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Anàlisi :: criminalització i repressió |
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Ley Mordaza: o el Estado llamando a la Violencia
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per Instinto Social
Correu-e: instintosocial ARROBA instintosocial.org (verificat) |
23 mai 2016
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La crisis de 2008 puso en el punto de mira de los movimientos sociales los dos valores fundamentales sobre los que se asienta nuestra sociedad vertical: la Autoridad (No Libertad) y la Propiedad (No Igualdad). Cierto que, tanto por la amplitud social que abarcaron como por la longitud temporal que aguantaron, no se quiso o no se pudo profundizar en ambos valores para llevar la crítica hasta las últimas consecuencias. |
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Más bien, se operó en una especie de “periferia axiológica” donde precisamente ningún posicionamiento ideológico pudiese estigmatizar ni guetizar la convulsión social del momento. Y seguramente fue lo más acertado, aunque justo ahora empecemos a ver y a pagar las consecuencias de tal bastardía ideológica e inconsistencia política y moral.
De hecho, por un lado, una de las cosas más sorprendentes es que la mentalidad autoritaria en lugar de decrecer parece haber ido en aumento. Y ello después de que movimientos sociales como los del 15M, asentados sobre estructuras horizontales, irrumpiesen con espectaculares acciones como fue rodear parlamentos para increpar a los especímenes que se promocionan y rapiñan por el ámbito de la gestión pública del Estado. Hacía mucho tiempo ya que la Autoridad no se veía (hasta cierto punto) tan cuestionada. Pero no lo suficiente como para que finalmente algunos hayan sabido capitalizar el malestar, catapultándose hacia los sillones que dotan de Autoridad. O lo que es más triste, la mayoría de las veces sólo optando a pretenderlo.
Por el otro lado, nos encontramos acciones como las de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que, quizás, fueron las que más violentaron al sistema. Y ello porque desarrollaron una lucha sobre una realidad palpable e innegociable, la del derecho a techo, con objetivos concretos y muy bien definidos. Y para ello rozaron peligrosamente la fibra del otro valor fundamental de nuestras sociedades, esto es, la Propiedad (No Igualdad), puesto que de forma tangencial sus batallas se desencadenaron en las periferias de la Propiedad Privada. Pero tampoco la PAH se atrevió a ir más lejos, ni a cuestionar esa Unidad Fundamental del actual sistema vertical, sino sólo algunos de los procesos que la despliegan y la legalizan, sin entrar en ningún momento a cuestionar su legitimidad última. En otras palabras, la Propiedad Privada no fue en sí misma cuestionada por casi nadie, sólo las formas de acceso a ella puesto que se evidenciaron tramposas, cuando no auténticas estafas.
En lugar de realizarse una crítica feroz sobre lo fundamental del problema (esto es, que toda Propiedad es un robo a la Comunidad), la PAH se sigue concentrando en una lucha defensiva para liberar al afectado de lo que precisamente nos ata al sistema: esto es, la deuda. Con la Dación en Pago como panacea, se busca al menos romper con la esclavitud que supone una deuda “eterna” sobre la que se estructuran todas las estrategias de enriquecimiento. E indirectamente, estas luchas tensionan de nuevo esa incompatibilidad entre una Comunidad que en realidad es casi inexistente, precisamente porque la Propiedad totaliza prácticamente todas las relaciones humanas. Y es que en nuestros tristes días, en la inevitable guerra entre la Igualdad y la No Igualdad, se impone abrumadoramente esta última. Pero digamos también que ya suficiente hace la PAH como para asumir una tarea de tal envergadura.
Por lo tanto, tanto la Autoridad como la Propiedad se vieron atacadas, aunque fuera de un modo tangencial y periférico. No contra sus fundamentos, pero sí contra algunas de sus principales exigencias: la obediencia a la Autoridad, y la exclusión de la Propiedad.
