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Notícies :: antifeixisme |
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Los Estados Podridos estan extendiendo el encarcelamiento en masa alrededor del mundo.
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per Tokata butlleti |
25 jun 2014
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Imperialismo penitenciario- una visión general... |
Los Estados Unidos, el país que lidera mundialmente las tasas de población reclusa, está exportando su modelo de encarcelamiento en masa a los países en desarrollo alrededor del mundo. Este “imperialismo penitenciario” es uno de los componentes básicos de la infraestructura del Imperio. Junto con la militarización de las fuerzas policiacas y de las fronteras, el encarcelamiento en masa permite a las economías neoliberales gestionar por la fuerza y la intimidación las inevitables consecuencias del capitalismo global: la gran ruptura social y la creciente disidencia política. (El neoliberalismo es un sistema donde la rentabilidad es valorada por encima de cualquier otro valor social, y en los países en desarrollo del imperio estadounidense está respaldado por las fuerzas militares de los EE.UU. y sus aliados.)
Desde el año 2000, se ha producido una explosión en los esfuerzos de los EE.UU. para aumentar y reestructurar los sistemas penitenciarios internacionales, o brindando formación de personal en los centros penitenciarios, y/o por medio de la construcción de nuevas cárceles en al menos 25 países distintos. La primera de estas actividades fue el Programa de Mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano, firmado por la Embajada de Estados Unidos y por el Departamento de Justicia y del Derecho de Colombia, el 31 de marzo de 2000.
Por los años 2002 en Afganistán, y 2003 y 2004 en Irak, los Estados Unidos ya estaban construyendo y administrando cárceles como parte de la invasión y ocupación de esos países. Estos programas se conectan desde el inicio de la denominada “Guerra Global contra el Terrorismo”, así como la “Guerra Contra las Drogas”, a través de las cuales se han financiado muchos de los proyectos penitenciarios. Estrechamente relacionada, se encuentra la creación del campo de detención de Guantánamo en enero de 2002. Muchos han escuchado las historias horribles sobre los abusos en Abu Ghraib, Guantánamo, y en los campamentos militares de detención en Bagram. Lo que la mayoría no sabe, es que la intervención de EEUU en centros penitenciarios extranjeros se ha convertido en un asunto mundial y no sólo en asociación directa con sus ocupaciones militares.
Se ha establecido la base en Colombia….
Las terribles condiciones que resultaron de la colaboración inicial entre los EE.UU. y Colombia, y que asentaron la base para futuros programas penitenciarios internacionales, casi no recibieron cobertura alguna por los medios de prensa. Su financiación comenzó con una donación inicial de los EE.UU de 4,5 millones de dólares. La primera prisión construida fue la penitenciaría de Valledupar, comúnmente conocida como la Tramacúa, y terminada en noviembre del 2000. Las condiciones de la Tramacúa son tan malas, que los presos solo tienen acceso al agua limpia durante un promedio de 10 minutos al día, las instalaciones sanitarias no suelen funcionar, la tortura es común, el abandono de la atención de salud es sistémico, y autoridades colombianas y de las Naciones Unidas, tanto como observadores internacionales independientes, y en tres diferentes ocasiones, han documentado la presencia de materia fecal en la comida de la cárcel.
Las razones citadas para justificar el programa de reestructuración penitenciario de Colombia fueron el tratar de aliviar el hacinamiento, y mejorar las condiciones en las prisiones. Sin embargo, el propio acuerdo vincula al proyecto más explícitamente a la Guerra Contra las Drogas. El documento afirma que, “Dentro del objetivo del programa de control de narcóticos, el proyecto de Mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano busca consolidar estrategias tendientes a controlar las acciones ilícitas cometidas desde el interior de los penales por las personas que pertenecen a grupos al margen de la ley y que están relacionadas con el tráfico y con crímenes de lesa humanidad.”
