Duque de Primo de Rivera, conde de Alcázar de Toledo, marqués de Queipo de Llano, duque de Mola... El 4 de junio de 1948, Francisco Franco se atribuyó en un decreto la facultad de conceder, rehabilitar y transmitir títulos nobiliarios. A su muerte, 27 años después, el dictador había hecho uso de esta prerrogativa nada menos que en 39 ocasiones, según datos de la Diputación y Consejo Permanente de la Grandeza.

Un total de 39 títulos que sirvieron al general para recompensar a los militares que le ayudaron a ganar la Guerra, a destacados falangistas y a empresarios adictos al régimen, además de a unos pocos científicos y a un cardenal italiano. Esos 39 títulos aún hoy ocupan un lugar en el listado de "grandezas y títulos del reino" que existe en el registro del Ministerio de Justicia, según reconocen fuentes de este departamento.

La vigencia de estos títulos concedidos por Franco fue denunciada el pasado mes de marzo por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Entonces, la asociación que preside el periodista Emilio Silva criticó la decisión de Mariano Fernández Bermejo tomada poco antes de dejar de ser ministro de Justicia de renovar el título de duque de Mola con Grandeza de España a los descendientes del general golpista. "Es incomprensible que más de 30 años después de la vuelta a la democracia todavía tengan honores los que se levantaron contra un Gobierno legítimo. Es como si a Tejero le nombraran conde del 23-F", recalca Silva.

Pregunta parlamentaria

Aquella denuncia dio pie a Gaspar Llamazares, diputado de IU, para registrar en el Congreso una pregunta escrita en la que instaba al Gobierno a poner fecha a "la retirada de los títulos nobiliarios que Franco otorgó a los generales golpistas".

Llamazares opina que la vigencia de estos reconocimientos "es un ejemplo de que la Ley de Memoria Histórica aún puede y debe ser mejorada". No obstante, el parlamentario reconoce que la eliminación de "estas prebendas no es fácil", pese a lo cual su grupo no descarta plantear iniciativas parlamentarias para exigir al Ejecutivo de Zapatero que "acabe con este sinsentido".

Un sinsentido que se inició el 18 de julio de 1948. Aquel día, el general Franco firmó en el Boletín Oficial del Estado el decreto con el que inauguraba su particular corte otorgando tres ducados a título póstumo y un condado para conmemorar "la Cruzada que España sostuvo durante tres años en defensa de Dios y de la Patria". Los elegidos fueron dos políticos y dos generales cuyos nombres "resplandecen con claridad diamantina": el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, el político José Calvo Sotelo, y los generales Emilio Mola y José Moscardó.

A partir de ese momento, Franco concedería prácticamente un título por año hasta 1974, cuando el 18 de julio nombró conde a título póstumo al escritor Ramiro de Maeztu y Whitney, quien había fallecido en Madrid en 1936 al comienzo de la rebelión. Sólo siete meses antes, había hecho duque al almirante Luis Carrero Blanco, muerto en un atentado de ETA. Ambos fueron los últimos nobles de una corte que la nobleza de origen monárquico, la que completa los 2.790 títulos actualmente reconocidos en España, ha considerado siempre de segunda categoría por no haberlos otorgado un rey.

Hasta 16 militares

Entre los agraciados por el dictador con títulos, hubo 16 militares. Los generales Mola, Yagüe, Queipo de Llano, Moscardó, Saliquet, García Pallasar, Martín Moreno, García Escámez, Vigón, Varela, Dávila y Kindelán, junto a los almirantes Juan Cervera y Francisco Moreno, y el teniente coronel García Morato, además de Carrero Blanco, vieron recompensada con un ducado, un condado o un marquesado su cercanía al que terminó autodenominándose generalísimo.

El siguiente grupo de agraciados lo representaron los político afines. A los ya mencionados José Antonio Primo de Rivera y José Calvo Sotelo este último bautizado como "protomártir de la Cruzada"en los siguiente años se sumaron, entre otros, Onésimo Redondo y el que fue durante muchos años presidente de las Cortes franquistas, Esteban Bilbao Eguía.

En esta lista, también estaba Pilar Primo de Rivera, a quien en 1960 Franco nombró condesa del Castillo de la Mota. El decreto justificó su nombramiento en el papel que había jugado en la Sección Femenina: "Ha sido y es el alma de esta obra a la que, con renunciamiento y gozo, ha dedicado su vida, sirviendo de modo constante y ejemplar a la idea, amorosamente recibida, de estimular las tradicionales virtudes de la mujer española y completar su formación".

Los empresarios también estuvieron representados en la corte del dictador. Julio Arteche, Joaquín Benjumea, Alfonso Churruca y Patricio Echeverría recibieron honores por su apoyo a la sublevación. Del primero, que fue presidente del Banco de Bilbao, se llega a afirmar en el decreto: "Con su esfuerzo e inteligencia viene laborando incansable por el engrandecimiento de la industria y de la economía nacional".

Aunque el caso más llamativo es el del industrial Pedro Barrié de la Maza, a quien en 1955 Franco nombró duque de Fenosa (Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S.A.). El dictador recalcó que el empresario había destacado "por su inteligente laboriosidad, su constante iniciativa creadora de riqueza, desarrollada principalmente en la región gallega, y por su generosidad, impregnada de sentido cristiano".

El mundo de la ciencia también tuvo su hueco con los nombramientos del científico Ramón y Cajal, el oftalmólogo Hermenegildo Arruga, el inventor Juan de la Cierva y el ingeniero Eduardo Torroja. Incluso el clero logró un título nobiliario. En 1954, se concedió el marquesado de Santa María de la Almudena al cardenal italiano Tedeschi, nuncio de Pío XII, quien durante la Guerra Civil sirvió de intermediario entre la Santa Sede y los sublevados .

Franco también firmó un decreto por el que autorizó en 1967 a Pilar del Borbón, hermana del rey Juan Carlos, a "usar en España el título de duque de Badajoz". Todo un guiño al que tras su muerte ya ha nombrado a 31 nobles.