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Estrasburgo condena al Estado español a indemnizar Un preso vasco por no investigar su denuncia de torturas
28 set 2010
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español a indemnizar con 23.000 euros al preso político vasco Mikel San Argimiro, por no investigar la denuncia de torturas que efectuó tras ser detenido e incomunicado por la Guardia Civil.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español a indemnizar con un total de 23.000 euros al preso político vasco Mikel San Argimiro Isasa, al entender que violó el artículo 3 –que prohíbe la tortura– del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El tribunal sostiene que tras la denuncia de torturas presentada por el donostiarra después de haber sido detenido e incomunicado por la Guardia Civil hubo "ausencia de una investigación efectiva" de esa denuncia por parte del Estado español.

El fallo no entra a valorar si hubo malos tratos y argumenta que "los elementos de que dispone no le permiten establecer más allá de toda duda razonable" sobre si se produjeron o no.

Sí recoge, sin embargo, que "las jurisdicciones internas –en alusión a los juzgados españoles– han rechazado las pruebas que hubieran podido contribuir a la aclaración de los hechos", en referencia al vídeo del arresto, para "identificar y castigar a los eventuales responsables" de las torturas.

De igual manera, califica de "irregulares" las "lagunas" existentes en el dossier médico de San Argimiro.

La sentencia condena a Madrid a pagar 23.000 euros a San Argimiro, de los que 20.000 son en concepto de daños morales y otros 3.000 en concpeto de costes.

Golpes, "la bolsa", vejaciones sexuales y humillaciones

El preso donostiarra, actualmente encarcelado en Cáceres, fue detenido en mayo de 2002 en Madrid. Tras haber permanecido incomunicado, denunció ante la Audiencia Nacional española que fue objeto de malos tratos. El informe forense apreció contusiones y hematomas en diferentes partes del cuerpo, y al día siguiente constató nuevas lesiones, sin especificar su origen. Fue encarcelado en Badajoz, donde el médico detectó una costilla rota.

En la denuncia que presentó ante un juzgado de Donostia refirió golpes en la cabeza, sesiones de "la bolsa", humillaciones, vejaciones sexuales, amenazas de muerte y de violación, según recoge la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos.

El Juzgado de Instrucción 43 de Madrid ordenó la apertura de una investigación, y posteriormente archivó el caso.

En noviembre de 2003, la Audiencia Provincial de Madrid concluyó que la decisión del juez de instrucción estaba motivada, pero estimó que "era necesaria una investigación más completa".

Finalmente, ese mismo tribunal confirmó el sobreseimiento y señaló que "no era posible identificar" a los agentes de la Guardia Civil que detuvieron a San Argimiro y que los vídeos del arresto "serían insuficientes" para demostrar

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