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Notícies :: amèrica llatina
Mientras no se derrumben las estructuras del poder oligárquico, jamás habrá paz en Colombia.IIparte.
15 mai 2017
La desaparición de las FARC significa la derrota de revolución agraria y el triunfo del modelo urbano capitalista.
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El día de 26 de septiembre del 2016 solemnemente se firmó la paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. El presidente J.M Santos y Rodrigo Londoño alias “Timochenko” con un apretón de manos sellaron el acuerdo. Como testigos se hicieron presentes en Cartagena los delegados de la república de Cuba y el reino de Noruega, Chile y Venezuela (los países acompañantes) y 15 presidentes, primeros ministros, 27 cancilleres, tres expresidentes. Entre los que hay que incluir a Bernie Aronson, el enviado especial del presidente Obama, y el rey emérito de España Juan Carlos I.

El “show” de la paz ha cumplido el guion preestablecido por el gobierno nacional. Después de que se anunciara el cese el fuego bilateral el día 29 de agosto de 2016 el presidente J.M Santos ejerció como maestro de ceremonias de la apoteósica y teatral firma de la paz en Cartagena. “Aquí no hay vencedores ni vencidos” declararon los negociadores en la Habana “todos hemos ganado” Después de tanto tiempo inmerso en la guerra nadie sabe muy bien los que significa la paz. No hemos acostumbrado a la muerte, al morbo, el amarillismo.

Con la presencia de miles de asistentes o invitados especiales (previamente seleccionados) todos vestidos o uniformados de liqui liqui blancos (el color de la paz) y luciendo palomitas de la paz en la solapa de sus camisas. Una ceremonia que nos recordaban esas películas de Walt Disney en las que siempre hay un final feliz. Hay que tener fe para creer en este cuento rosa de palomitas y corazoncitos, de misas y Te Deums solemnes y bendiciones papales.

Estamos hablado más de una paz más virtual que real que ha servido de propaganda al régimen, un espectáculo folclórico más propio de un reality show que pretende exacerbar aún más el sentimentalismo tan característico del pueblo colombiano. Según la constitución colombiana la paz es un derecho y es un deber de obligatorio cumplimiento.

Después de las celebraciones (en la que no faltaron los opíparos banquetes) a la semana siguiente sobrevino la hecatombe. La opción por el SI perdió el plebiscito del 2 de octubre del 2016 convocado por el gobierno y la guerrilla para refrendar los acuerdos de paz. Es increíble pero el pueblo colombiano víctima de una sucia campaña de desinformación y manipulación echó por la borda 4 años de negociaciones con la guerrilla en la Habana. Sorpresivamente y contra todo pronóstico la ultraderecha uribista se alzó con la victoria demostrando de este modo que gran parte de la sociedad está en contra de cualquier tratado de paz con las FARC. La opción por el No venció en el plebiscito por un 50, 21% de votos. (El sí debería contar al menos con el 13% del censo-4.200.000 de votos para ser válido) El 62% de la población se abstuvo, es decir, que no ejerció su derecho a voto por desinterés e indiferencia.

Lo cierto es que la guerra no se acaba con la firma de la paz, la guerra no se termina con actos protocolarios e institucionales de carácter mediático o propagandístico, ni mucho menos con elevar oraciones al supremo hacedor a ver si se produce un milagro.

El Papa Francisco vendrá de visita a Colombia el próximo mes de septiembre decidido a respaldar los acuerdos de paz con su presencia. Desde un principio el santo padre se comprometió a prestar un apoyo moral a las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano. “Dios está con Colombia y el Sagrado Corazón de Jesús la protege de todo mal”. Otro multitudinario espectáculo (que tendrán que pagar los sufridos contribuyentes) que a buen seguro aprovechará el premio Nobel de la Paz J.M Santos para elevar aún más su de egolatría y narcisismo.

Los colombianos en general han vivido de espaldas del conflicto armado interno. Por indiferencia y hastío ignoran y no comprenden sus causas. En los grandes centros urbanos el impacto ha sido muy limitado ya que los combates se han desarrollado con mayor virulencia en el medio rural.

