La semana pasada fue denunciada la liberación del represor Eduardo Alfonso, ex secretario general del Ejercito, imputado como autor material del asesinato de Antonio García y del secuestro y desaparición de Beatriz Recchia en 1977. Entrevistamos a Juliana García Recchia, querellante en la causa, quien recientemente recuperó a su hermana nacida en cautiverio y apropiada.
La Cámara Federal de San Martín dejó en libertad a uno de los asesinos de tus padres, ¿nos recordás los hechos?
En mayo de 2008 se pudo comprobar la participación de Alfonso en el allanamiento realizado en nuestra casa de Villa Adelina en 1977. Allí mataron a mi viejo y secuestraron a mi mamá embarazada de cinco meses, a quien trasladaron a Campo de Mayo hasta que dio a luz y luego fue desaparecida. Precisamente, Alfonso estaba destinado a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, con asiento en la guarnición militar de Campo de Mayo.
Yo tenía tres años, y presencié todo, pero lógicamente no puedo reconocer a los integrantes de la patota. El operativo fue el 12 de enero de 1977. Ese mismo día, en el legajo personal del ex secretario general del Ejército, Eduardo Alfonso, en el Informe de Calificación de 1976/1977, consta que el entonces teniente primero de Caballería tiene parte de enfermo por haber recibido una herida de bala abdominal. En el Boletín Público del Ejército Argentino número 4148 del 6 de julio de 1977 figura la condecoración que le dieron por recibir ese disparo: “Con motivo de las operaciones realizadas en la localidad de Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires el 12 de enero de 1977: Medalla ‘Herido en Combate’ a Teniente primero C. D. Eduardo Alfonso y al Teniente primero D Raúl Fernando Delaico”.
Por estas y otras pruebas, en diciembre pasado Alfonso fue detenido y procesado. Su abogado alegó que, pese a la coincidencia de día, localidad y cantidad de heridos (el segundo fue el teniente Raúl Delaico, fallecido), fue otro hecho en el que resultó herido: disparos de desconocidos, desde una moto, en un operativo de control vehicular.
Desde la querella se refutó la coartada, desarmando los frágiles argumentos de la defensa con datos técnicos y se explicó que, por cargo y jerarquía, Alfonso no participaba de controles vehiculares, además del absurdo de atribuir una medalla de honor a una herida producto de un control contravencional.
A pesar de la evidencia, la semana pasada los jueces Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati dictaron la falta de mérito de Alfonso en la causa en la cual también están imputados genocidas como Santiago Riveros y Benito Reynaldo Bignone.
¿Qué argumentaron los jueces?
Por un lado, los jueces dicen que “no puede afirmarse fehacientemente que (Alfonso) conociera la finalidad del grupo operativo”. Admiten que el militar mintió para ocultar su participación en el allanamiento, pero lo exculpan diciendo que “no puede presumirse el conocimiento” del carácter de la acción a la que iba “toda vez que tales sucesos eran planificados y llevados a cabo por equipos especiales” de inteligencia. En este punto, el fallo reivindica la “inteligencia” como “fundamental para combatir la subversión” (sic). Y agregan que, la orden emanada era “una orden de guerra” que Alfonso estaría obligado a cumplir. Por eso digo que, en este caso, vuelve a aplicarse la teoría de la Obediencia Debida y el Punto Final, más allá de que esas leyes hayan sido anuladas por el Congreso.
¿Qué tiene que ver el gobierno en todo esto?
Este fallo se suma a la larga y penosa tradición de buena parte de la corporación judicial de proteger a los genocidas, y va de la mano de la política de Cristina cuando dice que el tema genocidio “debe quedar en manos de la justicia”. Esta misma Cámara ya se había expedido en su momento en contra de la nulidad de estas leyes por considerarla “inconstitucional”. Además, las causas judiciales por delitos de lesa humanidad ni siquiera se han unificado, se deja a criterio de cada juez la resolución (sabiendo que hay jueces que vienen de la dictadura), cuando se ha probado después de 33 años que lo que hubo en el país fue un plan sistemático dictatorial represivo. Decir “que se encargue la justicia” es sembrar la impunidad. Otro caso que prueba esto es el de Julio López, que a tres años de su secuestro no se sabe nada. O los casi 500 chicos apropiados que seguimos buscando.
Hace falta decisión política, y terminar con las medidas cosméticas. Dictar leyes que determinen invertir la causalidad de la prueba para todos los militares que revistaron durante la dictadura, que sistematice la búsqueda de los chicos, que fije la realización del ADN a todos los nacidos entre 1975 y 1982 para cotejar con el Banco de datos de Abuelas, que obligue a abrir los archivos militares, policiales y de las empresas vinculadas al genocidio, con comisiones integradas por organismos de DD.HH., familiares y trabajadores.
Los Kirchner en sus gobiernos ni siquiera se animaron a anular los indultos de Menem. Imaginate. Por eso es que, para terminar con la impunidad y para que estos genocidas vayan a cárcel común y de por vida, hay que seguir movilizados.
Alfonso: un pez gordo.
Alfonso hizo carrera. Fue mano derecha del comandante del Ejército general Ricardo Brinzoni hasta 2003. Ascendió a coronel en 1993 y a general de brigada en 1999. En 2001 recorrió guarniciones de Campo de Mayo, Córdoba y Bahía Blanca, encabezando un pedido de hábeas data de 663 militares interesados en conocer qué datos sobre sus trabajos sucios tenían los organismos de derechos humanos.
En distintas oportunidades, en su carácter de secretario general del Ejército, respaldó institucionalmente a militares que habían sido arrestados por negarse a declarar en juicios por la verdad. Se solidarizó con el dictador Luciano Benjamín Menéndez cuando fue detenido por robo de bebés.
Sin duda ha sido un hombre fuerte del ejército con variados contactos políticos, de los cuales da cuenta su presencia en actos oficiales de todos los gobiernos en los últimos años.
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