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Resistencia yaqui frente a la inoperancia jurídica
20 set 2014
Resistencia yaqui frente a la inoperancia jurídica - Taykauraki

México. “Nos están fabricando delitos a quienes estamos en la lucha. Esto es una estrategia recurrente para dividir y controlar a los pueblos en protesta”, explica Mario Luna Romero, secretario tradicional de la tribu yaqui en Vícam, Sonora, y vocero oficial del movimiento por la defensa del agua del rio Yaqui.
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La situación jurídica de Mario Luna y otros representantes de la tribu, es fabricada. “Se nos acusa de un delito del que no participamos pues ni siquiera estábamos en el lugar en el que ocurrió la privación ilegal de la libertad de una persona”, advierte. Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del Quinto Circuito en Hermosillo, confirmó la orden de aprehensión en su contra por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo cometido por dos o más personas.

Luna explica que “la lucha yaqui en defensa del agua continuará independientemente de que estemos sujetos a juicios. Nosotros somos sólo portavoces, y existen muchos elementos de la tropa que pueden suplir nuestro trabajo, además de que estamos enlazando las luchas. Hay que tener en cuenta que lo que nos está pasando les pasó a otros yaquis anteriormente, pero en condiciones más desiguales”.

“Nos damos cuenta”, dice, “de que la ley es selectiva contra los jodidos, y de complacencia con los políticos y empresas, en este caso con gobernadores y empresarios que quieren comercializar el agua nuestra”.

La lucha del pueblo yaqui inició hace cuatro años contra la construcción del Acueducto Independencia, obra con la que el gobernador de Sonora pretende arrebatarle el agua a la tribu y a los agricultores de Ciudad Obregón, para enviarla a las empresas de Hermosillo, y no para el consumo humano, como anunció Guillermo Padrés.

Son los poderes fácticos, explica Mario Luna, quienes están detrás del proyecto Acueducto Independencia: “ellos tiene la capacidad de incidir en el ánimo y de voltear una resolución que pensábamos que por fin se cumpliría poniendo fin a la construcción de la obra. Estos poderes fácticos son tan poderosos que logran cambiar las decisiones de los jueces y dar marcha atrás. El cambiar direcciones jurídicas representa el miedo que tienen a que el pueblo ejerza su derecho”, advierte.

De las 55 comunidades de la tribu sólo el 30 por ciento tiene agua entubada y clorada, que no es potable. Y aun así, indica Luna, “se intenta quitarnos el agua”. Lo que quieren, dice, es que emigremos de este territorio nuevamente, pero la cuota de sangre por vivir en estas tierras es demasiada, como para dejarlas”.

“Esta generación de yaquis continúa en la lucha. No olvidemos que el 50 por ciento de los afluentes de las cuencas de agua están destinados a la tribu, y sin esto es posible que la tribu Yaqui no sobreviva”, alerta el represente indígena.

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Otro camino de lucha y resistencia

En estos momentos, explica el entrevistado en su paso por la ciudad de México, “se está tratando de echar atrás lo que se ha ganado. Porfirio Díaz trató de expulsarnos del territorio mandándonos a Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, en calidad de esclavos, y logramos sobrevivir en esos estados y en este territorio. Años después, el presidente Lázaro Cárdenas intentó saldar la cuenta histórica restituyendo un tercio del territorio a los yaquis en 1940”.

Luego de interponer un juicio de amparo, la tribu logró que el juez Octavo de Distrito ordenara el cese de operaciones del Acueducto Independencia, pero el Ayuntamiento de Hermosillo tramitó una queja ante un Tribunal Colegiado, que ordenó dejar sin efectos el paro de la obra hidráulica.

“La tribu yaqui comienza otro camino de resistencia. Después de que se dio un reverso en la vía jurídica, vemos que no hay nada seguro por ese camino y nos preocupa”, puntualiza Luna y hace un llamado a la solidaridad de organizaciones sociales y pueblos indígenas.

