Según los últimos datos proporcionados en 2013 por la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el 21,3% de las personas presas en las cárceles del Estado español, unas 14.000 personas, tenían el virus de la hepatitis C (VHC) y una de cada tres estaba también infectada por el VIH. Ocho de ellas fallecieron ese año a causa de la hepatitis C, dos más que el año anterior, a pesar de que la población reclusa había disminuido. La secretaría general de prisiones admitía que, de la totalidad de personas afectadas, sólo se estaba tratando al 2,8%, es decir, a 209. El gasto en tratamientos de hepatitis C bajó un 26,04% entre 2013 y 2012 y un 48% desde 2006. Y cómo podía ser de otra manera cuando la autoridad carcelera ha estado restringiendo esos gastos con artimañas como prohibir a los médicos bajo sus órdenes que prescribieran, ya no los fármacos de última generación, sino los tratamientos que en la calle estaban siendo rechazados por las asociaciones de afectados al ser menos eficaces que aquéllos, no dando otra opción a las personas presas que conformarse con medicaciones obsoletas, de terribles efectos secundarios y mucho menos eficaces, o someterse a larguísimas listas de espera que les permitieran entrar en los “cupos” establecidos con criterios de ahorro presupuestario. Otro mecanismo encubierto de control y recorte de gastos: sin ninguna razón terapeútica, los tratamientos se centralizaron en la Unidad de Custodiados del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, con muy pocas plazas disponibles. Y, encima, cuando las personas enfermas llegaban allí, después de años de espera, el problema podía seguir siendo el mismo, que las administraciones no se pusieran de acuerdo sobre cuál de ellas debía pagar el tratamiento, y al final, como siempre, los perjudicados los pacientes. Para más inri, una orden de las altas instancias de la administración carcelera, excluía del tratamiento a las personas coinfectadas de VHC y VIH, por tergiversación de los criterios al respecto de la Agencia española del Medicamento, según los cuales, en realidad, la coinfección lo hace más urgente.
En la calle, hasta hace muy poco, se estaban negando los últimos y más eficaces tratamientos a las personas enfermas, por su elevado precio que la multinacional farmaceútica vendedora se resistía a negociar. Se les estaban administrando los anteriores, todavía demasiado caros para que el sistema nacional de salud o el ministerio del interior estuvieran dispuestos a proporcionárselos a las personas presas. La escandalosa situación de discriminación y vulneración de los “derechos fundamentales” de éstas, precisamente por quienes tienen encomendada legalmente su “tutela”, fue denunciada en su día, por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. La evidencia era tan aplastante que hasta una “defensora del pueblo” tan fría en el ejercicio de sus funciones como la actual tuvo que reconocer en su informe anual de 2014 que, por razones de dinero, los “nuevos” medicamentos “no estarían llegando a los presos”, ni siquiera a muchos a quienes les habían sido prescritos por los especialistas. Y que la administración penitenciaria se negaba a pagar el importe económico alegando que debían hacerlo las comunidades autónomas, y llevando la decisión a los tribunales, mientras las personas presas enfermas “no reciben el tratamiento prescrito y su estado de salud se deteriora”. Así que, por “motivos humanitarios”, pedía a Instituciones Penitenciarias que “proceda al pago de tales fármacos sin perjuicio de que paralelamente se inicien actuaciones judiciales”, reconociendo también la mala fe de la administración carcelaria al tergiversar los criterios de las autoridades sanitarias para negar el fármaco a las personas presas coinfectadas de VHC y VIH. Algunas sentencias judiciales han dictaminado también que en referencia a “la dispensación y el pago, en ambos casos, el obligado es la Administración Penitenciaria, que debe dispensar esos medicamentos, dado que las competencias no han sido transferidas a las Comunidades Autónomas”. Sin embargo, desde la cúpula de la administración carcelera se sigue afirmando que el gasto corresponde a las “comunidades” las cuales lo asumen provisionalmente en algunos casos y, en otros, se niegan en redondo.
