A ritmo de melodrama europeo para "salvar al euro" comenzó esta noche la cumbre de Marsella.
Sarkozy advierte de un riesgo de explosión en la Unión Europea, y los medios del capital se encargan de transmitirnos una mensaje de alarma y una visión de la cumbre como única esperanza para la salvación de los estado europeos y de sus respectivas economías, aunque en realidad bien sabemos que no se trata más que de una parodia a gran escala con la que poder fijar conjuntamente las herramientas jurídicas y financieras que permitirán a los diferentes gobiernos implantar sus correspondientes políticas de ajuste y austeridad, esto es, medidas dirigidas exclusivamente a atentar contra los derechos de la clase trabajadora.
Lo que se decida en esta cumbre, de hecho, será de aplicación obligatoria e inmediata para todos los países de la UE, tal y como han dejado claro las diferentes manifestaciones realizadas por los mandatarios presentes en la misma, tanto en la noche de ayer, como a lo largo de toda esta pasada semana. Con estas medidas, huelga decirlo, se conculcarán derechos básicos y fundamentales de la ciudadanía, tales como el derecho a un trabajo y un salario digno, el derecho a una educación y una sanidad públicas y de calidad, la limitación en el acceso a las coberturas y protecciones sociales que deberían ser garantizadas por el estado, además del derecho a la vivienda, y otros derechos imprescindibles para asegurar una mínima calidad de vida al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas.
En concreto, se espera la aprobación de un plan que incluya medidas tales como rebajas salariales generalizadas, aumentos de los impuestos indirectos, privatización de servicios públicos esenciales, y otras imposiciones similares destinadas a salvaguardar los intereses de la oligarquía y el poder financiero, y para nada el bienestar de los pueblos o la salvación de los estados, si por estados entendemos al conjunto de sus ciudadanos, y no a los poderes financieros que lo representan y gobiernan de facto.
El hecho de que (como ya ha pasado en Grecia), los Estados estén llevando a cabo recortes en todas las áreas de los presupuestos publicos a excepción de las partidas destinadas a gastos militares o a los gastos vinculados con las competencias asignadas a los Ministerios del Interior (policiales, etc.), demuestra que se prevee un aumento de la represión y la criminalización de todos aquellos sectores que presenten cualquier tipo de resistencia a estas brutales medidas de ajuste que están por llegar, y que no son más, en realidad, que una intensificación y generalización de las que ya se han venido aplicando en la mayoría de los países europeos durante los últimos años, y en especial aquellos en peor situación financiera: Grecia, Irlanda, Italia, estado español.
Kaos. Que las crisis la paguen los ricos
Merkel y Sarkozy, obligados a negociar su plan en Bruselas
Diario Gara
La cumbre, que busca consensuar una solución definitiva a la crisis del euro, acomete hoy las discusiones formales tras arrancar con una cena de gala en la que quedan de manifiesto las críticas a la propuesta franco-alemana y las diferencias existentes entre los socios de la UE.
Llamamientos solemnes y advertencias contra «una explosión de Europa» dominaron las horas previas de la cumbre sobre la deuda en la zona euro que comenzó ayer en Bruselas con una cena y que continuará durante el día de hoy.
«Nunca Europa fue tan necesaria y nunca estuvo tan en peligro. Nunca hubo tantos países que no querían sumarse a Europa, nunca fue tan grande el peligro de que Europa explote», declaró en la ciudad occitana de Marsella el presidente francés, Nicolas Sarkozy.
Junto con la canciller alemana Angela Merkel, Sarkozy reclama una revisión de los tratados europeos para «instaurar una disciplina presupuestaria más estricta». La pareja franco- alemana participó ayer en Marsella, junto a una decena de dirigentes europeos más, en el congreso del derechista Partido Popular Europeo (PPE), que se convirtió en la antesala de la cumbre de Bruselas.
