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Notícies :: criminalització i repressió : immigració
Justicia fomentará las expulsiones de los presos extranjeros "sin papeles"
per cárcelesCIESdemolición	05 set 2011
Barcelona, 1 sep (EFE).- El Departamento de Justicia fomentará las expulsiones de los presos extranjeros "sin papeles" que hayan cumplido la mitad de la condena y restringirá su acceso al régimen abierto y a salidas programadas, según una circular que por primera vez en Cataluña regula el trato a los reclusos indocumentados.
La nueva instrucción de la Dirección General de Servicios Penitenciarios, a la que ha tenido acceso Efe, entrará en vigor el próximo 15 de septiembre con el propósito de promover el regreso a su país de origen de los presos extranjeros con escasas posibilidades de permanecer legalmente en España. Esta circular es la primera que regula el tratamiento penitenciario de los "sin papeles" ante el aumento de población reclusa extranjera registrado en los últimos años en Cataluña, donde los inmigrantes suponen el 45% de internos, de los que aproximadamente 2.000 carecen de permiso de residencia y trabajo. En declaraciones a EFE, el director general de Servicios Penitenciarios, Ramon Parés, ha explicado que la nueva circular, que ha sido supervisada por la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), coincide con lo que establece el protocolo estatal sobre la materia, aprobado en 2001, y pretende coordinar la actuación de los distintos centros. Según la nueva instrucción, cuando los extranjeros "sin papeles" condenados hayan cumplido la mitad de la pena impuesta en sentencia, se les ofrecerá la posibilidad de cumplir la libertad condicional en su país de origen, lo que siempre requiere el beneplácito del recluso. En el caso de que el preso no acepte esa salida voluntariamente, la Unidad de Gestión Penitenciaria (UGP) propondrá al juez o tribunal correspondiente, a través de la Fiscalía, la expulsión del recluso indocumentado, una posibilidad que prevé el Código Penal como sustitutoria de las condenas que no superen los seis años de cárcel y que las autoridades penitenciarias catalanas no habían empleado nunca. Una tercera opción, que también exige la aceptación del recluso, es trasladarlo a una prisión de su país de origen, pero esa salida suele ser rechazada por la mayoría de internos "sin papeles", procedentes de países donde las condiciones carcelarias son muy inferiores y, a menudo, indignas. Parés considera que las nuevas medidas, que a su juicio combatirán la masificación en las prisiones, buscan dar coherencia a la estancia penitenciaria de los "sin papeles", porque facilita el regreso a su país de personas sin ninguna posibilidad de residencia legal en España y con las que, por lo tanto, no se puede trabajar en la línea de su reinserción social y laboral. Actualmente, la mayoría de casos los presos "sin papeles" suelen quedarse en el país una vez saldada su condena, que en muchas ocasiones han tenido que cumplir íntegramente dado que la falta de entorno social y familiar les dificulta disfrutar del tercer grado, lo que, según Parés, les supone una "doble penalización". La circular impide acceder al régimen abierto a las personas que tengan una resolución judicial o administrativa de expulsión y lo restringe en general para los extranjeros "sin papeles", lo que, en opinión de Parés, supone un "cambio de orientación" respecto a las políticas anteriores y una unificación de criterios, dado que hasta ahora cada centro procedía según sus propias directrices. Además, refuerza el control de los extranjeros irregulares, por lo que la UGP tendrá que facilitar mensualmente un listado de las personas "sin papeles" tres meses antes de que hayan cumplido la mitad de la condena, para que los equipos de tratamiento puedan trabajar con los reclusos para animarlos a sustituir la pena por su expulsión. "El problema es que a los reclusos extranjeros no se les había hablado nunca claro", sostiene Ramon Parés, que cree que "no es coherente" trabajar en la inserción laboral y social de personas que, finalmente, se ven obligadas a abandonar el país. De hecho, el director general asegura que la crisis ha cambiado las expectativas de muchos inmigrantes, que empiezan a percatarse de que sus perspectivas de futuro en el país son limitadas.
Mira també: http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/bcjd/legislacion/noticias/3344404/09/11/Justicia-fomentara-las-expulsiones
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