¿Por qué hay guerra y Colombia? Es difícil que los ciudadanos den una respuesta imparcial y razonable puesto que los medios de comunicación oficiales no ofrecen una versión imparcial de los hechos.

Todavía queda pendiente una reforma agraria que penalice la concentración de la tierra en unas pocas manos. ¿Es imposible seguir aplicando un modelo agrario desigual? Las FARC demandaban la desactivación del latifundio, la derogación de la propiedad privada y los privilegios de la casta gobernante. La reforma Agraria es un reclamo inmemorial que siempre se ha pospuesto en defensa de los intereses de los grandes terratenientes y multinacionales. Ahora tras la firma de los Acuerdos de Paz el gobierno se propone entregar a los desplazados terrenos baldíos o expropiados a los paramilitares y narcotraficantes. Cualquier titulación de tierras es una trampa para que ese campesinado miserable tenga que venderla o arrendarla a los grandes propietarios porque carece de recursos para mantenerlas. Para sacar adelante cualquier cosecha es necesario una fuerte inversión en insumos, semillas, fertilizantes o plaguicidas. Al final los que recogen las ganancias son los intermediarios o acaparadores que distribuyen y comercializan los productos agrícolas en los mercados de las grandes ciudades.

La ley General de Tierras y Desarrollo Rural para restituir las tierras a los desplazados y víctimas de la violencia ya he generado varios asesinatos, coacciones y amenazas a quienes las reclaman. La Seguridad Democrática -implementada durante el mandato Uribe Vélez - llamaba a los campesinos “guerrilleros vestidos de civil”

En un principio las FARC exigieron 59 zonas de reservas campesinas (resguardos guerrilleros con cierta autonomía para evitar atentados e intimidaciones de grupos al margen de la ley) con un total de 9.000.000 de hectáreas. Esta es la última etapa del “plan Renacer” En estas reservas se iban a aplicar planes de desarrollo agrario, cooperativas rurales (producción, venta y exportación) y que contarían con el respaldo de la ley de Zonas de Conflicto. Propuesta que fue refutada por el gobierno en los debates en la Habana al calificarlas de “repúblicas independientes”.

Al inicio de la década de los setentas se dio la mayor movilización rural del siglo XX los campesinos organizados en la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) fundada en 1967 de manera autónoma e independiente de los partidos tradicionales liberal y conservador. Fueron los promotores de la reforma agraria que intentó aplicar el presidente Lleras Restrepo. Sus dirigentes fueron calificados de subversivos y comunistas pues se hicieron constantes en esa época la toma de tierras y los paros campesinos. Como respuesta los latifundistas y ganaderos se reunieron y firmaron el acuerdo de Chicoral en 1972 que sería el germen de las autodefensas en alianza con la policía y el ejército para detener la movilización campesina mediante el uso de la violencia. De esta forma la movilización popular fue aniquilada imponiéndose el modelo latifundista de agro-exportación. (Ganado y algodón) y también los cultivos ilegales de coca y la marihuana. El papel de los campesinos -según sus promotores- se limitaría a la servidumbre o la semiesclavitud. Y es que en Colombia se incrementa el monocultivo que es un lujo que solo se lo pueden permitir las grandes multinacionales pues son las que reciben el aval de las más importantes corporaciones financieras.

8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego por los paramilitares y el ejército.

El programa de Agro Ingreso Seguro –implementado por Andrés Felipe Arias- ministro de Agricultura de Uribe- con el fin de entregar subsidios a los agricultores de escasos recursos en realidad beneficiaba a los terratenientes y paramilitares. Lo que se puso en marcha con todo el descaro fue una contrarreforma agraria patrocinada desde el mismo seno del estado. Muchas de las tierras robadas a los desplazados pasaron a manos de los terratenientes, de jefes paramilitares, empresarios, políticos o narcotraficantes. Como es el caso de Jorge Pretelt, presidente de la Corte Constitucional -que es la encargada de tomar las decisiones legislativas del país- quien aprovechándose del drama de esos campesinos víctimas de la violencia se apropió de sus tierras en el Urabá titulándolas a su nombre. Y es que estamos hablando de un gran total de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego por los paramilitares y el ejército. El alambre de púas marca perfectamente las fronteras de la propiedad privada en Colombia. Se da la paradoja que 24 millones de cabezas de ganado están mejor alimentadas que los propios seres humanos (muchos de los cuales pasan hambre). La Federación de Ganaderos (FEDEGAN) ha sido una de los principales impulsores del paramilitarismo. A esta organización muy “respetable e influyente” está afiliado el senador Uribe Vélez.