El presidente de la Comisión Europeo, José Manuel Durao Barroso, lanzó un mensaje de presión a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. «Debemos actuar todos juntos, toda la Unión Europea, para garantizar la irreversibilidad del euro», proclamó.
Sin embargo, las palabras de los dirigentes europeos recibieron el jarro de agua fría de la agencia de notación Standard & Poor's, que advirtió de que reduciría la calificación de varios estados europeos.
«El estallido de la zona euro es un escenario que hoy en día no tenemos en cuenta», declaró, sin embargo, en París el economista jefe de esta agencia para Europa, Jean-Michel Six.
El compromiso franco-alemán alcanzado el lunes aboga por sanciones más automáticas para los estados que no cumplan los criterios de contención presupuestaria y por la puesta en marcha de una regla de oro que obligue a introducir la obligatoriedad de no recurrir al déficit en las respectivas constituciones.
«Vamos a encontrar soluciones adecuadas. Estoy convencida de que vamos a encontrar una solución para todos los problemas», declaró Merkel en Marsella.
Horas después, antes de entrar a la cena que abrió la cumbre de Bruselas, la canciller alemana añadía que «es preciso que los dirigentes europeos logremos que el euro gane la credibilidad perdida mediante la introducción del endurecimiento de la disciplina presupuestaria en el Tratado de la UE».
Merkel añadió que desconoce si será posible lograr que los 27 miembros de la UE acepten un cambio del tratado o habrá que limitar esta modificación a los 17 estados de la zona euro, que, a su juicio, «deberían celebrar un reunión al margen de la cumbre».
Ante las palabras de Merkel, Durao Barroso se tentó la ropa y destacó que para proceder a una reforma del Tratado de la UE, que calificó de compleja, es preciso que los estados garanticen que el proceso puede culminar sin problemas. Parecía recordar las dificultades a las que tuvo que hacer frente la ratificación de la Constitución Europea por el referéndum irlandés o las reticencias checas.
En cualquier caso, la propuesta de Merkel y Sarkozy tendrá que hacer frente a la oposición de varios estados. Es el caso de Polonia y Rumanía, que no ven con buenos ojos que la UE se divida entre quienes cumplen los requisitos que quieren imponer París y Berlín y quienes no son capaces de hacerlo.
Así, el primer ministro polaco, Donald Tusk, se mostró contrario a «una Europa de varias velocidades», destacando que la UE «tiene 27 miembros, no 17 ó 17 y algunos más».
El primer ministro rumano, Traian Basescu, por su parte, destacó que Bucarest «no puede aceptar que la UE tenga dos categorías de estados miembros», ya que «cualquier decisión que se adopte en la zona euro afecta a la vida de los ciudadanos rumanos».
Gran Bretaña, estado que tampoco forma parte de la eurozona, también se mostró reticente a la propuesta de Berlín y París, llegando a proclamar que está dispuesta a recuperar competencias cedidas a Bruselas, especialmente en el ámbito de los servicios financieros, y a usar su derecho a veto para ello.
«Esperemos lograr un buen acuerdo, lo que que será bueno para Gran Bretaña. Pero si no obtengo lo que quiero, no tendré ninguna duda de utilizar mi veto a un tratado a 27, porque sólo vengo a Bruselas a defender a mí país», declaró el primer ministro británico, David Cameron.
La postura de Londres, a su vez, provocó el enfado de Luxemburgo, estado de pequeñas dimensiones pero de gran peso financiero. «No aceptaré que en materia de servicios financieros, el Reino Unido se reserve derechos y libertades que los demás no tendremos», declaró su primer ministro, Jean-Claude Juncker.
Otro estado que tampoco forma parte de la eurozona, Suecia, también criticó la propuesta del eje franco-alemán. «Los mercados quieren saber si nuestros cortafuegos tienen la potencia suficiente y si somos capaces de aumentar la disciplina presupuestaria y las reformas. Los cambios legales de los tratados pueden ser necesarios, pero no creo que sean la solución que los mercados esperan», dijo el primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt.
