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Notícies :: globalització neoliberal : guerra |
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La crisis del capitalismo burocrático y la universidad
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per A |
03 jul 2008
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En el movimiento proletario internacional, se vive el término de una grandiosa e imborrable primera etapa de la lucha del proletariado en el mundo, contando desde 1848; |
El contexto internacional de los años 80 está marcado por la guerra Irán-Irak, la invasión del socialimperialismo en Afganistán; la acción del imperialismo norteamericano en Nicaragua, los sucesos de 1988-1991 que implicó la caída de la URSS socialimperialista; y, en los 90, tenemos la ofensiva general del imperialismo, el neoliberalismo y la globalización.
En el movimiento proletario internacional, se vive el término de una grandiosa e imborrable primera etapa de la lucha del proletariado en el mundo, contando desde 1848; y consiguientemente, un repliegue político general, estratégico y global. En lo nacional en 1980 con Belaúnde, demagogo, hambreador y genocida, la gran burguesía compradora recupera la conducción del Estado; en el régimen de García, más hambreador y más genocida, hacia 1986 se impone la facción burocrática de la gran burguesía, aplicando fascismo y corporativismo; en los 90, en el régimen de Fujimori, genocida, hambreador y vendepatria, éste desenvolvió tres tareas: reimpulsar el capitalismo burocrático, reestructurar el Estado y buscar terminar con la acción armada, en los cuales alcanzó avances logros y éxitos que sirvieron a evolucionar el capitalismo burocrático, representante de la gran burguesía, especialmente de la facción compradora, con el golpe del 5 de abril plasmó la centralización del poder en el Ejecutivo, un absolutismo presidencialista, aplicando un largo plan de neoliberalismo.
En lo que respecta a la guerra contrasubversiva, desde un primer momento ésta se desenvolvió guiada por una política genocida pretendiendo ahogar en sangre a la guerrilla. Hacía 1983, con el ingreso de las fuerzas armadas a la contienda, se estructuró en una línea y política genocida que aplicó, como políticas específicas, masas contra masas y genocidio a través de desapariciones, matanzas, asesinatos, arrasamiento de pueblos enteros, sembrando fosas comunes en las serranías principalmente; y hacia los 90, ésta se aplicó dentro de los criterios de la llamada guerra de baja intensidad. Como ha sido testigo el pueblo peruano, esta acción de los gobiernos de turno no sólo se aplicó contra los alzados en armas sino también contra los diferentes sectores populares, tras que había que "secar el mar donde se mueven los terroristas"?.
En la universidad, desde un primer momento la acción contrainsurgente también apuntó contra ella, buscando identificar a simpatizantes y miembros de las organizaciones levantadas en armas, realizando incursiones militares y policiales para detener, encarcelar, desaparecer y asesinar a quienes consideraban sospechosos; estableciendo en sus manuales de lucha contrainsurgente, dentro del "perfil del subversivo", caracteres de los jóvenes universitarios como que portaran mochilas o se identificaran con carnet universitario. Especificando, de este modo, su política de buscar someter y controlar la universidad dentro de la aplicación de su guerra contrasubversiva, negando el carácter de la universidad democrática, científica y popular por la cual lucha el pueblo, política aplicada principalmente en las universidades donde el movimiento democrático estaba más desarrollado como la UNSCH en Ayacucho, UNCP en Huancayo, UNHV en Huánuco, UNE La Cantuta, UNMSM, UN del Callao y UNI en Lima, entre otros.
A inicios de los 90, llevaron adelante intervenciones militares como ejército de ocupación y establecieron un régimen cuartelario, violando los principios conquistados con sangre de estudiantes y pueblo en general a lo largo de todo el siglo XX como la autonomía universitaria, que implica autonomía académica, económica y administrativa, que requiere inviolabilidad del campus universitario y cogobierno para garantizar la libertad de pensamiento concretado en la libertad de cátedra, etc., principios democráticos de la universidad a los que el desarrollo más profundo de la lucha popular ha agregado la gratuidad de la enseñanza, ligazón con las masas y servir al pueblo en su emancipación. Intervención militar que fue preludio de acciones genocidas más sistemáticas en función de destruir el movimiento democrático en la universidad, y sentó las bases para la intervención política más desenfrenada vía "Comisiones Reorganizadoras", que, una vez arrasada a sangre y fuego la resistencia democrática contra la intervención militar, llevaron adelante y aplicaron el largo plan de neoliberalismo, dentro de su llamada globalización, en la universidad peruana.
