Más de un centenar de banqueros imputados de una quincena de cajas

Sólo en la Audiencia Nacional hay ocho juzgados que investigan presuntos delitos económicos de decenas de directivos de las antiguas cajas de ahorro. Muchas de esas cajas han desaparecido al ser absorbidas por una entidad saneada, en el mejor de los casos, o forman parte de las tres entidades nacionalizadas de incierto futuro. En total son más de un centenar los banqueros imputados en ocho entidades distintas.

Uno de los procesos que se encuentran más avanzados es el que se sigue contra cuatro exdirectivos de Caixa Penedès. Dos de los imputados -entre los que se encuentra el expresidente Ricard Pagès- han tenido que hacer frente a una fianza civil global de 13,5 millones de euros para responder a posibles perjuicios económicos. Esa fianza, por lo tanto, es distinta a la de Miguel Blesa, impuesta por el juez, ya que no ha dictado prisión sobre los antiguos gestores de la caja catalana. Lo que sí es cierto es que la fiscalía y la acusación particular han solicitado al juez penas que oscilan entre los tres años y los tres años y medio de prisión para los cuatro exdirectivos de Penedès a los que imputa delitos de apropiación indebida y administración desleal.

Pero si hay un caso que sobresale especialmente es el del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, que fue ministro de Economía y director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Está acusado de presuntos delitos de estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsear cuentas y manipulación para alterar el precio de las cosas. Junto a Rato y por la misma causa estaban también imputados, entre otros, el también exministro del Interior, Ángel Acebes, que fue consejero del banco antes de ser nacionalizado.

Además de Caixa Penedès y de Bankia, en la Audiencia Nacional se investiga también a directivos de Banco de Valencia (José Luis Olivas, expresidente), Novagalicia (Julio Fernández Gayoso, expresidente), CAM (María Dolores Amorós, exdirectora general), CCM (Juan Pedro Hernández Moltó, expresidente) o Banca Cívica (Enrique Goñi, expresidente). En este último caso, la investigación ha saltado al plano político afectando a, entre otros, el expresidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, y la presidenta actual, Yolanda Barcina.

Fuera de la Audiencia Nacional, en diferentes juzgados de instrucción o en el seno de Fiscalía se investiga a otros banqueros de Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja Canarias, CAN, Caja Burgos, Cajasol y Catalunya Banc. En este último caso, la fiscalía ha abierto diligencias sobre el regimen de retribuciones. Ese hecho ha sido utilizado por el Gobierno para negarle la pensión al expresidente Adolf Todó, cesado hace una semana.

Las investigaciones que se siguen sobre los directivos bancarios son por denuncias de la fiscalía pero también de otros organismos como el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) dependiente del Banco de España. Otras denuncias fueron de partidos como UPyD, PP o asociaciones como Manos Limpias, Apabankval o Kontuz!