El documento pasa a declarar que: “El apoyo financiero del Gobierno de los Estados Unidos al Ministerio de Justicia y del Derecho- INPEC, será suministrado bajo este Apéndice del Plan Colombia Suplementario y las asignaciones anuales del Departamento de Estado/ Bureau de Asuntos Narcóticos Internacionales y de Aplicación de la Ley (INL)”
La realidad es que este programa tiene poco que ver con el narcotráfico y “crímenes de lesa humanidad”. Esto es obvio en el doble stándard que se aplica en las cárceles colombianas. Los grupos paramilitares de la derecha y las pandillas narcotraficantes son a menudo uno y el mismo, y estas mismas organizaciones paramilitares, junto con las fuerzas armadas, han sido responsables del 70 al 80% de la violencia política y atrocidades cometidas durante los más de 50 años de la guerra civil colombiana. Sin embargo, los paramilitares y los grandes narcotraficantes y sus asociados, regularmente gozan de privilegios y favores mucho más allá de lo que está a disposición de cualquier preso común. Por supuesto, la mayoría de ellos rara vez ven el interior de una cárcel. Los que asesinan a sindicalistas y defensores de los derechos humanos disfrutan de un 98% de impunidad por sus crímenes, y muchos han sido condenados solo con arresto domiciliario, raramente una opción para los presos políticos de Colombia.
Un artículo del 2008 publicado en el semanario colombiano, La Semana, expuso como en la prisión de máxima seguridad, Itaguí, los presos paramilitares estaban usando teléfonos celulares para organizar asesinatos y otras operaciones violentas. En un espacio común, cerca de los calabozos de los líderes paramilitares , la instalación de cámaras de seguridad no estaba funcionando y una búsqueda encontró una pistola, granadas, y dinero en efectivo escondido dentro de libros. La Semana cuestionó a la directora de la prisión, Yolanda Rodriguez, acerca de esto, a lo que ella respondió, que siempre que trató de hacer algo en contra de los privilegios de los paramilitares encontró sus “manos atadas”. Dijo que a menudo recibe comunicaciones de altos funcionarios del gobierno, entre ellos los Directores Regionales y Generales del INPEC y del Ministro de Justicia, ordenando cambios de reglas en favor de los presos paramilitares.
La experiencia es muy diferente para la población en general y especialmente para los presos políticos. De hecho, las cárceles colombianas se han convertido en teatros de guerra. Mientras que los presos comunes ya tienen que hacer frente al hacinamiento, el abandono y los malos tratos, estos se multiplican en gran manera con los presos políticos y prisioneros de guerra para con quienes los ataques directos y las torturas, son ocurrencia comunes. Los carceleros profesionales están siendo reemplazados por actuales y ex miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, incluyendo varios casos de graduados en la Escuela de las Américas ahora a cargo de establecimientos penitenciarios.
Parte del legado de la involucración por parte de los EE. UU., ha sido el establecimiento en las cárceles de los comandos Grupo de Reacción Inmediata (GRI) y Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad (CORE). Estas unidades de operaciones especiales estilo SWAT han lanzado ataques contra los presos políticos y prisioneros de guerra en múltiples ocasiones, especialmente contra los que participan en huelgas de hambre y otras formas de protesta no -violenta. Raquel Mogollón visitó la prisión Tramacúa representando a AfGJ poco después de un ataque en junio de 2011 por el GRI y CORES contra presos en huelga. Muchos de los reclusos en protesta improvisada se habían suspendido en hamacas y cables conectados a las barandillas de hasta 5 pisos de altura. En un artículo de AFGJ sobre la visita de Mogollón, ella informa que:
“El GRI llevó estas pequeñas y desagradables colchonetas, de unos 5 centímetros de grosor, y las pusieron en el suelo. Cuando empezaron a cortar los cables y las hamacas de los presos, esperaban que los reclusos cayeran sobre las colchonetas. Algunos lo hicieron, otros no. Un preso tras otro, informó que pudieron contar entre 50 y 60 los proyectiles que fueron despedidos.