Más allá del éxito o fracaso que tuvieran, lo que no se puede negar es que tanto el 15M como movimientos como la PAH, los Iaioflautas… consiguieron desbordar y hasta desarticular el discurso institucionalizado de la represión por algunas semanas. De hecho, el 15M irrumpió en medio de una campaña electoral cogiendo totalmente desprevenido al entramado político-mediático que ampara la represión. Incluso los medios de comunicación potenciaron discursivamente, de una forma más bien inconsciente y descontrolada, unos movimientos protagonizados por el mismo público al que se dirigen e intentan fidelizar, y con el que se identifican los mismos profesionales de la comunicación. De hecho, es este público el que estaba convulsionado y totalmente indignado por los propios mensajes que desde las pantallas se difundían para publicitar y explicar una crisis que amenazaba precisamente el tipo de vida oficialmente promocionado.
Pero es que además la situación adquirió cierta complejidad para su control, pues estos movimientos se caracterizaron desde su irrupción por un repudio manifiesto a la violencia, dejando en un vacío absoluto el discurso represivo protocolario de “demócratas contra violentos”. Que es, al fin y al cabo, el discurso madre desde el que se señalan los enemigos del sistema. Y es que, además, la no violencia de estos movimientos dejó en inservible la segunda fase de desarticulación y división de los movimientos de protesta, esto es, aquel discurso que busca dividir forzando un posicionamiento mental del activista entre “violentos y no violentos”.
Y sin poder operar discursivamente en ninguna de estas dos escalas protocolarias del discurso de la represión, se anduvo con bastantes ambivalencias y desacoplamientos entre la acción física represiva (la violencia policial) y el discursivo que la legitima y ampara, puesto que no sólo no había “violencia enemiga”, sino que la única que se exhibía mediáticamente era la violencia de la represión ante unos ciudadanos cuyas reivindicaciones se asentaban en el mismo discurso institucional.
Y es que lo que captaban las cámaras con evidente claridad era que la violencia policial era totalmente desproporcionada ante unos “ciudadanos” que no pedían otra cosa que el respeto por los propios valores sistémicos tan laureados en los medios. Y con tanta cámara y tantos aparatos de esta loca sociedad tecnificada, estos movimientos consiguieron también desvelar cristalinamente esa realidad intrínseca de toda verticalidad: que los violentos son los que defienden a los ladrones; y que los ladrones son los que pagan a los violentos. Pues con esta tela se teje todo privilegio.
Costó lo suyo enderezar la lógica indignación ciudadana hacia ese imperativo sistémico de tomarse las bofetadas con la debida calma. En Cataluña, por ejemplo, se tuvo que esperar al cerco del parlamento catalán para que todos los medios de comunicación salieran al día siguiente en la misma dirección discursiva: una condena pública y unánime a esa acción “acosativa” a los representantes democrática y legítimamente elegidos. Fue el primer paso para sacar al ciudadano de la plaza y devolverlo a los límites de la propiedad privada (aunque esté bajo abusivo alquiler).
Pero en general, a falta de violencia condenable por parte de los manifestantes, la desarticulación vino por capear un temporal que el propio cansancio, las vacaciones de verano y un resituamiento del discurso político (gracias a la emergencia de nuevas siglas políticas) acabaran por devolver la “paz ciudadana”. Y si en el conjunto del Estado tuvieron que articularse propuestas políticas nuevas para hacer creíble la farsa de una regresión imposible al estado anterior de las cosas, en Cataluña se procedió al deslizamiento hacia el vacío patriotero (¡qué fructífero para ambas verticalidades discutir sobre cuáles son las mejores autoridades!, ¡qué estéril socialmente olvidar que no sólo son prescindibles, sino que es lo deseable!).
Pero antes de ello, el problema para los técnicos de la represión era cómo impedir que las vinculaciones Comunidad-Autoridad (donde la Igualdad se pervierte en la No Libertad) se continuaran cuestionando, permitiendo la emergencia de relaciones horizontales entre Comunidad-Individuo basadas en solidaridades defensivas ante la propia voluntad del Estado. Era el problema de la emergencia de una Solidaridad defensiva y, además, No Violenta. Y sólo el tiempo ha conseguido, poco a poco, encauzar el discurso de protesta dentro de los parámetros sistémicos, gracias a la apuesta verticalizante de algunos que se han catapultado hacia la Autoridad misma, permitiendo nuevas formas de perversión de la Igualdad en la No Libertad (de la Comunidad en la Autoridad).
