Caso 1: Alfon (Alfonso Fernández Ortega) fue detenido en Madrid el 14.XI.2012 durante la protesta contra los hachazos que la inicua Contrarreforma Laboral estaba propinando a las libertades cívicas. Pasó dos meses en régimen de aislamiento y, después de varios trámites judiciales y de otros simulacros, finalmente el Tribunal Supremo le ha condenado a cuatro años de prisión por tenencia de explosivos. Lo escandaloso de este proceso estriba en que la acusación carece de carga probatoria alguna siendo sustentada única y exclusivamente por las declaraciones de la Policía.
Caso 2: Hace pocos días, el Tribunal Supremo elevó a tres años la condena a dos impuesta a Sergi y Rubén por la Audiencia Provincial (nov. 2014) Los jóvenes fueron detenidos por protestar en la puerta de un concierto organizado por Democracia Nacional con el consiguiente altercado (12 de octubre de 2011) El denunciante es Alejandro Martínez Ruiz, militante de la xenófoba Plataforma por Cataluña, un conocido fascista con amplio historial de agresiones a la gente de las movidas alternativas. El motivo aducido para incrementar la pena de cárcel ha sido “lesiones con el agravante de odio ideológico” pero a nadie se le escapa que la diferencia entre dos y tres años de condena no es sólo un año sino que, con ese año de torna o propina, el altísimo Tribunal se garantiza a sí mismo que Sergio y Rubén ingresarán en prisión.
El caso de Alfon nos sugiere que un Estado en el que la Policía es primera y última instancia jurisprudencial porque goza del privilegio de la Omnisciencia y de la Suprema Bondad, no es un Estado de Derecho sino un Estado Policíaco. El caso de Sergio y Rubén nos sugiere que algunos tribunales de ese mismo Estado Policíaco se rigen por los presupuestos ideológicos de un franquismo nada nostálgico sino militantemente activo. Analicemos por separado los respectivos papeles de la Policía y de la Judicatura.
La Policía
Juiciosa y judicialmente, ¿es de fiar la actual policía española? Pregunta que nos conduce a otra: ¿fue depurada la policía franquista? Contestémonos con hechos públicos y notorios.
Abril 2013: “Las fuerzas de seguridad han detenido por su presunta relación con el narcotráfico al expolicía Michel Domínguez, antiguo miembro de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), responsable de la guerra sucia contra ETA. El arresto de Domínguez se produjo en Barcelona, cuando el expolicía llegó a la estación de Sants acompañado de un ciudadano colombiano, supuestamente para hacer una entrega de cocaína. Domínguez, junto a su superior José Amedo, fueron los rostros más conocidos de la guerra sucia contra ETA, por la que resultó condenado en 1991 -llevaba en prisión desde 1988- a 108 años de cárcel”.
10-11 marzo 2014: en Cartagena (Murcia), el ciudadano Diego Pérez (DP) llama al 091 pidiendo protección policial. Dos semanas después, unos vecinos descubren su cadáver flotando en la Cala Cortina dentro de una bolsa negra. 06 octubre 2014: son detenidos seis de los policías que acudieron ‘en ayuda’ de DP. Se les imputan los delitos de homicidio y de detención ilegal. El informe forense reza que el cuerpo de DP presentaba “signos de violencia en región facial y craneal, fractura-luxación de múltiples vértebras cervicales, destrucción de centros neuronales superiores”, etc. Dicho en plata, los policías le sacaron el ojo derecho, le pulverizaron el cuello, le machacaron durante horas y, para remate, tiraron al mar en una cala perdida lo que quedaba de aquel probo español que tuvo la infeliz ocurrencia de pedir ayuda justiciera a la policía.
Claro que no todos los delitos policiales son así de sádicos y de burdos. El extremo más elegante y cosmopolita, el de la policía política -¿hay otra?-, lo ocupa con toda pompa y distinción el famoso comisario José Manuel Villarejo (JMV), hoy actor principal en las divergencias entre los ilustrísimos mangantes de la Comunidad de Madrid. Entre excedencias y reincorporaciones a la teta nutricia oficial, JMV comenzó en 1989 con una vulgar agencia de detectives y, entre otros muchos activos, ahora se le calculan propiedades inmobiliarias por un valor superior a los 14 millones de euros –a precios de catastro- además del control sobre decenas de empresas radicadas en cuatro países.