Una de las tareas más urgentes es la restitución de las tierras a los desplazados. Aunque en los acuerdos de Paz queda bien claro que la propiedad privada es intocable. En un principio no se les expropiará la tierra a los terratenientes y, si entregan algunas a los campesinos, serán las más improductivas y estériles. El INCODER (Instituto colombiano de desarrollo rural) -que ha sido liquidado por corrupción- tenía la misión de recuperar baldíos pertenecientes al estado ocupados ilegalmente por particulares. Álvaro Uribe Vélez está siendo investigado por la Contraloría por acumulación irregular de baldíos en su finca “el Ubérrimo”

Desde luego que el principal damnificado de esta guerra es el mundo rural. Los campesinos han sufrido un espantoso genocidio prácticamente imposible de revertir. Colombia es unos de los países con mayor desplazamiento forzado de todo el mundo (8 millones de personas) -solo comparable con la tragedia de Siria e Irak. Los campesinos tuvieron que escapar a las ciudades a causa de la sanguinaria arremetida del ejército y los paramilitares. Ahora vagabundean por las calles y avenidas rogando una limosna o ejerciendo trabajos informales mal remunerados. El poder tenía bien claro que era imprescindible desocupar el campo ya que se había convertido en la cantera de los futuros guerrilleros. Los campesinos debían ser expulsados a la fuerza de su cumpliendo al pie de la letra ese precepto de los manuales de contraguerrilla que rezan: “quitar el agua al pez”. La misión del glorioso ejército colombiano era neutralizar “el enemigo interno”, o sea, la población civil. Y lo más paradójico es que en las filas de las FF.AA básicamente se nutre de hijos de campesinos y obreros pertenecientes a los estratos más bajos de la sociedad. Por ley están obligados a cumplir el servicio militar y luchar por los intereses de la clase dominante en una guerra fratricida que enfrenta a los pobres contra los pobres.

El desplazamiento forzado es un drama humano de incalculables consecuencias pues las víctimas aparte de perder sus tierras y sus bienes han sido despojadas de sus raíces, de sus tradiciones y costumbres. La cultura popular es un patrimonio intangible que irremisiblemente agoniza.

La desaparición de las FARC significa la derrota de revolución agraria y el triunfo del modelo urbano capitalista.

Es por esta razón que la soberanía alimentaria corre un serio peligro. La producción agrícola ha disminuido considerablemente pues las tierras más fértiles se reservan para los cultivos más rentables. Entre los que caben destacar el cacao, café, banano (postres para el primer mundo) las flores (exportación) la palma africana, el maíz, la caña de azúcar (como materia prima de los biocombustibles). El cruel destino de los campesinos, de los indígenas o de las comunidades de afrocolombianos es engrosar los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Sencillamente se han convertido en la mano de obra barata que explotan los patrones y empresarios en la industria, la construcción, sector servicios, el trabajo doméstico, o para engrosar la leva de reclutas en las FF.AA. Colombia es en su esencia un estado racista y xenófobo que ha instituido una especie de “apartheid criollo”. La política gubernamental es la de brindarle todas las facilidades a las trasnacionales en detrimento del bienestar de su propio pueblo.

La oligarquía exultante proclama que el “glorioso ejército colombiano ha vencido a los narco-terroristas”. Uribe Vélez afirma que “los tratados de paz son ilegales pues conceden grandes beneficios a los bandidos de las FARC”. “Todos deben ser proscritos, son traidores a la patria” a renglón seguido: “¿Qué pueden exigir los derrotados? Nada más que clemencia” “Los guerrilleros no pueden participar en política ni ocupar cargos públicos. La cúpula de las FARC debe ser encarcelada o en su defecto extraditados a los EE.UU” Estados Unidos expidió más de cincuenta órdenes de captura de altos jefes guerrilleros acusados de narcotráfico y terrorismo. “se ha demostrado que el cartel de las FARC tiene nexos con Hezbollah y Al Qaeda”

El premio Nobel J.M Santos es el directo responsable de impartir las órdenes a sus generales para que exterminen sin contemplaciones a los guerrilleros (terroristas) y de paso a la población civil supuestamente “cómplices o auxiliadores”. Durante su desempeño como ministro de la Guerra (Defensa) de Uribe y posteriormente como presidente de la república o jefe supremo de las Fuerzas Armadas, se llevaron a cabo innumerables operativos minuciosamente planificados junto a los asesores de la CIA, el M16 inglés y el Mossad.

