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Entrevista con el Comite de Víctimas Contra la Impunidad, Lara
03 oct 2009
La grave situación de las ejecuciones extrajudiciales que existen en el estado Lara nos llevan a realizar una corta entrevista a los miembros del cómite.
Entrevista con el Comite de Víctimas Contra la Impunidad, Lara

“Reivindicamos la organización autónoma económica y políticamente”


En Barquisimeto se ha formado una organización de base que combate las injusticias del poder: El Comité de Víctimas contra la Impunidad. Tras tres años de trabajo y constancia, su labor comienza a cosechar los frutos de la solidaridad comunitaria.

Del otro lado de la acera, se encuentran las instituciones que benefician a los de siempre, en una impunidad avalada por las autoridades “del pueblo”. El Libertario se trasladó a Lara y conversó con ell@s.

Pepe el Toro

El atardecer rojizo del estado Lara ha dejado de ser lo que era. Cada puesta de sol recuerda un torrente sordo represado en un Yacambú de arbitrariedad y olvido. Según cifras recogidas entre el 2000 y el 2006 por la Fiscalía General de la República, la región ocupa el octavo lugar en el índice de violaciones al derecho a la vida a nivel nacional, a manos de funcionarios policiales. De los 211 casos, el 60,6% involucra agentes de la policía estadal. Del conjunto de policías regionales, Poli-Lara ocupa el octavo lugar en delitos de homicidios por enfrentamiento o ajusticiamiento, siendo premiada con sólo dos funcionarios condenados en seis años.

Como respuesta, desde hace varios años personas del norte y oeste de Barquisimeto, así como de Santa Rosa y Cabudare, y de otros municipios como Andrés Eloy Blanco, Jiménez y Torres decidieron organizarse. Su afinidad, ser víctimas de impunidad y tener dificultades para costear honorarios de asistencia legal para defenderse. De manera independiente y para exigir justicia sin mediaciones, nació el Comité de Víctimas Contra la Impunidad. Para conocer más sobre su organización, conversamos con

Ninoska Pifano y Miriam Núñez.

- ¿Cuál es el origen del Comité?

- Ninoska Pifano: Un día fuimos donde el diputado Víctor Martínez, una persona que aunque es del gobierno, es muy frontal con las denuncias. El tiene un programa de televisión, al cual invitaron algunas víctimas, como 3 ó 4. Allí convocamos para organizarnos y para la primera reunión fue muchísima gente, el 30 de noviembre de 2004. Allí hicimos la propuesta de constituir el comité, al cual rápidamente se le denominó Comité de Víctimas Contra la Impunidad. Desde ese día hasta la fecha nos hemos reunido todos los martes. Ha sido difícil pues la mayoría somos madres, sin experiencia política, sin experiencia organizativa y que sobre la marcha nos hemos mantenido.

- ¿Cómo fueron los primeros pasos?

- NP: Cuando arrancamos habían como 15 casos que manifestaron su disposición a organizarse. Comenzamos a sistematizar los casos en planillas. Inicialmente no era exclusivamente de abuso policial, pero por ahí se fue encaminando posteriormente. Cuando eres víctima de una situación así, se está totalmente desorientado. En el Comité había algunos compañeros que ya tenían años machacando en la Fiscalía y le daban orientación a los otros. Hacíamos formatos de cartas colectivas solicitándole a los fiscales atendieran los casos, que hicieran la investigación, etc. Sobre todo el primer año fue un año de movilizaciones intensas. Después, nos vimos en la necesidad de hacer algunos talleres.

- ¿El Comité es una ONG, una red, una plataforma… cuál es la forma de organización que han asumido?

- NP: En nuestro seno se dio una discusión bien importante: si el comité debía tener personalidad jurídica o no. En los primeros meses, llegaban muchos politiqueros de oficio a tratar de capitalizar la organización de base, proponiéndose como asesores, etc; convenciéndonos para que le diéramos personalidad jurídica, pues si no «nadie nos iba a parar bolas». Sin embargo, nosotros lo discutimos y dijimos «bueno, si nosotros estamos protestando contra un Estado jurídico, cómo lo vamos a reivindicar en una organización». Decidimos no tener personalidad jurídica, y así vamos a continuar. Es una decisión que se encuentra en unos estatutos que sobre la marcha fuimos elaborando en base a nuestra experiencia. No fue nada de arriba hacia abajo, sino algo que los mismos compañeros fuimos construyendo. Nos organizamos en las reuniones semanales. De esas reuniones salen las propuestas de actividades. Reivindicamos la organización independiente, de base, autónoma económica y políticamente. En ese sentido nos hemos cuidado mucho.

