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Notícies :: laboral |
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Sobre el despido del compañero trabajador de Renault
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per Comité de Solidaridad de los Trabajadores |
21 abr 2010
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Denunciamos la situación creada al despedido por los abogados cercanos a Izca... |
Tras el despido del compañero de Renault, Enrique Martínez, a la sazón delegado del sindicato Trabajadores Unidos, este sindicato, junto a Izquierda Castellana, plantean un proceso combativo sustentado en la convocatoria de una pretendida asamblea, creada para llevar adelante las alternativas por estas organizaciones planteadas.
Estas alternativas, como es habitual en estas organizaciones, se basan en la realización de actividades dentro de la legalidad, en torno al proceso jurídico encargado al gabinete de Doris Benegas.
El Comité de Solidaridad, por su parte, no participa en la mencionada asamblea, dadas las diferencias existentes en el modo operativo y en la consideración de las escasas repercusiones de sus planteamientos. No obstante, desarrolla y realiza su propio programa de actuaciones en defensa del compañero, y además acude a la convocatoria realizada por el despedido a las puertas del juzgado el día de la celebración de la vista, y que se resolvió con cargas policiales, apaleamientos y detenciones.
En cuanto al proceso jurídico, llevado por el gabinete de Doris, por la letrada Ana Ma Pérez Asensio, en primera instancia se resuelve con sentencia favorable al trabajador. Esta sentencia es recurrida por la empresa, a pesar de lo cual, tanto Trabajadores Unidos como Izquierda Castellana abandonan toda su actividad, confiando en que el recurso también se solucionará favorablemente, cuestión que no sucede así.
A partir de esto, la situación es la siguiente: El compañero queda en la calle, sin indemnización ni medio de subsistencia. Cuatro compañeros están encausados y pendientes de juicio, tres por resistencia a la autoridad y uno por atentado y agresión a un policía, ante lo cual, y no obstante las tan graves repercusiones, Ni T.U. Ni Izquierda Castellana se plantean continuar la lucha, dando como única alternativa al despedido, continuar con un nuevo recurso a nivel judicial y quedar a la espera de los juicios por los otros encausados, para plantear alguna alternativa de apoyo.
El despedido, por tanto, queda sin apoyo combativo ni económico, pues el sindicato al que pertenece no aporta tampoco estos recursos, teniendo que salir al paso el Comité de Solidaridad, ante la precaria situación del compañero.
Por otra parte, y desde la publicación de la segunda sentencia al recurso presentado por la empresa, transcurren alrededor de 18 meses sin que nada se sepa de la tramitación del recurso a presentar por la abogada del despedido, al cual, al requerimiento de la situación del mismo, se le contesta que el recurso está presentado, pero que esto tarda mucho en resolverse.
Ante la tardanza excesiva, se vuelve a insistir en torno a la situación del procedimiento y se pide al despacho el justificante de la presentación del mismo. Ante esto, la respuesta es: Que cómo se puede dudar de la honradez de un gabinete jurídico como el de Doris Benegas, dedicado a la defensa del obrero, pero a su vez, no se entrega ni justificante de la presentación, ni documentación alguna, lo que agudiza la desconfianza.
Esta situación origina que el despedido, acompañado de algunos compañeros, se interesen por el trámite, tanto en el juzgado de lo social, como en el Tribunal Superior, donde se les comunica que tal recurso no fue presentado, y por tanto, el caso ha quedado archivado. Con esta información se acude al gabinete de Doris Benegas, en el que la abogada encargada del caso, en un principio, pretende seguir engañando, no solo al compañero despedido, sino también a miembros del sindicato T.U. Que le acompañan, pero ante la insistencia y la evidencia de los hechos, no le queda otra alternativa que confesar que el recurso, efectivamente, no fue presentado.
Esta actitud supone, por parte del gabinete jurídico de Doris Benegas y de su abogada, encargada del caso, Ana Ma Pérez Asensio:
- Una grave falta de ética profesional, acompañada de una mentira sostenida durante casi dos años.
- Una actitud descarada de querer aprovecharse de un pretendido prestigio de defensores de los obreros, para soslayar una dejación del deber de defensa jurídica.
- Un perjuicio económico para el compañero despedido, cifrado en, como mínimo, 84.000 €, cantidad que se litigaba y que, la no presentación del recurso origina su pérdida total e irrecuperable, o bien, la restitución en su puesto de trabajo, con más valor aún, económico y moral.
- Una actitud prevaricadora en beneficio de RENAULT, que se embolsa dicha cantidad y deja al compañero en la calle y sin recursos.
Por parte del sindicato Trabajadores Unidos supone:
- Una dejación de sus deberes sindicales en defensa de su delegado, a nivel combativo, económico y jurídico, ya que, como tal sindicato, su principal preocupación respecto al caso debiera haber sido:
- No abandonar el combate, aunque ello hubiera supuesto el hacer una valoración de la situación y la adopción de un distinto planteamiento de acción, máxime cuando existen graves secuelas en torno a otros cuatro compañeros, derivadas de las anteriores actividades.
- Haber realizado actividades encaminadas a conseguir medios económicos para ayudar a su delegado, en situación precaria y para afrontar las posibles consecuencias pendientes por la represión a los compañeros encausados.
- Haberse asegurado fehacientemente de la realización de la tramitación del proceso jurídico y el recurso pendiente en el plazo previsto por la ley (máxime cuando, en otra ocasión, y con motivo de la expulsión de sus representantes del Comité Intercentro de RENAULT, el mismo gabinete de Doris Benegas ya se la jugó, no presentando el recurso pertinente y además, teniendo la desfachatez de quererles cobrar dicha tramitación no presentada).
Nada de esto hizo el sindicato Trabajadores Unidos, y ahora, una vez llegados a estos extremos y en la fase actual existente, tanto al compañero despedido como al sindicato, solo les cabe, aún asumiendo sus fallos, exigir responsabilidad a Izquierda Castellana, ya que, al estar involucrada en todo el proceso y directa, personal y orgánicamente vinculada al gabinete de Doris Benegas, es prácticamente imposible que, como organización, no estuviera al corriente de la no presentación del recurso, siendo participes del engaño.
Exigir responsabilidades jurídicas y económicas, tanto al gabinete, como a la letrada del mismo, Ana Ma Pérez Asensio.
Y por último, le conviene al sindicato T.U. En primer lugar, hacer una reflexión sobre su acción sindical. En segundo lugar, sobre su política de alianzas, si es que tiene algún planteamiento a este respecto (pues parece ser que todavía no sabe con quién se juega su prestigio). Y en tercer lugar, hacer una valoración de lo que supone el abandono de la acción a cambio de depositar su confianza en una judicatura que, desde sus miembros de base hasta los de su más alta magistratura, trabajan supeditados al sistema, por y para el sistema capitalista. |
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