Así pues, la policía española tiene un pasado más que turbio pero, por si alguien cree que ese pasado es agua que no mueve molino, alleguémonos al presente y observemos qué hicieron algunos maderos durante el reciente mes de mayo 2015:
A principios de mayo, fue detenido un inspector del Cuerpo Nacional de Policía como presunto autor de un delito de abusos sexuales a menores (ver prensa 11.V.2015) Vivimos unos años en los que está de moda renegar de los bujarrones; incluso el mismísimo Papa ha exigido mano dura contra los pederastas –por ahora, de boquilla, porque todavía no hemos visto a ningún cura torturado por su propia inquisición-. Sin embargo, pese al clamor popular y mediático que acusa a estos delincuentes contra la infancia, se mantiene en secreto el nombre del inspector malevo y bujarra. ¿Complicidad de policías y de jueces instructores? Pudiera ser porque es muy llamativo que el policía NN, fuera investigado en enero por el mismo delito mientras estaba destinado en Alicante. ¿Por qué no fue detenido entonces? Porque, según la prensa canallesca, sus compañeros tardaron cinco meses (de enero a mayo) en “visionar y analizar” el material informático que le fue decomisado. En ese ínterin, el inspector abusón fue trasladado a Madrid donde siguió grabándose mientras delinquía con menores en un chalet de la sierra y es que nuestro villano no sólo consumía pornografía infantil sino que también la producía. Recapitulemos: policía pederasta que es pseudo-procesado en Alicante pero que, lejos de ser enchironado ipso facto, deja la provincia porque es promocionado a la diócesis de Madrid. ¿A qué me suena eso de pederasta impune simplemente trasladado de parroquia?
Otrosí: el comisario Jesús Figón, de 64 años, “consejero de Interior” en la embajada de España en Brasil, asesinó a su esposa, la ciudadana brasileña Rosemary Justino, el 12.mayo.2015. Como gozaba de inmunidad diplomática, después de declarar brevemente fue puesto en libertad. Para enfriar el escándalo inherente a todo delito de género, se dijo que España le iba a retirar ese tipo de inmunidad –extremo que no hemos podido comprobar- al mismo tiempo que, ¡oh casualidad!, se filtraba que la sra. Justino le había agredido con un cuchillo quizá porque, según los plumillas habituales, era alcohólica, depresiva y supersticiosa. Antes de ser destinado en Brasilia, Figón había sido comisario jefe de Alcalá de Henares en cuyos archivos no consta que cometiera otros actos de violencia.
Una vez comprobado que algunos policías (tanto del montón como jefes pero siempre protegidos por amplias complicidades), siguen siendo pornógrafos, pederastas y criminalmente violentos, volvamos al caso de Alfon puesto que su condena se basa en que los explosivos cuya tenencia se le achaca estuvieron siempre correctamente protegidos por la Policía. Veamos algunos ejemplos de cómo se respeta en el Estado español la famosa cadena de custodia:
“El policía que hizo desaparecer 154 kilos de droga. Tras dos años de investigación, no se ha encontrado ni rastro de los alijos robados en la Jefatura de Sevilla” (Interviú, 28.III.2011)
“Los ladrones robaron la cocaína a los jueces. La banda que saqueó el depósito de droga de Málaga tenía información privilegiada” (20.XI.2011)
“Nuevo robo de cocaína bajo custodia oficial en Sevilla. Los ladrones se llevaron 30 kilos del Instituto de Toxicología” (24.III.2012)
“Un arrepentido implica a varios agentes en el robo de droga en Barcelona” (17.IV.2012; los susodichos robaron 400 kilos de cocaína de un contenedor custodiado en el puerto; con fecha 24.VII.2012, fueron absueltos siete guardias civiles y la cantidad de droga quedó fijada en unos 200 kilos)
“Las alarmas del depósito de drogas de Cádiz llevaban días averiadas” (03.X.2012; días antes, se habían evaporado 290 kilos; dos días después, en el colmo de la sagacidad, los titulares rezaban que “La pesquisa por el robo de droga en Cádiz apunta a policías y funcionarios”)
“Los piratas del hachís” (05.I.2013; aprovechando la Nochevieja, los recuperadores habían sustraído una tonelada de hachís depositada en la Aduana de Huelva)
“El policía acusado culpa al jefe de robar la droga. Juicio por la desaparición de 154 kilos de cocaína en la Jefatura Superior de Sevilla” (22.I. 2013; durante la vista, se supo que las evaporaciones de droga custodiada en dependencias policiales comenzaron en el año 2008)
“Unos ‘aluniceros’ saquearon el depósito de drogas de Málaga. No se ha recuperado ni un gramo de los 200 kilos que se llevaron los ladrones” (19.IV.2013; año y medio después del robo, la policía detiene a unos delincuentes de poca monta, les endilga el delito… pero el alijo sigue sin aparecer)
“Preso por tráfico de drogas el jefe antinarcóticos de Lleida” (17.IV.2014)
“Cinco años de alijos en el aire. La detención del responsable de la unidad antidroga de la policía en Murcia amenaza los juicios sobre decenas de incautaciones en las que participó. La región que más droga incautó en 2014. En las escuchas el mando ofrece 100 gramos de coca a un confidente. La juez alude a que el peso de numerosos alijos fue adulterado” (15.II.2015)
Alfon ha sido condenado porque la Policía dijo haberle encontrado los explosivos que presentó como prueba en el juicio. Ante las flagrantes contradicciones que trufaban el informe policial, el Supremo optó por creer que la cadena de custodia había sido impecable. Por ende, el Alto Tribunal dictaminó que los susodichos explosivos pertenecieron al acusado y que siempre estuvieron correctamente custodiados. Viendo lo que suele ocurrir en las comisarías y depósitos judiciales con los alijos de drogas, ¿debemos creer como dogma de fe que en España es sagrada la cadena de custodia?
