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Notícies :: antifeixisme |
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Grande-Marlaska responde al «interrogatorio» de un periodista de GARA que la tortura se investiga si hay el mínimo indicio
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per Naiz.Gara |
10 nov 2014
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El periodista de GARA Alberto Pradilla ha interpelado, en una entrevista en ETB, al juez Fernado Grande-Marlaska por su proceder ante las denuncias de tortura de los detenidos incomunicados, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una sentencia de la propia Audiencia Nacional le hayan puesto en cuestión. El juez ha replicado que siempre ha actuado ante el mínimo indicio de maltrato. |
El periodista de GARA Alberto Pradilla (@albertopradilla) ha recordado al juez Grande-Marlaska las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que le censuran por no investigar denuncias de torturas. Asimismo, ha señalado las denuncias de otros organismos respecto a la persistencia del maltrato en el Estado español y le ha llegado a citar una reciente sentencia de la propia Audiencia Nacional en la que ponía en tela de juicio su instrucción.
El juez ha replicado que siempre que ha habido el mínimo indicio de maltrato ha deducido testimonio, y ha mostrado su incomodidad por someterse a un «interrogatorio» sobre sus actuaciones judiciales concretas, aunque ha seguido contestando en todo momento, como se aprecia en el corte de vídeo extraído del programa ‘Por fin, viernes’.
Grande-Marlaska –en la actualidad presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y vocal del CGPJ– ha sido entrevistado por varios periodistas en el programa “Por fin viernes”, de ETB2, en el que se le ha preguntado por la sobra de sospecha sobre la tortura a raíz de las sentencias internacionales. Ha replicado que por dos sentencias no se puede llegar a esa conclusión y, cuando le han indicado que las sentencias ya son seis, ha manifestado que no quería entrar en números. En todo caso, entende que el sistema judicial español no está en cuestión.
La condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la que se ha hecho referencia expresa en el programa es la relacionada con la denuncia por torturas no investigada de Beatriz Etxebarria. Alberto Pradilla ha mostrado el informe médico-forense del día siguiente de la detención de Etxebarria, en el que esta detalla que está padeciendo tormento. Marlaska ha indicado que esa denuncia no fue corroborada por el médico-forense y ha reiterado que el mínimo indicio le es suficiente para actuar.
Etxebarria fue detenida junto con otras tres personas el 1 de marzo de 2011, en una operación ordenada por este magistrado y desarrollada en Bilbo y Galdakao. De los cuatro arrestados, tres fueron finalmente acusados de formar un comando de ETA. En el informe médico-forense sobre Beatriz Etxebarria datado justo al día siguiente, la detenida, que permanecía incomunicada, denunció que le intentaron introducir un palo de escoba en la vagina, que le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y que llegó a perder el conocimiento, así como que le amenazaron con aplicarle electrodos. Esta denuncia no provocó reacción alguna por parte del juez instructor.
El periodista de GARA le ha citado también la sentencia en la que se absolvía a 40 miembros de Segi y en la que el tribunal de la Auciencia Nacional apeló al Convenio contra la Tortura, para recordar que este «obliga a todo Estado a asegurarse de que ninguna declaración que se demuestre ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en un procedimiento». La instrucción del caso, en cuya vista oral se pudieron escuchar terribles testimonios de tortura, fue realizada por Grande-Marlaska. Esta alusión a dicha sentencia ha incomodado al juez, que ha replicado que sus argumentos están recogidos en sus resoluciones judiciales.
En la entrevista han sido citadas diferentes cuestiones, ante las que el juez ha defendido el sistema judicial y sus garantías. Marlaska ha negado que exista ninguna vulneración de derechos fundamentales en el caso de los presos vascos, ha apoyado la denominada “vía Nanclares” y, respecto a la situación de Arnaldo Otegi, se ha limitado a indicar que es consecuencia de una «sentencia firme» por el delito de «integración en banda armada».
