Los obreros pedían la mediación de la primera mandataria contra los atropellos de la multinacional yanqui, negrera y explotadora Kraft-Foods, que los despidió por reclamar jabón para prevenirse de la Gripe A. Ya los trabajadores habían marchado con el mismo objetivo frente a la Quinta de Olivos en uno de sus más de 40 días de lucha, sin respuesta alguna, mientras Cristina se la pasaba hablando de los derechos humanos, contra los monopolios y la derecha. Dichos que la presidenta siguió pronunciando en las Naciones Unidas y el G-20, hablando además de las bondades de su “modelo productivo”. El ministro Tomada, en la reunión de la OIT, dijo que la prioridad mundial debe ser “el empleo”. Justo cuando la justicia y su gobierno enviaban a la Montada, la Infantería y la policía -incluida la sección perros- a reprimir con balas de goma, gases y palos. Una revelación de la única y brutal cara que encarna el peronismo gobernante de los Kirchner y el gobernador Scioli, aunque intenten taparla con iniciativas supuestamente ‘progres’ como la ley de medios o el ‘fútbol para todos’.
La presidenta no estaba en el país el día de la represión porque andaba muy entusiasmada con sacarse la foto con el presidente imperialista Barack Obama, suscribiendo un acta para abrirle las puertas del país nuevamente al FMI y, muy especialmente, embargada en concretar una reunión con grandes patronales yanquis. Esta finalmente se concretó, siendo calificada por Cristina como “excelente”. Se vio con los representantes de la Barrick, Microsoft, Cargill, Bunge y General Motors. El representante de esta última le agradeció los 250 millones que puso el Estado argentino para financiarle un nuevo modelo de automóvil. A lo que la presidenta señaló: “¿Quién me habría dicho alguna vez en mis años de estudiante en La Plata que iba a ayudar a una automotriz americana?” (Clarín, 23-09). Así son los Kirchner. Muy duros de pico para afuera, pero, para adentro, pro-patronales y proimperialistas hasta los tuétanos.
Eso es lo que hicieron ante el conflicto de las obreras y obreros de Terrabusi. El ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y cuando tenía que obligar a la patronal a reincorporar al personal despedido, nunca lo hizo cumplir. Tampoco la prorrogó, dejándole las manos libres para que ratificara los despidos y se abriera paso a la represión. Luego, el delfín kirchnerista gobernador Scioli, junto a una jueza, puso a disposición todas las fuerzas represivas para desalojar a los trabajadores, queriéndole darle un barniz de “palos progres”. ¿De qué manera? Enviando a funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia para supervisar el desalojo. El comisario Salvador Baratta, a cargo del mismo, lo justificó diciendo “acá hay gente de los derechos humanos”. Los funcionarios “humanistas” acompañaron el operativo para “garantizar que no haya balas de plomo y se implementara la menor violencia posible” (Página12, 26-09). Todo esto mientras la patronal yanqui tildaba a los trabajadores de delincuentes, violentos e ilegales.
Que el gobierno de los Kirchner defiende a las patronales y no tiene nada de “nacional y popular” lo prueba el hecho que la política que llevó adelante fue reclamada por la UIA, quien venía cuestionando “la pasividad gubernamental frente a los crecientes conflictos laborales que generan inseguridad en la industria” (Clarín, 25-09). Lo mismo que exige la embajada de Estados Unidos, cuando pide “respeto por el derecho de propiedad” (es decir, de las enormes ganancias de Kraft), “respeto por las decisiones del sistema judicial” (como el desalojo), reclamando además una “solución duradera” del conflicto (donde se descabece a la interna y a los delegados y se firme una paz social para aplicar una virulenta flexibilización laboral explotadora al mejor estilo de los 90). “Quieren sacar el jardín maternal de la fábrica, el comedor, quieren turnos americanos y sacarse de encima a la comisión interna”, denunció uno de los delegados.
