido la palabra más empleada por los familiares de los acusados tras enterarse por la prensa de la contundente resolución presentada por Perals. En su documento, el fiscal solicita un total de 375 años de cárcel para los ocho vecinos de esa localidad navarra. La pena más elevada es contra Oihan Arnanz, de 21 años, a quien desea verle condenado a 62 años y medio de prisión. En los casos de los otros seis plantea 50 años de cárcel para cada uno, mientras que para la octava procesada reclama un castigo de 12 años de reclusión.

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Familiares de los jóvenes detenidos el 15 de octubre de 2016 por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Altsasu durante la rueda de prensa que han ofrecido este miércoles. /EFE
El fiscal del caso Altsasu utilizó la teoría del “Todo es ETA” en varios procedimientos
José Perals, el representante del Ministerio Público que pide 375 de años de cárcel para los imputados por la pelea de bar en la que se vieron involucrados dos guardias civiles, intervino en varios juicios contra políticos independentistas, abogados de presos y usuarios de Twitter.

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POLÍTICA06.07.2017 07:17DANILO ALBIN
Una parte considerable del futuro de los ocho acusados de “terrorismo” por la pelea de bar en Altsasu está en manos de un hombre duro. El fiscal José Perals, quien esta misma semana solicitó elevadas penas de cárcel contra esos jóvenes bajo el argumento de que seguían consignas de ETA, actuó anteriormente en varios procedimientos contra reconocidos militantes y abogados de la izquierda abertzale. En cada uno de esos casos, el representante del Ministerio Público se alineó con la teoría del “Todo es ETA”, lo que también le ha valido para formular sus peticiones de prisión contra los imputados por la trifulca nocturna con dos guardias civiles en la mencionada localidad navarra.


“Desproporcionalidad” ha sido la palabra más empleada por los familiares de los acusados tras enterarse por la prensa de la contundente resolución presentada por Perals. En su documento, el fiscal solicita un total de 375 años de cárcel para los ocho vecinos de esa localidad navarra. La pena más elevada es contra Oihan Arnanz, de 21 años, a quien desea verle condenado a 62 años y medio de prisión. En los casos de los otros seis plantea 50 años de cárcel para cada uno, mientras que para la octava procesada reclama un castigo de 12 años de reclusión.

Las madres de Altsasu: "Tanta desproporción produce terror"
Las madres de Altsasu: "Tanta desproporción produce terror"
El fiscal considera que todos ellos deben ser condenados por delitos terroristas, un concepto que ya había empleado en reiteradas ocasiones. De hecho, Perals intervino en el procedimiento seguido en la Audiencia Nacional contra tres organizaciones políticas de la izquierda independentista: Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV). Esta última formación luchó activamente en defensa de la República y contra la sublevación franquista durante la Guerra Civil. Tras sobrevivir a la larga noche de la dictadura, acabó ilegalizada en 2008 por el Tribunal Supremo, acusada de querer convertirse en la heredera de la también prohibida Batasuna.

Aquel fue uno de los primeros “megacasos” en los que actuó Perals tras su llegada en 2011 a la Audiencia Nacional de la mano del Fiscal General del Estado en la última etapa del PSOE, Cándido Conde-Pumpido. También intervino en el juicio contra los acusados de pertenecer a la dirección de Ekin, una organización que la Audiencia Nacional situó en el interior de ETA. Lo mismo ocurrió con los protagonistas (involuntarios) de otro de sus expedientes estrella: el grupo de abogados de presos abertzales, al que Perals también atribuyó actividades “terroristas”.

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