Todo Estado, sea de la ideología que sea, siempre ha creado montajes para criminalizar cualquier tipo de disidencia. Con estos “teoremas inquisitoriales” no solo buscan quitar del medio a posibles estorbos, sino que se pretende justificar el aumento de los voluminosos presupuestos represivos. Lo anecdótico es que en la Venezuela Bolivariana, presentada al mundo como el non-plus-ultra en las nuevas experiencias de liberación, estos burdos procesos siguen apareciendo.
Tras las huellas de “Venceremos”
En Febrero del 2008, una seguidilla de artefactos explosivos detonaron en la ciudad de Caracas con escasos días de intervalo, los objetivos no guardaban relación unos con otros (estatua de George Washington, Nunciatura Apostólica y oficinas administrativas de la Asamblea Nacional). Cada estallido era seguido por panfletos con la verborrea clásica de la izquierda marxista criolla donde se criticaba a ciertos sectores del actual gobierno; firmados a nombre del “Frente Guerrillero Venceremos”, los “nipleros” continuaron sus andanzas hasta que el 24 de febrero, mientras atacaban las oficinas de la patronal FEDECAMARAS, estalló un explosivo junto con su manipulador dejando una estela de sangre y humo en el ambiente.
La sorpresa fue que el “niplero” fallecido, de nombre Héctor Serrano Abreu, era un inspector de la Policía Metropolitana (PM) que formaba parte de las infames “redes de inteligencia social” del gobierno, laboró en la DISIP (policía política) y era escolta del diputado oficialista Reinaldo García. Las investigaciones arrojaron que “Venceremos” estaba compuesta por media docena de policías que usaban motos y armas oficiales para cometer estos actos. El lunes 25 de febrero, en rueda de prensa, el Ministro de Interior y Justicia Ramón Rodríguez Chacín, informó a los medios que los autores de estos ataques no eran policías ni personas afectas al oficialismo sino “anarquistas”, pertenecientes a una organización “anárquica” que busca desestabilizar al gobierno e imponer su alocada cosmovisión. Mientras esto sucedía, más de 300 allanamientos se efectuaban en la parroquia caraqueña del 23 de Enero, celebre por albergar en su seno una miríada de colectivos “radicales” pro-oficialistas. Tal situación no ocurría desde antes de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia.
Pero esta no es la primera vez que se usa en las paginas de sucesos la denominación de “Venceremos” para un grupo así: el 14/03/1981 es detenido en el aeropuerto de Maiquetía Alí Rodríguez Araque, antiguo subversivo y actual operador político del oficialismo, acusado de intentar salir del país sin autorización; días después fue imputado de rebelión militar y de pertenecer a una organización clandestina llamada “Venceremos”, de la cual jamás se había oído hablar; junto a él otros militantes cayeron bajo la misma acusación.
El abogado Adán Navas que defendió a los procesados dirá en aquel entonces: “Cuando en mi condición de defensor tuve acceso al expediente, vi que los vinculaban con el grupo Venceremos, y cuando hago la investigación me doy cuenta de que era un slogan que el FLN, FALN, Bandera Roja, OR y demás comandos revolucionarios utilizaban en sus panfletos ¡Patria, Socialismo o Muerte!, ¡Venceremos!”
Rodríguez Araque y los demás imputados salieron en libertad por lo inconsistente de las falsas acusaciones y mas nada se sabría de “Venceremos” hasta el final de la década de los 80, cuando reaparecería en los medios y expedientes policíacos como una mítica vanguardia armada que nadie conocía y que no actuaba, pero que al parecer era el brazo ejecutor de un grupo estudiantil de la UCV conocido como “Desobediencia Popular”, en el cual confluían muchos que luego serían altos funcionarios de la administración chavista.
Lo importante aquí no es ver que sucedió con complots fantasiosos, sino que esta historia es la repetición al carbón de otras situaciones irregulares que han ocurrido en Venezuela, con turbios resultados que involucran no solo a los organismos represivos del Estado sino inclusive al actual Ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín.
Yumare y El Amparo en el olvido
El 8 de mayo de 1985 aparecen en la zona de La Vaca, Yumare, Edo. Yaracuy, los cuerpos sin vida, algunos de ellos mutilados, de 9 personas, entre ellas una mujer con claros signos de haber sido torturada. Los medios de comunicación informaron sobre un supuesto “enfrentamiento” que habían tenido una comisión de la DISIP con supuestos elementos guerrilleros que aún persistían en la lucha armada.
La sorpresa llego cuando aparecieron 4 sobrevivientes de aquel infierno, con las laceraciones físicas de una frenética fuga; los 4 “afortunados” declararon que no eran guerrilleros sino luchadores sociales ligados a un incipiente movimiento conocido como “Corriente Histórica Social”, que renegaban de la lucha armada, que algunos de los muertos (como el caso de Dilia Rojas) ni siquiera estuvieron en el campamento, que fueron llevados hasta ese sector por los infiltrados policiales Roberto y Alirio Rabanales, quienes les habían dado unas armas que fueron modificadas para disparar una sola vez y que con esto se pretendía que durante una eventual huida delatasen sus posiciones.
La declaración de los sobrevivientes desmintió el montaje mediático-judicial para justificar mayor presupuesto a la policía política, con la excusa de combatir la “subversión izquierdista” que para la fecha había optado por un inocuo reformismo de curul. Hasta se dieron a la tarea de redactar un informe en el cual inventaron una ficticia organización a la cual apodaron NCR (Nueva Coordinadora Revolucionaria) y que era la principal amenaza interna. Con el peso de la verdad y con el hecho cierto de la que la izquierda radical de aquellos años había abandonado la lucha guerrillera para refugiarse en los claustros universitarios y tener “jornadas de capucha” (enfrentamientos callejeros), era poco creíble el cuento de Yumare.