En este sentido, Reinfeldt se mostró categórico, al señalar que no apoyarán un cambio del Tratado y que hay que centrarse en reforzar los instrumentos financieros de la zona euro frente al contagio de la crisis de deuda.
En cambio, el presidente electo del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien participó en la reunión de Marsella pero no en la cumbre de Bruselas, fue uno de los pocos dirigentes europeos que se manifestó públicamente a favor de las tesis de París y Berlín.
Dinamarca, que tampoco forma parte de la eurozona, se mostró dispuesta a reformar el tratado, aunque considera que es necesario tener en cuenta a los 27 estados.
«Si los países del euro estiman que un cambio en el Tratado constituye una parte de la solución, estamos abiertos a la misma. Pero es muy importante que nos mantengamos los 27 juntos. Esto funcionó en otros tiempos y en otras crisis y esperamos que también funcionará ahora», declaró la primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt, una de las pocas mandatarias socialdemócratas presentes ayer en Bruselas.
Precisamente, el presidente del Grupo Socialista del Parlamento Europeo, Martin Schulz, critico la reforma del Tratado de la UE, «ya que no va a ayudar al euro a superar sus dificultades».
«Soy escéptico en cuanto a un cambio del Tratado de Lisboa. Los ciudadanos europeos no están interesados en años de debate sobre las estructuras e instituciones de la UE. Quieren hoy acciones decisivas para estabilizar el euro», destacó Schulz, que criticó a Merkel porque «habla de una democracia alineada con los mercados. Nosotros queremos un mercado que respete las reglas de la democracia».
Entre los asistentes a la cumbre de Bruselas se encuentra también la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, quien subrayó que está «dispuesta a participar en los esfuerzos que sean necesarios. Tenemos mucho trabajo que hacer, de manera coordinada y decisiva». El plan franco-alemán prevé que la eurozona preste al FMI 150.000 millones de euros para intentar frenar la crisis de la eurozona.
El canciller austriaco, Werner Fayman (socialdemócrata), en cambio, defendió que se refuerce el papel del Banco Central Europeo (BCE).
Finlandia se opone a que se aprueben por mayoría las ayudas financieras
La Comisión Constitucional del Parlamento finlandés rechazó ayer por inconstitucional la propuesta franco-alemana de recurrir a un voto por mayoría para mejorar la eficacia de los mecanismos de estabilidad financiera.
La comisión parlamentaria, cuyo dictamen es de obligado cumplimiento por parte del Gobierno, considera «esencial que los asuntos referidos a nuevos mecanismos de apoyo sean decididos por consenso», en referencia al Mecanismo Europeo para la Estabilidad (MES), propuesto el lunes por Nicolas Sarkozy y Angela Merkel.
Según el plan franco-alemán, algunas decisiones en el ámbito del MES podrán tomarse por una mayoría cualificada del 85%, un sistema que favorece a los grandes estados como el francés, Alemania o Italia y perjudica a los pequeños como Finlandia.
Tras destacar que el Gobierno debe respetar la Constitución estatal y las decisiones de la Comisión Constitucional, el ministro finlandés de Exteriores, Alexandre Stubb, recordó que su país es favorable a que el voto mayoritario se emplea para un gran número de asuntos que se refieren a la UE
«Estoy de acuerdo con el hecho de que un voto por mayoría cualificada conducirá a un proceso de toma de decisiones más simple y más eficaz, pero si es un problema para un país como Finlandia, habrá que arreglarlo», declaró Stubb a la agencia France Presse.
En la propuesta que acordaron el lunes Sarkozy y Merkel para reformar el Tratado de la UE para imponer sanciones automáticas a los estados cuyo déficit supere el 3% del PIB, se incluyen también mecanismos para aumentar la eficacia de la gestión de la crisis que son vistos con recelo por Helsinki.
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