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Notícies :: antifeixisme |
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La Audiencia ve "indicios serios" para juzgar el caso Portu-Sarasola
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per Terrorismo de Estado |
30 mai 2009
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La Audiencia de Gipuzkoa ha desestimado todos los recursos presentados por la defensa de los trece guardias civiles que participaron en el arresto, traslado y custodia de Igor Portu y Mattin Sarasola y ratifica que existen "indicios racionales suficientes" para seguir con el proceso. |
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La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha desestimado los recursos de apelación presentados por la defensa de trece guardias civiles que participaron en la detención e interrogatorios da Igor Portu y Mattin Sarasola. Esta decisión de la Audiencia de Gipuzkoa permite por tanto al Juzgado de Instrucción número 1 de Donostia continuar con el procedimiento iniciado contra esos agentes por un delito de torturas y lesiones contra los dos jóvenes lesakarras.
La defensa de los agentes del instituto militar recurrió el auto emitido por el Juzgado de Instrucción 1 de Donostia, el pasado 27 de febrero, en el que se acordaba continuar la causa penal por el procedimiento abreviado contra los trece guardias civiles.
Las razones esgrimidas por la defensa de los guardias civiles para frenar la causa fue que debían practicarse pruebas testificales y apuntaba además que los indicios con que contaba el juez para acordar la continuación del procedimiento eran "insuficientes".
La Audiencia de Gipuzkoa, por su parte, ha ratificado que a la vista de las diligencias practicadas hasta ahora hay "indicios racionales suficientes" para continuar la instrucción de la causa. El auto destaca, además, que las pruebas testificales de los forenses y de Portu y Sarasola, que reclamaba la defensa de los guardias civiles, pueden practicarse en el propio juicio. Y desestima la petición de la defensa sobre la supuesta falta de credibilidad de los lesakarras.
Tras la resolución hecha pública ayer, la audiencia da un plazo de diez días a las partes para que soliciten bien la apertura de la vista oral, formulando escrito de acusación, o bien el sobreseimiento de la causa. Asimismo, la acusación cuenta con el mismo periodo de tiempo para practicar diligencias complementarias, en el caso de imposibilidad de formulación del escrito de acusación.
El auto hecho público ayer identifica como José Manuel Escamilla, Jonathan González, Juan Luis González, Miguel Casado, Oliver Pérez y Juan Manuel Alvarez a los guardias civiles acusados de un delito de tortura y otro de lesiones contra Igor Portu. Asimismo, cita a los agentes del instituto armado Sergio Garcia, Sergio Martínez, Germán Fernández, Domingo Prada y Miguel Angel Tudela y los acusa de cometer el delito de tortura, en concurso con una falta de lesiones, contra Mattin Sarasola.
En último lugar, el auto se hace eco de la actuación del director de este operativo policial y del agente encargado de la custodia en los calabozos de Portu y Sarasola, que aparecen identificados como Juana Jesús Casas y Juan Carlos Maragoto, y a los que se acusaría de la comisión de dos delitos de tortura, en concurso con un delito y una falta por lesiones tanto contra Igor Portu como contra Mattin Sarasola.
El pasado 27 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 1 de Donostia decidió transformar las diligencias previas de este caso (66/08) en un procedimiento abreviado para continuar la causa penal contra estos tres guardias civiles.
Portu, de Intxaurrondo a la UCI
Igor Portu y Mattin Sarasola fueron detenidos el 6 de enero de 2008 en Arrasate y la alarma saltó apenas unas horas después, al conocerse que Portu había sido ingresado en la UCI del Hospital Donostia con lesiones de gravedad. Según el informe médico, el joven lesakarra presentaba un pulmón perforado, una costilla rota, hemorragia en un ojo y hematomas por todo el cuerpo, además de otras afecciones diversas.
El informe de Osakidetza recogía, además, el relato de Portu sobre el trato recibido a manos de sus captores, en el que refería haber sido golpeado con puños y patadas en la cara, el tórax, el abdomen y las extremidades.
Su testimonio, sin embargo, fue aún más crudo cuando declaró ante el juez, a quien dio cuenta de todo tipo de torturas, igual que hizo Mattin Sarasola. Ambos relatos, de hecho, fueron tan parecidos a pesar de estar incomunicados entre ellos que el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska certificó su credibilidad.
Editorial: Lógica de Estado en el sistema judicial español
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha desestimado los recursos presentados por la defensa de trece guardias civiles que participaron en la detención e interrogatorios de los lesakarras Igor Portu y Mattin Sarasola, en enero de 2008. La decisión judicial se fundamenta en que existen «indicios racionales suficientes» para continuar con el proceso y supone un firme paso adelante hacia la celebración del juicio por torturas contra los agentes en cuestión. Cabe recordar que Portu fue ingresado en la UCI del Hospital Donostia horas después del arresto, con evidentes signos de haber sido torturado, y que el testimonio que Sarasola hizo ante el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska coincidió con lo relatado por su convecino pese a estar ambos incomunicados.
También ayer, el representante del movimiento pro amnistía Julen Larrinaga y el abogado de Torturaren Aurkako Taldea (TAT) Aiert Larrarte fueron absueltos por un juzgado de Bilbo de la acusación de un delito de «injurias» a las FSE que pesaba sobre ellos por dar a conocer en una rueda de prensa la denuncia de torturas realizada por Ibon Meñika tras ser detenido por la Guardia Civil. El juzgado, sin embargo, pidió que se investigue si Meñika ha cometido una denuncia falsa.
En contadas ocasiones como las que nos ocupan consiguen salir a la luz las contradicciones de un sistema judicial como el español, que otorga rango probatorio pleno a las declaraciones realizadas en comisaría, en régimen de incomunicación y bajo una más que fundada sospecha de aplicación sistemática de malos tratos y torturas, como han denunciado distintos organismos internacionales. Contradicciones que en una abrumadora mayoría de casos quedan enterradas por la lógica de un sistema para el que la presunción de inocencia queda anulada bajo la presión que, auspiciada por una inexistente separación de poderes, ejercen las cuestiones de Estado. Y el independentismo vasco es una cuestión de Estado, acaso la mayor de ellas. Ése y no otro es el mensaje que está detrás de la advertencia a Ibon Meñika.
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