Porque si el entramado mediático-represivo está preparado para legitimar su propia violencia frente a la violencia ajena (por ejemplo, contra los llamados “antisistema”; o contra la más evidente violencia ejercida por bandas como ETA y GRAPO; e incluso contra ese terrorismo sádico y “misterioso” de supuestos islamistas fanatizados), con estos movimientos sociales descubrió por sorpresa que su mayor debilidad estriba precisamente en los propios postulados de la fe que difunde. En definitiva, en la farsa que profesa.
Esta tragedia sistémica (que la represión se vea azotada por su propio discurso) descoló sobre manera a los técnicos de la represión, al producirse desajustes insalvables entre la violencia necesaria para proteger a los causantes de aquella “Alarma Social” (corrupción política generalizada, bancos estafadores, bancos expropiadores, policías violentos…), y los ciudadanos defensores del discurso oficial que precisamente encubre, encumbra, enriquece y jerarquiza a todos aquellos.
De este modo, los técnicos de la represión se vieron sorprendidos por estos movimientos No violentos. Quizás, quiénes mejor simbolizaron esa situación paradoxal fue esa presencia continua, molesta y “corrosiva” de los Iaioflautas en casi todas esas movilizaciones que hicieron patente la Indignación ciudadana. Que frente a los Antidisturbios hubiese abuelos y no encapuchados no sólo mediáticamente genera preguntas molestas, sino que incluso dificulta el trabajo del más descerebrado del gimnasio. En otras palabras, el sistema mediático-policial de la represión social estaba perfectamente preparado para hacer frente a terroristas y asimilados, pero no disponía de herramientas para hacer frente a la No violencia del Indignado ciudadano.
Esto explica la elaboración de la conocida Ley Mordaza, que es la Ley contra el Indignado, aquel creyente del discurso oficial que se ha visto estafado (ya sea política como económicamente, ya sea por ambos) y que se lanza a la calle imbuido de una verdad ultrajada por los mismos que la venían proclamando. Y que inesperadamente se pone enfrente de aquellos mismos en los que ha creído para recriminarles que “No nos representan”, o para gritarles que “No es una crisis, es una estafa”, o que “No hay PAH para tanto chorizo”…
La Ley Mordaza, pues, no se puede entender sin comprender contra quién va dirigida, cuál es su destinatario, y qué aspectos del entramado mediático-represivo intenta reforzar. Para ello, lo primero que deben haber hecho los técnicos de la represión es analizar todos los problemas de control que les han supuesto los últimos movimientos sociales, los cuales han espedazado los discursos represivos hasta la fecha protocolarios. Porque desde el 15M hasta la PAH se han sucedido movimientos que presentaban características que pusieron entre las cuerdas la armonía mediático-policial imprescindible para el control social, y que ha costado lo suyo volver a armonizarlos:
1. Se trataba de movimientos “Pro-sistema”. Cierto que los llamados “antisistema” participaron, cuando no estructuraron y dieron impulso a gran parte de los movimientos y luchas, pero lo que conformaba el grueso de la Indignación era más bien “ciudadanos pro-sistema”, incluso reaccionarios, en el sentido que no se buscaba tanto una transformación social, como defender e impedir cambios que estaban amenazando al sistema mismo.
2. Estos movimientos se caracterizaron por acciones “No Violentas”, como mucho cercanas a la “Desobediencia Civil”, pero siempre con un claro repudio del uso de la violencia en todas sus protestas. Las situaciones de violencia atribuibles a estos movimientos fueron totalmente residuales, y estadísticamente despreciables.