Un manual para la impunidad

- ¿Cuáles consideran que son los aspectos más críticos que favorecen la impunidad?

- NP: Eso es toda una estructura. No te podemos decir que solamente es la Fiscalía, que son los cuerpos de seguridad o que son los tribunales. Eso es un mecanismo articulado. Por ejemplo, nos reunimos con Jessie Chacón, y él dijo «les vamos a mandar una comisión», y lo que nos mandó fue una comisión de la PTJ en la puerta de nuestras reuniones. Algunos compañeros asistieron a la convocatoria y lo que les preguntaron fue quién era la cabeza y quiénes nos financiaban. Otros compañeros participaron en las reuniones de la Comisión Nacional de Reforma Policial, en las jornadas que se hicieron en Caracas, con la gente de la Red de Apoyo. Allí se presentó una declaración de los derechos de las víctimas que no suscribimos, porque no era eso lo que buscábamos. El código de ética del policía –producido por dicha comisión- es una farsa, un engaño. La policía no está para protegerlo a uno, la policía protege la propiedad privada y a los funcionarios del gobierno para que esa estructura se mantenga así. Por ello nos parece que no tiene sentido hablar de puntos críticos, sino de la estructura completa.

- Miriam Núñez: A través de la experiencia que hemos tenido, hemos puesto en chiquitico todos los mecanismos que el Estado tiene para aumentar la impunidad. Decimos que hay un manual donde actúan los cuerpos de seguridad, el Ministerio Público y el poder judicial para dejar las cosas impunes. Sentimos que con la lucha y la protesta nuestra en la calle, ganamos terreno, en cuanto a solidaridad de la gente. Pero en cuanto a que las cosas se resuelvan, eso es imposible. Somos un comité de lucha que conoce las leyes, que conocemos y manejamos muy bien el código del manual de impunidad que ellos tienen. Tenemos, incluso, una memoria histórica de donde va cada «prócer», de esos que ellos sacan de un lugar para otro. Por eso no defendemos ni al fiscal ni al cuerpo de seguridad, ni a jueces. Todos ellos están hechos para que el manual de impunidad no deje de cumplirse.

- ¿Qué pasa en Lara con la policía?

- NP: No es un problema solamente de Lara. Lo de Guarico y

Anzoátegui es dramático. Cuando escuchamos los testimonios de estos sitios es un horror similar. Aquí en Lara existe la misma complicidad. El ex comandante de la policía, Jesús Armando Rodríguez Figuera, a pesar de todas las denuncias en su contra ha sido ascendido a General en su gestión. Y cuando la presión se hizo insostenible, que tuvieron que destituirlo, ese mismo día sale el gobernador Reyes Reyes y en un mismo acto le da tres condecoraciones, utilizando además a gente de los consejos comunales. Hay un informe del consejo legislativo y otros que lo vinculan al narcotráfico junto a (otros) funcionarios del alto gobierno. Además se le demostraron hechos de corrupción. Hay un caso, reseñado por Provea, de la masacre de Los Pocitos, donde él participó y obstaculizó la actuación de los fiscales. El informe del consejo legislativo nombra a 160 ajusticiados, con nombres, sitios de ejeucion y/o liberacion, fechas y todo.

Y esto coincide con la entrada de este ex comandante. Cuando en febrero de

2007 se interviene la policía, la Comisión encargada elaboró 17

informes, los cuales el gobernador estaba en la obligación de pasarlos al

Consejo Legislativo. Al final sólo pasó 5. A pesar de esto, con esos cinco hay elementos como para que pague cárcel de por vida. ¿Quién lo va a juzgar, si los jefes de la banda están arriba y lo protegen? Con nuestra lucha paramos que fuera enviado para otro estado, pero sigue mandando porque es un brazo ejecutor del gobernador.

