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[México] Peña Nieto, atrapado y sin salida
05 feb 2015
Lo real es el interés deliberado y la intención política de cerrar el caso de los desaparecidos y garantizar la impunidad de los eslabones superiores de la cadena criminal
Enrique Peña Nieto ha quedado atrapado. Atrapado, entrampado y sin salida. Por más esfuerzos que han hecho él y su gabinete de seguridad por superar la crisis de Estado provocada por los crímenes de lesa humanidad de Iguala, no han podido. Al ex gobernador mexiquense le quedó grande la presidencia de la República. Y el tan publicitado momento mexicano se le fue al carajo: el país está empantanado. La credibilidad del régimen, con su estela de corrupción, intercambios de favores, opacidades y escándalos varios, está por el piso y se ha multiplicado la indignación popular. Nadie le cree al gobierno. Y lo peor es que Peña no entiende que no entiende, y tal vez por eso está tan cansado el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Murillo, por cierto, político de la vieja guardia del Partido Revolucionario Institucional, ha recurrido a todas las argucias, supercherías y malas artes del pasado −tratándose de una tragedia (Peña Nieto dixit) que combina la aplicación de la tortura, la detención-desaparición forzada de 43 estudiantes y la ejecución extrajudicial de seis personas más−, y echado mano de los propagandistas de Estado en los medios para tratar de dar carpetazo al caso. Vamos, hasta fabricó una verdad jurídica con pruebas científicas, y una verdad histórica.

En realidad, Murillo y el policía Tomás Zerón fueron construyendo y perfeccionando el caso poco a poco, casi sin salirse del guión inicial.

En una gran maniobra de simulación judicial y jurídica, desde un comienzo actuaron con base en una sola y exclusiva hipótesis destinada a tratar de exculpar al Estado mexicano de la comisión de crímenes contra la humanidad, misma que remite a un grupo de la economía criminal (identificado como Guerreros Unidos) como presunto perpetrador de los hechos delictivos de Iguala.

Con tozudez autoritaria, ambos funcionarios se negaron a abrir otras líneas de investigación, en particular, pese a numerosos indicios, la que involucra a otros actores claves que integran la cadena de mando de la estructura de seguridad del Estado a nivel federal, y que en el estado de Guerrero incluye territorialmente al Ejército (en particular al 27 batallón de infantería), la Marina, la Policía Federal, la inteligencia militar y civil (Cisen), las Brigadas de Operaciones Mixtas (BOM) y a agentes de la PGR y del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo, que monitorearon lo ocurrido en tiempo real.

Centrados en ese único objetivo: exonerar al Estado mexicano de toda responsabilidad, los sabuesos del procurador, la Marina y el Ejército capturaron, apremiaron, torturaron y confesaron culpables, encontraron el móvil, un modus operandi y hasta una lógica causal. Incluso confeccionaron un video con la narrativa a cargo de un locutor profesional y apuntadores para obtener y grabar algunas declaraciones autoinculpatorias. Maquiavélicos los tipos. Y no se trata, como señalan los panegiristas del régimen, de un problema de incredulidad frente a la versión oficial.

Además, decir que el caso Iguala es atípico, como afirmó Zerón, exhibe un cinismo contumaz y supino. Ese cinismo que permea al gobierno de Peña Nieto y a las clases política y empresarial, aludido por The Economist.

Según argumentó el equipo de abogados que asesora a los padres de los 43 desaparecidos, del montaje mediático teledirigido por el dúo Murillo/Zerón no se puede concluir que exista plena certeza jurídica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. Además de que existen dudas científicas sobre la versión de la PGR, es bien conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y coaccionar y chantajear detenidos, y hasta los tribunales de justicia internacionales saben que la tortura es una herramienta sistemática y endémica en México, como empieza a supurar del caso Iguala

Tal vez debido al cansancio provocado por la confección de la trama mediática, al fabulador Murillo se le escapó aclarar su teoría sobre el cruento homicidio de Julio César Mondragón, encontrado desollado (ergo, torturado) por soldados del 27 batallón.

Con respecto a la fórmula oficial de que a los 43 los confundieron, los secuestraron, los mataron, los incineraron y los tiraron al río, sólo hay certeza de la muerte de Alexander Mora, pero no existe certeza jurídica ni prueba técnica sobre la muerte de los otros 42 (no hay prueba genética del ADN, por lo que no está acreditado el cuerpo del delito de manera científica) ni sobre el lugar donde eso pudo haber ocurrido; las cenizas de Alexander pudieron haber sido sembradas en el río San Juan.

Tampoco se puede cerrar el caso ni decretar una verdad histórica, porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército a partir de los indicios que existen en el expediente, y que apuntan a una complicidad y protección de la delincuencia organizada, por mandos castrenses del 27 batallón desde 2013. A propósito, ¿qué pasó con las declaraciones de los 36 militares que formaron parte de las indagatorias, según Tomás Zerón?