Actualmente, informa, “hay muchos compañeros de la guardia tradicional en Sonora que están iniciando acciones de resistencia, pues debido al incumplimiento de los ordenamientos judiciales que deberían detener el acueducto, ya comenzaron acciones de resistencia, tales como el boqueo a la carretera número 15 que comunica Estados Unidos con México”.

El pueblo Yaqui no seguirá esperando. La gente está molesta y no sólo los yaqui, sino todo el sur de Sonora, ya que la lucha no es solo por los 40 mil yaquis que viven en la zona, sino el millón de habitantes que viven en la cuenca del rio Yaqui y que se verían afectados directa o indirectamente con la construcción del acueducto.

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados a esperar a que el juez endurezca su actuar y otorgue plenamente los derechos que tenemos. La tribu no va seguir esperando”, concluye la autoridad indígena.

http://desinformemonos.org/2014/07/yaquis-2/

Sonora, el duro camino en búsqueda de la prosperidad
http://desinformemonos.org/2014/07/sonora-el-duro-camino-en-busqueda-de-/

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Policía Federal hostiga a yaquis en Vícam - fabbia

Vicam, Sonora, 19 de septiembre de 2014. Los hostigamientos en Vicam no se hicieron esperar. Apenas tres días después del auto de formal prisión contra Mario Luna Romero, vocero de la tribu, la Policía Federal apareció sobre la carretera federal 15 para fotografiar a los yaquis que realizan el bloqueo de la vía. Los elementos federales huyeron al recibir un llamado de atención de los yoeme. El acoso se produce justo unas horas después de la reunión de yaquis de los ocho pueblos tradicionales para decidir sobre sus próximas acciones.

La noche anterior, un auto con hombres vestidos de civil se apostó frente a la casa de la familia de Luna Romero. El secretario de la autoridad tradicional advirtió anteriormente, en entrevista con la periodista Gloria Muñoz Ramírez para el diario La Jornada, que responsabiliza directamente al gobernador Guillermo Padrés Elías de cualquier cosa que pueda suceder a sus parientes.

En la noche, en una reunión de autoridades tradicionales y yaquis de los ocho pueblos de la tribu, se decidieron las acciones que seguirán para lograr la libertad de su vocero y la cancelación del Acueducto Independencia, que desde 2010 amenaza con llevarse la poca agua que les queda. Se escucharon voces de coraje e indignación, y se denunciaron los daños ocasionados en la tribu por la detención de su vocero y la campaña de miedo, que continúa con las órdenes de aprehensión contra algunos indígenas, entre ellos Tomás Rojo.

La primera decisión de los yaquis fue que el caso de Luna Romero se llevará a instancias federales, dada la tensión política que hay en el estado de Sonora y la clara parcialidad del juzgado III, que dictó el auto de formal prisión por privación ilegal de la libertad y robo de auto cometido por dos o más personas con solamente testigos de oídas como pruebas.

En las calles de Vicam –que después de las lluvia, volvieron a su aspecto polvoriento habitual-, la presencia de civiles preguntando por algunos miembros de la tribu genera inquietud entre la gente. A pesar de este ambiente de incertidumbre, los yaquis transmiten tranquilidad porque, a decir de uno de ellos que no quiere proporcionar su nombre, “no debemos nada, no tenemos que esconder nada y mucho debemos tener miedo”.

El Acueducto Independencia, promovido por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías –quien fue denunciado en días recientes por poseer una presa ilegal en uno de sus ranchos- es parte del programa Sonora Sistema Integral. A pesar de que los yaquis ganaron todos los recursos legales que interpusieron contra la obra, ésta se encuentra terminada casi en su totalidad, con dos de las cuatro bombas hidráulicas en funcionamiento. Los ocho amparos ganados, que legalmente llevan a la cancelación del Acueducto que abastecería a empresas instaladas en Hermosillo, no evitaron la amenaza al agonizante río Yaqui, parte fundamental de la cosmogonía y vida de la nación yoreme.

