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Notícies :: antifeixisme
El PP acelera la licitación de las obras del cementerio nuclear ante las dudas sobre su viabilidad
26 gen 2015
Pretenden adjudicar las obras sin contar con el permiso del Consejo de Seguridad Nuclear.

A primeros de febrero, está prevista la adjudicación de las obras de construcción del cementerio nuclear, el denominado Almacén Temporal Centralizado (ATC). Son siete empresas las que se han presentado a la oferta. De ellas, las de Florentino Pérez se perfilan como favoritas. El coste de estas obras supondrá para las arcas públicas unos 218 millones de euros, de un total de los 2.800 que costaría el cementerio nuclear si se suma la construcción, el mantenimiento y el desmantelamiento.

Sin embargo, el futuro del cementerio nuclear aún no está claro. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha solicitado a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) un informe para que aclare más de 130 aspectos técnicos sobre la idoneidad de los terrenos donde se pretende asentar el silo nuclear, previsto en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca). En concreto, faltan informes sísmicos, hídricos y de composición geológica de los ­terrenos, y sobre la cimentación que Enresa tiene previsto llevar a cabo ante las evidencias de un suelo inestable compuesto por yesos.

Responsables del último informe del CSN sobre el cementerio, emitido en 2014, señalan que el emplazamiento designado para almacenar las más de 6.700 toneladas de basura radiactiva cuenta con gran número de “deficiencias” y “limitaciones”. Apuntan también que los informes de Enresa tienen “importantes carencias” sobre la composición de los terrenos y piden que esta empresa pública aclare la cimentación.

Desde la Plataforma contra el Ce­menterio Nuclear en Cuenca denuncian que Enresa quiere adjudicar las obras en febrero, antes de contar con el permiso del Consejo de Segu­ridad Nuclear. Señalan que “las prisas” para licitar las obras responden al interés económico para asegurar el 6% del coste de las obras en indemnizaciones en el caso de que finalmente no se construya el ATC. La plataforma señala que es lo mismo que ha ocurrido con el proyecto Castor. El almacén de gas ha tenido que cerrar y el Ministerio de Indus­tria ha concedido a su propietario, Florentino Pérez, una indemnización de 1.350 millones de euros. “Enresa pretende poner en práctica la ‘claú­sula Flo­ren­tino’, así pueden repartir indemnizaciones millonarias aunque el cementerio nuclear no se construya”, denuncia Job Moya, portavoz de la Plataforma contra el Cemen­terio Nuclear en Cuenca.

“Enresa pretende poner en práctica la ‘claú­sula Flo­ren­tino’, así pueden repartir indemnizaciones millonarias aunque el cementerio nuclear no se construya”

En los últimos meses varios informes han puesto de manifiesto la fragilidad de los terrenos. El emplazamiento del silo nuclear en Villar de Cañas contaba con pocas posibilidades. Sin embargo, el 30 de diciembre de 2011, en el primer Consejo de Ministros de Mariano Rajoy, se eligió a este municipio conquense. Ni Ascó (Tarragona), ni Yebra (Gua­dalajara) fueron elegidas como se esperaba.
Contaminación del subsuelo

Entonces ya se denunció que ésta era una decisión política de María Dolores de Cospedal. Hoy, su marido, Ignacio López del Hierro, es uno de los beneficiados como consejero de Iberinco, empresa integrada en Iberdrola, presente en el ATC.

Según Manuel Bello, geólogo de la empresa Ingema, que ha llevado a cabo un exhaustivo informe sobre los terrenos de Villar de Cañas, “esto revela cómo se hacen las cosas en este país, pidieron voluntarios y eligieron el lugar donde menos pegas les pusieron, pero eso no quiere decir que los terrenos sean aptos para una obra de esta trascendencia”. Apunta que el procedimiento para elegir el emplazamiento del cementerio nuclear ha sido “flagrante”.

En el estudio de Bello, presentado a través de Ecologistas en Acción a Enresa, ya se decía que estos terrenos “son permeables por la disolución de los materiales y las funciones de pequeñas cavernas en el subsuelo”, y que cabría la posibilidad de la contaminación del subsuelo. “Si hay un fallo grave, cabe la posibilidad del transporte de los contaminantes a través del subsuelo, a través de las aguas subterráneas, porque los terrenos están en un radio de 500 metros de la cuenca hidrográfica del río Záncara”, explica el geólogo a este medio. Ecologistas en Acción de Cuenca denuncia que el informe elaborado por Bello ha sido ocultado por Enresa.

