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Guía para conocer y esquivar las multas de la ‘ley mordaza’
16 des 2014
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, que se aprobó definitivamente el jueves en el Congreso con los únicos votos del PP –181 frente a 141 de las restantes fuerzas política– establece una contundencia sancionadora renovada y feroz. Las manifestaciones de trabajadores, estudiantes, sanitarios, educadores, padres y madres, yayoflautas, perroflautas, sin techo, desahuciados, las mareas y cuantos ciudadanos críticos desasosieguen al particular Tea Party español, en palabras del socialista Antonio Trevín, recibirán la respuesta de la multa. Para intimidar multan con hasta 600 euros el no tratar con el debido respeto a la policía, con hasta 30.000 a las chicas de Femen por exhibir su protesta en un acto religioso y con hasta 600.000 una protesta sindical espontánea en un aeropuerto. Los ciudadanos pueden ser detenidos (el Gobierno dice “retenidos”) hasta seis horas sin más fundamento que el de ser identificados. Luego ya, mediante una enmienda del PP –método para burlar los dictámenes de legalidad– se ha introducido la “devoluciones en caliente” y en frontera de los inmigrantes que salten las vallas de Ceuta y Melillla. ¿Por qué y por cuanto van a multar?
Multas de 100 a 600 euros

1.–Pancartas, pintadas y pegatinas. Los que coloquen una pancarta reivindicativa en un edificio público, ya sean sindicalistas o activistas de Greenpace, son reos de sanción hasta 600 euros. Si pones pegatinas en las farolas te pueden caer 100 euros. Si pegas carteles en paradas de autobús, item. Pintadas, hasta 600 euros. La comunicación gráfica se ha puesto al rojo vivo.

2.–Trato con la policía. Los que no lleven carné de identidad, no obedezcan a la policía, no traten respetuosamente a los agentes –conviene llamarles “caballero” y siempre de usted–, les iluminen con un flash, los filmen o les hagan fotos, serán acreedores de sanción por falta leve hasta 600 euros.

3.–Escraches. Si más de 25 personas se reúnen para protestar cerca de la vivienda de un responsable político por los desahucios o por cualquier otro motivo, y lo hacen sonoramente, molestando o entorpeciendo el paso a los peatones, les podrán identificar y sancionar con hasta 600 euros de multa por persona. Las mismas multas rigen para los activistas de la Plataforma de Afectdos por la Hipoteca (PAH) cuando protesten por los desahucios obstaculizando el paso de la gente. Si obstaculizan a la policía, los bomberos o los funcionarios judiciales, la multa será mayor.

4.–Irrupción en edificios. Si los ahorradores estafados por las participaciones preferentes entran en una sede bancaria para protestar, aunque sea bailando sardanas, podrán ser sancionados por falta leve. Si además de bailar, tiran octavillas, manchan el local y se resisten a abandonarlo, se hacen acreedores a una sanción de grado superior.

5.–Piquetes informativos. Los sindicalistas que irrumpan en una instalación, la que sea, para informar a los trabajadores de los motivos de una huelga, también serán reos de sanción pecuniaria por falta leve aunque les asista el derecho a la libertad sindical. Además, si hay vigilantes privados de seguridad, la ley mordaza les obliga a colaborar con la policía para retener e identificar a los miembros de los piquetes.

6.–Manifestaciones. Si más de 25 personas se reúnen para protestar sin haber comunicado el día, el lugar y la hora a la autoridad gubernativa, incurren en falta leve. Si obstaculizan el tránsito de personas y vehículos por una calle, también. Si colocan una mesa en la vía pública para recoger firmas, también. Si acampan en una plaza para protestar, también. Si se desvían del itinerario establecido o no respetan la delimitación fijada por la policía, les pueden calcar 600 euros. Si llevan caretas o pancartas que denigren la imagen de las autoridades –sea Felipe VI el Preparado o su padre Juan Carlos o el mismísimo Rajoy–, les pueden caer 300 euros. Si hay desórdenes públicos y llevas objetos peligrosos, aunque sea el palo de una pancarta, te pueden multar con 600 euros.

Multas de 601 a 30.000 euros

1.–Solemnidades. Si las activistas de Femen perturban un acto religioso, espectáculo o acto público para exhibir su protesta, les pueden imponer hasta 30.000 euros de multa. Y otro tanto les ocurrirá a los que aprovechen un mitin del PP, por ejemplo, para protestar contra el desempleo, la corrupción, los despidos, los desahucios y otras lacras e injusticias sociales. Ahora que vienen elecciones, se tienten la ropa escrachistas y revientamítines.

