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Notícies :: corrupció i poder
Los paraísos judiciales
16 mai 2010
“¡Después de los paraísos fiscales, los paraísos judiciales!”. La exclamación es de Daniel Bensaïd (Elogio de la Política Profana, Península, 2009), quien explica cómo Estados Unidos o Israel utilizan la guerra contra el terrorismo para argumentar que torturas, secuestros o “ejecuciones extrajudiciales” deben quedar sin castigo penal.
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“¡Después de los paraísos fiscales, los paraísos judiciales!”. La exclamación es de Daniel Bensaïd (Elogio de la Política Profana, Península, 2009), quien explica cómo Estados Unidos o Israel utilizan la guerra contra el terrorismo para argumentar que torturas, secuestros o “ejecuciones extrajudiciales” deben quedar sin castigo penal. Pero resulta que el modelo está siendo exportado a otros países y a otras batallas, de forma que delincuentes de todo pelaje buscan la creación de sistemas de impunidad. España, por ejemplo, está destapándose como un verdadero paraíso judicial para políticos corruptos.

La idea es buena. Los ladrones públicos del dinero público construyen así un doble sistema de seguridad. Las cuentas y sociedades abiertas en paraísos fiscales sirven para ocultar las comisiones ilegales y los billetes de 500 euros afanados con descaro. Y si por algún accidente o imprevisto trascienden noticias del atraco y algún fiscal o juez honrado se pone a hurgar donde no debe, se activan los mecanismos del paraíso judicial, controlado por personajes dispuestos a mirar hacia otro lado ante una denuncia por corrupción, anular escuchas o inventar interpretaciones jurídicas kafkianas.

Es cierto que este tipo de comportamientos no son nuevos. Baste recordar el caso Naseiro, otro escándalo de corrupción del PP que fue archivado en junio de 1992 por el Tribunal Supremo, alegando deficiencias en la instrucción. Pero ahora se está produciendo un importante salto cualitativo: no estamos ante ejemplos puntuales de impunidad, sino ante un recurso masivo a los mecanismos propios de los paraísos judiciales, y además el sistema persigue y castiga a quien no acepta blanquear la estafa y la prevaricación.

Seamos claros. El indecente comportamiento de Juan Luis de la Rúa, el magistrado más que amigo de Francisco Camps que le salvó de la causa de los trajes regalados y tiró a la basura un informe policial que denunciaba con todo lujo de detalles la financiación ilegal del PP valenciano, demuestra que lo importante no es prevaricar (como presuntamente hizo Camps) sino disponer de un juez dispuesto a prevaricar por ti (como presuntamente hizo De la Rúa). La indecente actuación de los dos magistrados del Tribunal Superior de Madrid que acaban de anular las escuchas en prisión de los cabecillas de la Gürtel demuestra que lo importante no es robar a paladas el dinero de los contribuyentes, sino tener a mano a un par de jueces dispuestos a interpretar convenientemente la ley. La indecente campaña de acoso y derribo montada por una jauría judicial contra el juez Baltasar Garzón demuestra que lo importante no es que un tesorero aparentemente corrupto lleve las finanzas de un partido, sino encontrar a profesionales de la toga dispuestos a acostarse con La Falange si con ello logran saldar sus venganzas y complejos.

Este es el cuadro: los ladrones sin castigo, los magistrados que investigan a los delincuentes a punto de sentarse en el banquillo y los ciudadanos estupefactos. España, paraíso judicial.
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