Un recurso legal ganado por los yaquis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (contra el Manifiesto de Impacto Ambiental presentado para edificar el acueducto) obligó al gobierno a emprender una consulta a la tribu; el proceso se detuvo por la aprehensión del vocero Luna Romero. Juan Domingo Molina, asesor técnico de la tribu, denuncia que “nada de lo que se exige en tratados internacionales se ha cumplido, los manifiestos ambientales no señalan nada de los daños irreparables que ya tenemos y los futuros. Nos quedamos ahora en la etapa informativa de la consulta y claramente está muy parcial”.

En un reportaje publicado en Desinformémonos, Enriqueta Lerma explica que el río Yaqui no sólo tiene una significación mítica, sino también histórica pues representa el eje de ordenamiento territorial tradicional. Por siglos, sus ocho pueblos ancestrales: Belem, Huirivis, Rahum, Potam, Vícam, Tórim, Bacum y Cócorit, se asentaron en su margen, cambiando el lugar según su creciente y desviación. Ahora deben de improvisar sus rituales en el río cuando éste se encuentra seco, que es la mayor parte del año. Por eso, los yoeme –que sobrevivieron a guerras, revoluciones y dictaduras-, aseguran que están dispuestos a luchar con sudor y sangre para que no se seque el río que les dio la vida.

http://desinformemonos.org/2014/09/policia-federal-hostiga-a-yaquis-en-v/

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La prisión a Mario Luna, “un mensaje grave para los pueblos indígenas” - fabbia

Hermosillo, Sonora, y México, Distrito Federal. El auto de formal prisión dictado contra el vocero de la tribu yaqui, Mario Luna Romero, tiene la intención de criminalizar y amedrentar a quienes defienden la tierra, coinciden organizaciones sociales e indígenas de Cherán, Estado de México, Jalisco y Michoacán. “Ya es tiempo de tomar medidas más drásticas, porque lo mismo sucede en otras partes del país”, advirtió el comunero hñähñú Juan Dionisio.

Con la resolución, Mario Luna deberá permanecer en prisión durante el proceso legal pues los delitos de que lo acusan (privación ilegal de la libertad y robo de auto por dos o más personas) son graves y no alcanza fianza. La defensa interpondrá un amparo indirecto, pues si recurre a la apelación caerá nuevamente en el ámbito estatal. También se buscará que se reconozca el derecho indígena a aplicar su propia ley y se pedirá la protección de la justicia federal para los coacusados Gerónimo Flores y Fernando Gutiérrez; Tomás Rojo ya cuenta con uno, informó el abogado Ramos.

Salvador Campanur, comunero de Cherán, advirtió que el auto de formal prisión es una injusticia y un mensaje grave hacia los pueblos indígenas de México. “El mal gobierno actúa contra todo lo que se mueve para defender el territorio indígena”, señaló. Juan Dionisio coincidió en que a los gobernantes “no les importa la tierra, sólo vender y comprar”.

Juan Dionisio, comunero de San Pedro Atlapulco, Estado de México, consideró que la detención de Mario Luna es “terrible” y significa “uno de los golpes más fuertes que se puede dar a nuestra resistencia y nuestra lucha por la tierra”. Recordó que la nación yaqui es uno de los pueblos más castigados por el poder desde Porfirio Díaz, y “lo que pasa con Mario no es más que una muestra de que esta dictadura nunca se fue”. El hñähñú indicó que esto demuestra que las leyes mexicanas son una burla, “fueron cambiadas por neoliberales traidores para su beneficio y no las reconocemos”.

Carlos González, de la comunidad indígena de Tuxpan, Jalisco, indicó que están “muy molestos” por la resolución judicial. Su lectura es que “seguirán adelante los proyectos de despojo de agua y territorios por encima de pueblos y tribus, con total impunidad para los gobernantes”.

Benito Ramos, abogado defensor del yaqui, afirmó que la resolución, dictada por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo de auto por dos o más personas –debido a que la guardia tradicional yaqui castigó al acusador-, es carente de derecho y tiene un tinte político “del tamaño del mundo”.