Además, debemos añadir a su luctuoso prontuario: los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones, desplazamiento forzado. El premio Nobel de la Paz J.M Santos autorizó la operación militar denominada “Fénix” planificada junto con la CIA, el servicio M16 inglés y el Mossad con el objetivo destruir el campamento del jefe supremo de las FARC Raúl Reyes (situado en Sucumbíos –Ecuador). Violando sin ningún reparo la soberanía de un país vecino y causando una pavorosa masacre.

Según las últimas investigaciones Alfonso Cano, jefe de las FARC (sucesor de Tirofijo) fue capturado vivo y luego asesinado vilmente por el ejército en Suárez (Cauca) durante el desarrollo de la operación “Odiseo”. El responsable de este crimen de guerra es el premio Nobel de la Paz J.M Santos, quien tuvo que dar directamente la orden a sus subalternos para que lo ejecutaran.

¿El desarme afectará también a las FF.AA colombianas?

¿Apartarán de sus filas a los oficiales y a los altos mandos que han tenido y tienen relaciones con los paramilitares o las bandas delincuenciales? ¿Serán juzgados aquellos mandos o soldados que hayan cometido violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad? A los tribunales de Justicia Especial para la Paz se acogen igualmente los militares condenados por delitos de lesa humanidad para recibir las correspondientes amnistías.

Los mandos y oficiales de las FF.AA son reconocidos psicópatas graduados con las mejores notas en las academias militares más prestigiosas del mundo (West Point, Escuela de las Américas-Instituto de Defensa para Cooperación de Seguridad Hemisférica, comandos Rangers o SEAL) En la cúpula militar existe un hondo arraigo y simpatía por el ideario hitleriano que han inspirado en buen medida su forma de actuar. Especializados en el arte de la tortura y de la muerte no les tiembla la mano a la hora de ordenar las operaciones de exterminio o de tierra quemada sin importarles la integridad de la población civil. El estamento militar cuenta con una justicia propia que les otorga carta blanca e impunidad. Los paramilitares también están protegidos por la ley del fuero militar. Si por caso algún militar tuviera que ser juzgado ante un caso muy grave que alarme a la opinión pública, se les condena a mínimas penas de prisión que cumplirán en los propios cuarteles (centros vacacionales) gozando de grandes privilegios y facilidades. No hay porque sorprenderse de que el gobierno otorgue el indulto a los militares que cometen crímenes de lesa humanidad para pagarles sus “grandes sacrificios por la patria”. La palomita de la paz como por arte de magia se trasforma en un maldito escorpión que te clava el aguijón en el momento menos pensado. El gobierno levanta la bandera del pacifismo cuando su naturaleza es guerrerista. Las armas quedan en poder de la oligarquía que como siempre se reserva el derecho a usarlas en el momento en que esté en peligro su status quo.

Con una actitud sumisa nuestros gobernantes se han plegado a los designios de Washington. Desde el mismo día en que la US Navy tomó Panamá en 1903 (el “I took Panamá” del presidente Roosevelt) nuestra independencia y soberanía la detenta los EE.UU. El imperialismo ha hincado sus garras en el corazón del continente tras acuerdo firmado entre Uribe Vélez y Barak Obama en el 2009 que dio luz verde a la instalación de siete bases militares yanquis (Palanquero, Malambo, Apiay, Málaga, Cartagena, Tolemaida y Tres Esquinas) El combate del terrorismo y el narcotráfico para fortalecer la seguridad y la libertad. El Nobel de la Paz J.M Santos como buen cadete de la Armada nacional ha decidido integrar a Colombia en la estructura de la OTAN -Quizás ansioso por participar en la guerra contra el terrorismo mundial.