Al menos aparentemente, ya que estamos en “año electoral” y ya sabemos a qué atenernos en cuanto a promesas de los políticos, algo ha variado la situación desde que, a finales de marzo de 2015, el ministerio de sanidad proponía a las comunidades autónomas un “plan estratégico contra la hepatitis C” que era aceptado por casi todas, para atender con los nuevos fármacos en los próximos tres años a 52.000 enfermos, de los más de 700.000 que, según las organizaciones de afectados, hay en el territorio del Estado español. Se hablaba de un sistema de financiación a crédito todavía “por discutir” y de pactos con los laboratorios farmaceúticos, que prometerían ir bajando el precio a medida que la demanda vaya siendo mayor. Un medio en internet anunciaba a primeros de abril que Interior había decidido “seguir los pasos de Sanidad” y había gastado un millón en los nuevos fármacos. Se habló también de una partida presupuestaria para el 2016 de 20 millones para tratamiento de la hepatitis C en las cárceles, cantidad que, por otra parte, sólo alcanzaría para unos 700 tratamientos. Sea como sea, todo hace pensar que, como advierten las plataformas de afectados que han surgido en todo el territorio dominado por el Estado español en reivindicación de tratamientos para todo el mundo, tanto en la calle como en la cárcel va a ser necesaria la movilización para lograrlos, porque hay claros indicios de que los planes del gobierno, de por sí insuficientes, pueden resultar fácilmente papel mojado, por falta de recursos económicos y voluntad política de desarrollarlos más allá de la demagogia. Sabemos por experiencia que los gobiernos y administraciones, especialmente la penitenciaria, no nos reconocerán en la práctica ningún derecho a no ser que, de algún modo, les obliguemos.
Los días 25 y 26 de julio, se reunieron en Valladolid una parte importante de las plataformas de afectados. Con criterios de horizontalidad y respeto por la autonomía de cada grupo, decidieron constituir una coordinadora para actuar de común acuerdo exigiendo al Estado, entre otras cosas, que financie suficientemente el llamado “plan nacional para el abordaje de la hepatitis C” promulgado en abril por el Gobierno; que se realice “una campaña de información y detección de la hepatitis C mediante la búsqueda activa de la enfermedad, ya que gran parte de la población afectada desconoce que lo es”; que se proporcionen los tratamientos de última generación, sin discriminación territorial o del tipo que sea, a todas las personas afectadas, incluidos niños, independientemente de la fase de la enfermedad en que se encuentren, “sin tener que esperar a que empeore su salud para poder acceder a ellos como ocurre en la actualidad”; que la población reclusa afectada reciba, como marca la ley, la asistencia sanitaria y los tratamientos de última generación en las mismas condiciones que en la calle. Para articular esta última reivindicación, decidieron convocar a las personas participantes en todas las plataformas de afectados a concentrarse el 26 de septiembre en las puertas de las cárceles o frente a las delegaciones del gobierno o juzgados de vigilancia penitenciaria de cada territorio.
Los días 15 y 16 de mayo la gente de la plataforma de afectados por la hepatitis C de Valladolid trasladó su punto informativo a la cárcel de Villanubla; se concentraron durante varias horas ante la puerta de la cárcel en horario de comunicaciones, informando a la gente que entraba y salía y manifestando de diversas maneras que los presos y las presas tienen los mismos derechos que el resto de la población. El 14 de junio, gente de las plataformas de afectados de Palencia y Valladolid se concentró ante la cárcel de Dueñas para denunciar la discriminación flagrante de las personas presas enfermas en la administración de los tratamientos que podrían curarles. El 10 de julio hubo una concentración ante el Juzgado de Vigilancia de Asturias en Oviedo con participación de grupos libertarios y anticarcelarios y de la plataforma de afectados asturiana, en la que se denunciaba, entre otras inmundicias carcelarias, el abandono de las personas presas enfermas de hepatitis C. El 25 de julio, durante el encuentro de Valladolid, donde se consideró seriamente el derecho de las personas presas enfermas al mismo tratamiento que las que están en la calle, asumiéndolo como una de las reivindicaciones principales de las plataformas participantes, y se decidió la convocatoria para el 26 de septiembre, se grabó en video una “performance” reivindicativa para difundirla luego en internet. El 28 de julio, “día mundial de la hepatitis C”, la gente de la plataforma de La Rioja, se concentró ante la cárcel de Logroño, reivindicando “tratamiento para todos”. La plataforma de Galicia exigió también ese día que las personas presas afectadas reciban el tratamiento adecuado haciendo una ofrenda floral ante el monumento a Concepción Arenal en Vigo, un acto similar se celebró en Ferrol.