2.–Desahucios y protección. Los activistas de la PAH y los vecinos que obstruyan o “prentendan obstruir” la acción de cualquier autoridad o empleado público para ejecutar un desalojo quedan sometidos a la horquilla sancionadora por falta grave. Y otro tanto les ocurrirá a los que pretendan impedir una detención.

3.–Manifestaciones ante sedes legislativas. Si la policía identifica a un ciudadano participando en una concentración no comunicada ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos, aunque los legisladores no estén reunidos, y se produce una “perturbación grave” de la seguridad ciudadana, habrá cometido una falta grave y le pueden crujir con la multa que quiera la autoridad gubernativa (delegados y subdelegados del Gobierno) en función del informe policial.

4.–Barricadas. Nada de quemar neumáticos ni contenedores ni hacer hogueras ni atravesar coches o mobiliario urban,o causando desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos que representen un peligro para las personas o bienes u ocasionen una alteración de la seguridad ciudadana, so pena de que te embarguen en caso de no hacer frente a los 30.000 euros de multa.

5.–Desobediencia a la autoridad. Las sanciones por falta grave afectan a quienes se niegan a identificarse ante la policía o dan datos falsos e inexactos. El precepto de “desobediencia” es tan amplio que si, por ejemplo, corres y te resistes a que te detengan, lo consideran falta grave. Además, si la policía ordena: “¡Disuelvansé!”, los que no obedezcan incurren en falta grave.

6.–Por obstruir o interferir. Los que se manifiesten ante una infraestructura básica, una central nuclear por ejemplo, y obstruyan el paso, incurren en falta grave. Si en una huelga de televisión los trabajadores interfieren la señal y cortan la emisión, la ley mordaza les acarrea multas de hasta 30.000 euros. La interferencia ilícita, que incluye el sobrevuelo de infraestructuras (¿Greenpeace?), puede llegar a ser falta muy grave, con multas más elevadas.

7.–La mordaza informativa. Los periodistas y medios de comunicación social quedan amenazados por la ley Fernández a multas de hasta 30.000 euros por “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”. La casuística de este precepto es tan amplia que lo mismo vale para proteger a un policía delincuente que a un mando venal que a un alto cargo corrupto.

Multas de 30.001 a 600.000 euros

1.–Protestas estratégicas. Las sanciones por faltas muy graves para combatir las protestas sociales van directamente contra los sindicatos y las organizaciones ecologistas. Si promueven una concentración no comunicada en una infraestructura básica, un aeropuerto, por ejemplo, que suponga riesgo para las personas o perjuicio en su funcionamiento, la multa puede ser disparatada. El grado mínimo va de 30.001 a 220.000 euros, el medio hasta 410.000 y el máximo hasta 600.000 euros. Según el diputado de IU Ricardo Sixto, este precepto afecta de lleno al derecho de huelga en trenes, puertos, aeropuertos, centrales nucleares, petroquímicas, refinerías, suministro de agua, gas, electricidad e infraestructuras de comunicaciones, y hace responsables a los sindicatos y convocantes de la protesta de los sabotajes que individuos concretos puedan realizar durante una huelga con el fin de perjudicar a los propios sindicatos. La casuística es amplísima. Solo después de pagar las multas podrán recurrirlas por vía contencioso administrativa, lo que a su vez exige hacer frente a las elevadas tasas judiciales.

Como colofón, Interior crea un Registro Central de Infractores, con las correspondientes listas negras de personas sancionadas. Y todo eso a pesar de que incluso en el bienio negro de recortes y ataques a los derechos de los trabajadores (2012-2013) la mayor parte de las expresiones de protesta social han sido pacíficas. Según los datos oficiales correspondientes a 2013, la policía solo tuvo que intervenir en 23 de las 25.461 manifestaciones realizadas. Quiere decirse que en menos del uno por mil de las manifestaciones registradas se han producido episodios que supuestamente hayan afectado a la seguridad ciudadana. Esto explica que el 82% de los españoles considere abusiva e innecesaria una norma intimidatoria, propia de un Estado policial, según han coincidido en calificarla todos los grupos de la oposición parlamentaria. Como en los tiempos de la dictadura, con la ley mordaza el Gobierno del PP pretende volver a la “mayoría silenciosa”, denuncia la oposición.

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