Para el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz (PP) todo esto es un montaje. “El ATC se va a construir en Villar de Cañas, esté quién esté y pase lo que pase”, afirma rotundo a Diagonal. “Además, es mentira que los terrenos no sean aptos. No hay ningún problema. Lo que pasa es que se han hecho más de 200 agujeros para saber qué hay debajo, y ahora el Consejo de Seguridad Nuclear ­está haciendo lo que tiene que hacer”, matiza e insiste en que quiere “progreso” para su pueblo. Se presenta por sexta vez a las elecciones: “Llevo ya 20 años como alcalde y me hace ilusión inaugurar el ATC”.

Por otra parte, el Colegio de Geólogos también reprocha a En­resa la falta de estudios geológicos sobre Villar de Cañas y considera que los estudios preliminares han sido “muy insuficientes e inade­cuados” y que se han seguido ­criterios “fundamentalmente políticos”, según la nota de prensa emitida el 16 de diciembre por este ­colegio oficial. Este órgano re­comienda que “el Consejo de Se­­guridad Nuclear analice en detalle y con el máximo rigor todas las variables de riesgo presentes”.

Desde Villar de Cañas, Víctor Gar­cía, miembro de la plataforma, asegura que los técnicos de Enresa están muy preocupados. “Está claro que los terrenos no reúnen las condiciones, son todo yesos, y los técnicos de Enresa no lo niegan; varios profesionales nos han transmitido su preo­cupación. Son conscientes de que los políticos pasan y los responsables son ellos. Un cementerio nuclear no es cualquier cosa”, explica.

“Está claro que los terrenos no reúnen las condiciones, son todo yesos, y los técnicos de Enresa no lo niegan"

En esta línea, en marzo pasado un informe de los técnicos de la empresa pública afirmaba que “hay que señalar como riesgo de mayor entidad en el emplazamiento la existencia de formas kársticas, de­sarrolladas en yesos (...) una condición desfavorable, de posibles consecuencias no despreciables”.
Más de 2.500 alegaciones

La licitación de febrero parte de un presupuesto de 217,76 millones de euros para construir diversos edificios que formarían el complejo del cementerio nuclear. La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca lleva más de dos años movilizando a la población y denunciando las irregularidades. Han presentado 2.500 alegaciones y manifiestan que “el cementerio se puede parar, pero Cuenca es una provincia muy desmovilizada. Existe rechazo social e incluso muchos de los vecinos que pensaban que el ATC iba a traer riqueza ahora ven que supone un alto riesgo”, dice García.

En el Ayuntamiento de Villar de Cañas hay nerviosismo. Su secretaria, Carmen Barco –funcionaria de carácter técnico-jurídico– le espetó durante el último pleno a la concejal de la oposición Olga Bravo (PSOE): “Lo que pasa es que tú y todos los que son como tú sois una panda de manipuladores ignorantes”, según se puede escuchar en un vídeo grabado por un periodista. No es la primera vez. De “ignorantes” ha calificado a los grupos ecologistas. Esas palabras le han costado el cargo a Barco como presidenta del Colegio Oficial de Secretarios de Cuenca. Uno de los colegiados ha declarado a este periódico: “Nuestro trabajo es técnico. No se puede consentir que estemos representados por alguien que ejerce su profesión de forma partidista”.

Bravo explica a Diagonal que “están perforando todo como un queso gruyere y las gestiones se llevan con mucho secretismo”. Apunta que la secretaria suele negar la información a la oposición. “Todo va muy rápido. Quieren adjudicar las obras ya, porque hay dudas sobre el ATC y, si no se hace, la indemnización la tendrían asegurada”.

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Los desmanes de Francisco Gil-Ortega (PP)


El nombramiento por parte de Dolores de Cospedal de Francisco Gil-Ortega (PP), exalcalde de Ciudad Real, exsenador y vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha para presidir Enresa no ha dejado de provocar polémica. Sus actuaciones –eligió a dedo a 28 cargos de esta empresa–, y su falta de formación han sido criticadas públicamente por los técnicos de Enresa. Pero lo más grave han sido las informaciones de que Gil-Ortega, junto con el jefe de prensa de Enresa, Carlos Davila (periodista de Intereconomía y exdirector de La Gaceta) gastaron 15.836 euros entre los dos (el primero, 9.388 euros, y 6.447, el segundo), durante 2013, en comidas de empresa y en “whiskys, gin tonics, y otros destilados” con más comensales que no justifican, según ha publicado eldiario.es. Ante la publicación de estos hechos, Gil-Ortega ha llevado a cabo varios despedidos de altos cargos de Enresa.

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