La estrategia de las plataformas de afectados estaría fundamentalmente encaminada a presionar al gobierno central y demás administraciones para que reconozcan en la práctica el derecho a la salud de todas las personas afectadas. Sus medios serían la actividad legal, jurídica y administrativa, la apelación directa a las instituciones, partidos políticos, sindicatos y asociaciones y la “visibilización” del problema ante la “opinión pública”, a través de su denuncia, debate y difusión en los “medios de comunicación” y de las movilizaciones dentro del marco legal vigente. Su objetivo final, que se integren sus demandas en la legislación y en los planes ejecutivos del Estado. Eso se ve claramente cuando piden a los partidos que se comprometan a asumir en sus programas electorales una serie de puntos en relación directa con sus reivindicaciones o cuando presentan, como podría hacerlo la “oposición” parlamentaria, un plan estratégico alternativo que podría servir de base a una negociación con el Gobierno. Se plantean pues un programa de “movilización social” estrictamente “democrática”, a desarrollar dentro de una composición de lugar eminentemente ciudadanista.
Si no nos equivocamos, muy pocos de los grupos e individuos a quienes nos estamos dirigiendo compartirán ese planteamiento. Nosotros tampoco, ya que, en realidad, no somos partidarios de la participación en el juego democrático estatal, que nos parece un sistema de autorregulación del régimen de dominación y explotación capitalista, de legitimación de todos sus abusos y manipulaciones, y de articulación de la “libre competencia” y de la servidumbre voluntaria dentro del ciclo trabajo-consumo. Nosotros pensamos más bien en la segregación del sistema, en aprender a solucionar los problemas por nosotros mismos librándonos cuanto antes de la dependencia con respecto a él, creada por el monopolio estatal y capitalista del planteamiento y solución interesada de todos los problemas básicos de la vida social. Pero, entonces, ¿por qué nos dirigimos a los grupos anarquistas y anticarcelarios para proponerles participar en esta convocatoria?
Porque el rechazo de una actividad que no aspira en principio a salir del marco “democrático”, sino a lograr unos objetivos o reivindicaciones dentro de él, y su descalificación como “reformista” o “colaboracionista” nos parece retórica hueca, cuando no se tiene fuerza, ni siquiera una mínima entidad colectiva, para tomar otra opción, para hacer otra cosa que no sea proclamar a grandes voces nuestros irrealizables deseos de destruir las cárceles, el Estado y el Capital. Quedándose ese rechazo en mero gesto testimonial que nos deja una vez más encerrados en la irrelevancia del gueto. Dada la inexistencia de un movimiento real, que sea anticarcelario por ser efectivamente antiestatista y anticapitalista, no se trata de tomar un camino u otro, sino de trabajar por constituir una colectividad consciente, una comunidad de lucha capaz de marcarse objetivos y esforzarse por alcanzarlos decidiendo en cada momento de qué modo.
Porque, hoy por hoy, no estamos en condiciones de aspirar seriamente a obligar al régimen de dominación y explotación a hacer esto, lo otro o lo de más allá en nuestro beneficio o a dejar de hacerlo en contra nuestra, cediendo ante nuestra presión directa por miedo a una insumisión colectiva todavía mayor. Y mucho menos en condiciones de aspirar a neutralizar su poder sobre las condiciones de vida de una cantidad significativa de gente. Y no lo estamos, porque somos cuatro gatos dispersos, sin organización ninguna y sin ninguna capacidad para ponernos de acuerdo más allá de algunos débiles gestos reivindicativos.
Porque, en consecuencia, pensamos que nuestro objetivo a corto plazo tiene que ser dar a nuestras energías, las de al menos unas cuantas personas concretas, una articulación que no solamente adquiera una cierta permanencia y continuidad, sino que tienda a expandirse. Supongamos que se formaran una serie de grupos de afinidad anticarcelarios, constituidos no por compromiso estético o ideológico de sus integrantes, sino por su implicación verdadera en los concretos problemas que están intentando plantear, y capaces de autoorganizarse en una lucha efectiva, aunque sea de corto alcance, pero basada en las necesidades reales y en los deseos concretos de sus componentes, que alumbraran objetivos y proyectos fijados de manera pragmática y realista, a perseguir con los procedimientos y herramientas que fueran capaces de desarrollar en su realización. Al surgir en una situación en la que la amenaza punitiva afecta por igual a mucha gente, es de suponer que sus necesidades, deseos y objetivos, incluso sus prácticas, iban a tener mucho en común desde un principio. Y supongamos que, por eso mismo, esos grupos decidieran coordinarse horizontalmente acordando por medio del diálogo directo una estrategia común y desarrollando unas tácticas de acción colectiva que les permitan plantearse objetivos concretos cada vez de mayor alcance… Mientras no hayamos andado un buen trecho en el camino hacia todo eso, dárnoslas de radicales es fanfarronear.