J.M Santos durante su etapa como de Ministro de Defensa de Uribe Vélez suscribió contratos con la industria militar israelí GALIL, KFIR Aeronautic convencido de la enorme eficacia conque el sionismo combatía la resistencia palestina. J.M Santos expresó en una rueda de prensa conjunta con Ghabi Ashkenazi, jefe del ejército de Israel, en el 2008 que “el terrorismo se combate sobre todo y ante todo con inteligencia y es mucho lo que nos puede enseñar Israel y ayudar en este tema” Se sabe extraoficialmente que la “operación Jaque” fue planificada por asesores judíos (CST Global) que consiguieron interceptar las comunicaciones entre los distintos campamentos y frentes de la guerrilla. Uno de los asesores de J.M Santos para los Diálogos de Paz es el ex ministro israelí de Asuntos Exteriores Shlomo Ben Ami.

El gobierno cínicamente culpabiliza a las FARC de ser el principal causante de los males que afligen a Colombia. “Porque el propósito de la guerrilla no es otro que sembrar la destrucción y la muerte y sabotear el desarrollo económico y social” “los narco-terroristas son los responsables del desplazamiento de millones de campesinos, y de financiarse con la cocaína, la heroína, de fomentar la violencia, los secuestros, la pesca milagrosa, sobornos y chantajes, el boleteo, las extorsiones, la voladura de oleoductos, puentes y carreteras. Los medios de comunicación oficialistas -como parte de la guerra psicológica-los retrata como unos “monstruos desalmados”

Timoleón Jiménez “Timochenko” ya ha pedido perdón en nombre de la guerrilla por los “crímenes de lesa humanidad” cometidos durante el conflicto armado. Otros jefes guerrilleros se han visto igualmente obligados a retractarse públicamente y reconocer sus culpas. Pero por el contrario, el premio Nobel de la Paz y presidente J.M Santos ni la cúpula militar piensan asumir sus responsabilidades a pesar de los innumerables casos de terrorismo de estado (masacres, bombardeos indiscriminados, desaparición forzada, falsos positivos o ajusticiamientos extrajudiciales)
¿La clase dirigente devolverá las incalculables sumas de dinero expoliadas? ¿Las tierras robadas a los campesinos les serán restituidas? ¿Saldrán los norteamericanos de las 7 bases instaladas en suelo colombiano? ¿Se retirarán los asesores yanquis o sionistas o los mercenarios que trabajan para el gobierno colombiano?

Colombia sufre una devastadora crisis medio ambiental que la condena a un futuro nada prometedor. En medio siglo se han perdido 7.000.000 hectáreas de bosques húmedos tropicales. Los expertos afirman que el país posee el 10% de la biodiversidad de la tierra aunque buena parte de esos ecosistemas están en peligro de extinción. El proceso de colonización ha sido nefasto por culpa de la deforestación, la sobreexplotación agrícola y ganadera, la industria maderera, la minería extensiva, la extracción de oro, plata, platino, petróleo, cobalto, telurio, níquel, cianuro, cobre, el cultivo de coca, de amapola, el uso de los precursores que se vierte a las fuentes hídricas, las fumigaciones con glifosato, la quema de bosques que incrementan la creciente desertificacion. Además en las últimas décadas el cambio climático ha causado graves sequías y temporadas de lluvias devastadoras que desbordan los ríos y provocan cientos de muertos y miles de damnificados. La guerra no solo se limita al enfrentamiento entre seres humanos sino que también implica a la naturaleza. Comprobando una vez más el espíritu autodestructivo que nos caracteriza.

¿Cómo resolver el problema atávico de la pobreza extrema?

El hambre azota sin compasión muchas regiones de Colombia, la desnutrición aguda amenaza a los niños más pobres y los casos de muerte por inanición son incontables. En el Chocó el 70% de la población sobrevive por debajo del umbral de la pobreza. En los acuerdos de paz la guerrilla exigió al gobierno tomar medidas urgentes aunque estas resoluciones deben ser aprobadas con anterioridad por el Congreso de la República. ¡Con un decreto ley se acabará con el hambre! Lo que se sabe a ciencia cierta es que los presupuestos de solidaridad que se giran a los entes departamentales en buena medida caen en manos de los políticos corruptos que por arte de magia los trasfieren a sus cuentas personales.

