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Notícies :: antifeixisme
La tortura"¡ Nombre funesto!"
per Bak	11 ago 2009
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La tortura, «¡nombre funesto!» Han pasado más de dos siglos desde que Jovellanos lanzara este conjuro y podemos afirmar hic et nunc que en la España de vocación imperial y ardor guerrero se sigue aplicando la tortura con total impunidad y opacidad. Permanece la tortura como sinó- nimo de tormento y atrocidad, pero también reaparece bajo otras formas, con otras apariencias más «legales»: incomunicaciones prolongadas, presos y presas FIES... El argumento de la tortura, declarada o encubierta, es el paradigma de la renuncia a los derechos humanos por una noble causa: la razón de Estado. Debo declarar que estoy absolutamente en contra de las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ya sean infligidos éstos por: a) varones que creen que por acceder a la intimidad de una mujer tienen derecho a dominarla y controlarla física, psicológica o sexualmente; b) militares o paramilitares de regímenes dictatoriales y c) funcionarios de las fuerzas de seguridad y de instituciones penitenciarias en regímenes absolutistas aparentemente «democráti- cos» con el objetivo de obtener de la persona detenida información, autoinculpación y delación. Estoy en contra, tanto si se invoca a Dios, como a la patria o al rey para instaurarla o justificarla. Es decir, considero que ninguna persona jamás debe ser torturada. Contra la tortura no existe un discurso político firme. De vez en cuando oímos una especie de balbuceo ­apenas una insinuación de su existencia­. La tortura sólo se hace vívida y real cuando quien la ha sufrido denuncia, identifica, socializa y politiza ­en el sentido etimológico del término­ la experiencia vivida. Entonces la tortura se convierte en una novedad inédita, en algo visible y sin máscara. En España la tortura es un fenómeno habitual, extendido, y se lleva a cabo deliberadamente y con una clara intencionalidad política en el caso de ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria. Los informes de Amnistía Internacional (AI) o de Torturaren Aurkako Taldea (TAT), entre otros, lo demuestran. En el informe de 2002, AI manifestaba su preocupación por el gran número de muertes producidas durante el periodo de custodia. Esta organización consideraba que muchas de las investigaciones sobre los casos no habían sido realizadas con la debida minuciosidad, rapidez e imparcialidad exigida por la ley. De acuerdo con información recibida por AI, al menos 28 personas habían muerto bajo custodia de la Policía o de la Guardia Civil entre enero de 1999 y octubre del 2000, el listado incluía personas extranjeras e integrantes de minorías étnicas que habían sido detenidas por la Policía para revisarles sus documentos de identidad. En el informe aparecen casos de detención ilegal de hasta tres días en comisaría, sin informar del motivo de detención. Además, siguiendo el informe, menores marroquíes en Ceuta y Melilla habían sido maltratados al ser expulsados por policías o agentes de seguridad privados. También se relataba el caso de menores argelinos y de la República Democrática del Congo ­algunos de tan solo 4 años de edad­. El informe menciona más de ocho casos de mujeres extranjeras procedentes de Colombia, Marruecos, Brasil, Perú... que habían sido violadas o asaltadas sexualmente en comisarías españolas. En este contexto, no podemos olvidar la violación de Rita Margerete Rogerio el 29 de agosto de 1995 en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. El castigo: dos sentencias por infracción de custodia y ninguna condena por violación. En el año 2002, un agente de la Policía Nacional fue condenado a 12 años de cárcel por agredir sexualmente a una mujer de nacionalidad colombiana en Valladolid un año antes; en abril de 2002, otro agente de este cuerpo fue condenado a 4 años de cárcel por agredir sexualmente en 1998 a la peruana Miriam Rosa Verástegui. Ambos policías recurrieron las sentencias y, al no ser éstas definitivas, continuaron en libertad. Iratxe Sorzabal fue detenida por la Guardia Civil en el año 2001. Además de la tortura física, su testimonio refería amenazas continuadas ­con amagos de violación incluidos­ contra su persona y sus familiares, así como humillaciones contra su dignidad y autoimagen y maltrato sexual (tocamientos). Ana López Barrio, detenida por la Ertzaintza el pasado año, declaró ante la jueza de la Audiencia Nacional malos tratos síquicos y físicos y vejaciones sexuales. Detalla que un agente le dijo que la iban a violar, «enseñándome su brazo, refiriéndose a un pene como su brazo de duro y de grande», y añade que ese mismo agente le tocaba la cara y los brazos. Anika Gil lo denunció y lo revivió