Sobre leyes educativas y universitarias.- La Constitución del 79 no expresó plenamente los planes corporativos con que soñó la burguesía burocrática, ni satisfizo completamente las necesidades de la llamada "democracia representativa", mucho menos fue una Carta, que pese a que la lucha popular le impuso algunos pocos derechos y libertades democráticas, sirva al pueblo. Sobre la base de esta "ley de leyes" ambigua, se promulgó el marco legal educativo de la década del 80. Otro aspecto insoslayable es que la legislación en general fue ajustándose a las necesidades de la acción contrainsurgente, como veremos en esta parte.
El 18 de mayo de 1982, se promulgó la Ley General de Educación N° 23384 que tiene como fundamento ideológico el personalismo cristiano que es una posición neotomista, idealista feudal que sostiene que la persona es el centro de la sociedad y todo está a su servicio, negando que los hombres son hechura de la lucha de clases y que se desenvuelven en medio de relaciones de clase. En lo político, está por la defensa del orden, en última instancia por el mantenimiento del Estado terrateniente burocrático que hay en nuestro país. Esta ley sirvió para la reestructuración educativa en general, dentro del proceso de tránsito del monopolio estatal al monopolio no estatal.
Dentro de los objetivos que se trazan tenemos que introducen elementos para la negación de la gratuidad de la enseñanza al establecer que ésta estaba "condicionada por el aprovechamiento del educando y sujeto al respectivo reglamento"; también promueve el abandono de la función estatal de garantizar la educación pública cuando sostienen "la responsabilidad de la comunidad organizada? de contribuir al proceso educativo con los medios necesarios"; por otra parte, ante el creciente cuestionamiento del orden, principalmente por la acción armada, van demandando en este terreno "la lealtad de docentes y educandos, en todos los niveles y modalidades de la educación, a los principios constitucionales"; asimismo, también establecía, como "tarea primordial", la "erradicación del analfabetismo" que no pudieron, ni podrán cumplir, por la subsistencia de la semifeudalidad en las diversas esferas de nuestra sociedad, principalmente en su base económica.
El 9 de diciembre de 1983 se promulga la Ley Universitaria N° 23733 denominada "Alayza-Sánchez". En lo ideológico, parte del humanismo burgués adobado de concepciones medievales devenidas en personalismo cristiano que sostiene que el hombre es un ente abstracto espiritual y pretende desgajarlo, en cuanto ser social concreto, del medio social en que se desenvuelve, con el claro objetivo político de negar la lucha de clases; todo lo cual se puede ver claramente en los "fines" (Art. 2°) que establece para la marcha de las universidades..
En cuanto a la gratuidad de la enseñanza, se la negaba al establecer su "suspensión temporal" cuando "se registre deficiente rendimiento académico" (art. 78 tercer párrafo), ocultando que las causas de este problema, en la mayoría de los casos, son económico-sociales derivados de la situación de hambre y miseria en que este sistema somete al pueblo; en todo caso, si de suficiencia cognitiva se trata, ésta ha sido demostrada en el examen de admisión. A lo cual hay que añadir que se da carta blanca para la recaudación de "recursos propios" (art. 79) que siente las bases para la progresiva privatización de la universidad, eximiéndose así la obligación del Estado de sostener el presupuesto para su funcionamiento; sumándose a esto que los escasos recursos que asigna el Estado serían otorgados "con magnitud adecuada", "de acuerdo con sus méritos y necesidades", descarado condicionamiento que buscaba ahogarla económicamente.
Sobre los principios democráticos de la universidad, cuestionaba el cogobierno al imponerse el llamado "tercio móvil" (art. 40) y al condicionar la participación estudiantil en los órganos del cogobierno (art. 60); niega el derecho de tacha al establecer que la evaluación del trabajo docente lo desenvuelve sólo el Consejo Universitario (art. 32, inc. h) y no reconociéndolo como un derecho de los estudiantes, entre otros. Todo esto por citar sólo algunos aspectos antipopulares y antiuniversitarios de esta norma.