Ramos explicó a Desinformémonos que en esta etapa del proceso se deben ofrecer pruebas. Aunque la defensa proporcionó tres testimonios “uniformes y contundentes” que demuestran que Luna Ramos no estaba ni en el momento ni en el lugar de los hechos, el juez Octavio Palafox “simplemente los desvalorizó” y de forma “ilegal” dictó la resolución con los mismos indicios con los que se emitió la orden de aprehensión, describió el abogado. Además, ignoró el derecho de la etnia a aplicar sus usos y costumbres, agregó.

La intención del auto de formal prisión es, además de amedrentar, distraer de la lucha de fondo para derivarla a la demanda de la libertad del vocero yaqui, valoró Citlalli Hernández, integrante de la Misión Civil de Observación a la Consulta a la Tribu Yaqui. “Es triste ver cómo el poder judicial se subordina al interés político de un grupo gobernante”, manifestó la activista.

“Se ve metida la mano del gobernador para perjudicar a Mario”, afirmó su abogado. “La orden de captura estaba desde hace un año, y curiosamente hasta ahora, con toda la situación que enfrenta el gobierno estatal, se ejecutó. Podríamos pensar que es un distractor, que pasa por encima de los derechos fundamentales de todo ciudadano”.

La tribu libra una batalla en defensa de las aguas del Río Yaqui al menos desde 2010, cuando el gobierno estatal, encabezado por el panista Guillermo Padrés Elías (quien fue denunciado públicamente en días recientes por la edificación ilegal de una presa en un rancho de su propiedad), anunció la construcción del Acueducto Independencia, que se llevará las aguas que pertenecen a la tribu por resolución presidencial de Lázaro Cárdenas.

La tribu ha ganado todos los recursos jurídicos interpuestos contra la construcción del Acueducto Independencia, impulsado por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías, y el gobierno fue obligado por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a iniciar un proceso de consulta al pueblo indígena. Mario Luna es una de las caras más visibles de la resistencia yaqui al despojo de su agua por su papel de vocero.

El acueducto, con una longitud de 175 kilómetros, se llevaría un volumen de 75 millones de metros cúbicos de agua de un territorio que ya padece sed, hacia Hermosillo, capital de Sonora.

Campanur condenó el uso de indígenas que para acusar a quienes comparten su color de piel. “Seguramente a ese que acusa lo llevaron a comer, a beber, lo vistieron y hasta lo pasearon con todos los lujos para que pudiera acusar al compañero Mario Luna. Dentro de nuestros saberes como pueblos primeros eso se llama traición”, sentenció.

“Desde siempre nos han querido exterminar y lo único que pedimos es que nos dejen en paz. Somos una nación con una cultura propia y como tal nos vamos a defender. Estamos en un momento muy difícil, pero sabemos que tenemos que seguir adelante porque tenemos la verdad”, expresó Guadalupe Olea Sombras, ex gobernador del pueblo de Vicam.

Juan Dionisio afirmó que los yaquis cuentan con “toda la solidaridad de sus compañeros hñähñú de Atlapulco. En el Congreso Nacional Indígena estamos próximos a reunirnos”, y ahí tomarán las decisiones necesarias para apoyar a Luna Romero.

Nicolás Flores Lugardo, comunero nahua de Ostula, afirmó que difundirán la información del encarcelamiento de Mario Luna en sus comunidades, pues él “vino a apoyarnos en una ocasión y tenemos que ver el modo de echarle la mano también”.

“Vamos a tener varias reuniones y encuentros, ahí definiremos el apoyo a Mario porque de manera aislada es difícil decidirlo. No olvidaremos lo que dijo en entrevista: no caeremos en la estrategia del gobierno de desviar la lucha contra el Acueducto por la de su libertad: irán juntas”, advirtió Carlos González.