Colombia es un país de 47.000.000 millones de habitantes que se concentran mayoritariamente en las zonas urbanas andinas. La pobreza crónica afecta al 40% de lo población que carece de vivienda digna, salud o educación. Ante una crisis económica tan acuciante millones de personas tienen que recurrir a la economía sumergida o el trabajo informal para poder sobrevivir. La tasa de informalidad laboral supera el 58%. La desestructuración social afecta a las familias con menos recursos económicos en donde se producen los mayores casos de abandono infantil, hijos no reconocidos, mujeres abusadas o violadas, pederastia y pedofilia, prostitución, la violencia intrafamiliar, violencia machista, fracaso escolar, alcoholismo, drogadicción, proxenetismo. Un pueblo desmoralizado y con una baja autoestima es difícil que pueda luchar por su dignidad.

El gobierno colombiano para combatir la pobreza endémica ha aplicado políticas de asistencialismo y caridad. Es ahí donde interviene la iglesia católica, las ONG y los organismos internacionales de ayuda humanitaria que suplen las obligaciones constitucionales que debería asumir el estado con sus ciudadanos. Entre los retos del postconflicto está el estimular el desarrollo social y elevar el nivel de vida de los ciudadanos.

Tanta lucha y tanto sacrificio, tantos muertos, heridos, desaparecidos, viudas, huérfanos, tanta destrucción, miseria o desplazamiento forzado no pueden caer en el olvido. El principal peligro es que se imponga la ley del silencio. El terror silencia la verdad y estimula la amnesia. Se rumorea que en el Congreso de la república se va a proponer una Amnistía general (ley de punto final) tanto para los guerrilleros, militares y paramilitares. Olvido y perdón cristiano para sellar la reconciliación entre los colombianos.

El conflicto interno colombiano -declarado uno de los conflictos más cruentos del hemisferio occidental - se ha cobrado la vida de más de 230.000 personas (el 80% de las víctimas son civiles desarmados). Además hay que añadir 100.000 desaparecidos, 5 millones de exiliados tanto económicos como también políticos, 27.000 secuestrados, 1800 masacres y 10.000 víctimas de las minas antipersonas. Colombia es el país con mayor número de desaparecidos en América Latina. La impunidad tapa el 90% de las violaciones de los derechos humanos. Las comunidades negras e indígenas representan el 60% de las víctimas -que apenas han tenido visualización en las mesa de negociación de la Habana. Las mujeres y grupos sociales más vulnerables tampoco han logrado el reconocimiento deseado.
Aún no ha llegado a valorarse en su justa medida el trauma psicológico que han sufrido millones de colombianos durante el conflicto armado. Esta es una herida en el espíritu y el alma que va a ser muy difícil de sanar. ¿Se puede hablar de reconciliación después de haber generado tanto dolor, la angustia, pérdida de seres queridos, el desarraigo, la marginalidad, la humillación o la impunidad?

Mientras no se desmantelen las estructuras del poder feudal, jamás habrá paz en Colombia.

Porque la oligarquía medieval mantiene intactos sus privilegios. Las élites poseen más del 85% de la riqueza nacional y usufructúa de las mieles del poder. Existe claramente una guerra de clases y los ricos están ganando. En los bancos suizos, los paraísos fiscales o en manos de testaferros es donde en buena medida se encuentra cautivo el patrimonio expoliado al pueblo colombiano. La democracia burguesa hiede, es un cadáver putrefacto. Los votos tienen el poder de convertir a ladrones y corruptos en respetables funcionarios. El monstruo de la corrupción se ha devorado 50 billones de pesos (que representa un alto porcentaje del presupuesto nacional) Por ejemplo, entre 20 a 30.000 millones de pesos es el dinero que se necesita para ser elegido gobernador.