3. Ello se acompañó de un despliegue mediático de activistas de los movimientos de protesta y de periodistas “descolocados” ante los hechos, gracias a la orgía tecnológica de nuestros tiempos, que posibilitó la captación de muchísimas situaciones donde se evidenciaba el uso desproporcionado de la violencia por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo que no hizo más que complicar el discurso protocolario de la represión: aquel que insiste en hacer posicionar a uno mentalmente o bien con “los demócratas” o bien con “los violentos”. Es más, se producía una peligrosísima inversión de sentido: los demócratas eran precisamente los manifestantes, y los violentos aquellos que defendían a todo aquello causante de la Indignación ciudadana precisamente porque ponía entre las cuerdas a la propia democracia. Y lo que es peor, visualizándose el abuso de poder y de violencia propio de la acción represiva, hasta la fecha bastante invisibilizada e ignorada por gran parte de la ciudadanía. Porque hasta entonces iba dirigida contra los “malos”.
4. Por si no fuera poco, además se desarticuló uno de los clásicos discursos de la represión para dividir toda protesta inmune al discurso anterior: que no es otro que aquel que busca diferenciar “los Violentos” de los “No violentos”. Incluso sucesivas filmaciones demostraban cómo, en actos de violencia, los responsables eran precisamente policías infiltrados, que acababan siendo descubiertos, rodeados e increpados por los manifestantes, mientras los antidisturbios tenían que salir al rescate de dichos provocadores. Se trataba, en definitiva, de diseñar un nuevo escenario represivo con nuevos protagonistas, los Indignados, protestando por algo tan evidente como estafas, recortes en educación y sanidad, maniobras políticas de dudosa legitimidad, corrupción generalizada, desalojos de los más indefensos… Contra una ciudadanía que se movilizó ante hechos de putrefacción sistémica, haciendo estallar una Alarma Social totalmente descontrolada por los mismos técnicos que la gestionan y la declaran.
La Ley Mordaza, entonces, no va dirigida hacia los clásicos “antisistema”, para los que ya se “dispone” intacto y bien subvencionado, de todo un entramado de represión jurídico-mediático-policial para contener, provocar e incluso manipular y falsificar “su violencia”. Entramado que empieza por la elaboración de una versión gestada en las distintas dependencias de “inteligencia e información” policiales; que pasa por su difusión “correcta” por los medios; y que acaba en los servicios penitenciarios. La Ley Mordaza inaugura, más bien, un nuevo marco represivo para hacer frente a las convulsiones sociales al mismo pie de calle. No contra los “antisistema” más o menos aguerridos, sino contra “ciudadanos” heridos en su sensibilidad democrática que, alarmados por la realidad del deterioro de sus condiciones de vida, puedan optar por lanzarse a las calles, plazas, etc… en protestas enmarcadas en la desobediencia civil no violenta.
Sólo así se explican los nuevos elementos de terror que esta Ley busca instalar en las mentes de los que tengan tentaciones de caer en dichos movimientos en un futuro no muy lejano: básicamente económicos, es decir, multas escandalosas que rozan por su cuantía el atraco a mano armada, puesto que no remiten en la mayoría de la ley a delito alguno, sino a la prevención de hechos posibles. Y lo económico no es un elemento que pueda ser disuasivo para alguien dispuesto a jugarse el propio pellejo en un enfrentamiento.
Pasemos a ver cómo va a desplegarse esta represión según su propio articulado. Porque hasta ahora, por toda esta incertidumbre política resultante de las pasadas elecciones de diciembre de 2015, aún no se han notado sus efectos en demasía. Pero ante los “obligados recortes” que están a la espera del nuevo Gobierno (algunas noticias ya hablan de recortes por valor de 25.000 millones euros), no es descabellado esperar nuevas oleadas de malestar e Indignación. Lo divertido, por trágico, será que las tengan que aplicar los neoprogres en alza.
En primer lugar, la Ley Orgánica 4/2105, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”, asienta en su Preámbulo justificativo el único actor que puede y debe garantizar la Seguridad Ciudadana. Esto es, el Estado: “Las demandas sociales de seguridad ciudadana van dirigidas esencialmente al Estado, pues es apreciable una conciencia social de que sólo éste puede asegurar un ámbito de convivencia en el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades, mediante la eliminación de la violencia y la remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud de aquellos”.