Resultan truculentos, también, los malabares del procurador para acreditar y limitar el delito de desaparición forzada de personas, la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos de Iguala.
Normalmente, en la desaparición forzada existe una cadena de mando en la que se ven involucrados varios sujetos perpetradores. En ese caso la responsabilidad penal recae en quien sigue órdenes, pero también en el o los superiores jerárquicos que pudieron haber ordenado la conducta delictiva, o bien, conociéndola, no la impidieron. Lo que conlleva una responsabilidad, por acción u omisión, de los mandos del Ejército, la Marina y la Policía Federal la noche de los hechos, o a una total negligencia también sancionable.

En conclusión, existen muchos cabos sueltos y lo único cierto es el interés deliberado y la intención política de cerrar el caso y garantizar la impunidad de los eslabones superiores de la cadena criminal que esa noche operó en Iguala.

La Jornada

Texto completo en: http://www.lahaine.org/pena-nieto-atrapado-y-sin

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Caso de 43 estudiantes destapó grandes violaciones de ddhh en México
06 feb 2015
En la ONU: Gobierno méxicano no supo dar explicación por desaparición forzada de más de 23 mil personas

Ginebra, Suiza.- El gobierno mexicano no logró explicar al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, en Ginebra, Suiza, sobre el gran total de personas desaparecidas forzosamente en el país y por el contrario dejó muchas dudas sobre su política de protección y defensa de los ddhh y fue duramente cuestionado ante el Comité que, regularmente, examina en Ginebra a los 44 Estados Parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, audiencia que se desarrolló durante la presente semana con la presencia de algunos padres de las víctimas de los miles de desaparecidos entre ellos los 43 de la Escuela Normal de Ayotzinapa como testigos, abogados defensores de ddhh venidos desde México y organizaciones con estatus consultivos ante la ONU como la Organización Mundial Contra la Tortura, OMCT.

México con una cifra oficial de más de 23 mil «desaparecidos o extraviados» en un contexto de violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos, está viviendo una crisis humanitaria y política de grandes proporciones y donde su visibilización de esta tragedia humanitaria solo tomó interés universal debido a la masacre de 6 estudiantes y donde otros 25 resultaron heridos y a la cual se sumó la desaparición forzada de 43 de sus compañeros, en hechos ocurridos en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Iguala, en el sureño Estado de Guerrero, el pasado 26 de septiembre de 2014, después que policías locales se los entregaran a miembros del cártel Guerreros Unidos, que, según la Fiscalía mexicana, los asesinaron y los quemaron en un basurero.

La desaparición forzada de los 43 estudiantes en Iguala, es un reflejo de la realidad en un país donde la corrupción y los abusos por parte de las autoridades de toda índole y niveles aliados con los actores no estatales de narcotraficantes y bandas criminales organizadas estilo paramilitares, cobran vacunas por la seguridad de las personas y empresas, pero todo permeado por policías, militares, políticos y miembros de los gobiernos regionales y nacional, así quedó evidenciado ante las graves denuncias que hicieron los voceros representantes de estas miles de familias de los desaparecidos, asesinados y defensores de ddhh venidos desde México y que además de participar en las sesiones del comité de la ONU estuvieron presentes en un mitin de protesta realizado en la plaza de la ONU y en una serie de conferencias organizadas por la OMCT y en una Universidad de Ginebra , donde gran público suizo, mexicano y latinoamericano se hicieron presentes para brindar su apoyo y solidar idad para con los afectados.

Entre la comitiva venida de México estuvieron los padres de los desaparecidos, María Olaya Dozal ( madre de Alejandra Olaya Chanez, de 16 años, desaparecida en 2009) Hilda Legideño y Bernabé Abraján, padres de dos de los estudiantes desaparecidos del caso Ayotzinapa ; Ruth Fierro del Centro de ddhh de las mujeres en el Estado de Chihuahua, Michael Chamberlin, del centro de ddhh del Estado Coahuila ; Guadalupe Fernández de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos, Juan Antonio Gómez abogado defensor de ddhh, Daniel Joloy de Amnesty International en México, Stephanie Brewer centro de ddhh de Ciudad de México entre otros.

Entre lagrimas y voces cortadas por la emoción de sus relatos desgarradores, los familiares de las victimas exigieron a las autoridades mexicanas la continuidad en la búsqueda de sus familiares desaparecidos en diversas circunstancias y lugares en todo México y clamaron porque los países europeos y organizaciones internacionales de ddhh y especialmente la ONU exijan al gobierno mexicano que no cierre el caso de la desaparición de los jóvenes normalistas, ocurrida el 26 y 27 de septiembre pasados, y también le exijan a la Procuraduría General de la República redoble los esfuerzos en la búsqueda de los 42 estudiantes desaparecidos y de paso proteger la vida de los mismos familiares ya que varios de ellos han sido asesinados por reclamar por los desaparecidos, otros han tenido que huir de México hacia los Estados Unidos y en la mayoría de los casos se ven obligados a guardar silencio ante el temor de ser muertos por reclamar que se los devuelvan vivos.