¿Se puede sanar un estado enfermo y corrupto? ¿Cómo acabar las desigualdades y sacar de la pobreza a millones de colombianos? Un sistema acostumbrado al clientelismo, el tráfico de influencias, el carrusel contrataciones, el cobro de comisiones, el blanqueo de capitales, los tratos de favor a las grandes empresas y multinacionales. Como lo revela el escándalo del caso Odelbrecht que involucra de lleno a la clase dirigente (se pagaban sobornos a los políticos uribista y santista) y que incluye, por supuesto, al presidente y actual premio Nobel de la Paz J.M Santos. Un fraude cifrado en más de 12 millones de dólares.

El combate contra la corrupción y el desfalco de las arcas públicas es una labor prácticamente imposible de realizar por métodos pacíficos. Los magistrados y funcionarios de altas cortes protegen a los carteles mafiosos. (La fiscalía estima en 1.3 billones perdidos en 300 casos de corrupción) La oligarquía no entiende otro lenguaje que el de las armas, la coacción o la intimidación. Así se ha demostrado en los conflictos desarrollados a lo largo de la historia colombiana.
Si no se legalizan las drogas es difícil que se consolide la paz, si no se erradica el paramilitarismo la guerra se perpetuará.

Colombia lo que realmente es una refundación, una limpieza a fondo de todas sus instituciones (ejecutivo, legislativo y judicial). Empezando por democratizarlas: exigir que por votación popular pueda elegirse al procurador, al fiscal general del estado, al contralor general y al defensor del pueblo. Es necesario romper el monopolio del centralismo bogotano propugnando una regionalización o descentralización, El poder adquisitivo de la clase media año tras año se desploma. Acuciados por los altos impuestos, y la privatización general de los servicios públicos (seguridad social, la educación, la salud, el trasporte, la electricidad o el agua) y unas pensiones irrisorias que condenan a los ancianos a la indigencia absoluta. El costo de la vida que este último año ha subido un 8%.

Las FARC han cedido en puntos tan trascendentales como la convocatoria de una Asamblea Constituyente, la formación de un poder popular (cuarto poder) que vele por un estado de bienestar universal por un sistema electoral diferente que erradique el fraude y la compra-venta de votos. En Colombia tan solo el 39% de la población sale a votar. La abstención en algunas regiones llega al 65% y al 70% del censo electoral.

Igualmente las FARC para no trabar un acuerdo global tuvieron que renunciar a una de sus principales exigencias: la liberación del comandante Simón Trinidad (que purga una condena de 60 años en la cárcel de Florence, Colorado-EE.UU). Se cedió en este punto confiados en que una vez firmada la paz Obama le concedería el indulto.

Uribe Vélez busca repetir la exitosa coalición del NO para la campaña a las elecciones presidenciales del 2018.

“La aplicación forzada del acuerdo de paz demuestra el carácter antidemocrático del partido de gobierno”, declaró a la prensa. Por el momento ha recibido el espaldarazo de la Casa Blanca pues junto al ex presidente Pastrana (Ambos son contrarios a los acuerdos de Paz y ganadores del referéndum) han sido recibidos por Donald Trump en el club privado de Mar-a-Lago en West Palm Beach (Florida) A Donald Trump le comunicaron que “los narco-terroristas de las FARC y el ELN quieren implantar un régimen castro-chavista en Colombia”. “la gran alianza” denuncia que el proceso de paz favorece a la guerrilla que intenta entrar en las instituciones del estado sin entregar la totalidad de sus armas. El gobierno de J.M Santos ha bajado la guardia en las fumigaciones con glifosato pues aumentaron considerablemente los cultivos ilícitos, y que cientos de guerrilleros desertores se han unido a las BACRIM demostrando el fracaso de la desmovilización. En las próximas elecciones presidenciales del 2018 se tendrá que dilucidar cuál va a ser el futuro de los acuerdos de paz. El partido Centro Democrático del expresidente Uribe -cómplice del narcotráfico, el paramilitarismo y el terrorismo de estado- se presenta como el único que puede rendir sin condiciones a las FARC.