Es decir, se atribuye para sí mismo ser el garante de la Seguridad Ciudadana, sin especificar de dónde ni de quiénes le llegan dichas demandas de seguridad. Y se afirma además que las libertades sólo se pueden ejercer en el marco de la Seguridad que el Estado proporciona tras su violencia: él garantiza lo que por esencia niega. Esto es, la Libertad del Individuo. Vienen a decir que fuera del Estado no va haber Libertad, sino violencia.
Esta negación de la Libertad del Individuo, que antes venía legitimada por esa imposibilidad del Individuo de articularse en una Comunidad que está siendo negada (porque está pervertida en la Autoridad y pisoteada por la Propiedad), se rompió con la evidencia con que el Estado (Autoridad) y el Mercado (Propiedad) despreciaron a la Ciudadanía (su pseudo-Comunidad). Con la Indignación emergieron múltiples individualidades que se encontraron en las plazas, en las calles, en los desahucios… generando micro-comunidades, vinculadas horizontalmente, con estrategias defensivas y de resistencia basadas en la solidaridad. La “pseudo-Comunidad” ciudadana, de hecho, es patrimonio del bastardismo ideológico con que la Comunidad se pervierte en toda Autoridad. Y con esa vuelta a una Comunidad irreconocible a los ojos de la Autoridad, allí en las plazas y en los barrios, se gestaron estos movimientos sociales de la Indignación. Movimientos articulados a nivel de estructura y funcionamiento por la única ideología que partiendo del Individuo se propone prescindir y despreciar al Estado: esta es, la libertaria.
No obstante, a nivel de objetivos lo que se proclamaba mayoritariamente era una refundación del Estado, y por esta incongruencia entre principios y objetivos el 15M estaba condenado a diluirse nuevamente en la Seguridad Ciudadana que el Estado le propone. Pero, ¿qué es ese objeto tan sacrosanto de esta Ley? ¿A quién denota esa Seguridad Ciudadana? Según el preámbulo, es “una actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana”. Es decir, es una actividad que ejercen legalmente algunos asignados para desarrollarla (básicamente Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), donde se busca proteger “personas y bienes”. Y para medir la eficacia de dicha actividad, se emplea el baremo de “el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana” (sea cual sea el contexto que la amenace, venga de donde provenga la bofetada). Pase lo que pase, la ciudadanía ha de permanecer tranquila… por el bien de todos, pero sobre todo de algunas… “personas y bienes”.
Es decir, esta Ley va encaminada a asegurar la Tranquilidad (y no tanto la protección de personas y bienes, que ya dispone de sus propios entramados legales). Pero, ¿la tranquilidad de quiénes? Básicamente la de los que se han enriquecido y/o jerarquizado en la sociedad. Porque incluso en la convulsión social, a pesar del escándalo y del escarnio, se considera que no es la ciudadanía la facultada para dictaminar qué han hecho bien o mal los sectores privilegiados. Y esta Ley está destinada, a pesar de ser introducidos con calzador otros elementos como la posesión de drogas para consumo particular o la demanda de prostitución callejera, a mantener la Tranquilidad en contextos propicios para la Indignación…
Dispositivos de la Ley
A nivel estratégico, lo que la Ley Mordaza busca es romper a tiempo esas pequeñas micro-comunidades en gestación; es vaciar esos espacios comunes de resistencia y solidaridad. Y lo hace intentando romper con las solidaridades inter-individuales que no sólo escapan al control del Estado, sino que precisamente le son, cuando no molestas, totalmente adversas. Y para ello lo que la Ley Mordaza nos dice es que los técnicos de la represión quieren centrar su acción en una relación directa Estado-Individuo.