Otra situación incómoda para Marlaska se ha producido cuando las víctimas del 3 de marzo, desde una grabación realizada previamente, le han preguntado por qué el Estado español ampara la impunidad. Ha negado la mayor, ha dicho que no hay tal impunidad y se ha referido a la Ley de la Amnistía del 77, después de que una juez argentina haya procedido contra responsables de la represión franquista. |
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Comentaris
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Tortura: cuando el delito es la denuncia
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per Gara.Naiz |
10 nov 2014
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En un país regido por la defensa y el respeto de los derechos más fundamentales de sus ciudadanos, la primera actuación ante dichas declaraciones habría sido la investigación al respecto, la contundencia de no dejar pasar ni una ante la mínima sospecha de que desde sus aparatos se hayan podido perpetrar torturas. En este caso, la respuesta fue una querella. Ello a pesar de que los toques de atención ante el desinterés y la falta te actuación en torno a las denuncias de tortura, que ascienden a miles en Euskal Herria, no le son ajenos al Estado español. Apenas hace tres semanas que recibió la última condena por parte del Tribunal de Estrasburgo por no haber investigado denuncias de ciudadanos que afirmaron haber sido torturados. Y ya van cinco.
No resulta fácilmente comprensible que ante la denuncia de delitos tan graves una institución pública haga oídos sordos y no ordene inmediatamente su investigación. Cabe recordar que un reciente estudio sobre 45 denuncias de tortura basado en el Protocolo de Estambul afirma que son verosímiles. Siete de estas denuncias corresponden a la Ertzaintza y coinciden con el periodo en el que Rodolfo Ares fue consejero de Interior. Sin embargo, el Estado español, como hiciera Ares, se mantiene en el juego de meterlas en el saco de las mentiras y las calumnias, criminalizando así a quien denuncia hechos delictivos y reivindica el respeto a los derechos humanos, haciendo para ello su particular e interesada lectura de la justicia. Ya es hora de que giren las tornas. |
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«Bendito el que cree en la justicia... porque será ajusticiado»
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per Gara.Naiz |
10 nov 2014
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Esta es la traducción al castellano del texto que se podía leer en una de las camisetas de la cooperativa de presos y presas de la cárcel de Rebbibia (Roma): «Beato chi crede nella giustizia... perché verrá giustiziato». Si alguien se animara aquí a sacar esas camisetas, seguro que se forraba.
Iruñea, 26 de septiembre de 2012. La mayoría sindical vasca convoca una huelga general contra las reformas del Gobierno. En su transcurso, mientras participaba en uno de sus piquetes informativos, me dirijo en dos ocasiones a la Policía para interesarme por sus razones para retener a un joven y golpear a una sindicalista. A pesar de identificarme como diputado, los policías me sueltan varios porrazos. Decenas de testigos presenciaron los hechos, recogidos luego por numerosos medios. Incluso el «Financial Times» inglés publicó una fotografía en su primera página.
Denunciado lo anterior, el Juez acordó el sobreseimiento y archivo de la denuncia por dos razones. En primer lugar, porque a pesar de admitir que «el denunciante esgrimió ante los funcionarios policiales su condición de parlamentario español», el Juez estimó que «es evidente que no se encontraba realizando ninguna función propia de su condición». Que el presidente Rajoy acuda a una final de la selección española de fútbol o la ministra Fátima Báñez vaya a la procesión del Rocío a solicitar la intercesión de la virgen para que el paro disminuya, sí se considera propio del cargo, pero formar parte de un piquete informativo en una huelga general, no, eso sí que no.
La segunda razón para archivarlo fue entender que mi petición de explicaciones a la Policía obstaculizó e impidió su actuación, motivando «que los funcionarios policiales emplearan frente a él también la fuerza necesaria para apartarlo». Sin comentarios. ¡Paso palabra!
Recurrido el Auto judicial, la Audiencia Provincial de Navarra estimó parcialmente el recurso interpuesto señalando que no hubo evidencia alguna en mi conducta de «resistencia o actitud peligrosa alguna» y rechazando que «la actuación de los agentes cuando golpean al denuncian- te tuviera su origen en el cumplimiento de un deber» que pudiera eximirlos de responsabilidad.
