El Estado mexicano, que señaló de mentirosas a las mujeres sobrevivientes de la tortura sexual durante la represión en Atenco y Texcoco en 2006, ahora busca dar disculpas y lograr una “solución amistosa” por las acciones, que son parte de su fracasada estrategia por frenar la organización de abajo y a la izquierda. Las sobrevivientes lo rechazan y reiteran que seguirán su demanda de justicia, que va más allá incluso de las acciones jurídicas.
En un par de meses se cumplirán siete años de los brutales operativos policiales ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco. Su saldo es bien conocido: cateos ilegales; cientos de detenciones arbitrarias; el asesinato de Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea a manos de la policía; la tortura física y psicológica de todas las personas arrestadas; y la expulsión ilegal de cinco personas extranjeras. El caso de las mujeres fue especial, ya que además de padecer la violencia generalizada, fuimos sometidas a la tortura sexual, de la que se documentaron por lo menos 26 casos.
La violencia institucional no sólo se tradujo en cárcel, asesinato y tortura; luego enfrentamos la represión judicial, procesos interminables; sentencias inauditas -hasta por 112 años de prisión-. Tras conseguir la libertad de todos y todas después de años de movilización y resistencia, no podemos dejar de percibir que la impunidad ha sido el común denominador en este asunto.
En las primeras horas de la detención, en el enorme comedor de visitas del penal de Santiguito, nos encontrábamos las mujeres en silencio, esperando pasar a rendir declaración. Una chica comenzó a relatar la tortura, y reconocí en la mirada de aquellas mujeres mi propio dolor y el agobio del silencio. La rabia nos empezó a hinchar el corazón, la fuerza comenzó a retornar a nuestros cuerpos, comprendimos entonces que estábamos vivas y, desde ese momento, juntas.
Hemos vivido la criminalización y estigmatización. Los diferentes funcionarios del gobierno federal y estatal nos llamaron mentirosas, inventando que seguíamos un manual utilizado por grupos radicales para inculpar falsamente a los agentes policíacos de violación.
La impunidad anunciada.
Acudir a las autoridades para denunciar la represión parecía una locura. Ellos usaban a los medios de comunicación comerciales para anunciar que no existían denuncias formales, cuando según su preciado Estado de derecho debía seguirse una investigación por oficio ante las evidencias físicas de tortura. Nosotras decidimos no legitimar sus mentiras con nuestro silencio: Denunciamos.
Comenzó el largo peregrinar acudiendo a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM) -ahora FEVIMTRA (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas). Pasaron dos años en donde rendimos declaración; ampliamos declaración; nos sometieron a peritajes; más citaciones y demagogia; padecimos a las diferentes fiscales que pretendían hacerse de capital político con nuestra demanda de justicia. Elena Pérez Duarte, entonces fiscal, nos hablaba como madre adolorida por sus hijas caídas en desgracia; después vino Guadalupe Morfín, que con su prepotencia dijo que no había avances y que no nos hiciéramos falsas ilusiones respecto a consignar el caso.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) llevaba una investigación llena de irregularidades. Donde 29 policías habían sido señalados directamente por una compañera denunciante, las autoridades procesaron a 9 de ellos por los delitos de abuso de autoridad y actos libidinosos, pero nunca por tortura. En resumen, todos los policías fueron absueltos y el costo emocional para nuestra compañera fue devastador.
En este contexto acudimos en abril de 2008 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la petición de que investigara lo ocurrido el tres y cuatro de mayo de 2006. Supimos entonces que nos encontrábamos en medio de un proceso que por lo menos se llevaría siete años más.
La simulación ha sido la estrategia del Estado mexicano. En febrero de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su dictamen respecto a la investigación del caso, reconoce “la flagrante violación a las garantías individuales y abuso de autoridad”. Sin embargo, a Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna, Wilfrido Robledo y cualquier autoridad que haya participado en la planeación y ejecución de los operativos se le deslindó de toda responsabilidad del ejercicio de la fuerza pública, argumentando que los policías actuaron por cuenta propia, diluyendo así la responsabilidad de la cadena de mando y de los funcionarios partícipes.
En septiembre del mismo año, la FEVIMTRA, declinó la competencia a la PGJEM, no sin que antes Guadalupe Morfín sacara su tajada política al declarar ante los medios de comunicación la consignación federal del caso en el contexto de su salida de la fiscalía para candidatearse para ser titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¡Qué más da una mentira en la carrera de altos vuelos de la exfiscal!.
Pasaron los años y el Estado mexicano hizo todo lo necesario para perpetuar la impunidad. Fue hasta julio del año pasado, que durante la exanimación a la que fueron sometidas las autoridades mexicanas por parte del Comité CEDAW de la ONU (Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), realizada en Nueva York, con bombos y platillos se anunció que la Procuraduría había consignado y arrestado a dos policías por actos de tortura en agravio de nosotras. Extraordinaria coincidencia que giraran órdenes de aprehensión el mismo día en que se le cuestionaría al Estado acerca de las investigaciones.