No es una Ley que se preocupe tanto de las organizaciones como tales, como de aquel Individuo indignado que pueda dificultar la acción policial con acciones defensivas y de resistencia pacífica y no violenta de protesta. Para ello, en este cara a cara en la calle entre Autoridad-Individuo (entre Estado y Ciudadano) esta ley dota con mucho más poder a los representantes y defensores de la Autoridad en la calle, esto es, a los policías. Y para amparar su actividad preventiva en defensa de la Tranquilidad, se han dispuesto las siguientes medidas.
a. La invisibilidad mediática
En primer lugar, garantizar la invisibilidad mediática del policía en sus funciones cuando no se esté autorizado para ello. Nadie puede filmar las actuaciones de los agentes, si es que no hay orden expresa. Y ello porque los documentos gráficos y audiovisuales sólo pueden ir en una dirección: documentar favorablemente la versión policial.
Ello permite, además, anular elementos de defensa ante casos de abuso flagrantes de autoridad. Y es que el poder de la Autoridad va siempre en perjuicio de la Libertad del Individuo. Es el abuso de Autoridad lo que se va a amparar, muy especialmente ante tiempos que se prevén de lo más convulsos a muchos niveles. Con ello, además, se va a despojar de elementos de defensa al Indignado.
De este modo, se ha pasado de las cámaras dentro de las comisarías (como en Cataluña con los Mossos de Esquadra) para destapar precisamente reiterados casos de maltrato a detenidos, a prácticamente impedirlas en la calle ante situaciones de protesta social (para evitar que la acción policial se vea cuestionada en sus desmanes y abusos). Casi que los policías podrán ejercer mejor su violencia en las calles que puertas adentro. Aunque dudamos mucho que persistan dichas cámaras en los distintos centros de detención…
Curiosamente, esta indefensión del individuo pasa por despenalizar muchos actos y acciones que antes, para ser declaradas punibles (ir por la vía penal), exigían la participación de un Juez.
Ahora, al pasar a ser simples actos administrativos, son los mismos agentes los que dispondrán de un poder legal absoluto contra el individuo, despojado de las cámaras que le permitían al menos una defensa pública en la arena mediática: justamente allí donde la No Violencia de los Indignados venció a la Violencia del Estado.
b. Su palabra como verdad
La palabra de los agentes “constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles”. Y también dice que “el acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, salvo prueba en contrario”. Lo dice bien claro: la palabra policial será la Verdad. Pero, ¿qué tipo de prueba se puede aportar cuando no se ha cometido ningún delito y además no hay posibilidad de grabar el abuso policial?
c. La Identificación
Pero el objetivo de toda esta ley es en realidad la Identificación del Indignado. Sin cámaras molestas de por medio, el objetivo es su identificación (hay que recordar que los “antisistema” ya están más o menos identificados en las bases de datos correspondientes). Esta identificación ya no es sólo por la existencia de indicios en la comisión de una infracción, sino incluso para prevenirla. Y la Ley estipula que la identificación, registro y comprobación “no estarán sujetas a las mismas formalidades que la detención”. Indefensión total.
d. El Libro-registro
“Constarán en él las diligencias de identificación practicadas, así como los motivos, circunstancias y duración de las mismas, y sólo podrán ser comunicados sus datos a la autoridad judicial competente y al Ministerio Fiscal”. Y dicen que “los asientos de este libro-registro se cancelarán de oficio a los tres años”. Se abre, pues, una nueva base de datos de ciudadanos sospechosos de un pensamiento y actitud adversos, sin que hayan cometido delito alguno. Sólo por la sospecha del policía de turno.
e. La Multa Económica
Lo que estipula la Ley, además, no es un marco penal (que no lo excluye, y que ya está suficientemente bien definido), sino un ámbito administrativo, de multa económica, donde todo empieza y acaba en la palabra (y la sospecha) del policía que extiende el Acta. Así estipulan como falta grave, por ejemplo, “la falta de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana en los supuestos previstos en el artículo 7”. O estipulan como una falta leve “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”. No sabemos si el ciudadano deberá inclinarse o levantar el brazo ante la presencia de cualquier agente para salir indemne en este escenario preventivo.
f. La delación
“Los ciudadanos tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones”. Es una falta grave el no hacerlo. Delación o castigo.
g. Los controles
Lo que anuncia esta ley es un despliegue policial sin precedentes de acordonamiento de las zonas de protesta. Es el establecimiento de controles en las calles en pro de “la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social”, registro de personas, “registro de vehículos o al control superficial de efectos personales”.