El prisionero, Wilson Rodríguez, dijo que había sido lanzado desde el cuarto piso. Fue uno de los cinco prisioneros llevados inconscientes de la cárcel y hospitalizados. Más tarde fue encerrado con acceso a agua por sólo cinco minutos al día. Osvaldo Guzmán Toro habría sido lanzado desde el tercer piso. Rodríguez agrega, “habían puesto estos pequeños colchones fingiendo su uso para nuestra seguridad, pero algunas personas estaban siendo empujadas o cortadas desde el quinto piso. “
Mogollón describió a los guardias GRI que llevaron a cabo los ataques diciendo que,
” …lucían como equipos de SWAT, con escudos, cascos y todo. Varios de los detenidos declararon que suplicaron con los GRI para que no atacasen, afirmando que no deberían estar allí, que la huelga se desarrolló en forma pacífica. Pero los GRI respondieron que estaban obedeciendo órdenes y que no podían volverse atrás. En concreto, los reclusos dijeron que los GRI les comunicaron que habían sido “ordenados por el Ministro y el General…”
Mogollón informó que,
“Al menos tres reclusos me dijeron que los guardias los desnudaron y les dispararon botes de gas lacrimógeno hacia sus genitales. Dijeron que durante los ataques los guardias estaban usando “pimienta, pata y palos”. Los reclusos informaron que algunos de los botes que fueron disparos fueron del tamaño de sus antebrazos, algo así como 40 centímetros de largo.”
¿Cuáles han sido los resultados generales del programa colombo-estadounidense de mejoramiento del sistema penitenciario colombiano? En lo que respecta al hacinamiento, el problema no ha disminuido, sino que ha empeorado. Según la Defensoría del Pueblo, la tasa de hacinamiento es del 58 %, el peor de la historia, y algunas cárceles están superpobladas por tanto como el 400 %. En 1998, dos años antes del inicio del programa, la población de las cárceles colombianas, según el INPEC, se encontraba en 51.633 . En 2007, la población había aumentado a 63.603 . En diciembre de 2013, el número de presos ha llegado a 120.032 .
La tortura se ha convertido en una práctica generalizada. La oficina de control disciplinario interno de la INEC documentó 79 casos de abuso verbal o físico contra los presos durante los primeros seis meses de 2008. Estos incluyeron golpes, rotura de huesos, negación de asistencia médica, amenazas de muerte, acoso sexual y el amarrar a los presos con ambas manos y pies esposados. En una encuesta de 230 presos en el 2008, el 54% de los encuestados respondió que había sido torturado en la cárcel, mientras que el 46% no contestaron a la pregunta, posiblemente por temor a represalias. La tortura psicológica fue reportada por el 86% de los que sí dieron sus respuestas, en particular el aislamiento, las amenazas a los familiares y la simulación de ejecuciones.
Otra característica del modelo colombiano ha sido el traslado en masa de presos lejos de sus familias y amigos. Para las familias pobres, estas transferencias hacen que sea virtualmente imposible mantener contacto con sus seres queridos. Cuando los miembros de la familia si tienen la posibilidad de visitar, con frecuencia son sometidos a tratos humillantes, y cambios repentinos en las reglas, los que a menudo resultan en negarles el poder entrar en las instituciones penales.
La tasa de aumento de presos políticos ha subido considerablemente. En una reunión con la organización colombiana, MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado) en 2009, se le informo a AFGJ que, entre 1992 y 2002, hubo unas 2.000 detenciones políticas, probablemente arbitrarias, que más tarde fueron rechazadas por los tribunales. Entre 2002 y 2006, hubo 8.000 detenciones de esta índole. Por lo general, los detenidos fueron acusados de “rebelión” basado en pruebas falsificadas y el testimonio de testigos pagados. Por lo general, los cargos fueron retirados después de que los “sospechosos” sirviesen un promedio de dos a tres años de cárcel. Miles de otros presos de conciencia y aquellos encarcelados con trampas incriminatorias por sus actividades políticas no violentas no logran que sus cargos sean retirados y son condenados a pasar largos años en la cárcel. Los prisioneros de guerra, que constituyen una minoría de los presos políticos, son tratados de la peor manera de todas. El contexto social y político de su encarcelamiento ha sido en gran medida desconocido o negado, aunque ahora, y dentro del actual proceso de paz, probablemente se le hará frente a su situación en el marco de las negociaciones, claro está, siempre y cuando estas no sean desbaratadas por la extrema derecha colombiana.
