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Notícies :: corrupció i poder
el estado chileno obliga a la alimentarse a la fuerza a los presos maputxes en vaga de fam
13 oct 2012
los maputxes no son chilenos ni ganas.
Un tribunal chileno dio luz verde este viernes para alimentar a la fuerza, en caso de que sea necesario, a los cuatro presos mapuches que llevan 46 días en huelga de hambre en reclamo de respeto a su etnia y solicitando la nulidad del juicio en el que dos de ellos fueron condenados a cárcel.

La decisión fue tomada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que se valió de un recurso de protección presentado por Gendarmería (guardia de prisiones), a la que autoriza a "adoptar las medidas conducentes para internar en caso de urgencia a los huelguistas (...) en un centro hospitalario".

Este miércoles, los cuatro mapuches fueron trasladados desde la cárcel de Angol hasta el hospital de Concepción, a 515 kilómetros al sur de Santiago (capital).

Pese a que han perdido cada uno entre 9 y 13 kilos de peso, este jueves, su vocero, Daniel Melinao , indicó que se encontraban bien de ánimo y que seguirían con la medida hasta sentirse escuchados por las autoridades.

Zonas del sur de Chile han experimentado un conflicto entre empresarios agroforestales y miembros de la etnia mapuche que reivindican el control sobre sus tierras ancestrales.

De los comuneros que están en huelga de hambre -todos presos- dos están cumpliendo penas de 10 años de prisión por homicidio frustrado y los otros dos están esperando el juicio.

Además de la revisión de sus causas, los cuatro indígenas piden la anulación de sus condenas y reclaman que no haya más testigos protegidos y el fin a los montajes político-judiciales.

A su vez, exigen a las autoridades la desmilitarización inmediata del territorio mapuche, no más torturas a niños, mujeres y ancianos en los allanamientos contra las comunidades y libertad a todos los presos políticos indígenas.

En los últimos años, los mapuches encarcelados han recurrido a las huelgas de hambre para presionar a las autoridades y solicitar procesos judiciales que no estén basados en testigos protegidos, ni bajo la ley antiterrorista, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El pueblo mapuche ha quedado reducido a una población de 700 mil personas -sobre un total de 16 millones de chilenos- y vive agrupado en pequeñas comunidades autónomas bajo índices de pobreza que duplican los del resto del país.

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