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Aviso a navegantes
13 set 2011
Estamos ante una borrasca imprevisible y las candidaturas que se han presentado, hasta el momento, continúan en los viejos modelos que corresponden a otros contextos. Me propongo sugerir perspectivas que, a mi manera de ver, podrían ofrecer objetivos más acordes con la actualidad y con las expectativas de los ciudadanos.
En primer lugar, es urgente plantear la eficacia de los instrumentos de la euro zona. Hay sobrados argumentos para solicitarlo, puesto que, tras años de crisis, no parece que las decisiones tomadas hayan alcanzado los objetivos proclamados. Así, los Estados con problemas se ven obligados a tomar nuevas medidas de recortes, cuando los ciudadanos siquiera han tenido tiempo de asimilar los sacrificios que se les están imponiendo. Además, éstos provocan estancamiento, sino recesión, cuando el crecimiento interviene en gran medida, en el cumplimiento del techo de gasto. Finalmente, hay consenso en reconocer que el proyecto del euro ha nacido y se mantiene, con graves deficiencias: políticas fiscales, monetarias, económicas y sociales.

Cuando se hubiera dado este paso, es necesario que los Estados miembros garanticen instrumentos de control real. Es inadmisible que se produzcan divergencias en las evaluaciones de endeudamiento de las CCAA, como ocurre, actualmente en la CCAA de Castilla-La Mancha y en otros casos.

En este ámbito, es necesario revisar el concepto de “autonomía”. Es curioso que precisamente los partidos que más aluden a la necesidad de mantener el Estado, sean precisamente, quienes reduzcan prestaciones consagradas en derechos fundamentales, como es el caso de la educación. No es admisible que las CCAA privaticen la medicina, supriman las ayudas a la dependencia, tengan gastos que no corresponden a los considerados como imprescindibles, contraten sin cumplir las normativas…

Propongo que, como ya ha sido proclamado, el Senado sea una Cámara de representación y control de las CCAA, que ponga unas normas de funcionamiento y que sanciones, en caso necesario.

Con respecto a la autonomía. Considero que ésta no puede permitir incumplimientos de legislación o de normas que deben establecerse como de obligado cumplimiento. Es el caso, por ejemplo de Esperanza Aguirre o de Ana Botella, cuyas declaraciones insultan a los profesores que protestan, como implicados en los recortes presupuestario a la educación. La mentira es inadmisible, Así o la señora de Cospedal o el gobierno anterior de Castilla la Mancha mienten. Tenemos el caso en la Comunidad Valenciana.

La responsabilidad de los políticos es esencial. Así, estos deberían pagar con su propio patrimonio, los errores probados cometidos. No es justo que paguemos los ciudadanos.

Con respecto al techo de endeudamiento incluido, por decreto en la Constitución, debería incluirse los instrumentos indicados y unos topes mínimos de presupuesto dedicados a capítulos fundamentales, como sanidad, educación, ayudas a la dependencia, etc. Estos mínimos deberían proponerse emulando los porcentajes establecidos por los Estados de nuestro entorno.

Con respecto a las instituciones de proximidad, considero que éstas deben jugar un papel fundamental, que actualmente no están haciendo: dar confianza, motivar y facilitar la implicación de los ciudadanos en las tomas de decisiones, definir el mercado local, crear instrumentos de evaluación y de corrección de forma que se optimice el mismo, evaluar las propuestas de creación de empresas y apoyar las mismas, proponer nuevas perspectivas, proyectos y alternativas.

Para cumplir estos objetivos, los municipios deben ser transparentes, adaptados a la mayor implicación ciudadana posible, eficaces y responsables; para ello se impone la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, tantas veces proclamada como inminente y urgente. Lo ya expuesto en el concepto de autonomía es absolutamente aplicable en este caso. La autonomía municipal no implica el todo vale que se está aplicando actualmente y existe ya un ministerio competente en materia de administraciones locales que no puede inhibirse de ninguna manera en el incumplimiento de la legislación vigente, a menos que queramos ser cómplices.

Todos los organismos o instituciones del Estado tienen que ser sometidos, como en los casos anteriormente expuestos a la legalidad, a la transparencia y a la eficacia: el Catastro, el Registro de la Propiedad, los Organismos de cuenca, etc. no deben ser intocables, como lo son ahora. No es concebible que con el pretexto de la autonomía, en una época en que disponemos de medios tecnológicos puedan existir divergencias entre Catastro y Registro de la Propiedad y cuando éstas se producen nos aferremos, como se hace ahora a excusas tales como que la ley impone a los ciudadanos la comunicación de los datos. Los ciudadanos pagamos por estos servicios y el Estado en vez de proteger a los profesionales que han incumplido el imperativo del cruce de datos, alegando el incumplimiento de comunicarlos por parte de los ciudadanos, debe proteger a los últimos.

Todos los instrumentos del Estado deben ser sometidos a una evaluación por comisiones neutras. No es normal que las sentencias judiciales, por ejemplo, no sean sometidas a evaluación para determinar el cumplimiento de la legalidad. No es normal que un juez acuse al Fiscal del Estado de prácticas hitlerianas o estanilistas. Tiene que existir un organismo competente y neutro y no es admisible que el ministerio de Justicia se inhiba.

Creo que lo propuesto ya sería un buen principio y todas las propuestas, críticas o sugerencias son bienvenidas.
Mira també:
http://www.webs.ulpgc.es/agora/

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Comentaris

Re: Aviso a navegantes
14 set 2011
y ahora , exigirán apretar más los cinturones; después vendrán los despidos en las empresas del Estado ....por supuesto el ciudadano se verá acorralado y sin armas para defenderse contra ese monstruo que toma las decisiones.Pero cuidado el PP esta agazapado.,
Sindicato Sindicat