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Notícies :: corrupció i poder
Se extiende el control: la seguridad privada tendrá acceso a nuestros datos personales
12 abr 2012
En estos tiempos en que todo se privatiza, que la frontera entre lo público y lo privado resulta cada vez más difusa, incluso en lo que afecta a la policía y la “seguridad”.
extraído de: http://www.todoporhacer.org/se-extiende-el-control-la-seguridad-privada-...
Se extiende el control: la seguridad privada tendrá acceso a nuestros datos personales

“Cuéntame que el paro / cuéntame que el hambre / cuéntame cien mil al mes
cuéntame que llueve / sabes que vas a comer / por dar hostias a la gente
sabes para quien trabajas / tus lágrimas las compras / en las rebajas
Era un hombre y ahora es poli” – La Polla Récords.

En estos tiempos en que todo se privatiza, que la frontera entre lo público y lo privado resulta cada vez más difusa, incluso en lo que afecta a la policía y la “seguridad”.

Hace unos días, el director general de la policía, Ignacio Cosidó presentaba el plan integral de Colaboración entre la Policía Nacional y la Seguridad Privada. Con la ya gastada excusa de la crisis, el plan pretende recabar información de la seguridad privada que “serán procesadas e integradas en la inteligencia policial y, en función de su colaboración, la Policía Nacional les suministrará también los datos que puedan ser útiles para garantizar la seguridad”; más claro: la policía entregará datos personales a empresas a cambio de su colaboración. Tras explicar que esta colaboración no implicará cesión de datos personales, Cosidó puso un ejemplo de la colaboración que dejaba muy claro que sí lo habría. “El Corte Inglés, por ejemplo, si retiene a alguna persona por hurto o robo, podrá pedir información sobre sus antecedentes policiales”. Los antecedentes policiales, por cierto, son únicamente los datos con los que cuenta la policía a raíz de sus intervenciones. Que alguien tenga antecedentes policiales lo único que significa es que las fuerzas de seguridad del Estado le han identificado, espiado o detenido. A raíz de esa actuación, esa persona puede acabar siendo enjuiciada ante un/a juez y, en función de si la sentencia es condenatoria o no, ese alguien acabará teniendo antecedentes penales o no, según los casos.

Lo que no nos explicó el director de la Policía es cómo iban a evitar que esos datos no fuesen usados en selección de personal de esas mismas empresas o de otras a las que se le puedan vender los ficheros que la policía ponga a su disposición. No resulta descabellado pensar que EULEN, una empresa con más de 50.000 empleados/as en España,

que se dedica, entre otras cosas, a selección de personal y que cuenta con una ETT, utilice los datos obtenidos por su empresa de seguridad para elegir a sus empleados/as. El valor que esos datos pueden tener para una empresa es incalculable: les permitiría saber si un candidato a un puesto de trabajo ha sido identificado en alguna manifestación o conflicto laboral, si ha sido detenido en el contexto de una huelga… Además estos datos pueden ir a parar a empresas como Prosegur, fundada por el promotor del grupo paramilitar fascista argentino Triple A, responsable de cientos de asesinatos contra militantes de izquierdas, o Levantina de Seguridad, presidida por el responsable del partido ultraderechista España 2000 (y de la asociación española de prostíbulos).

Una muestra de cómo las empresas espían a su plantilla lo podemos ver en la investigación que se está llevando a cabo en Francia contra Ikea, en un caso en el que la multinacional sueca había firmado un convenio de colaboración con una agencia de seguridad privada para que, por ochenta euros por consulta, les proporcionara información sobre la ideología, los antecedentes policiales, el consumo de drogas y otros datos personales de sus trabajadores/as y de clientes que hubiesen puesto reclamaciones a la empresa.