La prisión de Mario Luna enseña que “no hay de otra que seguir organizándonos en la autonomía para disfrutar de libertad, justicia y democracia”, remató el purhépecha Salvador Campanur.

http://desinformemonos.org/2014/09/la-prision-al-vocero-yaqui-mario-luna/


Desprecio, ilegalidad y una negociación política, detrás de la detención de líder yaqui - fabbia

México, DF. La movilización de los yaquis “tiene que escalar” ante la detención de su autoridad Mario Luna Romero, advierte el vocero de la tribu, Tomás Rojo, quien también cuenta con orden de aprehensión. El auto de formal prisión contra Luna muestra “la degradación del Estado y del derecho”, afirma el abogado especialista en derechos colectivos, Francisco López Bárcenas. Y es que las cárceles en México se están llenando de indígenas que defienden el territorio, sostiene Luis Hernández Navarro, analista político y director de opinión del diario La Jornada, quien sostiene que detrás de todo está un conflicto entre Enrique Peña Nieto por un lado, y el empresario Germán Larrea y el gobernador Guillermo Padrés por el otro.

Lo que vemos es el secuestro, por parte del Estado, de una autoridad de la tribu yaqui, aclara desde Sonora el intelectual mixteco López Bárcenas. “Esto se ve en todo el país. Hace dos años, en San Luis Acatlán (Guerrero), la policía detuvo a un comandante de la comunitaria por haber detenido a una persona que cometió un ilícito. La Policía Comunitaria detuvo a su vez al juez, pues de acuerdo con su derecho, él era quien secuestró al comandante”, ejemplifica.

Luis Hernández Navarro, autor de Hermanos en armas, guardias comunitarias y autodefensas, establece que las cárceles de México se están llenando de indígenas defensores del territorio, como los autodefensas y guardias comunitarios de Michoacán y Guerrero, y los dirigentes sociales de Puebla y Tlaxcala que se oponen al gasoducto. “Las comunidades indígenas enfrentan una ofensiva de grandes empresas mineras y proyectos de infraestructura sobre sus territorios”, valora. En medio de esta “ofensiva de despojo y devastación ambiental”, surge un “ecologismo de los pobres, cuya columna vertebral son los pueblos indígenas, y sobre ellos se ceba la represión”.

En entrevista con Desinformémonos, Rojo señala que por su territorio no pasa solamente la carretera, sino un ferrocarril, fibra óptica, un oleoducto y un gasoducto, y “los ancianos y nuestras autoridades serán quienes tomen la decisión de qué acciones son más efectivas” para detener la agresión contra su pueblo. Los indígenas “no debemos renunciar a la legalidad y todavía hay recursos que se pueden interponer y no caer en la lógica de provocación del Estado”, indica López Bárcenas, que puntualiza que sin embargo, “los pueblos tienen derecho a la legítima defensa”.

Los yaquis, que luchan para que el Acueducto Independencia (obra promovida por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías) no se lleve el agua de su río, han ganado todos los recursos legales interpuestos contra la obra. El gobierno se vio obligado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a implementar una consulta sobre el acueducto a la tribu, pero –advierte Tomás Rojo- el proceso se verá afectado por la detención de Luna Romero, a quien se le imputan los cargos de privación ilegal de la libertad y robo de auto por dos o más personas, a causa del procesamiento bajo la ley indígena de Francisco Romo Delgado, señalado por los yaquis como operador interno del gobernador.

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Yaquis, moneda de cambio entre poderes

Luis Hernández Navarro considera que la detención de Mario Luna es un clásico ejemplo de cómo “se tuerce el cuello al cisne de la justicia; con tal de ejecutar una consigna política, se hace a un lado cualquier ejercicio correcto de la legislación”. El analista explica que el vocero yaqui es un preso político “y su caso se está usando para renegociar la relación entre el gobierno estatal y el federal, en el punto más álgido de su conflicto”.

López Bárcenas, quien fuera asesor de los zapatistas en los Diálogos de San Andrés, agrega que hay un elemento político en el encarcelamiento del yaqui, pues el gobierno estatal “quiere tapar todos los asuntos ilegales que se le descubrieron, como la llamada ‘Presa del Maleante’, la contaminación del río Sonora, sus problemas con el gobierno federal y hasta el asunto del incendio de la guardería ABC”. La intención es, de acuerdo con el abogado, usar la detención de Mario Luna como elemento de negociación.