Los miembros del Comité de defensa de ddhh de la ONU, y de manera especial los relatores, Luciano Hazan y Rainer Huhle, preguntaban una y otra vez a la delegación gubernamental sobre registros oficiales del numero de desapariciones forzadas en ese país, el jefe de la delegación mexicana que en numero de 27 se hicieron presentes, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y DDHH de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Juan Manuel Gómez Robledo, se limitó a pedir un minuto de silencio para ellos y a dar algunos informaciones aisladas sobre resolución de algunos casos o funcionarios de bajo rango ya apartados de sus labores al estar relacionados con algunos delitos, pero sin decir con precisión cuando ocurrieron los hechos, lo que dejó un sabor amargo, desilusión y tristeza entre los presentes que esperaban respuestas concretas de parte del gobierno mexicano.

Mientras el comité de la ONU deseaba establecer cuántas desapariciones corresponden a mexicanos, cuántas a emigrantes que buscaban llegar a Estados Unidos, y si se ha establecido un banco genético de información de esos extranjeros, cuántos niños y cuántas mujeres. La respuesta fue el silencio.

Los relatores de la ONU dijeron: «si no sabemos cuál es el problema, no se puede crear la legislación adecuada ni tampoco programas concretos para implementar una política de lucha contra los responsables de las desapariciones, es algo que el gobierno mexicano tiene que hacer e informar».

Con respecto al caso de Ayotzinapa, los relatores confirmaron que, «éste es un caso muy emblemático y la revisión en el Comité no es el foro indicado para discutirlo y es solo un ejemplo de un problema que lamentablemente, es mayor y grave».

Hilda Legideño y Bernabé Abraján, quienes escuchaban las explicaciones de la comisión de gobierno mexicano y que se negaron en todo tiempo a aceptar las vagas e insulsas respuestas del gobierno exigían una y otra vez. «Ellos están vivos, los tiene el Gobierno, no sabemos por qué. Si no quieren que sigamos, que nos los devuelvan, el gobierno mexicano no esta haciendo nada y nos esta engañando porque sabemos y estamos seguros que en todo esto hay grandes dirigentes políticos nacionales y regionales del gobierno, policías, militares corruptos aliados con la mafia», expresaron a la prensa varios de los delegados de las victimas.

Hasta el momento solo uno de los estudiantes desaparecidos ha sido identificado a partir de los restos calcinados enviados para su análisis en un laboratorio de Austria.

«Hay muchas inconsistencias en las investigaciones, se está tapando al Gobierno porque fueron policías los que se llevaron a nuestros hijos, ¿por qué no se les investiga?», insiste Legideño que no comprende porque no han abierto juicio al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre, así como a otras personas inmersas en el caso, como José Luis Abarca, exalcalde de Iguala actualmente detenido.

Preguntada sobre lo que está haciendo el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, respondió «el debería ser juzgado por omisión, porque no nos atienden y nadie nos da información adecuada, nos están haciendo daño moral y emocional. Al principio, la Procuraduría General de la República, nos dijo que nuestros hijos estaban en fosas, pero esto se desmintió con el apoyo de peritos argentinos.

Nos querían entregar cuerpos que no eran de nuestros hijos, estamos aquí para que el Alto Comisionado de la ONU para los DDHH nos ayude a encontrar a nuestros hijos y se exija justicia por los que murieron el 26 de septiembre, sabemos que nuestros hijos están vivos y los queremos encontrar»

Luciano Hazan relator de la ONU quedó preocupado por la posibilidad de revictimización contra los familiares de los desaparecidos a través de amenazas de parte de los implicados en las desapariciones. Gerald Staberock Secretario General de la OMCT, dijo que: «La situación en México es muy preocupante por la practica recurrente de la desaparición forzada, pero que a pesar de ser miembro de la ONU y firmante de los acuerdos de respeto a los ddhh y que dice ser democrático y un estado de derecho, se nota una hipocresía en sus actuaciones gubernamentales y es difícil de comprender porque se realizan miles de actos de desaparición forzada y no nos sentimos satisfechos por las respuestas dadas por el gobierno mexicano ya que todo esta en la impunidad y como OMCT vamos a continuar en hacerle seguimiento a estos casos tanto en México como en la ONU».

Respecto a situaciones similares que se dan de desapariciones forzadas en Colombia y México respondió «cada situación es diferente pero al mismo tiempo hay muchas similitudes, ambos países dicen ser formalmente democráticos con estructuras en ese sentido pero hay desapariciones forzadas, torturas, impunidad, creo hay similitudes y en especial por encontrar la verdad, la justicia y la reparación»

Walter Suter presidente de la Sección internacional del Partido Socialista Suizo, indicó que: «Existe un grupo de parlamentarios socialistas de nuestro país preocupados por lo que viene ocurriendo en México y el 26 de noviembre pasado se depositó una interpelación al gobierno suizo para que diga: Primero que si en el campo diplomático han hecho lo necesario para pedir del gobierno de México aclarar a fondo lo que viene sucediendo con las desapariciones forzadas y la segunda pregunta porque ustedes (el gobierno suizo) no han hecho un llamado público al gobierno de México para que haga las aclaraciones respectivas»

Texto completo en: http://www.lahaine.org/caso-de-43-estudiantes-destapo
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