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Notícies :: corrupció i poder
¿Qué es la Agència Cituta Vella y quién la necesita?
31 mar 2011
¿Qué es la Agència Ciutat Vella y quién la necesita?
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¿Qué es la ACV y quién la necesita?

El Casco Antiguo de Barcelona era un territorio donde la calle tenía unos usos que ahora el mercado está desterrando: existía una rica vida social y un uso común del espacio que está desapareciendo a fuerza de intervenciones urbanísticas. Se destrozan barrios enteros, desaparece el tejido social, se borra de la faz de la ciudad a aquellas personas y tipos de relaciones que la burguesía barcelonesa siempre tildó de “peligrosas” e “indeseables”...
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Decir “regeneración urbana” es un eufemismo para nombrar el proceso por el cual las empresas (públicas y/o privadas) se asientan en un territorio con el fin de explotarlo hasta su última gota, cambiando su población original pobre por nuevos ricos o clases medias y afianzando el control social sobre los habitantes originales (si es que algunos pueden quedarse). Es un doble juego en el que todos, menos las personas, ganan: el capital gana terreno para expandirse y la administración gana un mayor control sobre territorios tildados de conflictivos.

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En los años ochenta, cuando los ayuntamientos democráticos retomaron el poder, establecieron que la regeneración urbana, sobre todo en la ciudad antigua, sería una de sus máximas prioridades. El centro histórico, territorio prácticamente incontrolable debido a su particular geografía, y económicamente irrelevante, comenzaba a ser visto como una futura fuente de riqueza y reconocimiento internacional: se presentaba como el lugar idóneo para reactivar la economía de la ciudad a través del turismo y de la localización de comercios y pequeñas empresas. Pero para eso, el territorio debía ser sometido a un proceso de limpieza y reordenación. Un proceso que el ayuntamiento vendió como beneficioso y necesario para el progreso, pero que trajo (y sigue trayendo) varias consecuencias nefastas “inevitables” (y aquí deberíamos preguntarnos si no son estos daños colaterales los verdaderos objetivos de los planes urbanísticos...): la eliminación definitiva de las formas de vida originales de los barrios afectados, la desaparición de sus habitantes tradicionales mediante su expulsión forzosa.
Con estos planes en mente, el ayuntamiento acude a un nuevo modelo de gestión para sus políticas urbanísticas. Se trata de la creación de empresas mixtas, en las que capital público y privado se dan la mano para intervenir convenientemente sobre un territorio. La inversión pública haría el trabajo sucio (expropiaciones, servicios, infraestructuras) y dejaría el camino allanado para la inversión privada. Además, según este modelo la empresa puede actuar en el mercado con las posibilidades legales de un organismo público pero con los medios e intereses económicos de una empresa privada.
La primera empresa creada por el ayuntamiento fue Promoció de Ciutat Vella S.A., conocida como PROCIVESA. En su intervención urbanística PROCIVESA afectó a más de 1.800 familias y a más de 300 edificios. ¿De qué manera? Con derribos, especulación, expropiaciones, traslados y hostigamientos. Porque recordemos que nunca un proceso de reordenación del territorio puede producirse armoniosamente: los intereses de las fuerzas invasoras muy poco tienen que ver con los de vecinos y asociaciones barriales.
Como toda empresa mixta PROCIVESA estaba obligada a desaparecer (en el año 2002). Pero a pesar de lo violento de su intervención, no había conseguido acabar con la reforma que tenía planificada. Por lo tanto, el consistorio creó una nueva empresa mixta que no es otra cosa que la sucesora de PROCIVESA: Foment de Ciutat Vella S.A., FOCIVESA, empresa que también tiene tras de sí un reguero de desastres urbanísticos: fue la promotora de la transformación de la Illa Robador y el hotel de lujo de la Rambla del Raval, del fallido parking en el Forat de la Vergonya, etc. Por no hablar de los últimos sucesos que han atravesado a Ciutat Vella, como el caso de corrupción del Palau de la Música o la trama de las licencas, que tienen relación directa con el modo de gestión absolutamente opaco que caracteriza este tipo de asociación entre administración e interés privado. Las consecuencias, las mismas: una escalada salvaje de violencia urbanística, que ataca directamente a los habitantes de los barrios afectados, que como siempre, suelen ser gente pobre, marginada, “peligrosa” y, a fin de cuentas, “incómoda”.
FOCIVESA sigue activa, pero debe desaparecer en 2013, y ya está en proceso de desmantelamiento. Sin embargo, como en el caso de PROCIVESA, ha dejado ciertos trabajillos pendientes, a saber: la transformación integral y definitiva del Raval Sud y de la zona de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera, y una última vuelta de tuerca a la Barceloneta. Las tres zonas se presentan como pequeñas áreas de resistencia y conflictividad: siguen alojando todo tipo de habitantes “indignos” para la imagen que se quiere vender de la ciudad, siguen siendo espacios de dudoso acceso para las masas de turistas, seguimos encontrando yonkis, jóvenes, inmigrantes, prostitutas, bares viejos, tiendas de toda la vida... Pequeños oasis de “barrio” en medio del escaparate turístico en que se ha transformado Ciutat Vella.