También se develó otra mentira K. El peronismo gobernante se venía jactando de autodefinirse como el más democrático de la historia, ya que nunca habría reprimido trabajadores. “Mirá Cristina, qué popular, es el gobierno con más presos por luchar”, se cantó en una de las marchas en repudio. Ya habían sido reprimidos los petroleros de las Heras, los trabajadores del Casino, FATE, Dana y tantos otros. Esta nueva represión representa un salto cualitativo. Se implementó en connivencia con la UIA, la patronal y la embajada yanqui -con la venia de la burocracia sindical-, para quebrar una heroica lucha en defensa de los puestos de trabajo.
El otro engranaje de esta política, como no podía ser de otro modo, fue la colaboración que prestó la burocracia sindical. En primer lugar, el burócrata traidor Rodolfo Daer (Secretario General del Sindicato de la Alimentación) y el titular de la CGT, Hugo Moyano, que tildaron a los trabajadores de ultraizquierdistas, politizados, desestabilizadores, violentos, provocadores y protagonistas de desbordes irreparables. No tomaron ninguna medida de fuerza en apoyo. Política traidora que le dio el visto bueno a la represión. La CTA, que dice practicar una política opuesta a la de la CGT, tampoco tomó ninguna medida solidaria (ver páginas centrales). No es casual. Todas estas conducciones se vienen movilizando a favor del gobierno y, en este caso particular, se han negado a defender a una interna y delegados que no responden a sus dictados.
El tesorero de la UIA, Jorge Sorabilla, declaró estar “esperanzado con que el conflicto de Terrabusi se convierta en un caso testigo para desalentar nuevas ocupaciones de plantas” (La Nación, 29-09). Esto se suma a una campaña en curso contra los que luchan, diciendo que hay un clima “raro” de conflictividad social. Cuando los culpables de que haya paros, marchas y cortes son quienes están descargando la crisis que los capitalistas provocaron sobre las espaldas de los trabajadores y demás sectores populares con rebajas salariales y despidos. Pulseada que está en curso en Terrabusi y en tantas otras luchas.
En esta pulseada se han unido la multinacional, empresarios, gobierno y burócratas sindicales contra los trabajadores. Del otro lado está la clase obrera, los luchadores y la izquierda. Llamamos a la más amplia unidad para seguir exigiendo la reincorporación de los compañeros de Terrabusi y en repudio a la represión. Y a seguir apoyando la lucha de los estatales, trabajadores de la salud y docentes en lucha, al igual que a todos los trabajadores que enfrentan los despidos y suspensiones. Contra las patronales negreras y las agachadas de la burocracia sindical. En el camino de ir forjando una nueva dirección sindical y política para el movimiento obrero.
El prontuario de la patronal yanqui Kraft Foods (ex Terrabusi)
Durante la última dictadura militar sus dueños eran los primos Gilberto Montagna -por entonces presidente de la Coordinadora de Industrias de la Alimentación (COPAL)- y Carlos Reyes Terrabusi. En la fábrica hubo tres desaparecidos en los primeros meses del proceso denunciados como “guerrilleros fabriles” por la patronal: Susana Ossola, Juan Esteban Ferreyra y Carlos Becker, jóvenes trabajadores de poco más de 20 años de edad.
Hacia el final de la dictadura, Montagna cobraba honorarios como director 50 veces superiores a los salarios de sus operarios. Estuvo al frente de la UIA durante el menemismo, apoyando fervientemente la política privatizadora y de entrega a los monopolios que condujo al cierre de miles de fábricas. Luego vendió Terrabusi al grupo yanqui Nabisco en 360 millones de dólares. Después el grupo Kraft Foods absorbe a Nabisco y con él a Terrabusi. Ahora, este grupo (segunda compañía de alimentos del mundo y número uno en EE.UU.) intenta comprar a su par británico Cadbury (segundo fabricante de golosinas del mundo), para lo cual llegó a ofrecer 21.300 millones de dólares. Warren Buffet, su mayor accionista, compite con Bill Gates el lugar del hombre más rico del mundo. Hoy, Irene Rosenfeld, ejecutiva de la firma estadounidense (una de las mujeres más poderosas de Estados Unidos), explotación mediante de sus obreros, ha logrado llevar la facturación del año pasado de la compañía a 47.000 millones de dólares. Esta es la empresa que despide obreros en Argentina con la complicidad del gobierno de Cristina.
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