Entre 1985 y 1995 se promulgan diversos Decretos Leyes que lo modifican, en los cuales se pueden ver dos cuestiones centrales: 1) son modificaciones, adiciones y hasta derogaciones, que en su mayoría, tras el pretexto de la "pacificación" van estableciendo los marcos "legales" para la destrucción de la universidad relativamente democrática y autònoma conquistada por el pueblo, cuestionando elementales principios básicos como autonomía y cogobierno, otorgando más poderes a la ANR, buscando establecer los mecanismos para un mayor control y sometimiento de las universidades; y, es un claro ejemplo de cómo el Estado fue ajustando la legislación en general, dentro de ella la Legislación educativa y universitaria, a las necesidades de su guerra contrasubversiva; 2) este proceso de destrucción de la universidad fue indispensable para que el Estado vaya abandonando paulatinamente su función de garantizar la educación superior para el pueblo, concretando parte por parte un proceso de elitización y privatización de la universidad pública, ajustando cada vez más su desenvolvimiento dentro de las necesidades de la globalización y el neoliberalismo.
En noviembre de 1991, el régimen de Fujimori promulga 126 Decretos Legislativos, la mayoría referidos a economía que en síntesis apuntaron a concretar la reducción de la actividad estatal y favorecer la penetración mayor del imperialismo especialmente yanqui y a un pequeño sector de la gran burguesía, vía las privatizaciones principalmente; pero, la parte central de estos Decretos estuvo referido a la llamada "pacificación" que no fue otra cosa que dar más poder a las fuerzas armadas para que prosigan con la aplicación de su política genocida contra el pueblo y la acción armada.
Dentro de este conjunto de Decretos, también se promulgó contra la universidad con abierto criterio de ponerla al servicio de la acción contrasubversiva. Así, el DL 726 "legalizaba" las cotidianas agresiones contra la universidad llevada adelante por las fuerzas represivas estatales, barriendo con la autonomía. El DL 739 barría los principios democráticos de la universidad como el cogobierno (modificación al art. 60), la asistencia libre y el derecho a huelga (modificación al art. 59); establecía mecanismos para promover el trabajo gratuito y la sujeción personal de los egresados (modificación al art. 22 incisos b y c); arrasaba con la gratuidad de la enseñanza (adición al art. 57 de los incisos d, e y g); establecía la expulsión de los estudiantes (en su considerando y la adición al art. 22 de los incisos f, i y j) cuya aplicación llevó al despoblamiento de la universidad, por ejemplo los 20 mil estudiantes sanmarquinos que fueron "separados" en esta época de su alma mater. El DL 749, que modificaba el art. 5° de la Ley 24150, en general, ponía a disposición de las fuerzas armadas toda la infraestructura pública y privada en las zonas de Emergencia "a fin de lograr la pacificación nacional", arrasando hasta con el llamado derecho de propiedad; en su inciso K, "legalizaba" la ocupación militar de las universidades y, por ende, la aplicación de su política genocida.
En el plano educativo en general, tenemos el DL 700 que propiciaba la persecución por razón de ideas y, buscando aherrojar con una educación en pro de la defensa del orden, establecía la "evaluación de los programas curriculares? a fin de reajustarlos orientándolos a los fines de la pacificación"; un año después (el 18 de noviembre de 1992) se promulgaba la siniestra Ley 25880 que imponía cadena perpetua a los docentes que hicieran "apología al terrorismo", vulnerando los más elementales derechos y libertades de pensamiento, opinión y libre difusión de ideas.
En 1993, el régimen de Fujimori promulgó una nueva Constitución Política que, en general, plasmó los fundamentos para la aplicación del largo plan de neoliberalismo y centralización absoluta que propugnaba el régimen, obteniendo así logros en la necesidad de reestructurar su Estado, pasando sus funciones a los monopolios no estatales, reduciendo las formas de producción controladas por él, principalmente de sus funciones sociales como educación, salud, etc. En lo que respecta a la educación, establecía el marco general para su privatización tras el "derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas" (art. 15); y, en el terreno universitario, negaban la gratuidad de la enseñanza al condicionarla tras que era para "los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio" (art. 17), así como ponía las bases para impulsar la participación del llamado "sector privado" en este campo tras que "las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas" (art. 18), generando así las condiciones para la mayor elitización de la educación superior universitaria.
