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Notícies :: sense clasificar
Una brecha en la justicia global
13 gen 2011
Amnistía Internacional ha puesto sobre la mesa un año más la situación de los derechos humanos en el mundo con la publicación de su Informe Anual 2010.

Nos enfrentamos a una brecha en la justicia global, agravada por los poderes políticos, que condena a millones de personas a la pobreza, el abuso y la opresión . Muchos Estados siguen actuando por encima de la ley y anteponen sus intereses al respeto a los derechos humanos.

Es inaceptable que sólo 12 países del G-20 hayan ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, cuya misión es juzgar a las personas que cometen los crímenes más atroces contra las personas. ¿Cómo pueden esos Estados pretender ejercer un liderazgo sobre la comunidad internacional?

La buena noticia es que, a pesar de todo, la justicia internacional ha ganado un protagonismo creciente.

La orden de arresto de marzo de 2009 contra Omar Al Bashir, actual presidente de Sudán, por crímenes de lesa humanidad y de guerra en la región de Darfur, fue la primera que la Corte dictaba contra un jefe de Estado en activo. Una buena noticia, como la apertura de investigaciones por crímenes cometidos hace decenios en países como Argentina y Uruguay, o la condena a Alberto Fujimori en Perú. En este panorama, es lamentable que España haya aprobado leyes que restringen el ejercicio de la jurisdicción universal y se haya convertido en un ejemplo de retroceso en la lucha contra la impunidad de los más graves delitos.

Hoy casi nadie discute que los crímenes de derecho internacional, como las desapariciones forzadas, el genocidio o la tortura deben ser castigados. El desafío ahora es convencer a los líderes mundiales de que la pobreza es una crisis de derechos humanos comparable a la de Darfur, por la que sus responsables también deben rendir cuentas.

Cuando las naciones discutan en septiembre sobre el futuro de los Objetivos del Milenio, será necesario emplear la misma determinación que se empleó en la creación de la Corte Penal Internacional, estableciendo mecanismos legales para exigir a los Gobiernos que cumplan sus promesas en la lucha contra la pobreza.
Nos enfrentamos a una brecha en la justicia global, agravada por los poderes políticos, que condena a millones de personas a la pobreza, el abuso y la opresión . Muchos Estados siguen actuando por encima de la ley y anteponen sus intereses al respeto a los derechos humanos.

Es inaceptable que sólo 12 países del G-20 hayan ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, cuya misión es juzgar a las personas que cometen los crímenes más atroces contra las personas. ¿Cómo pueden esos Estados pretender ejercer un liderazgo sobre la comunidad internacional?

La buena noticia es que, a pesar de todo, la justicia internacional ha ganado un protagonismo creciente.

La orden de arresto de marzo de 2009 contra Omar Al Bashir, actual presidente de Sudán, por crímenes de lesa humanidad y de guerra en la región de Darfur, fue la primera que la Corte dictaba contra un jefe de Estado en activo. Una buena noticia, como la apertura de investigaciones por crímenes cometidos hace decenios en países como Argentina y Uruguay, o la condena a Alberto Fujimori en Perú. En este panorama, es lamentable que España haya aprobado leyes que restringen el ejercicio de la jurisdicción universal y se haya convertido en un ejemplo de retroceso en la lucha contra la impunidad de los más graves delitos.

Hoy casi nadie discute que los crímenes de derecho internacional, como las desapariciones forzadas, el genocidio o la tortura deben ser castigados. El desafío ahora es convencer a los líderes mundiales de que la pobreza es una crisis de derechos humanos comparable a la de Darfur, por la que sus responsables también deben rendir cuentas.

Cuando las naciones discutan en septiembre sobre el futuro de los Objetivos del Milenio, será necesario emplear la misma determinación que se empleó en la creación de la Corte Penal Internacional, estableciendo mecanismos legales para exigir a los Gobiernos que cumplan sus promesas en la lucha contra la pobreza.

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