en el documental "La pelota vasca: la piel contra la piedra" ­por eso no querían participar en el mismo miembros de la AVT y de Foros varios­. ... En este autoproclamado Estado de Derecho, la tortura «no se prohíbe» porque, sencillamente, «no existe». Lo que «se prohíbe», de forma casi imperceptible y sutil, es la denuncia de la misma. Si eres una ciudadana de Euskal Herria y denuncias que has sido torturada, pasas automáticamente a ser sospe- chosa y cómplice de terrorismo, ya que supuestamente existe un «manual» diseñado para la ocasión. Si de manuales se trata, lo que deberían hacer quienes niegan la existencia de torturas es poner en práctica las normas y recomendaciones para la prevención de la tortura y los malos tratos formuladas por la ONU, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y otras fuentes autorizadas, además de las de AI y Torturaren Aurkako Taldea, contenidas en "Contra la tortura: Manual de acción", del año 2003. Acusar a quien denuncia de mentir siguiendo un «manual» es una «invitación bajo presiones gubernamentales-judiciales» para que no se denuncien este tipo de actuaciones. Lo que ocurrió nunca sucedió: la verdad sin revelar, en suspensión y sin juzgar. Tampoco hay visos de que se trabaje por su prevención e impedimento, puesto que la tónica general es negar su existencia en aras de la «seguridad nacional». Por esa misma razón, las sanciones a los autores de la misma son ridículas. De hecho, los torturadores, en su mayoría, no son castigados; son indultados e incluso se les condecora con todos los honores. Algunos apologistas de la misma, incluso, han llegado a recibir el Premio Nobel de la Paz (H. Kissinger). La tortura no es una cinta de Möbius: con una sola cara y un solo borde; la tortura tiene dos caras y bordes. Desde el 11-S, algunos «intelectuales» afines al pensamiento único abogan por una práctica «legal» de la tortura: ya que se tortura, vamos a hacerlo como buenos profesionales y con una autorización judicial. Alan Dershowitz, profesor de Derecho en la Universidad de Harvard, aboga por que la tortura se aplique en un marco legal y no a puertas cerradas; Mark Bowden, periodista y autor de la novela "La caída del halcón negro", defiende el oscuro arte del interrogatorio y justifica la coerción para obtener información «vital» de un terrorista. Algunas fórmulas ya se están experimentando: Guantánamo, encarcelamiento en países aliados de EEUU donde la tortura pasa inadvertida... Aznar, ávido de riquezas y de poder, y con una complaciente, ensimismada y tibia oposición, tal vez está pensando en otra reforma del Código Penal: otra vuelta a la tuerca. Emilia Pardo Bazán, defensora del derecho a la educación de las niñas y las mujeres, escribió en 1891 "La piedra angular", una novela en la que reflexiona sobre el restablecimiento de la tortura («el tormento»). La pionera nos previene: «El mundo no tiene, hoy por hoy, sino una cascarilla de civilización que puede levantarse con un alfiler, apareciendo debajo la barbarie primitiva». El aviso nos llegó en 1954, año en que fue publicada la novela. La Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966; la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, de 1975; la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Derechos de los Pueblos, de 1986, y la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, adoptada el 10 de diciembre de 1984, en vigor desde el 28 de junio de 1987, consideran la tortura contraria al respeto a la dignidad humana. ¿Cómo se puede restituir la dignidad cuando no se reconoce previamente ésta? Erradicar la tortura es difícil, pero no imposible. Quiero seguir albergando la esperanza de que en la CAV la situación cambie y se actúe de conformidad con el Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. En este país existen colectivos implicados en la denuncia y prevención de la tortura. Además, la sociedad está más sensibilizada ­aunque no lo suficiente­. Pienso que el Gobierno Vasco debería tener muy en cuenta las propuestas y recomendaciones de estos organismos, así como las de la Ararteko. Además, existen parlamentarias que se han pronunciado reiteradamente en contra la tortura: Jone Goirizelaia (SA), Margarita Uria (PNV) y Gemma Zabaleta (PSE). Deberían ser escuchadas con más atención. Podría ser un buen comienzo para un buen fin. En solidaridad con Martxelo Otamendi y sus compañeros de "Egunkaria", Unai Romano, Gurutze Yantzi, Lasa, Zabala, Mikel Zabaltza, las dominicanas Claudia Peña Ureña y Brunilda Ureña Ureña... y cuantas personas han sido torturadas, acudiré a la mani- festación de hoy. Porque la apología de la tortura y la defensa de los torturadores no puede ser un producto ideológico que se venda a un precio tan bajo.
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