- ¿Qué retaliaciones han sufrido por su actuación

- En estos tres años hay 3 comités que han surgido como contracomites de victimas. Salió un comité de Presos de Uribana que daban declaraciones de prensa y actuaron como brigadas de choque contra de nosotros, otros llamados «héroes en silencio» que luchaban por los derechos de los policías y otro que esta ahí que dieron declaraciones contra nosotros, diciendo que protegíamos delincuentes. Tenemos 5 compañeros con expedientes abiertos como retaliación por pertenecer al Comité. También, han mandado gente a infiltrar al movimiento. Además de la sistematica anulacion por parte de la corte de apelaciones de esta entidad, de los pocos juicios que hemos adelantado.

Conjurando el olvido

Desde el pasado 14 de diciembre, la calle La Pastora entre 23 de Enero y

Monseñor Jesús Maria Alvarado, en el pueblo de Santa Rosa, luce un monolito con una placa con 52 nombres, el «Monumento a las Víctimas». Con una sonrisa que le ilumina el rostro, Pifano nos cuenta sobre el proyecto concretado por la organización desde abajo: «Cuando hicimos el taller sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de las reivindicaciones que ellos proponen es que se haga una plaza con el nombre de la víctima, que se publique un libro, que se ponga su nombre a una escuela, además de las reivindicaciones económicas. Nosotros dijimos: «Si realmente ni en los tribunales, ni en ninguno de ese aparataje se va a hacer justicia, nosotros vamos a hacerle el monumento a nuestras víctimas». Fue un proyecto que al principio, porque no teníamos la plata, nos asustó un poquito. Pero se asumió colectiva y autogestionariamente y para nosotros en este momento es un balance importantísimo».

Según documentos del Comité la tragedia social de la impunidad obliga a un serio cuestionamiento del Estado, su gobierno, sus instituciones, sus órganos de ejecución material de las medidas y operaciones de policía, cuya capacidad para administrar justicia se reduce a un discurso cada vez más vacío e insustancial, y en última instancia sólo sirve para sojuzgar los derechos de la inmensa mayoría desposeída de la población. Paso a paso, asambleariamente, de manera autónoma, con su propia agenda de reivindicaciones y relacionándose con otros sectores en conflicto, el Comité de Victimas Contra la Impunidad lucha porque el cielo rojizo del estado Lara vuelva a ser crepúsculo y deje de reflejar el horror, recordándonos a todos y todas el misterio y la alegría de la vida.

ALGUNOS CASOS DEL COMITE

- José Luis Prado (25): Joven con un cierto grado de retardo mental el cual fue apresado el 28.11.05 en Santa Rosa por una comisión de 12 funcionarios policiales y desaparecido desde esa fecha.

- Argenis Jesús Ramírez Vasquez (18): interceptado el 10.05.05 en horas del medio día, en la calle Bolívar de Los Rastrojos, municipio Palavecino, por dos hombres y dos mujeres que se desplazaban en un jeep blanco. Ramírez era extorsionado por un funcionario policial de apellido Magallón. Desaparecido.

- José Luis Vasquez González: Hostigado y extorsionado por funcionarios de la Division de Investigación y Apoyo Criminalístico (DIAC), asesinado el 09.01.07 en una simulación de enfrentamiento. 6 días antes había recibido una orden de protección por parte de la Fiscalía.

- Katherin Mislay Sánchez (12): Asesinada durante el 2003 por funcionarios policiales en el Barrio 5 de Julio de Barquisimeto.

- Luis Alfredo Acosta Mirabal (43): Parapléjico luego de recibir un impacto de bala en la columna por parte de un funcionario de la Policía de Lara el 03.03.03

- Elpidio Alexander Hernández (33): Asesinado en la Ruezga Sur por funcionario del GOT en el año 2003 la corte de apelaciones anulo el juicio, el funcionario recupero su libertad

- Javier Majano Cuicas (34): asesinado en Carora por funcionarios de PoliLara durante el año 2000 la corte de apelaciones anulo el juicio, el funcionario recuperó su libertad.

- Legnys Sánchez (24): Muerta en extrañas circunstancias luego de denunciar acoso sexual por parte de un funcionario de la Policía de Lara.

- Juan Carlos Mellizo (18): Asesinado por el funcionario de la Guardia Nacional Javier

Castellano Riccio el 01.01.04. Condenado a 16 años y 4 meses por el delito de homicidio intencional, tras lo cual la Corte de Apelaciones anuló el juicio en julio de 2007 y el militar recuperó su libertad.

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