Conclusiones
Está claro que esta ley se dirige contra los individuos, en un claro intento de mutilar sus instintos de protesta ante situaciones sociales que se prevén cada vez más injustas y mezquinas. Con esta ley se persigue aislar al individuo, dejarle desprotegido legalmente sin que haya incurrido en delito alguno, a criterio de unos policías dotados con mucho más poder autoritario del que hasta ahora disponían.
El ámbito de aplicación específico de esta ley se mueve desde el criterio policial (con o sin base) hasta la comisión del delito (que ya queda fuera de esta normativa). Es la “prevención”, hecho que será no sólo subjetivo, sino profundamente problemático. Es la Autoridad (No Libertad) contra el Individuo (Libertad) en su máxima expresión. Anuncia un avance del Estado contra ciertas libertades individuales. Es un avance represivo por el terreno inconsistente de la prevención de hipotéticos delitos. Y más en concreto, supone un avance en el ámbito de la peliaguda represión de las protestas de la No Violencia, con el objetivo de desarticularlas. En teoría, para sacarlas de las calles y plazas y reubicarlas a los balcones desde donde, por el momento, se permite el golpear sartenes y organizar caceroladas.
Lo que propone esta Ley, entonces, no es un combate entre la Libertad política y la No Libertad política, puesto que esa batalla el Estado la vio perdida, al no conseguir que la Indignación desencadenase en Violencia. Sino que lo traslada en las significaciones económicas. Es decir, ante la impotencia de actuar contra la No violencia, lo que busca esta ley es picar en el bolsillo del Indignado. En realidad, sobre lo que profundiza esta ley es en la Indignación misma: que aquello que el indignado defiende o por lo que se moviliza le salga caro a favor del Estado. Sobre la frustración trabajan…
Digamos que ante futuras Indignaciones ciudadanas, la acción policial va a desplegar una impune red de controles de multas administrativas, de identificaciones múltiples, de registros preventivos… todo justificado por la prevención de unos delitos que difícilmente iban a desarrollarse, pero que en realidad la policía está empujando hacia ellos. Es la provocación policial continua, buscando aquello que precisamente se dice que intenta evitar: esto es, la violencia.
La Ley contra los Indignados busca, precisamente, llevar la indignación al límite, y despojar de toda defensa “No violenta” a los ciudadanos que vayan siendo expulsados del sistema. Es sacar la protesta de la “No Violencia” para llevarla precisamente donde el Estado se siente más fuerte: en la violencia propiamente dicha.
De este modo, ante futuros (y cercanos) escenarios convulsivos, la protesta sólo podrá ser violenta (al menos, esto es lo que se intenta): justo allí donde el Estado se sabe más armado, y con todo el entramado represivo mediático-institucional perfectamente articulado para vencer a cualquier contingencia.
Por otro lado, la “No Violencia” deberá desarrollar estrategias de acción comunitaria que invisibilicen a los individuos que las lleven a cabo. Aunque en la era del selfi y de la exhibición gratuita, se nos antoja que se necesitará algo más que creatividad para ello.
Esta Ley es de hecho sólo un instrumento represivo más. No es exclusivo de un partido político, ni de un gobierno concreto, sino de todos aquellos a los que la represión les permite (o les permitirá) ejercer la Autoridad. De hecho, sin este entramado represivo, ninguno de ellos tendría sus manos bien agarradas al sillón por el que suspiran.
La Ley Mordaza es, en definitiva, una incitación clara del sistema al uso de la violencia para protestar contra él. No buscan reducirla, sino potenciarla. Porque es allí donde ganarán de nuevo física y mediáticamente. Es la única tranquilidad que puede ofrecer: llevar los conflictos ahí donde se sabe vencedor. Y es frente a esta realidad contra la que la sociedad ha de prepararse en su lucha contra el Estado.
Instinto Social
Fotografía: Mustapanki |
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http://www.instintosocial.org/ley-mordaza-o-el-estado-llamando-a-la-violencia/
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