Hernández Navarro explica que el gobernador Guillermo Padrés tiene la estrategia de escalar conflictos locales y abrir flancos para tratar de tapar su diferendo con el gobierno federal, que es doble: por una parte, el del presidente Enrique Peña Nieto con el multimillonario Germán Larrea, dueño de Grupo México (empresa responsable del reciente derrame tóxico en el río Sonora). “Larrea filtró en muchos medios que financió la campaña de Peña Nieto, y no está dispuesto a sujetarse a él”, detalla. Hay otro conflicto de carácter más general, pues Enrique Peña busca recomponer el presidencialismo mexicano dominando a los gobernadores que se le oponen, “y por otro lado prepara el terreno para el regreso total del PRI (Partido Revolucionario Institucional) en las elecciones de 2015”, expone el experto.

Para los pueblos indígenas, considera Hernández Navarro, el mensaje es que el derecho no funciona para ellos cuando tienen la razón, y que pueden ser utilizados para dirimir otro tipo de conflictos a despecho de sus derechos históricos.

“Y si esto hace una minera”, remata el periodista, “¿quién va a poder poner en orden a las petroleras?”

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Desprecio legal a los pueblos indios

Las autoridades tradicionales yaquis denunciaron, en comunicado del 18 de septiembre de 2014, que “el juez se conduce con desprecio y desdén por los usos y costumbres de la Nación Yoreme, y parecen ignorar que quien dio la orden (de detener a Francisco Romo Delgado, hecho que se le imputa a Mario Luna como privación ilegal de la libertad) fue el Gobernador Tradicional de Vicam”.

El Gobernador, el Capitán y el Comandante de Vicam se responsabilizaron de la detención y castigo de Francisco Romo Delgado, tanto en conferencia de prensa realizada en Hermosillo como ante el juzgado que lleva el caso. Sin embargo, se dictó el auto de formal prisión contra el vocero, con lo que se violan los artículos constitucionales primero (que establece que los tratados de derechos humanos forman parte de la Carta Magna) y segundo (por el que se reconoce la facultad a los pueblos indígenas de aplicar justicia de acuerdo al derecho propio, expone López Bárcenas. “Además, el artículo primero ordena a los jueces que, en caso de que haya varias interpretaciones de la ley, utilicen la que favorece a la persona”, agrega el letrado.

Lo primero que hay que hacer, considera López Bárcenas, especialista también en temas de megaproyectos, es aclararle a la opinión pública “que Mario no es un delincuente, y que las autoridades yaquis realizaron el acto en función de su derecho”. Además, “hay que organizarse para protestar y exigir el respeto a las leyes”, finaliza.

Para resolver el conflicto, sostiene Hernández Navarro, “debe quedar claro que el uso del agua del río Yaqui no está destinado a resolver los problemas de líquido para los habitantes pobres de Hermosillo”. Es necesario exponer que se trata de un absurdo del sistema económico, que requiere que se dote de millones de litros de agua diariamente a industrias instaladas en el semidesierto, puntualiza. “Hace falta que la lucha de los yaquis se convierta en la lucha de la sociedad en su conjunto contra este modelo económico atroz”, resume.

Tomás Rojo apela al acuerdo que 38 pueblos indígenas y 40 organizaciones de América tuvieron durante el Encuentro Intercontinental que alojó Vícam en el año 2007: “que cualquier agresión es contra todos y se debe reaccionar en consecuencia”, clama.

La Cámara de Senadores demandó la liberación del detenido y el cese de la escalada represiva, lo que “es un hecho inusitado. Los priistas están acusando al gobierno de cosas que ellos mismos hacen en otros estados, y eso hay que destacarlo”, señaló Hernández Navarro.

http://desinformemonos.org/2014/09/desprecio-ilegalidad-y-una-negociacio/
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