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Notícies :: amèrica llatina |
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Lima-Perú: Ministro Cornejo debe parar abuso contra S.D. Olleros Huarochiri.
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per Mauricio Quiroz Torres
Correu-e: Limaprovincias3@yahoo.es (no verificat!) |
03 ago 2012
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Empresarios y agricultores olleranos perjudicados
Detienen ilegalmente a dos agricultores
SEDAPAL: ¡ABUSIVA! utiliza tranquera en Punta Hermosa |
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Mauricio Quiroz Torres
Limaprovincias3 ARROBA yahoo.es
LIMA-PERU: MINISTRO CORNEJO DEBE PARAR ABUSO DE SEDAPAL CONTRA S.D. OLLEROS-HUAROCHIRI
Empresarios y agricultores olleranos perjudicados
Detienen ilegalmente a dos agricultores
SEDAPAL: ¡ABUSIVA! utiliza tranquera en Punta Hermosa
Escribe: Juan Cahuide
En el Perú no solo la banda de asesinos del grupo Colina puede hacer de las suyas con el apoyo del sector corrupto del Poder Judicial, que a través del Juez Supremo Javier Villa Stein los ha limpiado del delito de lesa humanidad; y a buena hora el Presidente Ollanta Humala haya denunciado el engendro del jenízaro legal para inhabilitar su sentencia antiderechos humanos.
Ahora resulta que la empresa SEDAPAL que dirige Rossina Manche Mantero se ha hecho dueña de los caminos y hasta detiene abusivamente a las personas. SEDAPAL impide a través de funcionarios subalternos como Atoche el ingreso de los productores agroganaderos de Pampa Pacta, Santa Rosa como de empresarios dedicados a la extracción de materiales de construcción autorizados por la Municipalidad de Santo Domingo de los Olleros, provincia de Huarochirí, mientras se facilita el paso de empresarios vinculados a la Municipalidad de Punta Hermosa.
Ya no es solo el inefable Hugo Ramos, Alcalde de Pachacamac del partido del pastor Humberto Lay que persigue a contribuyentes olleranos en Tinajas, El Manzano, Negritillo; o el Alcalde de Punta Hermosa Guillermo Fernández Otero de Unidad Nacional los que agreden a los contribuyentes de Santo Domingo de los Olleros sino ahora es SEDAPAL.
¿Por qué será?
LA HISTORIA
En efecto, esa empresa tiene una tranquera y caseta en el camino de servidumbre situada a corta distancia del Km. 42.5 de la Carretera Panamericana Sur, que desde tiempos inmemoriales —desde la invasión española— y antes que exista SEDAPAL. El camino es el paso obligado de todos los que se dirigen hacia una zona de terrenos eriazos y de venidas de huaycos conocida como pampa Mamay, quebrada Río Seco, pampa Pacta, quebrada San José, quebrada Malanche, entre otros, localizadas al este de la Panamericana Sur, áreas de la Comunidad Campesina de Cucuya inscrita en la Propiedad Inmueble de SUNARP (Partida Electrónica Nº 11069102) como parte del distrito de Santo Domingo de los Olleros, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.
Esa tranquera presuntamente protege una planta de tratamiento de aguas residuales-PTAR llamada San Bartolo, que recoge gran parte de los desagües de Villa El Salvador, Villa Maria del Triunfo, Pachacamac, Lurín, entre otros, porque existen unas ocho mil hectáreas de terrenos declarados intangibles a favor del hoy Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por mandato de la Ley 27040.
Pero entre la tranquera y la planta de tratamiento hay una distancia de más de dos kilómetros y existen otros caminos —por el Km. 40 de la Panamericana Sur, por la zona industrial, etc.— para que SEDAPAL llegue a la planta, por lo que impedir el acceso de agricultores y empresarios como Pascual Yupanqui, Guillermo Zarate, JAC Consorcio & Servicios Generales, Ladrillera Calderón, a la referida zona es un abuso total, máxime si el Código Civil protege el paso por los caminos de servidumbre.
Además, la planta y sus áreas ocupadas tienen menos de diez hectáreas.
¿Por diez hectáreas puede afectarse el libre tránsito de agricultores y empresarios y que además se hallan distantes entre 2 a 20 kilómetros al este de la Panamericana Sur?
LIBRE TRÁNSITO AFECTADOS
Pero Rossina Manche, gerente de SEDAPAL junto con toda su laya de funcionarios no se han dado cuenta que la tranquera colisiona con el libre tránsito, derecho constitucional de las personas en el país así como de la libre empresa.
Juristas consultados como el doctor Alberto Borea, actual defensor de los trabajadores de la Empresa Azucarera Andahuasi, y el doctor Moy Rodríguez, afirman que la tranquera no tiene razón de ser, pues afecta el libre tránsito señalado en el inciso 11 del Art. 2º de la Constitución de 1993.
En la legislación peruana solo hay tres formas de impedir el libre tránsito en el territorio nacional: por razones de sanidad, por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería; y ninguno de ellos se cumple en el caso de la tranquera que SEDAPAL tiene en el Km. 42.5 de la Panamericana Sur.
¿Sabe de esto el doctor Fernando Noblecilla, gerente de Asuntos Legales de SEDAPAL, o cual discípulo del jenízaro legal Villa Stein, arrasa también con el ordenamiento jurídico nacional e internacional al avalar el abuso contra agricultores y empresarios?
Lo grave es que SEDAPAL no es dueña de nada en esas 8 mil hectáreas que tácitamente protege.