El panorama le cambió a partir del 14 de marzo el Estado mexicano. Durante la audiencia de fondo ante la Comisión Interamericana, en un acto desesperado por mantener intacta su imagen de garante de los derechos humanos ante organismos internacionales, se dirigió a nosotras diciendo ofrecer “disculpas” y exigiendo su derecho de convenir una salida “amistosa”, un derecho que visto desde el poder, está por encima de nuestro derecho de justicia. Dejamos de ser las mentirosas, nos ofrecieron becas y apoyos. De sus bocas salió la palabra “solidaridad”, como si ésta pudiera venir de los de arriba.
No fue difícil tomar una decisión al respecto. ¡No creemos en las promesas de las autoridades mexicanas! Hemos entendido durante estos años que lo que nos ha fortalecido y nos permite seguir explorando los caminos hacia la justicia, la construcción de la memoria y la reparación no está exclusivamente en los espacios jurídicos.
Hemos encontrado eco y solidaridad en nuestras organizaciones y colectivos, incluso en la sociedad en general. Nuestra apuesta sigue siendo la organización y el fortalecimiento de los procesos colectivos. Sabemos que la tortura sexual es una herramienta poderosísima usada para rompernos y desmovilizarnos.
Logramos hablar del tema de forma franca y abierta, sin tabús, desmontamos la victimización y el estigma, logramos colocar el término tortura sexual en un sitio visible, la forma en que se instrumenta y el daño que causa. Avanzamos en estrategias de afrontamiento individuales y colectivas. Nunca fuimos víctimas, somos sobrevivientes, llenas de esperanza por cambiar el actual estado de las cosas. Nuestra lucha no es por becas, programas y terapias psicológicas.
Los hechos en Texcoco y Atenco no fueron la decisión de un par de policías nerviosos a los que se les pasó la mano; fue un acto concertado por los tres niveles de gobierno. Los tres partidos políticos más relevantes (Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática) se hermanaron para reprimir y detener a la organización nacional en torno a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN y La Otra Campaña. Sus crímenes han sido en vano.
Seguiremos caminando abajo y a la izquierda.
Publicado el 18 de marzo de 2013
Respuesta de las compañeras en lucha contra la tortura sexualizada por el caso Atenco y frente a la mezquindad del Estado mexicano, en la CIDH
08 de marzo de 2013
Mtro. Emilio Álvarez-Icaza
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street N.W.
Washington D.C. 20006
Ref.:Comunicación de las 11 mujeres peticionarias en el caso Mariana Selvas Gómez y otras
Caso 12.846 (México)
Distinguido Mtro. Álvarez-Icaza:
Quienes suscribimos la presente, MARIANA SELVAS GÓMEZ, GEORGINA EDITH ROSALES GUTIÉRREZ, MARIA PATRICIA ROMERO HERNÁNDEZ, NORMA AIDÉ JIMÉNEZ OSORIO, CLAUDIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, BÁRBARA ITALIA MÉNDEZ MORENO, ANA MARIA VELASCO RODRÍGUEZ, YOLANDA MUÑOZ DIOSDADA, CRISTINA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, PATRICIA TORRES LINARES Y SUHELEN GABRIELA CUEVAS JARAMILLO, nos dirigimos a usted en nuestro carácter de peticionarias y denunciantes de las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en nuestra contra por funcionarios del Estado mexicano en el marco del operativo policiaco llevado a cabo en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006; a fin de hacer de su conocimiento nuestra postura frente a la inquietud de que este asunto pudiera solucionarse por una vía amistosa.
Tenemos conocimiento de la insistencia que ha tenido el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en contactar a nuestros representantes a fin de presentar la propuesta del gobierno mexicano para atender nuestro caso. Sin pasar por alto que desde hace años el Estado ha buscado un espacio para dar por terminado el litigio ante el Sistema Interamericano con una solución alterna.
Por este medio, le compartimos que no vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos más de seis años no sólo su incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia-máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional-sino también sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco y sobre la búsqueda de justicia. En efecto, la postura del Estado es que ya ha proporcionado acceso a la justicia, cuando en los hechos el caso ha quedado impune, por lo cual no podemos esperar avances del Estado; al contrario, el pleno acceso a la justicia que pudiera haber ofrecido el Estado en un primer momento, a estas alturas sería prácticamente imposible de alcanzar.
Reiteramos que el Estado tuvo oportunidad desde el año 2006 de demostrar una voluntad política para investigar y sancionar las violaciones alegadas. Estas razones se sostienen a detalle en el intercambio de escritos que inició con la petición presentada en abril de 2008, en los que esta Comisión encontrará que por la extrema gravedad de las violaciones sufridas y por la postura del Estado, este caso no es susceptible de resolverse por la vía amistosa.
Asimismo, aprovechamos la ocasión para reiterar que nuestros representantes legales a nivel interno son las y los integrantes del Centro Prodh, y a nivel interamericano son el Centro Prodh y CEJIL. En razón de ello, y dado que este escrito será trasladado al Estado, hacemos de su conocimiento que toda comunicación que el Estado nos pretenda allegar deberá hacerse a través de ellos. Es decir, no es nuestro deseo que agentes del Estado nos busquen contactar directamente.
Así las cosas, solicitamos a esta Honorable Comisión, emitir el informe de fondo correspondiente a este caso, formulando las correspondientes recomendaciones al Estado mexicano.
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para reiterarle las muestras de nuestra más distinguida consideración. |
