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les mentides del govern català
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per català |
24 set 2012
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Convivencia Cívica Catalana se opone al irresponsable e inconstitucional "pacto fiscal" de Artur Mas
Una vez más se demuestra que CiU cree haber encontrado en Cataluña un filón electoral con su victimismo económico y lo explota al máximo intentando obtener votos nacionalistas a base de crear rencor y resentimiento económico contra el resto de españoles.
El denominado “pacto fiscal” de Artur Mas es profundamente irresponsable. En estos momentos en que la situación económica global de España está pasando por su peor escenario en muchos años y nuestro país está sometido al escrutinio de mercados e instituciones europeas e internacionales, poner contra las cuerdas al gobierno central con exigencias económicas que se saben inasumibles no puede calificarse sino como un acto de la máxima irresponsabilidad, tanto económica como política.
La propuesta presentada por Artur Mas es además claramente contraria a nuestro ordenamiento jurídico y a la propia Constitución. Fija un modelo unilateral de financiación que vulnera los principios de igualdad y solidaridad, reconocidos en el artículo 2 de la Constitución, además de lo dispuesto en los artículos 156 y 157.
En Convivencia Cívica Catalana consideramos que el gobierno autonómico catalán pretende acabar con la base de un estado fiscal moderno, que es la equidad fiscal de sus ciudadanos a nivel individual. Es decir, que los ciudadanos pagan en función de sus rentas y no en función de donde residan. En la actualidad una persona de Tarragona que gane 20.000 euros anuales paga a la administración central exactamente lo mismo que una persona de Toledo que gane esos mismos 20.000 euros anuales Esa es la igualdad constitucional a nivel individual que debe preservarse en un estado moderno.
Lamentablemente algunos pretenden pagar menos por haber nacido o residir en una autonomía o en otra. Ese planteamiento nacionalista no sólo es contrario a la Constitución Española y a los esfuerzos de armonización fiscal de la Unión Europea sino también a la igualdad de los ciudadanos y desde Convivencia Cívica Catalana nos oponemos rotundamente a ello.
Convivencia Cívica Catalana denuncia que la propia mala gestión del gobierno catalán ha contribuido de manera decisiva a la pésima situación económica que padece el gobierno autonómico. En este sentido, debe recordarse que:
1. Mantener la estructura y la burocracia del gobierno autonómico catalán cuesta cada año 5.000 euros por habitante. En términos comparativos, mantener al gobierno catalán nos cuesta a los ciudadanos catalanes casi el doble que a los habitantes de los länder alemanes mantener a sus gobiernos regionales, cuando evidentemente el nivel de calidad de los servicios prestados por el gobierno de Artur Mas dista mucho de ser el alemán.
2. El gobierno catalán es el ejecutivo autonómico que ha creado más empresas públicas en estos últimos años, igualando prácticamente a las que tiene el Estado para todo el conjunto de España.
3. El gobierno autonómico de Cataluña dispone ya de más de 230.000 empleados públicos, entre funcionarios y contratados laborales. Y un número muy importante de los cuales ha sido contratado sin pasar por oposiciones sino sencillamente por libre designación.
4. El gobierno catalán sufraga y mantiene una tupida red de niveles administrativos en los cuales están colocados un número elevado de cargos políticos y militantes de partidos políticos. Es el caso, por ejemplo, de los “consejos comarcales” de Cataluña, cuyo coste para los ciudadanos asciende a más de 500 millones de euros al año.
5. El gobierno catalán mantiene unos medios de comunicación públicos claramente deficitarios y al servicio de su adoctrinamiento político. Un ejemplo son los 2.500 millones de euros que ha costado en los últimos seis años al erario público la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.
6. El gobierno autonómico catalán, con ínfulas de Estado, mantiene una red de representaciones y “embajadas” en el extranjero, lo cual es claramente incongruente con su papel constitucional.
7. Y, por último, cabe subrayar por su simbolismo la cuestión de los sueldos y privilegios de los dirigentes políticos catalanes. Recordemos que Cataluña es la comunidad autónoma donde su clase política, incluido el señor Mas, se ha asignado un salario más elevado con relación al salario medio de sus ciudadanos.
Por último, desde Convivencia Cívica Catalana subrayamos que desde el año 2009 Cataluña ya no tiene déficit fiscal con el Estado. A nadie debe sorprender tal afirmación ya que los ingresos tributarios recaudados en Cataluña se han desplomado por la crisis. En el ejercicio 2009 el Estado recaudó en Cataluña un 33% menos que en 2007, pasando de 42.165 millones de euros a sólo 28.257 millones de euros. Por el contrario, los gastos del Estado en Cataluña, debido al incremento del gasto en desempleo y en su conjunto del gasto social, se han disparado. El resultado es que desde el año 2009 Cataluña no tiene déficit fiscal sino superávit fiscal con el Estado, es decir, los catalanes reciben del Estado más de lo que pagan, en concreto, en una cifra cercana a 4.000 millones de euros según el método de cálculo de carga-beneficio y como ya expusimos en nuestro análisis "Las trampas de la balanza fiscal de Cataluña” y que puede consultarse en el apartado de Informes de nuestra página web.
En consecuencia hablar de déficit fiscal catalán en la actualidad como solución a recortes, como habla el señor Mas, genera expectativas completamente irreales y está fuera de todo lugar porque sencillamente es hablar de una cantidad totalmente inexistente debido a la crisis.
Desde Convivencia Cívica Catalana creemos que también el “pacto fiscal” de Artur Mas sirve para desviar la atención de la propia mala gestión del gobierno catalán y de los graves indicios de corrupción que afectan a su partido en los últimos meses.
Convivencia Cívica Catalana expresa una vez más su compromiso con la igualdad de los ciudadanos, el Estado de Derecho y la Constitución frente a propuestas insolidarias e inconstitucionales que sólo pretenden obtener votos nacionalistas creando resentimiento económico contra el resto de españoles.
Barcelona, a 26 de julio de 2012 |
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