Ante estos “asunto pendientes”, el ayuntamiento persigue una gestión basada en un modelo empresarial rápido y versátil que permita tomar desiciones con más agilidad y libertad de movimientos que en otros sitios de la ciudad. Hay una urgencia por acabar de una vez por todas con la construcción de la ciudad según el Modelo / Marca Barcelona. No pueden seguir existiendo espacios de resistencia.
Porque desde que en los ochenta se comenzara a pensar en Barcelona como una ciudad turística de primer orden, no se ha parado de hacer políticas, leyes, modelos, planes, etc. en este sentido, y hoy Barcelona es de hecho una fábrica de servicios, un modelo del cual las administraciones están muy orgullosas y que sus habitantes sufren cada día. La ciudad se ha convertido en una gran empresa que fabrica felicidad para unos pocos visitantes a costa de las personas que la habitan.
Así es como en octubre de 2010 se aprueba una “Mesura de govern” que establece la creación de una nueva empresa mixta. Se trata de la Agència de Ciutat Vella S.A. (ACV). Aunque la idea de gestión público-privada sigue siendo más o menos la misma, esta vez nos encontramos ante un salto cuantitativo enorme en cuanto a las competencias que dicha empresa podría asumir. Veamos cómo.
La ACV está destinada a gestionar no solamente cuestiones relacionadas con el urbanismo, sino que podría llegar a asumir competencias en todo tipo de materias: gestión patrimonial, promoción del turismo, seguridad, inmigración, educación, salud, movilidad, etc. La justificación es la de siempre: estamos en una época marcada por nuevos retos y problemas (el papel central del distrito para el turismo y como motor de la economía barcelonesa, los nuevos flujos migratorios y la crisis de la economía global) que necesitan “una reacció enèrgica per part de la gestió de Ciutat Vella”. Y, como dice Assumpta Escarp, regidora del distrito y principal promotora de la ACV, “hem de retornar a l'excepcionalitat, per recuperar la normalitat pretesa”. Esto significa reafirmar el modelo de ciudad capitalista (la normalitat pretesa) mediante la fuerza (l'excepcionalitat), en el contexto de la crisis. O como bien dijo Assumpta en un consejo de barrio “el districte ès un lloc excepcional i per tant necesita mesuras d'excepció”.
Esta “excepcionalidad” no es más que una libertad sin precedentes para que una empresa mixta haga y deshaga a su antojo, no solo pasando por alto lo que los vecinos y vecinas quieren, sino saliéndose incluso de su propio marco legal. Excepción en la gestión, excepción normativa, excepción inversora y excepción participativa. Un solo organismo (la ACV) lo gestionaría TODO, además de canalizar las inversiones previstas (que se pretende que asciendan, como mínimo, a 240 millones de euros, lo que supondría doblar la actual inversión municipal), y decidir quién participa en la toma de decisiones y quien no. Así es como, si esto se pone en marcha, nos encontraríamos ante una especie de estado de excepción local, con una normativa penal y administrativa hechas a medida. Un golpe de estado que permitirá organizar la “conquista” del territorio por parte del capital privado con total impunidad.
Los planes urbanísticos, aunque estén pensados para el desarrollo de la inversión privada y la especulación, deben ser aprobados por el gobierno municipal, donde los partidos de la oposición y entidades sociales suelen presentar sus enmiendas. Pero la novedad de la ACV consiste en que adoptaría competencias plenas para evitar la “discusión democrática”, ya que estaría legitimada para poner en marcha lo que ella misma decida. De esta manera, incluso en la toma de decisiones la política sería sustituída por el mercado, liberalizando aún más la gestión empresarial de la ciudad.
De hecho, en la “comisión social” propuesta para la ACV, es decir, en la representación de los actores sociales del distrito, que son los que determinarán qué competencias se asumen y cómo, solo encontramos nombres de empresarios y de algunos políticos con intereses económicos más que conocidos en el distrito.
La ACV, aunque empieza a dar sus primeros pasos, no está todavía oficialmente creada. Suponemos que su instauración se resolverá en las elecciones municipales del próximo mayo. Pero aunque el gobierno siguiente desestime su creación, está clarísima la conveniencia y necesidad de una ACV. Es el modelo perfecto al que acogerse para obtener el máximo beneficio por la vía más rápida. Llámase como se llame, otro organismo similar se nos vendrá encima.

El precio, como siempre, intentarán que lo paguemos nosotrxs, y de nosotros depende negarnos en una oposición colectiva que pueda hacer frente a los intereses y disparates de la clase política y los empresarios.


ASSEMBLEA DEL CASC ANTIC

+Info: acascantic ARROBA riseup.net

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