El 14 de Octubre de 1988, vuelven a resonar los tiros pero esta vez en la apartada localidad de Caño Las Coloradas, Edo. Apure, en donde miembros del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP) habrían tenido un enfrentamiento con 14 guerrilleros del ELN colombiano que se aprestaban a volar un oleoducto. Tirados en la maleza, cadáveres de supuestos insurgentes eran mostrados a la televisión; en sus cuerpos repletos de balas se apreciaban los brazaletes que los identificaban como miembros de dicha agrupación.
Pero como en Yumare, dos personas lograron sobrevivir al holocausto para romper el silencio; con toda una comunidad que los apoyaba, los dos sobrevivientes declararon que no eran guerrilleros, sino pescadores, que fueron invitados a ese sitio para celebrar un sancocho y que al llegar al lugar fueron recibidos a tiros, 13 de los 14 muertos eran militantes de AD y el otro de COPEI, y el promotor de la jornada fue un agente encubierto de la DISIP.
La razón en esta oportunidad era que el CEJAP corría grave riesgo de ser desmantelado porque no se justificaba su existencia, además estaba inmerso en una serie de turbulentos negocios que iban desde el cobro de protección hasta la extorsión de personas, e incluso el diputado Walter Márquez insinuó en su libro Comando del crimen su supuesta asociación en varios secuestros de ganaderos. Esto, aunado con la necesidad de solicitar más presupuesto, fueron los detonantes de aquella masacre.
En ambos casos ningún imputado fue juzgado, todo lo contrario, siguieron trabajando en los organismos del Estado y cometiendo fechorías provocadoras, como el caso de Alirio Rabanales que fue capturado en 1997 plantando una bomba en un ducto petrolero del Zulia y con volantes de una ficticia organización guerrillera, o el de Henry López Sisco, máximo autor de estas matanzas, quien enviaba “sobres bombas” a los magistrados que enjuiciaron al expresidente Carlos Andrés Pérez y firmaba como “Movimiento Revolucionario José Antonio Páez”. Pero lo resaltante es que detrás de la masacre de El Amparo, y las menos conocidas de Caño Gaviotas, Los Totumitos y El Vallado, se encuentra el flamante ministro Ramón Rodríguez Chapín, entonces oficial en el CEJAP.
Lo que se avecina
El 20 de enero de 2008, se nombra como Ministro del Poder Popular del Interior y Justicia (por segunda vez en este gobierno) al capitán de fragata (r) Ramón Rodríguez Chacín. En los meses que lleva en el cargo ha tenido que afrontar varias conmociones internas como son el caso de las múltiples huelgas en las cárceles, conflictos laborales en Guayana, descontento público de ciertas facciones del oficialismo, pero sobre todo ha dado el visto positivo a la creación y consolidación de una Policía Nacional.
Este proyecto que ha contado con el aval de la izquierda en el poder y los mal llamados “opositores”, representa un gran obstáculo para la eventual radicalización del conflicto social, pues pretende controlar y escarmentar todo vestigio de lucha autónoma, es decir, se usaría como una potencial herramienta para nuevos teoremas. Esta nueva policía es la unión de los diferentes organismos policíacos estadales y municipales en una sola dirección al mando del MIJ. Permite la profesionalización de sus miembros, estipula que la guardia y custodia de los penales estará entre sus atribuciones, da carácter legal y jurídico a las redes de inteligencia social, ahora llamadas “policías comunales”; en pocas palabras, es un avance agresivo hacia el control social total.
Moraleja y supuesto de hechos que se repiten
Para algunos anarquistas, la revolución representa la negación de un dominio determinado, bruscamente substituido por otro, mientras que, la rebelión o mejor dicho la insurrección, es la abolición del dominio en sí mismo. En otras palabras, la Revolución Francesa de 1789, las revoluciones burguesas de 1830, la rusa de 1917 o la cubana de 1959 demuestran que se puede acabar con el dominio de un grupo detentador del poder, de una clase social o, podríamos añadir, de un grupo religioso o étnico. Sin embargo, la revolución lo que hace es remplazar un dominio por otro, de modo que la dialéctica dominio/sometimiento permanece inalterable e intacta. Como anarquistas, no buscamos cambiar una estructura de poder por otra, ni siquiera por la del supuesto “poder popular“, sino por el contrario abolirla. No pretendemos subvertir el orden autoritario sino eliminarlo. Por consiguiente, sabemos que aún en tiempos de “revolución” seguirá la criminalización a los sectores más contestatarios dentro de cualquier tendencia, lo cual demuestra que la rebeldía, no es un acto limitado en el tiempo y el espacio sino algo constante y en perenne transformación. Al alcanzar una libertad se busca inevitablemente la búsqueda de las demás.
Ningún gobierno, bien sea liberal, socialdemócrata, confesional o neomarxista será suave ante cualquier vestigio de autonomía, por el contrario, reprimirá a aquellos que decidan alzar la voz, inclusive entre sus propios adherentes. Es evidente que el Estado venezolano, a través del MIJ y otras instancias, buscará neutralizar a muchos “radicales” del juego social. Las técnicas y tácticas siguen intactas, pero con nuevos actores y escenarios. El juego del gato y el ratón apenas comienza. |
Comentaris
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