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Notícies :: antifeixisme
Fuerzas y cuerpos de inseguridad, un problema latente pero urgente
per Gara.Naiz	01 des 2014
Dos noticias reveladas por GARA en apenas tres días han sacado a la luz un par de situaciones inconcebibles. Ambas han sido trasladadas a este diario por ciudadanos que se sienten amenazados con razón y que defienden algo muy básico, un principio atacado por quienes paradójicamente se hacen llamar «cuerpos y fuerzas de seguridad»: vivir, ellos y sus familias, sin más sobresaltos ni riesgos que los inevitables. Quizás simplemente haya que completar el nombre para recordar que la seguridad que defienden esos contingentes es «la del Estado». En absoluto, desde luego, la de la ciudadanía vasca, la del país en que están acantonados miles de efectivos traídos aquí en otra época y contexto.
Así, el martes se conocía que la Guardia Civil efectuó durante el pasado mes de octubre 33 controles de carretera en las dos autopistas que surcan Gipuzkoa (AP-1 y AP-8). Se podría matizar que no hay gran novedad en ello vistas las últimas décadas de la historia vasca, pero concurren un buen número de agravantes. El más notorio es que el argumento esgrimido históricamente por los gobiernos españoles para cortar vías de todo tipo, registrar vehículos, incautar pertenencias, interceptar a pasajeros, incomodarlos, identificarlos, interrogarlos... dejó de existir hace más de tres años, más de mil días. ETA ya ni siquiera puede servir de excusa para estas intervenciones. Y sin embargo, los controles han crecido en número en los últimos tiempos; el viernes, la consejera de Seguridad de Lakua, Estefanía Beltrán de Heredia, contaba nada menos que 2.750 en lo que va de año, solamente en la CAV. Y el colmo de todo ello es que se están implantando fuera de las áreas de peaje, en tramos centrales de las autopistas en que resulta difícil desacelerar y provocando colapsos que llegan a túneles. No hay explicación de por qué y para qué, solo un manto de arbitrariedad, imposición y desprecio. Estos 33 controles de octubre provocaron al menos dos accidentes de tráfico totalmente evitables, ambos en túneles de la AP-1 (Eitza y Gurutzetxiki), afortunadamente sin víctimas de consideración. En un país medianamente normal, esto ya debiera haber provocado explicaciones, rectificaciones, ceses. O un enfrentamiento entre departamentos, toda vez que la Dirección General de Tráfico estatal se inserta en el mismo Ministerio de Interior con mando sobre la Guardia Civil que impone a diario prácticas tan absurdas, injustificadas, prepotentes y peligrosas. ¿Por qué y para qué? Tres días después, el viernes, eran también estas páginas las que daban cuenta de la aparición de balas, cajas de explosivos y otros enseres en el edificio del cuartel de Aldapeta de Donostia, que ha ido abandonado la Policía española durante este año. No hace falta remontarse a Mina Conchita y el 11-M para entender el riesgo que pudo derivarse de ello en un lugar que durante semanas ha sido de fácil acceso para cualquier persona. En este caso, las preguntas resultan todavía más pertinentes, dado lo extraño del asunto. Para empezar, ¿cómo es posible tal grado de descontrol en una actuación oficial, y más aún en un cuerpo policial al que se supone experto en la cuestión? ¿Cuántas normas y leyes se han vulnerado con ello? ¿Quiénes son los responsables o irresponsables? Y yendo más allá, ¿desde cuándo había explosivos en el cuartel de Aldapeta, al lado de un colegio y de viviendas? ¿Para qué se usaba, cuál era el objetivo de ese material? ¿En qué condiciones se guardaba? ¿Se encuentran ahora esos explosivos en la nueva sede policial de Amara, junto al Urumea? ¿En cuántas comisarías, cuarteles o bases vascas más se producen situaciones similares susceptibles de riesgo? Preguntas que resumen una cuestión que siempre ha estado latente, pero que visto lo visto resulta urgente de afrontar. Ni se desarman, ni dejan desarmarse Llegados a este punto de irresponsabilidad, resulta imposible obviar que las mismas autoridades españolas que se comportan así en suelo vasco –con su locuaz ministro de Interior a la cabeza– siguen poniendo graves impedimentos a la voluntad de desarme de ETA, este sí ofertado en condiciones y hasta el final, con verificación y garantías. La imprudencia e insensatez mostrada por las FSE en Euskal Herria tiene reflejo en afirmaciones como la que hizo en su día Jorge Fernández Díaz al indicar que la organización vasca «podría dejar sus armas en una campa». Los expertos internacionales en resolución de conflictos siguen estupefactos ante episodios como la persecución represiva a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación tras el primer paso dado por ETA para el inventariado y sellado de sus armas y explosivos, el pasado febrero. Los parámetros en que se mueve el Gobierno español en este terreno le convierten en un auténtico esperpento ante la comunidad internacional, un fantasma que solo se reconoce reflejado en su propia propaganda. El último ejemplo ha sido un informe del CNI que hace hincapié en que ETA ya no dispone de capacidades militares. Quizás para la intencionadamente desinformada sociedad española constituya noticia, pero la ciudadanía vasca sabía perfectamente hace meses que la organización desmanteló por propia voluntad las estructuras con que atentó durante cinco décadas, en coherencia con el fin de la lucha armada. La propia ETA, no el CNI, lo hizo saber en un comunicado el pasado 19 de julio. Patética debilidad la de un Estado que ni sabe desarmarse a sí mismo ni deja desarmarse a la otra parte.
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