La Comisión de la verdad y la reconciliación -para que no se repita la violencia,

según los responsables del gobierno- se trata de un órgano temporal, de carácter extrajudicial, que se ha creado históricamente en procesos de transición (de dictaduras a las democracia y de conflictos armados a la paz) para esclarecer patrones de violencia. “No es un mecanismo para administrar justicia sino para contribuir a la verdad y reconocer los derechos de las víctimas” La Ley de Víctimas y la Comisión de la Verdad pretende pasar la página de la guerra y mirar hacia adelante. Porque la verdad es la primera víctima de la guerra “para civilizar una sociedad que ha estado sumida en la violencia es imprescindible dignificar a las víctimas” Aunque la experiencia internacional es más bien desalentadora pues polarizan aún más la sociedad y la división política. Por su naturaleza no pueden tener efectos judiciales. Las confesiones no podrán ser usadas como prueba ante los tribunales.
Colombia lleva grabado en su ADN el karma de la violencia.

Desde su origen como nación no han cesado los enfrentamientos fratricidas (liberales y conservadores en la Guerra de los mil días que causó más de cien mil muertos y que fue la culminación de 21 guerras civiles acontecidas entre 1830 y 1903) Una eterna lucha de clases: los campesinos contra terratenientes; obreros contra patrones; pobres contra ricos. El propio nombre de Colombia es ya de por si una declaración de guerra. Rendirle honores a Cristóbal Colón el pionero de la conquista, colonización y destrucción del Nuevo Mundo es poco menos que denigrante. Los padres de la patria decidieron homenajear al “descubridor de América” despreciando por completo a nuestros antepasados indígenas a los que calificaban de “salvajes sin alma”. Desde ese momento se el modelo occidental (europeo o norteamericano) como patrón de nuestra identidad y razón de ser.

La delincuencia es también otra guerra popular.
Las altísimas tasas de desempleo y la falta de oportunidades arrastran a los excluidos por la senda de la criminalidad. La única ideología es el dinero fácil obtenido en el menor espacio de tiempo. Si hay un estado criminal mafioso a nadie debe sorprenderle que proliferen las organizaciones delictivas al margen de la ley. Y no solo a nivel nacional sino internacional pues existe una alianza de los carteles de la droga colombianos con los de Centroamérica, México, el Caribe y otros países suramericanos. En la economía sumergida el primer renglón de exportación hacia los países del primer mundo es el de los estupefacientes (cocaína, heroína, o marihuana) El narcotráfico ha permeado todos los ámbitos de la sociedad colombiana sin que se sepa muy bien hasta donde llegan sus tentáculos.

Los distintos gobiernos siempre han creído que la delincuencia se erradica por medio de métodos represivos o punitivos. Aplicando la ecuación de a mayor represión mayor paz social. Si hay más policías o militares, habrá menos delincuencia. Con la complicidad de los grupos de limpieza social. Hoy en Colombia existen 138 cárceles (hombres y mujeres) en las que se hacinan 120.000 presos. No existe un plan integral de integración social, ni de rehabilitación efectivo. La Ley de Seguridad Ciudadana, implementada por el ministro del Interior Vargas Lleras, se instituyó para frenar las protestas sociales (huelgas, plantones, tomas de tierras) y así acallar las voces de disidencia y de rebeldía que surjan en el postconflicto.

Los más creyentes y supersticiosos todavía esperan que un hecho sobrenatural nos redima. La propaganda mediática pretende mitificar al excelentísimo señor doctor Juan Manuel Santos, el pacificador, el nuevo profeta Bochica que salvó a su pueblo del diluvio universal. Aquel que ordenaba rematar con un tiro en la nuca a los supervivientes de los bombardeos se coloca en la solapa de su fina chaqueta Savile Row de 2.000 dólares una inocente palomita de la paz. Las futuras generaciones estudiarán en los libros de historia los milagros del santísimo Santo de la paz coronado por el sumo pontífice, distinguido brigadier general de la OTAN, emérito patriarca del sionismo y consumador de la doctrina Monroe.

En el momento en que el ELN estampe su firma en el acuerdo de paz-que actualmente negocia con el gobierno colombiano en Ecuador- podríamos afirmar que, con excepción de algunas pequeñas facciones como el EZLN, Sendero Luminoso o el EPP paraguayo, las guerrillas quedan erradicadas del continente americano. Los planes de seguridad y defensa del Departamento de Estado USA se han cumplido con creces. "Es inútil insistir en la vía armada como motor del cambio social en América Latina".-Rex Tillerson.

Carlos de Urabá 2017

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