Los jueces
Gracias a los procesos incoados a algunos corruptos, en estos últimos años la judicatura española goza de cierto predicamento entre la ciudadanía. Sin embargo, esa relativa buena fama debería contrastarse con los casos de famosos jueces expulsados de sus trabajos por cumplir con su deber (léase Baltasar Garzón y Elpidio Silva) y con los infinitos casos de aquellos jueces que son calumniados y ninguneados por respetar la ley. Ejemplo reciente: la titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Almazán (Soria) abrió el 17.III.2015 un sumario por los diez fusilamientos de republicanos perpetrados en 1936 por los franquistas en el cercano pueblo de Barcones. Pues bien, hasta la fecha no ha recibido la menor ayuda por parte de ninguna instancia oficial.
Nadie en sus cabales cree que en España exista eso que llaman separación de poderes y/o independencia del Poder Judicial. Sin embargo, algunos jueces se obstinan en mantener la ficción de que ellos no son políticos –léase, enchufados por los partidos políticos- ni herederos de las canonjías del franquismo sino probos funcionarios por oposición. Dicho de otra forma: nos quieren convencer de que las oposiciones son limpias. Pero el sentido común nos dicta lo contrario y, además, hay ejemplos de semejante limpieza. De hecho, hay pocos ejemplos porque la oscuridad que rodea al funcionariado es incluso superior a la propia de la Policía pero, por alguna extraña casualidad, son puntas de un putrefacto iceberg que han aflorado en la prensa de papel:
“El opositor que adivinó ante notario 12 de los 14 aprobados. Denunció sin éxito irregularidades en unos exámenes al Tribunal de Cuentas” (06.X.2014)
“UPyD lleva a la Asamblea [de Extremadura] ante la Fiscalía tras acertar el 80% de la ‘quiniela’ de sus oposiciones. Puso ante notario cinco nombres de opositores que aprobaban, y ha acertado en cuatro” (14.V.2015)
Así pues, tampoco podemos creer que las oposiciones a jueces estén limpias de polvo y paja. Es más, las inicuas sentencias contra Alfon, Sergio y Rubén nos demuestran que en la Judicatura persiste el sesgo ideológico. Y también nos enseñan que la (in)justicia española no sólo perdona a los neofranquistas más violentos (léase, el xenófobo catalán) sino que se erige en su cómplice. Al mismo tiempo, persigue a aquellos ciudadanos que, como Alfon, Sergio y Rubén, se han atrevido a defenderse y a los que, como pieza léxica argumental, descalifica tildándoles de activistas anti-sistema cuando es obvio que algunos jueces y policías son verdaderos profesionales del activismo anti-social puesto que dedican las 24 horas de su vida entera a practicar la inquisición y la conspiración contra la razón y lo común.
Alfon, Sergio y Rubén nos demuestran que España no es un país plenamente europeo. Desde el punto de vista judicial y policial, los países “de nuestro entorno” son Birmania-Myanmar y Corea del Norte, simplemente porque aquí la guerre n’est pas finie. Y todavía va a durar muchísimos años. Quien crea en los pajaritos preñados de la Reconciliación Nacional, debería hacérselo mirar. Pero, si no quiere ir al psiquiatra, que vaya a la Historia y estudie, por ejemplo, el fluorescente caso de la Patria de la Freedom, la Liberty y el sursum corda: en los EEUU, la Guerra Civil o de Secesión terminó en 1865 pero, siglo y medio después, la bandera esclavista sigue ondeando en todo el Sur confederado. Para colmo, ni siquiera se arría a media asta cuando se declara luto oficial. Es decir, que la guerra no ha terminado en el país de los Libres. Hace pocos días, así nos lo demostró un chaval racista mediante el irrefutable silogismo de perpetrar la enésima matanza de negros-que-rezaban-en-la-iglesia-de-Charleston. ¿Seríamos tan crédulos como para suponer que las mafias neofranquistas, ostentosamente proclives al papanatismo filogringo, van a durar menos de siglo y medio?
Antonio Pérez |
