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Notícies :: especulació i okupació
Grupo Barceló versus Estado nicaragüense
27 jun 2008
La Procuraduría acelera el trámite y recurre a arbitraje internacional
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El Procurador General de la República, Hernán Estrada, informó en rueda de prensa que el Estado decidió recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)1, para dirimir la controversia con el Grupo Barceló sobre la venta del complejo turístico Montelimar y una deuda millonaria que, según el Procurador, nunca fue cancelada por la transnacional española que adquirió el inmueble por la ridícula cantidad de 3 millones de dólares.

El procurador Estrada notificó esta mañana al Grupo Barceló Montelimar de la controversia relativa a inversiones que ha surgido entre el Estado de Nicaragua y Auxiliar SA–Hotel Montelimar, respecto a cuestiones reguladas por el “Acuerdo para la promoción recíproca de inversiones entre la República de Nicaragua y el Reino de España�.

La notificación contempla que “el daño patrimonial ocasionado al Estado se fija provisionalmente en 30 millones de dólares, sin incluir lucro cesante y otros conexos. La cantidad referida es provisional, sin perjuicio de la determinación definitiva que pueda realizarse en cualquier momento derivado del procedimiento de arreglo de diferencias que se inicia con el presente escrito�, sentencia la nota.

La segunda cláusula de la notificación establece que “el Estado de Nicaragua ratifica su mejor disposición a tratar de arreglar de buena fe, mediante acuerdo amistoso, las referidas controversias de inversión Auxiliar SA, Hotel Montelimar o Grupo Barceló, dentro del término de seis meses desde la fecha de notificación del presente escrito�, mientras que en su tercera cláusula se hace oferta expresa del arbitraje administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, Estados Unidos, “para que resuelva estas controversias conforme a sus Reglas procesales Aplicables al Arbitraje, en caso de no ser resuelta por medio de un acuerdo amistoso�.

“De esta manera –comentó Estrada– somos nosotros mismos los que estamos iniciando las acciones pertinentes para asegurar a la opinión pública, ya que el derecho nos asiste, y por eso acudimos ante el Tribunal Internacional que es el CIADI, para que se dirima el caso. La Procuraduría decidió recurrir al arbitraje internacional porque tenemos todos los fundamentos jurídicos para demostrar que el Estado de Nicaragua tiene la razón en exigir el pago que adeudan los empresarios del Grupo Barceló Montelimar, y el gobierno que preside el comandante Daniel Ortega tiene vasta experiencia en llevar demandas de corte internacional�, aseveró el Procurador.

El contenido del conflicto

La diferencia estriba en el hecho de que el Grupo Barceló Montelimar no cumplió con su contraprestación como comprador de pagar al Estado el saldo del pago del principal, intereses ordinarios y moratorios, así como los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la escritura de compraventa de 1993, relativas al pago de obligaciones en cuotas anuales, con base a niveles de ocupación habitacional, años de operación y porcentaje descritos en el mismo contrato.
Además, la Procuraduría está pidiendo “la nulidad de la Escritura Pública, en cuanto a un exceso de titulación de aproximadamente un tercio del Bien Inmueble objeto de la Licitación�, es decir la devolución de 100 manzanas de terreno y la pista del aeropuerto local, porque esa área no estaba contemplada en el contrato original de privatización.

Según Estrada, “según el contrato basta con el incumplimiento de una de las cláusulas para que ese caso se resolviera de mero derecho, es decir que basta solamente con que el Procurador vaya al Tribunal correspondiente y disuelva el contrato por incumplimiento. Sin embargo, lo anterior no lo hemos hecho, sino que se hizo un embargo preventivo y no se nombró un interventor para dar oportunidad a que se acercaran y buscaran una solución a esta situación. Solamente se ha expresado públicamente que nos deben�, explicó Estrada.

A quien madruga…

En los días pasados, el representante legal de Barceló Montelimar, Tomás Delaney, rechazó cualquier tipo de deuda de la empresa española a favor del Estado de Nicaragua, mientras que representantes del Grupo Barceló se reunieron con directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), para informarles de la decisión de recurrir a la agencia de controversias MIGA del Banco Mundial. Pero la Procuraduría fue más rápida y se le adelantó a la transnacional española.
El procurador rechazó también los señalamientos provenientes del Grupo Barceló y del sector empresarial nicaragüense, de que este conflicto iba a hacer peligrar las inversiones extranjeras en el país.

“Aquí no se está ahuyentando a las inversiones, ya que existen datos estadísticos que demuestran que con este gobierno se duplicó la llegada de cruceros al país y que las inversiones legítimas y verdaderas se están llevando a cabo. Lo que tenemos que hacer es resguardar y proteger el patrimonio del Estado, cobrando lo que se debe�, concluyó el Procurador.

http://www.rel-uita.org/sectores/hrct/embargo_gupo_barcelo-2.htm
http://www.rel-uita.org/sectores/hrct/embargo_gupo_barcelo.htm

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