Porque el abandono sanitario de las personas presas es uno de los principales factores que hacen de las cárceles máquinas asesinas y debilitadoras tanto de los impulsos rebeldes en los oprimidos como de quienes caen entre sus engranajes por dejarse llevar por esos impulsos, contribuyendo a crear una infraclase de individuos degradados y debilitados aptos para ser utilizados como chivo expiatorio social, justificando el control punitivo sobre los pobres, pues ya sabemos que los de arriba pueden hacer impunemente lo que les dé le gana.
Porque, con sólo plantear públicamente la cuestión de la discriminación sanitaria en el tratamiento de la hepatitis C, se está señalando claramente este hecho, y resulta positivo que una parte significativa de la población (hay un mínimo de 700.000 afectados de hepatitis C) se dé por fin cuenta de que los presos no son sencillamente los malos o los estúpidos que sufren por serlo un merecido castigo, sino gente de abajo como ellos a quienes la administración niega las prestaciones sanitarias y el reconocimiento de unos “derechos fundamentales” cuya defensa es lo único que puede justificar la existencia del sistema penal y la sumisión al orden jurídico y político vigente. Y de ahí surge directamente no sólo el sentimiento, la idea y la experiencia de la solidaridad, sino la deslegitimación frente a ella del poder punitivo del Estado.
Porque ese testimonio de solidaridad y de apoyo por parte de la gente de la calle, que rompe claramente las condiciones de incomunicación y aislamiento mutuo impuestas a los dominados por los aparatos de poder, puede hacer que las personas presas afectadas (al menos unas 14.000) se animen a movilizarse juntas, a unirse en la lucha, llegando quizá la presión desde abajo a obligar al Estado y a sus agentes a hacer promesas cuyo incumplimiento se podría denunciar poniéndoles más y más en evidencia y hasta a cambiar las medidas que tenían previstas. Logrando así quienes participen una buena experiencia de su propia fuerza y de cómo se constituye y actúa, viviendo un primer paso hacia la rebelión frente a todos los abusos que se cometen cotidianamente en las cárceles y frente al abuso total que supone su misma existencia.
En resumen, porque nos parece que la convocatoria de las plataformas de afectados ofrece una oportunidad de articular prácticamente, con participación de más gente que nunca, una argumentación antipunitiva, antiautoritaria, antiestatal y anticapitalista. Confluir con ellas en una convocatoria puntual no nos obliga a asumir sus planteamientos ciudadanistas renunciando a los nuestros. Si tenemos claras nuestras posiciones, podemos defenderlas en todo momento, en la teoría y en la práctica, contribuyendo al mismo tiempo a crear una situación que podría ser el principio de una movilización más amplia de las personas presas, sus amistades y familias, reivindicativa al principio, pero con posibilidades de extenderse más allá, dada la evidente facilidad para relacionar el abandono sanitario con la infinidad de abusos y humillaciones a que da lugar la misma existencia del sistema penal.
Por todo eso, a todas las personas y grupos libertarios, anarquistas, autónomos… que vean en la lucha contra la cárcel, el sistema penal y el poder punitivo del Estado un aspecto fundamental de la lucha por abolir el régimen totalitario de dominación y explotación que nos oprime, les proponemos sumarnos a la convocatoria de la coordinadora de plataformas de afectados por la hepatitis C a concentrarse ante las cárceles, delegaciones del gobierno y juzgados de vigilancia penitenciaria de todo el territorio dominado por el Estado español, el próximo 26 de septiembre, exigiendo
¡FIN DEL ABANDONO SANITARIO EN LAS CÁRCELES!
¡ABAJO EL PODER PUNITIVO!
¡DEMOLICIÓN DE LA MÁQUINA ASESINA!
Grupo Pro Presxs de Madrid; Tokata; Presxs a la Calle Asturies; Ex Presxs Sociales COPEL |