Así afirma el mismo Dr. Noblecilla en Carta Nº 312-2012-FNZ de SEDAPAL a la Municipalidad de Santo Domingo de los Olleros cuando ésta le solicita el pase de servidumbre para sus contribuyentes localizados en dichas zonas y que usan la carretera por donde se localiza la tranquera de SEDAPAL:
“No siendo SEDAPAL propietaria de los terrenos declarados intangibles por el Art. 10° de la Ley 27040…”
DETENCIONES ARBITRARIAS Y MALOS POLICIAS
Más aún, SEDAPAL utiliza a elementos corruptos vinculados a Punta Hermosa y dirigidos por el tal Escandón e Hinostroza así como la mano dura de efectivos de la Policía Nacional que en vez de proteger las calles de tanto pandillero que las asola, son los cachiporreros que custodian terrenos eriazos e impiden el acceso de agricultores y empresarios por la tranquera indicada. Dónde está “el honor es su divisa”
Un hecho grave ha sido lo ocurrido el Lunes 23 de Julio pues el funcionario Atoche de SEDAPAL con la complicidad de la PNP localizada en dicha Tranquera, se llevó a dos miembros de la asociación Pampa Pacta detenidos a la Comisaría de Punta Hermosa: lo sres. Adelino Ramos y José Blas. Una detención arbitraria que debe ser investigada.
¿Sabe de esto la gerente de SEDAPAL Rossina Manche, el director de la Policía Nacional, general Raúl Salazar o el jefe de la Región Policial de Lima Sur, general Aldo Miranda?
¿POR QUÉ UNA PLANTA DE AGUAS SERVIDAS?
La referida Planta de Tratamiento surgió para irrigar no solo las 8 mil hectáreas presuntamente intangibles sino los terrenos eriazos y semieriazos que se extienden desde el Km. 40 hasta el Km. 50 de la Panamericana Sur que bordean casi las 50 mil hectáreas y que comprenden territorios de Santo Domingo de los Olleros, Lurín, Punta Negra, Punta Hermosa, San Bartolo, es decir, distritos de las provincias de Lima y Huarochirí.
Así dispuso el Decreto Supremo Nº 029-86-VC de la primera gestión del corrupto Alan García:
“Art. 1.- Declárese de necesidad pública y de preferente interés social el reuso de las aguas servidas del Cono Sur de Lima Metropolitana, con el objeto de eliminar la contaminación de las playas en el área de influencia del colector Surco, tratar eficientemente las aguas servidas y aprovecharlas con fines de riego en las Pampas de San Bartolo”.
La construcción de esta planta —conocida como Proyecto Mesías o PTAR San Bartolo— está ligada a una danza de millones de dólares que los usuarios de SEDAPAL vienen pagando pero que se justificaba por la irrigación de esas 50 mil hectáreas, lo que no ha sucedido hasta hoy.
En 1989 SEDAPAL le encarga a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA el estudio de factibilidad para el tratamiento y reuso de aguas servidas para ampliar la frontera agrícola irrigando las denominadas Pampas de San Bartolo. Una de las conclusiones más importantes del estudio, de acuerdo al análisis de sensibilidad realizado, es que sin el proyecto de irrigación agrícola de esas 50 mil hectáreas, el Proyecto Mesías no sería financiera ni económicamente factible.
Pero funcionarios venales de SEDAPAL y políticos de turno solo hicieron la planta en menos de diez hectáreas y al día de hoy no existe una sola hectáreas irrigada por el agua tratada sino que se vierte al Lurín, contaminando el río y las playas de dicho sector no solo con agua sino con pestilentes miasmas, como lo ha denunciado el Comité de Defensa del río Lurín y los agricultores de la cuenca baja.
¿A QUIÉN PROTEGE SEDAPAL? ¿ES ACASO GUACHIMAN DE OSCUROS INTERESES?
Si SEDAPAL no cumple el precitado Decreto 029-86-VC y la Ley 27040 ¿Por qué se ensaña con comuneros y empresarios vinculados a S.D. Olleros quienes transitan por su Tranquera del Km. 42.5 de la Panamericana Sur?
¿Hay oscuros intereses como los hubo en el financiamiento del préstamo japonés a SEDAPAL para el PTAR San Bartolo como lo denunció en 2001 el exministro de Vivienda Carlos Bruce Montes de Oca?
¿Se está protegiendo a empresarios venales acostumbrados a sobornar en la Municipalidad de Punta Hermosa para que no exista libre competencia entre empresarios vinculados a la extracción de materiales de construcción que solo buscan encarecer el precio de los agregados?
¿SEDAPAL estará protegiendo a traficantes de tierras y especuladores de terrenos que sospechosamente obtienen rápidos cambios de zonificación de terrenos con la Ordenanza 1564 de la Municipalidad Metropolitana de Lima? ¿Sabe la Alcaldesa Susana Villarán de este despropósito? ¿Sabe que con ello se promueve un mayor enfrentamiento limítrofe entre las provincias de Huarochirí y Lima?
Según nuestra investigación, aquí hay muchos intereses de por medio y seguro hasta dinero proveniente del narcotráfico que estaremos develando en nuestra próxima entrega.
LLAMADO A RESPETAR LA LEY Y LA CONSTITUCION
A nuestro llamado, el alcalde Ollerano, Germán Solís Alejandría afirmó que su Comuna ha solicitado desde hace meses a SEDAPAL el libre pase para sus contribuyentes entre agricultores y empresarios y lamentó que hasta hoy no haya respuesta por lo que inclusive antes de ir al fuero judicial, ha demandado la aplicación del silencio positivo para sus contribuyentes, contemplado en la Ley 29060.
El demanda que no se ponga trabas al desarrollo de tan importante zona sur del país y que las 50,000 hectáreas sirvan al desarrollo del país respetando el derecho territorial que les asiste como S.D. Olleros y el de la Comunidad Campesina de Cucuya.
Y no le falta razón al joven burgomaestre ollerano. |
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