El 25 de mayo de 1995 se promulga la Ley N° 26457 que crea las "Comisiones Reorganizadoras" como parte de la política interventora del Estado peruano contra la universidad peruana en todo el siglo XX. Como todas las "Comisiones" que le precedieron, destruyó los órganos de gobierno, y consiguientemente, la marcha institucional de las universidades (arts. 3 y 4) desenvolviendo, a su amparo, despidos masivos de docentes (art. 6) como parte del proceso de "reorganización" que llevaron adelante; iniciando una más desenfrenada aplicación del neoliberalismo y globalización en su seno.
Los efectos más tangibles de la labor desenvuelta por estos entes podemos verlos en la elevación de los precios de las tasas educativas (matrícula, trámites administrativos, solicitudes, etc); la destrucción de las condiciones elementales para el desenvolvimiento del trabajo docente (se despidió, por ejemplo, a profesores principales y se pretendió readmitirlos como "jefes de práctica", se anuló el año sabático, etc); la destrucción de la estructura curricular vigente, terminando de castrar todo curso que tuviera siquiera algún tinte marxista e imponiendo en su reemplazo posiciones neopositivistas a más que con la Ley 26327 (del 4 de junio de 1994) ya habían incorporado la "Facultad de Teología" al sistema universitario peruano, buscando que la universidad pierda su carácter científico y se aboque al estudio de la metafísica; la reducción de facultades, vía resoluciones internas, teniendo como objetivo reducir la enseñanza universitaria a aspectos tecnológicos; desfalcos, realización de obras sin licitación, incremento de los ingresos provenientes de los "recursos propios" a costa del estudiantado principalmente que usufructuaban para sus pillerías; etc., etc; esto ya sin contar que la alimentación, la vivienda y el transporte ya no eran derechos sino "bienes" o "servicios" que había que adquirir. Por citar algunos pocos aspectos.El 9 de noviembre de 1996 se promulga el Decreto Legislativo 882 que establece el "derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades en la educación... con o sin finalidad lucrativa" (art. 2), profundizando, en general, con el proceso de privatización de la educación en el país; y que, en lo referente al plano universitario, tiene como antecedente directo La Ley 26439 (del 29 de 1995) que crea el Consejo Nacional para la Autorización y funcionamiento de Universidades (CONAFU), ente encargado de "flexibilizar" las autorizaciones para el funcionamiento de las universidades, que abiertamente promovió la privatización de la educación superior universitaria; lo cual puede verse claramente en que desde su creación hasta el 2000 autorizó el funcionamiento de 18 universidades privadas y sólo 3 públicas.
Este Decreto Legislativo, reiteramos, ha sido parte de la aplicación del neoliberalismo y la globalización en la universidad peruana, siniestro plan que ha llevado a:
1) la destrucción de la profesionalización en el país, pues, al dejarse campo abierto a la "iniciativa privada" se amplió grandemente la "oferta universitaria" y se crearon universidades que no tenían las más elementales condiciones para ser llamadas tales; y, por ende, no garantizaban una formación profesional adecuada;
2) sirvió para producir lo que algunos analistas llaman la "intelectualidad desempleada" o "profesionales desempleados", lo cual puede verse claramente en los 100,000 egresados de educación sin trabajo, 35 mil de derecho en las mismas condiciones, por citar los casos más flagrantes; esto ya sin contar lo que se conoce como "subutilización ocupacional", esto es, profesionales que se desenvuelven en ocupaciones para las cuales se requiere una preparación menor a la que han adquirido, y que representan el 50% de los profesionales empleados;
3) se ha profundizado más aún el divorcio entre las carreras universitarias que se "ofertan" y las necesidades del aparato productivo en el país, esto es del capitalismo burocrático; y ni qué decir de las necesidades de desarrollo del pueblo;
4) el Estado abandonó más aún su obligación de garantizar el presupuesto para el funcionamiento de la universidad pública; y, por ende, se han barrido con las condiciones elementales para que los hijos del pueblo, de obreros y campesinos principalmente, puedan tener acceso a la educación superior universitaria; 5) la llamada "inversión privada", en este como en otros terrenos, no ha servido a la tan cacareada "modernización" de la educación sino más bien, como todo lo evidencia, a su precarización repercutiendo, por ende, en la calidad educativa en general; lo cual parte de que, para la ideología neoliberal, el fundamento básico es que la educación ya no es concebida como un derecho sino como un "bien", un "servicio" que hay que adquirir en el mercado; por tanto, el móvil que lo guía es simple y llanamente el afán de lucro.
a.
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