En junio de 2014 se celebró el acto de la vista oral del juicio de faltas por lesiones imputadas a los policías (se rechazó nuestra petición de calificarlos como delito), pero se suspendió tras comprobarse que el Juzgado (¡...!) no había llamado a declarar a uno de los agentes. Y ahora, pasados dos años de todo aquello, el Juez ha declarado finalmente la prescripción de las posibles faltas por no constar que en la actuación judicial haya habido una imputación concreta de los hechos y haber transcurrido más de seis meses desde su comisión. El juez, sin embargo, no señala quién es el responsable judicial de tanto desatino ni ordena la apertura de expediente alguno al respecto.
En aquella huelga general varios jóvenes fueron acusados de atentado contra agente de autoridad. Al de doce días, por medio de un juicio rápido, ya habían sido condenados a dieciséis meses de prisión. Sin embargo a otro joven, Aingeru Zudaire, a quien una pelota de goma le reventó un ojo como consecuencia de lo cual ha perdido prácticamente la visión del mismo, se le archivó su denuncia contra la Policía. Recurrido el caso, se consiguió que este siguiera adelante, pero aún no se ha celebrado el juicio.
Hace unos días el Tribunal Supremo confirmó la condena a dos años de cárcel para varios ecologistas miembros de Mugitu!, colectivo de desobediencia civil contra el TAV, por arrojar en Toulouse (Francia) tres tartas de nata contra la presidenta del Gobierno de Navarra. Nadie allí les acusó de nada, pero aquí no les perdonaron. Aquí, endulzar la cara de Yolanda Barcina es delito, y de los gordos. Aporrear a un diputado de Amaiur, no, por supuesto.
La Audiencia Nacional, a pesar de llevar cumplidos ya cinco años de los seis a los que fueron condenados, acaba de negar la libertad provisional a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez. A pesar de ser los principales artífices del proceso de paz y normalización democrática impulsado en Euskal Herria, su peligrosidad parece ser bastante mayor que la de Rodríguez Galindo, Barrionuevo, Vera, Sancristobal... condenados en su día por los crímenes del GAL (torturas, secuestros, asesinatos, desapariciones...), quienes no llegaron a cumplir ni la décima parte de las condenas que les fueron impuestas.
La Audiencia Nacional también denegó este año la extradición solicitada por la jueza argentina, María de Servini, por crímenes de lesa humanidad, contra los torturadores franquistas Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño y Jesús Muñecas. Según la AN, sus torturas no formaban parte de un «ataque sistemático y organizado a un grupo de población». Es decir, no eran parte activa, consciente y voluntaria de una dictadura que desaparecía, torturaba, encarcelaba y reprimía al conjunto de la sociedad, sino, a lo más, casos aislados que se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones. ¿Dirá ahora lo mismo la Audiencia Nacional ante la nueva petición de detención y extradición contra veinte altos cargos (ministros -Martín Villa, Utrera Molina...-, militares, policías, jueces...) de la dictadura franquista?
La Transición no solo nos legó una Monarquía, un Ejército, una Policía y una Banca que fueron sostén de una dictadura criminal, sino también una Judicatura que acató dócilmente sus leyes y calló ante sus atropellos. Después de aquello, sus togadas señorías fueron recolocadas sin depuración alguna en la nueva Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, etc... y allí crearon escuela. No sorprende por ello la actitud benévola de la actual judicatura en relación con los desmanes realizados por las llamadas fuerzas de seguridad, cuya impunidad es total. Y no lo digo yo, que conste, sino que lo afirman las reiteradas condenas (desapariciones, torturas...) al Estado español hechas por distintos Comités de la ONU y el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea.
Lo dicho, «Beato chi crede nella giustizia... perché verrá giustiziato» |
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Estrasburgo condena al Estado español por no investigar las torturas a Etxebarria y Ataun
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per Gara.Naiz |
10 nov 2014
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha emitido una nueva condena al Estado español por no investigar denuncias de torturas. Se trata de los casos de Beatriz Etxebarria, detenida en marzo de 2011 por la Guardia Civil en Bilbo, y de Oihan Ataun, arrestado en noviembre de 2008 por la Policía española en Zizur Nagusia.
