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Guatemala. Memorias desde el fuego. La palabra de las mujeres en el centro de la búsqueda de justicia
27 feb 2013
En 2004, Feministas en lo Individual, el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas iniciamos la labor de identificar sobrevivientes de violencia sexual con el objetivo de abordar la violencia específica contra las mujeres en la guerra.
Al iniciar este artículo para la revista Pueblos hago memoria de varios años de acompañamiento a mujeres sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado interno en Guatemala. El trabajo que resumo en estas páginas se ha realizado en alianza con personas y organizaciones nacionales y con el apoyo solidario de algunas organizaciones que, como ACSUR - Las Segovias, han sido consecuentes en asumir la causa de la justicia para las mujeres.

Arrancar este acompañamiento fue complejo e implicó el ejercicio de una ética que sin la fuente nutricia del paradigma feminista hubiese sido imposible. Asimismo, implicó la comprensión de significados y significantes provenientes de la cosmovisión de las mujeres indígenas mayas, que comenzaron a romper siglos de silencio.

En 2004, Feministas en lo Individual, el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) iniciamos la labor de identificar sobrevivientes de violencia sexual con el objetivo de abordar la violencia específica contra las mujeres en la guerra. Fue así como se conformaron grupos de mujeres provenientes de municipios de tres departamentos de Guatemala: Chimaltenango, Huehuetenango e Izabal.

Alrededor de 73 mujeres cakchiqueles, mames, chujes y queqchíes permanecieron en los grupos y hoy mantienen vivos sus procesos de resignificación de lo vivido. Como parte de la metodología, los equipos de acompañamiento hemos debido realizar junto a ellas nuestros propios procesos de comprensión de nuestras experiencias individuales y colectivas. Como explicó Andrea Díez[1], no podíamos pedirles a las mujeres que hablasen de su sexualidad y guardar la nuestra en el bolsillo. Esta premisa, base para desarrollar un abordaje integral del trabajo, implicó el acompañamiento psicosocial, la sanación-organización, la sensibilización social, la construcción de memoria histórica y la búsqueda de justicia.

A pesar de las dificultades, la convicción de que el compromiso con las mujeres requería esa mirada integral nos permitió profundizar en este trabajo tan necesario como ausente de las agendas de los distintos movimientos sociales y de las instituciones del Estado.

En búsqueda de justicia

La impunidad en Guatemala es un sistema sostenido por cuerpos paralelos en las instituciones de justicia, integrados por militares, especialistas en inteligencia nacionales y extranjeros, narcotraficantes y crimen organizado. Estos estamentos de poder real mantienen el control no sólo de las instituciones sino también de la población y activan dispositivos que inmediatamente remiten a las experiencias de terror vividas durante la guerra.

Todo ello va unido al colonialismo, el militarismo, la imposición de un sistema económico que genera injusticias de todo tipo. La estrategia de las clases dominantes y los sectores de poder es invisibilizarlas, naturalizarlas, justificarlas y normalizarlas. En la actualidad, incluso se produce la negación o relativización de hechos tan graves como el genocidio maya.


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Tribunal de Conciencia

Hacia el año 2009 y ante las dificultades para acceder a la justicia, UNAMG, ECAP, y una organización de abogadas feministas que se acababa de crear, Mujeres Transformando el Mundo (MTM), iniciamos la organización de un Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante el Conflicto Armado en Guatemala. A este esfuerzo se sumaron luego la Coordinadora de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y la asociación feminista La Cuerda.

Las experiencias previas de tribunales internacionales y nacionales alimentaron la expectativa de realizar un acto de justicia simbólica para las mujeres y de pedagogía jurídica para el Estado. La preparación implicó un año de consulta continua a las mujeres sobre sus decisiones, así como de peritajes elaborados por especialistas de distintas disciplinas. La mirada plural sobre este crimen coadyuvó a ilustrar a la sociedad y las autoridades encargadas de impartir justicia sobre las posibilidades de conocer, juzgar y condenar la violencia sexual.

En marzo 2010 se realizó esta acción política con la presencia del movimiento de mujeres, social y de derechos humanos de Guatemala y otras partes del mundo. El tribunal estuvo integrado por mujeres victimas de violencia en Perú, Uganda y Guatemala, así como por una de las organizadoras del Tribunal de Tokio. Actuaron como fiscales la abogada vasca Juana Balmaceda y la abogada guatemalteca María Eugenia Solís. La secretaria del tribunal fue Lucía Morán, directora de MTM. El primer día se conocieron ocho testimonios de mujeres indígenas y mestizas sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado.

El segundo día se escuchó la exposición de los peritajes. El Tribunal finalizó con la exposición y firma, por parte de testigos de honor, de una resolución que responsabilizó al Estado por su acción planificada durante la guerra y su posterior omisión en la persecución de este crimen. La realización de este tribunal simbólico abrió el camino para la posibilidad de la justicia.

Con su verdad de frente

A raíz del trabajo realizado para el Tribunal de Conciencia fue abriéndose paso la posibilidad de presentar un caso colectivo ante el sistema de justicia.

La investigación Tejidos que lleva el alma[2], realizada por ECAP, UNAMG y feministas independientes en el marco del Consorcio Actoras de Cambio, señala que la violencia sexual no fue un efecto colateral de la guerra sino una acción planificada para dañar a las mujeres en tanto actoras sociales y políticas, así como para romper el tejido social comunitario.

La violencia sexual en la guerra, aunque cumplió el objetivo de aterrorizar en todas las comunidades donde fue ejecutada por el ejército, tuvo diferentes modalidades y formas. En el área quekchí fue la esclavitud sexual. Las mujeres de la aldea Sepur Zarco, Puerto Barrios, sufrieron la detención y desaparición de sus esposos y la muerte de sus hijas e hijos por hambre. Luego fueron obligadas a acudir planificadamente al destacamento militar construido en su comunidad para el “descanso” de la tropa, y ahí lavar, dar de comer a los soldados y ser violadas por estos de manera continua a lo largo de entre dos y seis años.

Recientemente, del 24 al 28 de septiembre 2012, por primera vez en el mundo un tribunal nacional, en este caso el Juzgado B de mayor riesgo, ha conocido, en anticipo de prueba, los testimonios de quince mujeres quekchís de la aldea Segur Zarco.

Las sobrevivientes demandan una justicia que ha demorado siglos. Debido al estigma, su palabra no había sido escuchada más que por el fuego que a diario encienden en sus humildes viviendas para preparar los alimentos de ellas y sus familias.

La palabra de las mujeres está en el centro de este proceso que abre camino para la justicia no sólo de casos del pasado sino también del presente. A pesar del riesgo que estas luchas implican, una de las sobrevivientes señaló: “No me importa morir. Tenía que decir esto para que no se repita”. He aquí su sentir y el sentido transformador de la justicia.

Maya Varinia Alvarado Chávez es directora ejecutiva de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG).

Este artículo ha sido publicado en el nº 55 de Pueblos – Revista de Información y Debate – Primer trimestre de 2013.

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