Estadísticas exactas no están actualmente disponibles en relación con las tasas de arrestos políticos de hoy en dia. Sin embargo, sobre la base de la experiencia del AfGJ y por lo que estamos escuchando de nuestros compañeros y contactos en Colombia, todo parece indicar que la tasa no ha disminuido sino que ha aumentado, especialmente desde la fundación del movimiento popular para una paz justa, Marcha Patriótica. Los dirigentes y miembros de Marcha Patriótica han sido destinados específicamente para la represión. El estado está especialmente apuntando a la detención de los líderes de huelgas de agricultores y de dirigentes sindicales.
Honduras…
Colombia ha proporcionado el patrón de involucración estadounidense en los sistemas penitenciarios internacionales, incluyendo la institucionalización de abusos que se están actualmente exportando alrededor del mundo. Sobre todo, el modelo colombiano se ha aplicado en México y América Central, donde los EE.UU. (y Colombia) han participado en programas penitenciarios desde el año 2009. Una vez más, estos han sido financiados y supervisados como parte de la Guerra Contra las Drogas a través de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI, por sus siglas en inglés). Preocupa mucho el apoyo que los EE.UU. han brindado a Honduras tras el golpe de estado de 2009. Desde ese momento, los informes de abusos contra los derechos humanos se han disparado. En el año 2012, el subsecretario del INL, William Brownfield, visitó los países de América Central ofreciendo fondos de un paquete de $200 millones de dólares destinados a la lucha contra el narcotráfico, reforzando asi los departamentos de policía, las fronteras, los tribunales y las cárceles.
En su visita a Honduras en marzo de 2012, Brownfield designó $1,75 millones de dólares adicionales a Honduras para gastar en la seguridad penitencial, policíaca, fronteriza y portuaria. En su anuncio, Brownfield cubrió de elogios al gobierno hondureño golpista y a las Fuerzas Armadas. Un portavoz del Departamento de Estado dijo de la visita “En su asociación con las fuerzas del orden hondureñas, los Estados Unidos tiene como objetivo aumentar los esfuerzos contra el tráfico de drogas, fomentar la seguridad ciudadana, y ayudar a los jóvenes a buscar alternativas a las pandillas.” En mayo del 2012, el gobierno de los EE.UU. autorizó otros 50 millones de dólares de ayuda para con la seguridad de Honduras.
El informe de Human Rights Watch del 2014 sobre Honduras, sostiene,
“Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad por violaciones de derechos humanos. El índice de homicidios, que aumentó consistentemente en la última década, fue el más alto a nivel mundial durante 2013. Los responsables de asesinatos y otros delitos violentos pocas veces son llevados ante la justicia. La actuación de las instituciones a cargo de la seguridad pública sigue siendo en gran medida ineficaz y ha estado asociada con numerosos señalamientos de corrupción y abusos, mientras que las iniciativas que procuran reformar estas fuerzas no han conseguido avances importantes. Entre las personas más vulnerables a ataques se encuentran periodistas, activistas campesinos y personas LGBTI. Aun así, el gobierno no juzga a los responsables ni brinda protección a quienes se encuentran en riesgo.…
La impunidad por graves abusos cometidos por la policía es un problema crónico. De enero 2011 a Noviembre 2011, la policía mató a 149 civiles, incluyendo a 18 personas menores de 19 años de edad, según un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El entonces comisionado de la Policía Preventiva, Alex Villanueva, confirmó las conclusiones del informe y dice que hay muchos más homicidios por parte de la policía que nunca se reportaron...”
Mas:
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