La máxima instancia europea en materia de derechos humanos, en sendas sentencias, ordena indemnizar con un total de 29.000 euros a Etxebarria, de los cuales 25.000 son por daños morales y 4.000 en concepto de tasas y derivados por el procedimiento tanto estatal como europeo, y con 24.000 euros al joven navarro, de ellos 20.000 por daños morales y los otros 4.000 por costas.
El TEDH ha estimado la demanda interpuesta por la defensa de Etxebarria y Ataun, que invocó al tercer artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos y acudió a Estrasburgo ante la ausencia de una investigación efectiva por pare de las autoridades españolas de las torturas y malos tratos denunciados durante el periodo de incomunicación. El caso de Etxebarria fue especialmente sonado por su denuncia de violación con un palo.
Los jueces señalan que en ambos casos «las investigaciones efectivas que se imponían por la situación de vulnerabilidad de los demandantes en detención incomunicada no tuvieron lugar» y recuerdan al Estado español la importancia de adoptar las medidas recomendadas por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, como la mejora del examen médico-legal y mantener una vigilancia apropiada «para evitar abusos y proteger la integridad física de los detenidos».
Al menos seis condenas por no investigar torturas
Con las de Etxebarria y Ataun suman ya cinco las sentencias condenatorias del Tribunal de Derechos Humanos contra el Estado español por no investigar denuncias de torturas interpuestas por ciudadanos vascos. Las tres anteriores fueron las relativas a los casos de Mikel San Argimiro en 2010, el de Aritz Beristain en 2011 y el de Martxelo Otamendi en 2012.
La sexta condena corresponde al caso de 17 ciudadanos catalanes que fueron arrestados en la macrorredada conocida como Operacion Garzón contra el movimiento independentista catalán, que se llevó a cabo entre junio y julio de 1992, en vísperas de los Juegos Olímpicos de Barcelona. 45 personas fueron arrestadas acusadas de pertenencia a la organización Terra Lliure y 17 de ellas denunciaron haber sido torturadas a manos de la Guardia Civil. El Tribunal de Estrasburgo admtió su demanda y en 2004 condenó al Estado español a indemnizar a cada una de ellas con 8.000 euros por negarse a investigar las denuncias.
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Sabino Cuadra, al ministro español de Justicia: «Con esto se tortura en comisaría»
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per Gara.Naiz |
10 nov 2014
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El nuevo ministro español de Justicia, Rafael Catalá, ha comparecido esta tarde por vez primera en el Congreso para exponer las líneas maestras de su Departamento. Posteriormente han tomado la palabra los representantes de las diferentes formaciones. El portavoz de Amaiur, Sabino Cuadra, ha interpelado a Catalá en primer lugar sobre cuál será su actitud para recuperar los restos de los miles de desaparecidos durante la guerra de 1936 y el franquismo.
A renglón seguido, le ha interpelado por la permanencia en prisión de Otegi y sus compañeros por el «caso Bateragune», y lo ha enmarcado en una aplicación del «derecho penal del enemigo» que se ha producido en Euskal Herria y que se está extendiendo a cualquier forma de contestación en el Estado español.
En tercer lugar, Cuadra ha abordado el tema de las torturas, recordando la reciente condena contra el Estado español por no investigar las denuncias de Oihan Ataun y Beatriz Etxeberria, de cuyo testimonio ha leído un fragmento. Posteriormente, Cuadra ha mostrado a Catalá una bolsa de plástico: «¿Sabe lo que es esto? Con esto se tortura en comisaría», ha espetado el diputado de Amaiur. |
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Re: Grande-Marlaska responde al «interrogatorio» de un periodista de GARA que la tortura se investiga si hay el mínimo indicio
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per a |
11 nov 2014
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¿Y el video del citado debate? |
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