El Ayuntamiento de Barcelona ha terminado su nuevo plan de vivienda social, el tercero tratándose de su  historia, pero en realidad el primero que plantea una políticas de vivienda ante la  perspectiva del servicio público social  y el derecho, y no sólo con la idea de un bien material o un uso como negocio.

Si queremos ver el documento desde  Plan para el Derecho a la Vivienda 2016-2025. Aborda las necesidades más inminentes, como la urgencia residencial para los más desfavorecidos o la movilización de pisos vacíos, con el objetivo de establecer unos  retos a medio y largo plazo ante  la dificultad de las clases media y baja por abonar el alquiler, el envejecimiento de la población, la temática de la juventud frente la vivienda  o bien la posible pérdida del parque de vivienda destinado a primera vivienda.

Con un presupuesto municipal de casi 1.700 millones de euros,  se pretende cambiar al modelo de burbuja inmobiliaria afincado en la ciudad  y acercar Barcelona a unas mejores prácticas en concordancia con ciudades europeas.

En realidad, el gasto municipal destinado a  vivienda se incrementa con esta planificación en un 77% de media anual (Con referencia a periodos anteriores 2008-2015, la inversión total del plan fue de 756 millones de euros). Además, con la aportación de la Generalitat desde el  Consorcio de la Vivienda de Barcelona, el gasto se acercará  a los dos mil millones de euros donde una parte importante del dinero aportado por el Consorcio se destinará a ayudas y subvenciones para pagar la rehabilitación del parque de viviendas antiguo de Barcelona

Otra de la propuesta es acelerar el ritmo de construcción de nuevas propiedades e inmuebles en Barcelona para el alquiler social con una estimación de 200 viviendas anuales, con un total de casi 9.000 inmuebles estimados en la duración de todo el plan (2016 – 2025) destinándose casi el 80% a alquiler.

Con la intención de atender a las personas más frágiles y vulnerables de la sociedad, se apuesta por la mediación en el caso de impago y sanciones a los grandes tenedores si no ofrecen una opción alternativa de residencia y garantía de realojamiento. Otro colectivo que hay que cuidar son las personas mayores, que se prevé que va a aumentar. Va a haber que amoldar la urbe, generalmente, y la residencia, particularmente.

Respecto a la rehabilitación, aparte de acrecentar las ayudas tanto para el exterior como desde el interior de las edificaciones, se realizará un mapa de las condiciones de las residencias.

Otra de las preocupaciones es la diferencia de acceso a la residencia por distritos. Se efectuará una radiografía de cada distrito y se atenderán las necesidades conforme las características y entornos del  territorio.