En Catalunya, el Conseller d´Interior Felip Puig (célebre por haber ordenado las recientes cargas contra manifestaciones y acampadas), han dado un paso más en la extensión del ámbito de actuación de la seguridad privada proponiendo que asuman tareas policiales como la vigilancia de las cárceles, realización de controles de alcoholemia y actuación conjunta con los Mossos d’Esquadra. Para facilitar el trabajo de estas fuerzas parapoliciales, el Parlament ha aprobado recientemente el reconocimiento como autoridad a los vigilantes de seguridad del transporte público y el conseller ha sugerido que se haga extensivo a todos los vigilantes cuando colaboren con la administración.

En un momento en el que ejércitos privados hacen la guerra (la empresa Blackwater tiene tropas de mercenarios/as en Irak y Afganistán) y en el que empresas de espionaje como Stratfor son contratadas por todos los gobiernos del mundo (como así desveló recientemente Wikileaks), no sorprende que la seguridad privada se haga cada vez con mayor poder y con acceso cada vez más libre a recursos públicos.

Aunque nos vendan esta medida como una forma de combatir la crisis y ahorrar dinero público, podemos quedarnos tranquilos/as: el gasto en represión es la única partida en la que no se han realizado recortes. Así, mientras se congelan las oposiciones de empleados/as públicos/as, las plazas para los cuerpos de seguridad siguen aumentando, y cuando en los colegios públicos no hay calefacción la Guardia Civil gasta un millón y medio de euros en gases lacrimógenos.

¿Acabarán por ser consideradas las empresas de seguridad como autoridades públicas (como lo son jueces y policías) y que cualquier ofensa contra ellas se pueda considerar un atentado a la autoridad?



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Comentaris

Re: Se extiende el control: la seguridad privada tendrá acceso a nuestros datos personales
13 abr 2012
La policía como máxima degeneración de la violencia (x W. Benjamin)


La policía es un poder con fines jurídicos (con poder para disponer), pero también con la posibilidad de establecer para sí misma, dentro de vastos límites, tales fines (poder para ordenar). El aspecto ignominioso de esta autoridad -que es advertido por pocos sólo porque sus atribuciones en raros casos justifican las intervenciones más brutales, pero pueden operar con tanta mayor ceguera en los sectores más indefensos y contra las personas sagaces a las que no protegen las leyes del estado consiste en que en ella se ha suprimido la división entre violencia que funda y violencia que conserva la ley. Si se exige a la primera que muestre sus títulos de victoria, la segunda está sometida a la limitación de no deber proponerse nuevos fines. La policía se halla emancipada de ambas condiciones. La policía es un poder que funda -pues la función específica de este último no es la de promulgar leyes, sino decretos emitidos con fuerza de ley- y es un poder que conserva el derecho, dado que se pone a disposición de aquellos fines. La afirmación de que los fines del poder de la policía son siempre idénticos o que se hallan conectados con los del derecho remanente es profundamente falsa. Incluso ʺel derechoʺ de la policía marca justamente el punto en que el estado, sea por impotencia, sea por las conexiones inmanentes de todo ordenamiento jurídico, no se halla ya en grado de garantizarse -mediante el ordenamiento jurídico- los fines empíricos que pretende alcanzar a toda costa. Por ello la policía interviene ʺpor razones de seguridadʺ en casos innumerables en los que no subsiste una clara situación jurídica cuando no acompaña al ciudadano, como una vejación brutal, sin relación alguna con fines jurídicos, a lo largo de una vida regulada por ordenanzas, o directamente no lo vigila. A diferencia del derecho, que reconoce en la ʺdecisiónʺ local o temporalmente determinada una categoría metafísica, con lo cual exige la crítica y se presta a ella, el análisis de la policía no encuentra nada sustancial. Su poder es informe así como su presencia es espectral, inaferrable y difusa por doquier, en la vida de los estados civilizados. Y si bien la policía se parece en todos lados en los detalles, no se puede sin embargo dejar de reconocer que su espíritu es menos destructivo allí donde encarna (en la monarquía absoluta) el poder del soberano, en el cual se reúne la plenitud del poder legislativo y ejecutivo, que en las democracias, donde su presencia, no enaltecida por una relación de esa índole, testimonia la máxima degeneración posible de la violencia.

(Walter Benjamin, Para una crítica de la violencia, 1921).
Sindicat Terrassa